Chile - Nuevos antecedentes complican a subsecretario Ubilla

Posted by Correo Semanal on lunes, enero 28, 2013

Nuevos antecedentes complican a subsecretario Ubilla y a uno de los altos jefes en ministerio del Interior en caso de corrupción por sobreprecios. Pero el gobierno mantiene su blindaje

Por María Elba Troncoso.

Pese a que nuevos antecedentes del pago de sobreprecios complican al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, el gobierno mantiene su apoyo al personero. La medida de la Fiscalía de decretar secreto de la indagatoria le cayó como anillo al dedo.

En silencio avanza la investigación judicial en torno a la red de corrupción detectada en el ministerio del Interior, a raíz del pago de sobreprecios en la licitación de equipos para combatir el narcotráfico del llamado Plan Frontera Norte.

Luego que se conociera la declaración el ex jefe de proyectos de la División de Estudios de la subsecretaría del Interior, Felipe Baeza - donde aseguró que Ubilla conocía el valor de los equipos - el fiscal Jaime Retamal ordenó el secreto de la indagatoria, por considerar que la filtración afecta la investigación.

Esta resolución contrasta con las iniciativas tomadas por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que a partir de la semana pasada publica todos los documentos y antecedentes de su investigación en la página web de la corporación.
Si bien no quiso comentar esta medida, el presidente de la instancia, diputado Matías Walker (DC), señaló en Cambio21 que "en cuanto a las indagaciones políticas yo he instruido - tal vez al contrario de lo ocurrido en el Ministerio Público, porque son investigaciones distintas- que todos los documentos se hagan públicos, por lo que ya se subieron a la página web y hoy cualquier ciudadano puede acceder a ellos a través de un link especial".

El parlamentario prefirió no adelantar conclusiones, pero destacó que se han logrado avances en cuanto a que "empezamos a tener buena idea de la forma en que se adquirieron los equipos y la forma irregular en que se tomó contacto con los proveedores. Además el propio subsecretario Ubilla ha reconocido conflictos de interés por parte de la comisión evaluadora, en cuanto a la relación con los proveedores de los servicios".

Agregó que a la luz de los nuevos antecedentes, van a invitar a Felipe Baeza y a quien fuera su jefe directo, Alejandro Peña, para aclarar las contradicciones con lo antes declarado y no descartó citar nuevamente a Ubilla o al ministro Hinzpeter.

"Luego de dos sesiones donde declaró Ubilla, hay contradicciones por lo dicho por éste y lo señalado por Baeza al Ministerio Público, respecto a quién tuvo la responsabilidad en la determinación de los precios. Vamos a invitar a Baeza para que dé razón de sus dichos", señaló y agregó que "naturalmente va a estar dentro de la competencia de la comisión determinar si tiene o no responsabilidad política, al igual que el ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter".
El blindaje del gobierno
Inmediatamente conocidas las nuevas acusaciones, la ministra vocera Cecilia Pérez salió a defender al subsecretario. "Rodrigo Ubilla ha sido quien ha liderado transparentemente la entrega de información al Ministerio Público y al Congreso. Ha participado en todas las instancias en que ha sido requerido. Esa es la voluntad del gobierno y que se representa en las actitudes que ha tenido el subsecretario Ubilla. Hay que esperar que la indagación siga".

El diputado Gabriel Ascencio (DC) criticó esta defensa de Ubilla, quien a su juicio cada vez está más en tela de juicio. "El gobierno en vez de salir a defenderlo, tiene que repensar la continuidad del subsecretario Ubilla en su puesto. Creo que lo que viene es más grave de lo que estamos imaginando."

Entrevistado por Cambio21, lamentó que "se quiera proteger a una autoridad" involucrada en un ilícito y calificó de gravísimos los nuevos antecedentes. "Si Baeza está contando que Ubilla tenia conocimiento de los precios, eso es gravísimo y se caería toda la versión del subsecretario."

De igual modo, consideró innecesaria la medida del fiscal de decretar el secreto de la investigación. "No es conveniente que la gente no sepa lo que está ocurriendo, porque parece como si se quisiera proteger a una autoridad y por el contrario, lo que hay que hacer es transparentar toda la información que hay. Si Ubilla tiene responsabilidad y no ha querido contar toda la verdad, la gente debería saber eso. No creo que la investigación se ponga en riesgo porque la gente lo sepa. Es un flaco favor a la justicia y una ‘ayudita' al subsecretario".

En la misma línea, la jefa de bancada del PPD, diputada Adriana Muñoz, señaló a Cambio21 que "Ubilla está bastante más complicado", luego de los últimos antecedentes. "Confirma lo que veníamos planteando desde un principio: que hay que establecer responsabilidades políticas y que se debió haber pedido la renuncia del subsecretario. Esto complica también a Hinzpeter, porque él era la autoridad máxima y tiene responsabilidad".

También consideró innecesario el secreto en la indagatoria. "Me parece que pone oscuridad a cualquier tipo de investigación y búsqueda de la verdad y es muy malo, dado que estamos en pleno proceso de investigación en la Cámara". Agregó que esto no se condice con otras causas donde se publican extensamente los antecedentes en la prensa. "Hay situaciones paradojales que dan qué pensar y preguntarse por qué se establecen este tipo de procedimientos."

El trabajólico John Barra

Otro funcionario involucrado en el caso es el actual Jefe de la División de Administración y Finanzas (DAF) de la subsecretaría de Interior, John Barra, quien fue el responsable de conformar la comisión evaluadora de la licitación. Ha sido duramente cuestionado por incluir entre los miembros de la comisión a César Saavedra, subalterno suyo cuando trabajaba en la municipalidad de Las Condes como administrador municipal.

Actualmente, tanto la Fiscalía como la comisión investigadora de la Cámara, están indagando un posible "blanqueo" u ocultamiento de información, toda vez que se confirman extraños movimientos del funcionario cuando estalló el escándalo.
Según consta en las pesquisas, el martes 2 de octubre se conoció el detalle de las millonarias adquisiciones del Plan Frontera Norte. El domingo siguiente, 7 de octubre, recién llegado de sus vacaciones, Barra estuvo toda la tarde en su oficina, según consta en el libro de ingresos a la subsecretaria, al cual tuvo acceso Cambio21.

En el documento, figura claramente su ingreso a las 15:50 y su salida a las 21:00 horas.

Tanto para la presidenta de la bancada PPD, como para el diputado Ascencio, es imprescindible que "la justicia aclare" que hacía John Barra un día domingo, por más de 5 horas en su oficina, inmediatamente después que estalló el escándalo.

Adriana Muñoz dijo que "los hechos dan varias luces acerca de su participación", mientras que el DC enfatizó: "El señor Barra llegó de fuera de Chile y corrió a su oficina y se metió a los computadores. Ahí yo tengo la sospecha de que lo que estaba haciendo es manipulando la información que los computadores tenían. Como excusas dijeron que estaban trabajando en la Ley de Presupuesto. Eso es bien ridículo. Hay muchas cosas raras ahí que la gente tiene que saber".

El presidente de la comisión investigadora, Matías Walter, recordó que le preguntaron eso al subsecretario Ubilla y que "explicó que Barra fue a obtener datos para la discusión de la ley de presupuestos. Pero naturalmente es objeto de la investigación si es que pudo haber ido a blanquear algún tipo de información, lo que obviamente también va a ser parte de la investigación judicial".

Durante la investigación, se conocieron antecedentes de irregularidades cometidas durante la gestión de Barra en la municipalidad de Las Condes- cuando era la persona de confianza del alcalde UDI, Francisco de la Maza - que originaron una sanción de la Contraloría.

Esta sanción habría sido conocida por Ubilla, pese a lo cual fue contratado en la subsecretaria con un sueldo superior a los siete millones de pesos.

Declaración que complica

Felipe Baeza -asesor del ex jefe de la División de Estudios del ministerio del Interior y ex fiscal, Alejandro Peña-, era el encargado del proyecto Frontera Norte en el Ministerio del Interior y fue uno de los primeros en salir de su cargo en octubre pasado.

Entre el 7 y el 10 de enero declaró in extenso ante el fiscal Jaime Retamal. Parte de su declaración fue filtrada a la prensa y en ella entrega antecedentes sobre su rol, el del subsecretario Ubilla y su jefe Alejandro Peña, en el proceso de licitación de densímetros y fibroscopios al plan antidrogas Frontera Norte, por lo que se iba a pagar 400% más de su valor real.

En la declaración Baeza confirma que Ubilla estaba al tanto del valor que se iba a pagar por los aparatos y califica la jefatura de Peña en la División de Estudios del Ministerio del Interior como "nominal".

La declaración deja claro que él se entendía directamente con el subsecretario "El tema de los proyectos no le gustaba (a Peña), y además no tenía respuestas frente a las consultas de Ubilla, por lo cual yo terminé directamente informando a Ubilla, sin perjuicio que yo copiaba a Alejandro Peña".

"Esto se transformó en una constante, cuando ‘queda la escoba' con el Caso Bombas, ya que Peña se dedica fundamentalmente a defender al ministro Hinzpeter y a defenderse él. Ahí prácticamente Peña se desentiende, y se dedica al Caso Bombas. Ahí se produce el quiebre entre yo y Peña, entonces ya la relación de amistad no existió (...) Yo comienzo a tener una relación directa con Ubilla en todo el tema proyectos".

Sobre el tema de los hornos para incinerar droga, dijo que el subsecretario del Interior no aceptó un "trato directo, y decide hacer una licitación pública, entiendo que sólo se iba a presentar un solo proveedor (Meditec) porque no existían más".
De que todo esto huele mal, huele mal.

Fuente: http://www.cambio21.cl/