Uruguay - Niños Pasan sin comer los fines de semana; muchos de ellos no saben lo que es una cena

Posted by Correo Semanal on sábado, septiembre 20, 2014

Hambre en asentamientos de Salto (1)

El hambre está cerca del centro de Salto. Hay decenas de niños que los sábados y domingos no tienen nada para comer y entre semana no cenan. Viven en el asentamiento Andresito II, un barrio nacido hace siete años donde ya hay 2500 personas.
Luis Pérez
El País, 20-9-2014

Amalia Silva llegó al Andresito II con sus cuatro hijos y lo puesto. Nunca se olvidará de la fecha: 31 de diciembre de 2013. Ese día había por lo menos 40 grados de temperatura y no estaba de ánimo para festejar un nuevo año. Con ayuda de algunos vecinos enterró unos palos y tiró un nylon para no estar a la intemperie. Y allí se quedó.
"Quedé viuda hace dos años cuando mi esposo murió aplastado por un camión en Canelones, había ido a trabajar en la zafra de la uva. Quedé con los niños y una pensión que no llega a los dos mil pesos y el Plan de Emergencia", contó a El País.
Como si fuera poco su hijo de 6 años tiene "un problema de salud delicado" que le afectó los riñones. Por ello cada poco tiempo tiene que viajar a Montevideo para que lo atienda un especialista.
"No recibo ayuda de nadie, no tengo vergüenza en decirlo que pasamos hambre y muy mal con el frío y cuando llueve", dijo la mujer.
El asentamiento se viene formando desde hace siete años, está ubicado en el extremo este de la ciudad y se estima que viven entre 2.300 y 2.500 vecinos. La mayoría de ellos se encuentran en situación de extrema de pobreza.
Desde la comisión vecinal denuncian que por las noches y los fines de semanas decenas de niños no tienen acceso a la alimentación. También advierten que hay dificultades para realizar controles de salud a las adolescentes embarazadas.
Elsa Martínez, más conocida como "La Negra", es quien preside la comisión del asentamiento, advirtió a El país que la situación de muchos vecinos "es lamentable" y fustigó a los políticos en general por no colaborar con ellos para mejorar la calidad de sus vidas.
"Hay noches que los niños no comen porque en sus casas no hay para darles alimento, los fines de semana es peor. Necesitamos urgente que nos donen algún material para fabricar un comedor en el que se les pueda servir una taza de leche o un pan con dulce aunque más no sea", acotó Martínez.
La mujer contó a El País que el CAIF de Aldeas SOS, que está instalado en la zona, atiende a unos 300 niños. Los niños "comen al mediodía y antes de irse se llevan una merienda en su pancita porque muchos de ellos tienen que aguantarse así hasta el otro día", dijo. "Hay niños que duermen en el piso y cuando llueve les pasa el agua por debajo de los ranchos", agregó.
En el asentamiento Andresito I, vecino del Andresito II, funciona el merendero "Puertas Abiertas a la Comunidad" que fue impulsado por madres y vecinas voluntarias. A él concurren los niños del Andresito II y otros de los alrededores a los cuales se le sirve una copa de leche los sábados por la tarde existiendo la posibilidad de que se extienda al día domingo.
"Lo hacemos solo un día porque no tenemos recursos. Hemos advertida que las necesidades de una población con problemas que se relacionan con el riesgo nutricional, desnutrición crónica y aquí atendemos a 160 niños", dijo Sandra Pintos quien se desempeña en la zona como trabajadora comunitaria.
"La realidad está bien visible, es realmente preocupante las necesidades que hay en los asentamientos pero en especial en el Andresito II", dijo Pintos y criticó el hecho de que ahora que se avecina una contienda electoral algunos políticos se arriman para demostrar preocupación y prometer soluciones.
"Después (que pasa la campaña) hay cero interés, si hubiera un interés real, de lo contrario no estaríamos hablando de los asentamientos que se han incrementado en Salto. Desde el gobierno nacional no han respondido cuando tendrían que estar trabajando en conjunto con el gobierno departamental. Ante la necesidad habitacional la única solución posible para estas personas es el asentamiento", opinó Pintos.

Adolescentes
Por su parte, Martínez se mostró preocupada por el alto número de adolescentes embarazadas y otras que ya son madres que viven en condiciones de hacinamiento, sin controles médicos y con evidentes padecimientos de riesgo nutricional.
Martínez hizo hincapié en la gran cantidad de madres solteras y divorciadas que viven en este lugar y sin más ayuda que los planes sociales oficiales en algunos casos pero sin ningún seguimiento por parte de las autoridades de la salud o de organizaciones sociales.
Angelina es una adolescente de 17 años que no estudia ni trabaja. Vive en el Andresito II desde el 24 de diciembre de 2012. "Somos ocho hermanos, cinco vivimos aquí con mi madre. Vivimos de una pensión alimenticia que le pasa el padre de mi hermana más chiquita y de una pensión por invalidez de un hermano. Aquí estamos abandonados, ni siquiera tenemos una calle", comentó.

Riesgos
El asentamiento tiene graves problemas en su infraestructura, en particular porque los muchos vecinos están "colgados" a los cables de UTE. "Esto es una bomba de tiempo porque hay miles de metros de cables con energía eléctrica de conexiones clandestinas que parten de un transformador a la entrada del barrio apoyadas sobre precarios postes", advirtió la mujer.
En términos oficiales, al barrio no llegan los servicios de UTE y tampoco lo de OSE.
"El agua potable llega en su mayoría con tanques cisternas de la Intendencia, no hay un contador de UTE y tampoco alumbrado público", explicó Martínez a El País.
"Nadie hace nada para darle una contención a esta gente que vive bajo unas chapas y con paredes de nylon o ranchos de maderas", lamentó.


1) Nota de Correspondencia de Prensa: el gobierno departamental lo ejerce Germán Coitinho (Partido Colorado), candidato a la vicepresidencia de la Republica en la fórmula con Pedro Bordaberry.

Uruguay – Desaparecidos:

Posted by Correo Semanal on sábado, septiembre 20, 2014


El magro saldo

“Errores y desinteligencias” en las investigaciones sobre desaparecidos ha provocado una crisis entre Familiares, el gobierno y la Udelar (Universidad de la República): después de diez años de administraciones frenteamplistas es poca la colaboración oficial para avanzar en la búsqueda. Familiares le quitó la confianza al antropólogo López Mazz debido a actuaciones en la causa Nebio Melo, el hijo de Luisa Cuesta.
Samuel Blixen

Brecha, Montevideo, 19-9-2014

La renuncia de José Luis López Mazz, coordinador de las excavaciones en predios militares, y los cuestionamientos a la actuación de los organismos gubernamentales plantean dudas sobre las verdaderas razones de políticas inconsistentes. Una inspección judicial en el Servicio de Material y Armamento, donde funcionó el “300 Carlos”, en el marco de la causa que investiga la desaparición de Nebio Melo, fue el desencadenante de una crisis de proporciones.
Era casi absurdo: aquel grupo de ex presos políticos no lograba identificar con total certeza el barracón o el galpón donde habían permanecido secuestrados, como si hubiera una real necesidad de demostrar que efectivamente allí, en ese cuartel, habían sido sistemáticamente torturados, algunos de ellos hasta la muerte. De todas formas, la visita judicial exhibía cierto aire de reivindicación, pero quedó opacada con otra situación, grotesca, inmoral, indignante, cuando los ex presos –y la jueza– llegaron a la alambrada que separa el Regimiento de Caballería número 6 de lo que se conoce como la cárcel de Domingo Arena, el establecimiento de reclusión Vip que alberga al puñado de terroristas de Estado procesados –algunos ya penados– por los crímenes de la dictadura militar. Es que, contra ese alambrado, mirando impertérritos, se agrupaban algunos de los que habían sido los torturadores de los visitantes y que son depositantes de los secretos que aún vulneran la paz de la sociedad, a casi 40 años de ocurridas las desapariciones forzadas: los lugares de enterramiento de los cuerpos de las víctimas, y los nombres de quienes ordenaron los asesinatos y eligieron los lugares de sepultura clandestina.
A diez años del comienzo de las excavaciones en busca de los cuerpos de los desaparecidos, el balance es extremadamente pobre, acusadoramente pobre. Según la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, hay 240 denuncias de desapariciones forzadas, de las cuales 189 han sido confirmadas y 35 están a estudio; las restantes fueron descartadas.
La mayoría se refiere a uruguayos detenidos y secuestrados en Argentina, que fueron extraditados clandestinamente a Uruguay entre 1974 y 1979. Eso le confiere una particularidad a la represión uruguaya en el contexto del terrorismo regional: la mayoría de las desapariciones forzadas fueron consecuencia del Plan Cóndor e implica la voluntad expresa de trasladar a los detenidos desde otros países, para asesinarlos aquí. Ese dato destruye la fábula que la Comisión para la Paz pretendió instalar sugiriendo una cualidad más “humana” de la dictadura uruguaya, donde unas decenas de desapariciones confirmadas eran atribuibles a las “extralimitaciones” en la tortura con decesos “no premeditados”.
La confirmación de que la muerte en Argentina de exiliados uruguayos detenidos había sido la excepción fue producto del constante esfuerzo de los familiares de las víctimas, de algunos abogados y de organizaciones de derechos humanos que aportaron los insumos a la justicia; el Estado, los gobiernos, no pueden exhibir ningún mérito en ese esfuerzo.
Las cifras son contundentes. Hay un mínimo de 150 cadáveres que fueron enterrados en Uruguay, en cementerios clandestinos de los que no se tiene noticia cierta, y sólo se han recuperado cuatro. Ese es el magro saldo de diez años de excavaciones. De los cuatro restos recuperados, tres corresponden a militantes que fueron detenidos en Uruguay: Ubagesner Chaves Sosa, ubicado en noviembre de 2005 en una granja de Pando que había pertenecido a militantes del Mln y que fue “expropiada” por la Fuerza Aérea para ser utilizada como centro clandestino de interrogatorios y torturas; Fernando Miranda, ubicado en diciembre de 2005 en el Batallón de Infantería 13; y Julio Castro, ubicado en octubre de 2011 en el Batallón de Infantería 14. El restante, Ricardo Blanco, secuestrado en Buenos Aires a comienzos de 1978, fue ubicado en marzo de 2012, también en el Batallón 14, muy cerca de donde había sido enterrado Julio Castro. El hallazgo de los restos de Blanco abona la hipótesis de que los detenidos en Argentina, en su inmensa mayoría, fueron asesinados en Uruguay.
Resulta interesante determinar qué pistas condujeron a esos hallazgos. El caso de Chaves Sosa obedece a la determinación de los mandos de la Fuerza Aérea que en 2005 decidieron “blanquear” su responsabilidad sobre dos desapariciones y así aportaron la información, aunque los esfuerzos por descubrir el lugar de enterramiento de José Arpino Vega en la chacra de Pando fueron estériles.
La actitud del Ejército, en cambio, fue diametralmente opuesta. En el informe que el comandante en jefe del Ejército elevó al presidente Tabaré Vázquez en octubre de 2005, a raíz del pedido presidencial sobre información de los detenidos desaparecidos, se dejaba constancia, respecto de Fernando Miranda, que “sus restos fueron enterrados en el predio del Batallón I Paracaidistas Nº 14, posteriormente fueron exhumados y cremados, sus cenizas y restos esparcidos en la zona”. Pero dos meses después el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, recibía un sobre anónimo –según se informó– con un croquis del lugar de enterramiento en el Batallón de Infantería 13, no el 14. La información era tan exacta que los restos fueron hallados a poco de iniciar las excavaciones demostrando la falsedad de la información brindada por el Ejército, que apuntaba a desestimular la búsqueda aduciendo una falsa cremación. La Presidencia no tomó ninguna medida para castigar la maniobra de desinformación y tampoco mostró interés en ubicar al autor del croquis, que podría aportar información sobre otros desaparecidos que estuvieron secuestrados en el 13 de Infantería, como es el caso de la maestra Elena Quinteros.
El hallazgo de los restos del maestro Julio Castro es más significativo aun. Un ex soldado que había revistado en el 14 de Infantería, que había solicitado su retiro del Ejército y que cumplía condena en la cárcel por delitos comunes, hizo saber a la Presidencia que podía señalar un lugar de enterramiento. Conducido por el juez penal Pedro Salazar –que instruye la megacausa de la desaparición de María Claudia García de Gelman– a los predios del 14 de Infantería, el ex soldado señaló con precisión el lugar donde fue enterrado Julio Castro, en presencia de los miembros de la Secretaría de Derechos Humanos, de los miembros del Grupo de Investigación en Antropología Forense (Giaf), de Familiares y de una cohorte de oficiales, entre los que se contaban antiguos jefes del informante.
“¿Qué están haciendo éstos acá?”, reclamó el ex soldado que fue prolijamente filmado antes de un tardío esfuerzo por evitar el “manyamiento”. El episodio reveló que ni la Secretaría ni el Ministerio de Defensa toman providencias para preservar a los informantes, lo cual evidentemente desestimula a cualquier otro testigo entre los innumerables soldados que saben dónde fueron enterrados los prisioneros asesinados (entre otras cosas porque ellos eran obligados a cavar las fosas); y que saben también quiénes ordenaron esos enterramientos y quiénes estaban de guardia en las unidades militares.
La ubicación de Julio Castro permitió muy poco después el hallazgo de los restos de Ricardo Blanco; había sido enterrado en la misma zona y aunque ambos habían sido asesinados con meses de diferencia, provenían del mismo centro clandestino de detención, La Casona de la calle Millán, lo que sugiere que ese bosquecito en los predios del 14 de Infantería había sido adjudicado a las autoridades del Ocoa que asumieron a principios de 1977, para esconder sus infamias.
No hay hasta ahora siquiera un detalle de las atribuciones y destinos de los responsables de la represión a partir de 1977, por más que a ellos se les debe atribuir los traslados clandestinos de por lo menos una docena de exiliados secuestrados entre diciembre de 1977 y julio-agosto de 1978. Depende de la voluntad de las autoridades ubicar y encontrar los organigramas en las dependencias de las Fuerzas Armadas y los documentos de los archivos para que la justicia pueda actuar; pero el Ministerio de Defensa no entrega la información –o la entrega parcialmente– y la Secretaría de Derechos Humanos administra con criterios de reserva y secreto aquellos documentos que pudieron ser ubicados y que han sido recopilados por el equipo de historiadores dirigidos por el actual decano de Humanidades, Álvaro Rico. Los reclamos de Familiares para el acceso a los documentos no han sido contemplados por la Secretaría, de la misma forma que no obtuvieron respuesta los reclamos para que el gobierno implemente medidas reales y efectivas a los efectos de ubicar todos los archivos militares.
Testimonios coincidentes
Pese a la presión e intimidación de los testigos, de los que es responsable el ministro de Defensa, tanto la Secretaría de Derechos Humanos como los jueces, los Familiares y los antropólogos siguieron recibiendo información de personal militar sobre posibles lugares de enterramientos. Una de las primeras acciones del Giaf, que en forma colectiva asumió los trabajos de búsqueda tras la renuncia de José López Mazz, fue la presentación, ante el juzgado penal que dirige Pedro Salazar, de un informe conteniendo datos nuevos –o viejos datos reexaminados– como posibles objetivos de nuevas excavaciones en los predios del Batallón de Infantería 13.
Independientemente de esta nueva evaluación, en dos juzgados –Penal 2° y Penal 1°– reposa una sistematización de la información sobre posibles lugares de enterramientos clandestinos en los predios del Servicio de Material y Armamento (Sma), contiguo al 13 de Infantería, donde funcionó el centro clandestino de detención 300 Carlos (o Infierno Grande). Hay por lo menos 18 testimonios indirectos de ex soldados que afirman haber visto personalmente enterramientos colectivos o haber recibido comentarios sobre esos enterramientos.
Algunos de esos testimonios son coincidentes respecto de los lugares precisos de los enterramientos; algunos son recientes, de setiembre de 2013, y otros que se remontan a 2006. Varios informantes coinciden en que debajo del piso de cemento de un polvorín, a los fondos del predio circundado por una serie de galpones (entre ellos el que operó como 300 Carlos) fueron enterrados varios cuerpos, “entre ellos dos mujeres”; un testimonio de 2006 refiere que “la otra parte, donde está el polvorín, está lleno de gente”; una información fechada en diciembre de 2005 menciona que “debajo de la planta de pulido de armas del Sma hay más de diez cuerpos”.
Aunque la mayoría de los testimonios son de 2005 y 2006, referidos al polvorín del Sma y los terraplenes contiguos, recién hace unos meses atrás comenzó la búsqueda con georradar; las excavaciones se habían centrado en el predio del 13 de Infantería, donde uno de los objetivos era la ubicación de los restos de María Claudia.

Detonante de la crisis
Por razones que no están claras, los trabajos se dilataron en el Sma, aunque esos predios albergaron el 300 Carlos, el más sanguinario centro clandestino de detención, hasta fines de 1976. El ingreso al Sma, siempre tuvo, objetivamente, “complicaciones”: cuando la jueza Mariana Mota ordenó una inspección ocular del 300 Carlos, en función de una investigación sobre torturas, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, intervino personalmente para impedir que la jueza y sus colaboradores tomaran fotos del lugar y en especial del barracón donde funcionó el centro clandestino. Enfrentándose a la autoridad judicial, el ministro mantuvo su decisión y la fundamentó en “razones de seguridad nacional”; supuestamente, en esos barracones estaban almacenadas “armas secretas”.
Sin embargo, el elemento que detonó una verdadera crisis –que obligó, después de meses de silencio, a un pronunciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y a la renuncia del antropólogo López Mazz, a raíz de la decisión del grupo Madres y Familiares de Detenidos Desa-parecidos de retirarle la confianza al coordinador del equipo de Antropología Forense– fue la inspección al Sma ordenada por el juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, en la causa que investiga la desaparición de Nebio Melo, hijo de Luisa Cuesta, denunciante junto con su sobrino Nilo Patiño.
En sucesivas instancias, en que fueron convocados al juzgado el doctor Álvaro Rico, los miembros del Giaf y los abogados de los denunciantes (López Mazz no concurrió), se planificó la inspección para evaluar en el terreno los indicios que sugieren que Nebio Melo, secuestrado en Buenos Aires en febrero de 1976 junto con Winston Mazzuchi, fue llevado al 300 Carlos, después de que, trasladado desde Argentina, fue torturado en la casa de Punta Gorda conocida como el Infierno Chico.
El juez, abogados y familiares ingresaron al Sma el 19 de diciembre de 2013. Pero en el momento de iniciar la inspección, el antropólogo López Mazz alertó que sobre esos terrenos existía una orden de “no innovar” decretada por el juez Pedro Salazar. Se produjo una discusión entre el antropólogo y el juez Fernández Lecchini, que ignoraba esa decisión que le impedía actuar. No obstante, le reclamó a López Mazz que aportara la información que manejaba sobre posibles enterramientos en el Sma, los testimonios de los informantes y la identidad de los mismos. Puesto que hubo entredichos y contradicciones, el juez solicitó al ministerio –dado que personal militar había filmado todas las instancias de la visita– una copia del video, pero cuando lo recibió en su despacho advirtió que la copia entregada por el ministerio no tenía audio.
Disgustado por la posibilidad de haber interferido en disposiciones de un colega, el juez Fernández Lecchini solicitó al juez Salazar confirmación de la orden de no innovar en los predios del Sma. La respuesta demoró más de un mes, debido a la feria judicial, pero cuando llegó al despacho, Fernández Lecchini descubrió que no existía tal orden en el momento de la visita al cuartel; tampoco recibió el magistrado la información sobre la identidad de los testigos.
El episodio agudizó los desencuentros entre López Mazz y los integrantes de Familiares. Una exposición verbal ante la Secretaría de Derechos Humanos, en febrero de este año, en la que Nilo Patiño, denunciante en la causa de la desaparición del hijo de Luisa Cuesta, fundamentó sus críticas a la actuación de López Mazz, generó una áspera discusión, pero recién a fines mayo la Secretaría se pronunció sobre el episodio, admitiendo que “se cometieron errores” y que “se produjeron desinteligencias”, tras una comunicación de Familiares anunciando que retiraba su confianza al antropólogo. Simultáneamente, Nilo Patiño formuló un planteo ante el entonces rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, cuestionando la actuación del decano Álvaro Rico y del docente de Humanidades José López Mazz, ambos miembros de la Secretaría. En una vista derivada a los dos universitarios, Rico y López Mazz reivindicaron su “autonomía técnica” pero Rico admitió “desinteligencias y errores”. Fue entonces que López Mazz decidió “dar un paso al costado”, previo a su renuncia. Tanto Rico como López Mazz declinaron formular declaraciones a Brecha sobre estos entretelones.
La decisión de López Mazz, de multiplicar, a partir de entonces, sus apariciones en la prensa –en entrevistas en las que anunció la existencia de fosas comunes y reivindicó su convicción de la existencia de la Operación Zanahoria (la exhumación por parte del Ejército de los cuerpos enterrados en los predios militares)– motivó reacciones de Familiares, de la propia Secretaría e incluso de los otros integrantes del grupo de antropólogos. La Secretaría coincidió con Familiares en que anuncios sobre posibles fosas comunes generaban expectativas y tensiones entre los familiares, y reclamó “cautela y mesura”. Y sobre la Operación Zanahoria coincidió con el equipo de antropólogos en que no existen hasta ahora elementos como para confirmar o descartar ese extremo de la impunidad.
Pese a la opinión de ese órgano de la Presidencia, al otro día de la conferencia de prensa, el ministro Fernández Huidobro formuló declaraciones en el sentido de que los resultados de análisis genéticos sobre un resto óseo encontrado en el 13 de Infantería confirmaba la Operación Zanahoria. Pero dado que tales resultados no coincidían con ninguno de los registros del banco genético de desaparecidos uruguayos, el ministro abundó en una explicación peregrina: si los rastros genéticos de ese resto óseo no coinciden con los guardados en el banco es porque hay familiares que no aportaron sus pruebas genéticas.
La Operación Zanahoria fue una explicación sobre el destino final de los desaparecidos que los organismos de derechos humanos cuestionaron, en tanto es funcional a las pretensiones de los militares de mantener el secreto y eludir el castigo. La afirmación de que los desaparecidos asesinados habían sido exhumados, desenterrados, los restos cremados y las cenizas esparcidas en el mar resolvía de un plumazo el problema político de la búsqueda. Las fuentes militares aconsejaban no buscar a los desaparecidos, “porque nunca los van a encontrar”. Según familiares consultados, el abogado Gonzalo Fernández llegó a describir las características de los hornos crematorios usados.

Aun cuando pueda admitirse que hubo intentos de hacer desaparecer los cuerpos, las evidencias indican que es necesario multiplicar la búsqueda. Los cuatro cuerpos encontrados son enterramientos primarios y ellos confirmaron los testimonios aportados por testigos. El reclamo, ahora, es establecer una comisión especial con poderes para buscar información y planificar la investigación y la búsqueda que, por razones que se desconocen, han sufrido hasta ahora limitaciones e interferencias para doblegar el secreto de la mafia militar.

Capitalismo – Siete años después del inicio de la crisis

Posted by Correo Semanal on sábado, septiembre 20, 2014

 
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Notas sobre el estado de la economía capitalista mundial

François Chesnais
A l´encontre-La Breche
Traducción de Viento Sur

El 16 de julio de 2007, el banco de inversiones Bear Stearns anunció la quiebra de dos de sus filiales de inversión de alto riesgo (hedge fund). Su propagación mundial no se hizo esperar. El 9 de agosto, BNP-Paribas cerraba, a su vez, tres fondos de alto riesgo en situación de quiebra. De Alemania llegó la noticia de las grandes dificultades que atravesaban varios bancos regionales (Landesbank) a los que el Deustsche Bank, que se suponía libre de sospecha, había vendido títulos basura bajo la forma de "productos estructurados" que incluían préstamos hipotecarios irrecuperables. Así comenzó la primera fase de la crisis económica y financiera mundial, la de los títulos llamados "subprime". Quince días más tarde en Londres y Nueva York el mercado de los préstamos a corto y muy corto plazo (money market) quedaba paralizado e incluso bancos muy importantes dejaron de realizar préstamos compartidos over-night (préstamos para cerrar cuentas formalmente en equilibrio). A partir de principios de septiembre, uno de los indicadores claves de la coyuntura financiera mundial, a saber, la tasa de interés londinense sobre los préstamos a muy corto plazo, el Libor, aumentaba fuertemente y no bajaba a pesar de la intervención coordinada de los bancos centrales. El 27 de setiembre de 2007, el séptimo banco británico, el Northern Rock, que se había implicado mucho en los préstamos hipotecarios, quebraba y era puesto bajo control estatal (una forma incorrecta de nombrar la "nacionalización", que no es sino una forma acabada de la socializar las pérdidas a cargo de las y los trabajadores-contribuyentes)/1. Más tarde, en marzo de 2008 llegó la quiebra de Bear Stearns y su recompra a precio de saldo por la JP Morgan Chase y en septiembre de 2008 la quiebra de Lehmann Brothers. La intervención de la Fed [Banco central de los EEUU] y del gobierno americano así como la de sus homólogos europeo evitó una crisis financiera sistémica mundial. Pero la amplitud de la superproducción (que el recurso generalizado e intensivo al crédito había ocultado durante años) no les permitió evitar que la economía estadounidense entrara en recesión seguida, unas semanas después, por la de muchos otros países; sobre todo los de la Unión Europea. La caída de la producción y de los intercambios mundiales a partir de finales de 2008 y durante todo el 2009 no se detuvo más que por el apoyo que dio el Partido Comunista chino a continuar con la acumulación en China, lo que tuvo un enorme efecto de arrastre momentáneo en los principales países proveedores de materias primas y de alimentos; sobre todo de América del Sur.
¿Dónde nos encontramos siete años después del inicio de la crisis? Los informes publicados anualmente por las dos principales organizaciones financieras internacionales: el Global Financial Stability Report  (informe sobre la estabilidad financiera en el mundo) publicado en abril de 2014/2 y el informe anual del BPI (Banco de pagos internacional) publicado a finales de junio de este año/3 permiten evaluarlo mejor que ningún otro. Estos informes analizan el estado actual del sistema capitalista mundial desde el prisma de las políticas monetarias impulsadas en los distintos ámbitos del sistema estatal mundial, del punto muerto en el que se encuentran y del comportamiento de los inversores financieros en las zonas particularmente vulnerables del sistema global. Ambos informes merecen un poco de atención, situarlos en una perspectiva histórica más amplia y un cuadro analítico apropiado. Para los responsables de la política monetaria, que se ha convertido en el instrumento principal, cuando no único, de intervención económica, el dilema central en estos momentos es el siguiente: sin el recurso permanente (desde 2008) a "políticas monetarias de inyección de liquidez" (las quantitative easing) América del Norte y Europa habrían continuado en recesión y ni siquiera habrían conocido las tasas de crecimiento débiles que han alcanzado. Este flujo de dinero no ha servido para relanzar las inversiones sino sólo para satisfacer a los inversores financieros.


Anarquismo y violencia: los históricos vínculos de una afirmación gubernamental

Posted by Correo Semanal on sábado, septiembre 20, 2014
Diario U de Chile  Paula Campos |  16:06 hrs.
bombas
Históricamente el anarquismo ha sido puesto en el centro de la investigación por hechos de violencia, manifestaciones que se siguen dando en la actualidad. Más allá de la propia investigación policial por el bombazo en Escuela Militar, ¿dónde está la razón de esta conexión?
La bomba de Escuela Militar arrojó cientos de titulares, de ellos un número considerable hacía alusión al vínculo de los grupos anarquistas con el ataque del pasado 8 de septiembre: Anarquistas: ¿detrás de los ataques con bomba en Chile?; Fiscalía apunta a anarquistas como autores de bomba en Chile; Atentados en Chile: apuntan a grupos anarquistas o de derecha; Chile: el atentado terrorista sería obra de anarquistas; perfil de terrorista chileno (…)
Los días pasaron y este dieciocho de Septiembre se informó que tres sujetos eran detenidos por su participación en los hechos: “Dos de los detenidos presentarían vínculos con grupos anarquistas”, se informaba de forma casi inmediata a través de diferentes escenarios.
Posiciones contrapuestas se encontraron nuevamente. De un lado, quienes sostienen las responsabilidades de los inculpados y aseguran que no habrá impunidad con ellos; de otro, quienes plantean sus dudas respecto del relato policial para la detención y cuestionan las ya repetidas veces donde se ha procesado a personas que son, posteriormente, dejadas en libertad sin poder establecer responsabilidad alguna.
Más allá del proceso policial que se lleva a cabo (que deberá determinar la culpabilidad o inocencia de los sospechosos), lo cierto es que el vínculo entre anarquismo y violencia no es nuevo, tampoco casual, y sus raíces se fundan en las primeras décadas del siglo pasado.
El anarquismo, el histórico, ese nacido en Europa del siglo XIX y arribado a Chile en 1890 por Manuel Chinchilla, es puesto en el ojo de la crítica, de la duda, del temor, de lo desconocido. Prensa y política unidas, una vez más, para levantar banderas y validar discursos. Encuentro que pone en el centro del cuestionamiento a todo quien represente, vista, se asemeje, a esa caricatura construida simbólicamente del aquel joven que busca la emancipación de todo tipo de organización jerárquica que limite coercitivamente con la libertad del ser humano.
Algunos expertos traen el miedo a colación. Ese que siempre ha servido como forma de hacer Estado, ya lo decía Thomas Hobbs. Emoción que ha vestido diversas formas de expresión a través de la historia.
Para Iván Pincheira, sociólogo académico de la Universidad de Chile, el miedo propio de la postdictadura es la delincuencia. En éste se han circunscrito diversas expresiones como la protesta social.
Saltar desde ahí al vínculo con el anarquismo no es un ejercicio muy difícil de pensar. En sus obras, Sergio Grez, historiador experto en el tema, lo sitúa como el más viejo fantasma del poder en Chile. A nivel de datos, fue en 1894 (solo cuatro años después del arribo de la corriente al país) que el entonces ministro del Interior, Enrique Mac-Iver pidió investigación para los anarquistas franceses de Valparaíso y Santiago.
Para el historiador, los mitos y el desprecio hacia la corriente ácrata se pueden encontrar desde los libros del historiador comunista Ramírez Necochea, quien en vez de investigarlos seriamente, habría dedicado sus páginas a descalificarlos.
Esto, probablemente basado en que en algunos momentos de la historia el anarquismo fue un duro competidor de las corrientes marxistas por la hegemonía del movimiento obrero en el país.
Iván Pincheira reafirma esta historia, para él, la corriente ácrata siempre ha sido reducida al ámbito de la violencia. Este no sería un fenómeno nuevo, sino un dato ligado desde su emergencia.
Hoy, más de cien años después del arribo de este “enemigo público”, mitos y descalificaciones siguen siendo parte de declaraciones públicas y privadas. Situación que se confirma al ver cómo han sido vinculados a diversos ataques, como algunos bombazos de los últimos años.
El miedo vuelve a aparecer en la conversación. Para el sociólogo Pincheira, el terrorismo siempre ha aparecido de manera esporádica en la construcción de agendas de la postdictadura. Posición que hoy, luego de bombazos y explosiones, cobra valor y se vincula a estos sujetos portadores del temor: los anarquistas.
Situación que se vendría dando desde 2008, cuando se trata de ligar a grupos anarquistas y casas okupa con ataques terroristas. Investigación que llevó a la detención de 14 jóvenes por presunta vinculación terrorista, los que finalmente fueron sobreseídos por falta de pruebas.
En el momento del juicio (2012), el historiador Gabriel Salazar señaló que: “cualquier guerrillero con un mínimo de instrucción no va a organizar un acto violento en una casa okupa, lo va a hacer en otro lugar”. “En la casa puede encontrarse compañeros que no son violentistas y otros que son violentistas, (…) entonces no se puede decir que por el hecho de que los jóvenes se juntan allí, que hay varios que son anarquistas y se juntan en la casa okupa, ésta forma parte de una red, una infraestructura, una asociación conspirativa de carácter terrorista. Eso es una ilusión de la figura acusatoria terrorista, casi un montaje”, afirmó el experto.
Efectos
“Esta situación repercute sobre las organizaciones sociales en general y sobre los anarquistas en particular”, señala Pincheira, haciendo alusión al constante planteamiento de comunión entre la protesta social y la delincuencia. Fenómeno que para el investigador se avala en el modelo neoliberal y en la construcción de los discursos de seguridad pública.
“Caer en el juego de la reducción a la violencia de los movimientos sociales en general y el anarquista en particular, es una perspectiva que no se adecúa a los hechos de la realidad. Tarde o temprano esas perspectivas no tienen asidero”. “No se puede vincular anarquismo con violencia, menos desde miradas de Gobierno, porque es una mirada reduccionista que no se condice con los hechos de la realidad. Es un hecho preocupante que desde una instancia gubernamental se tenga una visión tan reduccionista”, enfatizó el experto.
En esa lógica destacó los aportes que el movimiento social, en general, y anarquista en particular quieren hacer a la sociedad, al mundo estudiantil, laboral, de salud.
Aportes y debilidades del anarquismo
Grez sitúa algunas de las debilidades del movimiento en su lucha por legislación social. “Los anarquistas se colocaron fuera de la lucha popular por la legislación social ya que interpretaban estas leyes (y todas las leyes, en general) como elementos de dominación de la burguesía, de engaño y de explotación popular. Por eso no reivindicaron ni se movilizaron por la legislación social, y cuando ésta fue promulgada la denunciaron, planteando como estrategia alternativa la acción directa y la lucha frontal de obreros contra patrones”, postuló en entrevista con El Ciudadano.
Sin embargo, en la instalación de ideas feministas tuvieron mucha participación. Ellos ampliaron el discurso a cuestiones culturales y prácticas en las relaciones entre hombres y mujeres de su época.
El antimilitarismo también es descrito como otro logro de la corriente. Ejemplo de ello es que en 1900 se instaló el Servicio Militar Obligatorio, situación rechazada desde siempre por los ácratas. En pleno conflicto con Argentina, se trató de demostrar como el Estado y los militares respondían a las cúpulas de poder.
Con el paso de las décadas el movimiento se fue debilitando. Sin embargo, Grez los localiza hasta la Unidad Popular. En la actualidad, el historiador habla de una rearticulación de la ideología, las que responden a características muy diversas a las de su origen: Hoy, es un movimiento plural, no ligado al movimiento obrero como en sus orígenes, sino a expresiones como el movimiento Okupa o el de anti-globalización, puntualizó a la prensa.

Solidaridad con los delegados ferroviarios argentinos

Posted by Correo Semanal on sábado, septiembre 20, 2014


tercerainformacion.es | 18-09-2014 

Argentina   No al pedido de desafuero de los ferroviarios combativos! No a la criminalización de la protesta!   En Argentina, luego de la exitosa huelga general del 28 de agosto, el ministro de Transporte e Interior, Florencio Randazzo, presentó una denuncia penal y pidió el desafuero sindical (quitarle sus cargos legalmente) contra varios delegados ferroviarios del ramal Sarmiento.. Su intención es descabezar al Cuerpo de Delegados y el sindicato, encabezado por Rubén “Pollo” Sobrero, que lucha y defiende los derechos de los trabajadores y viene enfrentando las mentiras de la famosa “revolución ferroviaria” del gobierno.
 Sin pruebas, se acusa a los delegados Mónica Schlottauer, Edgardo Reynoso, Luis Clutet y Rubén Maldonado, y al compañero Julio Capelinsky -del sector limpieza-, por un supuesto “atentado” contra los trenes. Nada más falso. El supuesto “atentado” consistiría en residuos de basura en un vagón, según fotos mostradas por el gobierno. Una tremenda ridiculez. Es una acusación falsa con el objetivo de intimidar a los que luchan y a dirigentes que no se venden, intentando tapar que hubo un gran paro nacional.
Esta falsa acusación es parte de una política del gobierno nacional de criminalizar la protesta, como ocurre en otros países. De esa forma el gobierno, por ejemplo, avaló la condena a cadena perpetua de trabajadores petroleros de la localidad de Las Heras. La existe una campaña internacional por la absolución de los petroleros de Las Heras. En el país existen cerca de 6 mil luchadores procesados por diversas protestas. Hace un tiempo atrás el gobierno acusó al dirigente ferroviario “Pollo” Sobrero de quemar trenes con una causa judicial falsamente armada. Tuvieron que retroceder y sobreseerlo porque no había ninguna prueba. Ahora vuelven a hacer lo mismo.
Repudiamos esta actitud anti sindical del gobierno de Argentina contra delegados  y dirigentes sindicales que luchan y no responden a sus dictados.
Está en curso una campaña internacional en defensa de los ferroviarios. Llamamos a la más amplia unidad y solidaridad de sindicatos, organizaciones estudiantiles, vecinales, de derechos humanos, personalidades, legisladores y partidos políticos.   ¡No a la criminalización de la protesta! ¡No al desafuero de los delegados ferroviarios combativos de Argentina!      Enviar pronunciamientos por mail Nos pronunciamos contra el pedido de desafuero a los delegados Mónica Schlottauer, Edgardo Reynoso, Luis Clutet y Rubén Maldonado, y al compañero Julio Capelinsky -del sector limpieza- del ramal Sarmiento del Ferrocarril porque consideramos que es una forma de criminalización de la protesta,
Nombre y apellido        ciudad y país    organización    cargo (sindical u otro)     mail a monicaireinoso@gmail.com y a luchaint@telefonica.net

Chile - “Cambiar la Constitución para cambiar al país”

Posted by Correo Semanal on sábado, septiembre 20, 2014
http://brecha.com.uy/cambiar-la-constitucion-para-cambiar-al-pais/

DANIEL GATTI
Editor de Mundo

18 septiembre, 2014

Mundo

“Cambiar la Constitución para cambiar al país”

Presidente del Movimiento Socialista Allendista, Esteban Silva Cuadra está entre los promotores de una asamblea constituyente, una iniciativa con la que Michelle Bachelet coincidía pero hoy descarta. “Chile tiene una Constitución regresiva, privatista, casi que neoliberal que se debe cambiar para realizar los cambios que el país necesita”, dijo a Brecha.

 - Esteban Silva Cuadra Foto MOVIMIENTO SOCIALISTA ALLENDISTA

En 2009 Silva fue jefe de campaña de la candidatura presidencial de Jorge Arrate, promovido por una coalición de partidos de izquierda en la que figuraba el Partido Comunista, hoy integrante de la Nueva Mayoría, que gobierna en Santiago. En la última elección presidencial respaldó a Marco Enríquez Ominami –hijo de uno de los dirigentes históricos del Mir, Miguel Enríquez, asesinado bajo la dictadura de Pinochet–, un cuarentón que años antes había irrumpido como una de las novedades de la política trasandina.
“Marco es un político joven, con el que tenemos fuertes diferencias, pero también coincidencias en puntos importantes”, dice el allendista a Brecha.
De hecho, Silva comparte con Enríquez Ominami, líder del Partido Progresista, y con una pléyade de grupos y movimientos, un espacio (“un frente amplio”, dice) en favor de una asamblea constituyente que conduzca no sólo a reformar la Carta chilena sino también a reformas económicas, políticas y sociales.
“Ese frente logró el prodigio de reunir a organizaciones que en las últimas dos elecciones promovieron cuatro candidaturas de la izquierda no concertacionista”: la de Arrate, la del propio Enríquez Ominami, el Partido Igualdad que presentaba a la militante social Roxana Aranda, y el movimiento Todos a la Moneda, liderado por el economista Marcel Claude.

“El Movimiento Socialista Allendista es una fuerza emergente. Éramos la corriente de izquierda del Partido Socialista hasta que nos fuimos de ese partido histórico, a fines de 2008. Logramos reunir a personalidades y grupos de origen socialista, pero también a jóvenes, fundamentalmente universitarios que no tenían militancia previa, y a movimientos sociales, por ejemplo de poblaciones originarias”, explica Silva a Brecha.

—¿Cómo se han posicionado ante este segundo mandato de Bachelet?

—En la oposición de izquierda. En años previos a la asunción de Bachelet Chile había sido escenario de protestas de una amplitud y una profundidad nunca alcanzadas después de la caída de la dictadura. Fueron movilizaciones que colocaron en la mesa nacional temas que estaban allí pero sin la fuerza suficiente como para emerger en la sociedad con la fuerza que alcanzaron ahora. La que más se destacó, sin dudas, fue la de los estudiantes universitarios, que habían salido a las calles bajo la primera presidencia de Bachelet, pero ahora lograron que otras categorías hicieran suyas sus demandas y consiguieron condensar una serie de reivindicaciones muy interesantes detrás de las consignas en favor de una educación gratuita, laica y de calidad, tocando el corazón del modelo neoliberal. También hubo otras movilizaciones: por ejemplo las de la nación mapuche, con la que la sociedad chilena tiene una deuda histórica, que ha resistido a las empresas mineras y madereras que pretenden hacerse de sus territorios.

La campaña de Bachelet, entonces, debió asumir parte importante de las demandas de cambio estructural formuladas por los movimientos sociales. El ingreso del Partido Comunista a la Concertación hizo que se pensara que habría una inflexión hacia la izquierda en esta segunda etapa de Bachelet. Lamentablemente eso no se ha dado. La Nueva Mayoría no cambió la naturaleza de la correlación tradicional en lo institucional, lo político, lo económico y lo social.

—¿No hay una inflexión con respecto a la primera gestión de Bachelet?

—Apenas. Chile tiene una economía con un polo dinámico y moderno, inserto en la economía global, pero persiste una brecha profunda entre ese sector, minoritario, y el grueso de la gente, de las capas medias, de los trabajadores. Es además una economía profundamente desnacionalizada, que ha perdido la soberanía prácticamente en todos los ámbitos. A pesar de que se conserva un porcentaje importante de la producción cuprífera en manos del Estado –a través de la empresa pública Codelco–, las trasnacionales mineras ya están controlando una proporción similar; la ley de pesca, a su vez, privatizó el mar en beneficio de siete grandes grupos vinculados a la pesca industrial; y así todo.

El peso del gran capital especulativo-financiero, trasnacionalizado, es muy fuerte, y el país continúa siendo básicamente exportador de materias primas, con el agregado de algunas agroindustrias que incorporan valor. Se sigue insistiendo, además, en abrir la economía, según una lógica que apuesta a hacer tratados de libre comercio con quien pase por enfrente: este es el país de la región que más los ha firmado, en número superior a la suma de todos los otros países juntos. Ya ha quedado claro lo que eso implica: se ha terminado liquidando lo poco que había de producción nacional. El Tlc con Estados Unidos, por ejemplo, ha afectado enormemente la producción láctea chilena.

Los gobiernos de la Concertación no han alterado ese modelo en lo más mínimo, y no parece que éste se plantee hacerlo. El tema principal sigue siendo cambiar las reglas del juego.

—Ustedes se proponen iniciar ese movimiento convocando a una asamblea constituyente.

—Sí. La Constitución actual, que lleva la firma del ex presidente concertacionista Ricardo Lagos, consagra, por un lado, el Estado subsidiario, dando garantías desmedidas a la inversión extranjera, y por el otro no reconoce la condición de país plurinacional y pluricultural de Chile. Es una Constitución neoliberal y excluyente, que queremos cambiar radicalmente.

Y no da lo mismo cualquier método para realizar ese cambio: nosotros aspiramos a hacerlo fortaleciendo un modelo de democracia participativa. Es bien distinto convocar a una asamblea constituyente que negociar las reformas en un Congreso que es la expresión misma de la enorme crisis de representación que vive el sistema político chileno: no olvidemos que la propia presidenta fue electa en una segunda vuelta en la que hubo más del 62 por ciento de abstención.

—Bachelet había anunciado una reforma de fondo del sistema tributario, con lo que saldaría una de las viejas deudas de la Concertación. ¿La está llevando a cabo?

—Está lejos de lo que había prometido en campaña. Se dijo que iba a ser una reforma redistributiva, pero en lo que más se avanzó fue en eliminar algunos mecanismos que privilegiaban a las empresas y en aumentar en algo los impuestos que deben pagar las compañías que tienen más utilidades. Pero no se tocó el cobre, no hay una aproximación global al tema de la minería, y los más ricos de los ricos no se han visto afectados. Bajo la presión de la derecha económica, en particular financiera, el gobierno rebajó su propio proyecto en la Comisión de Hacienda, cuando no tenía necesidad de hacerlo porque cuenta con mayorías en las dos cámaras como para aprobar lo que quiera. Una derecha política que está debilitadísima encontró sin embargo fuerzas para imponer su agenda en este tema, y el gobierno fue sensible a las presiones del empresariado y de los poderes fácticos. Los compañeros del Partido Comunista quedaron en una posición bien complicada, al deber avalar esto. No tienen expresión en el Senado, y están en desacuerdo con esta versión minimalista de la reforma tributaria, pero…

En síntesis, el énfasis reformista con el que Bachelet llegó al gobierno se ha ido diluyendo.

“¿A quién sirven los bombazos?”

—El atentado del metro (del lunes 8) ocurrió en la estación Escuela Militar, uno de los lugares más resguardados de Santiago. Eso ya da para interrogarse.
El fiscal que está a cargo del caso se ha inclinado, en mi opinión ramplonamente, por la hipótesis de que se trató de grupos anarquistas. Llevan dos años diciendo lo mismo con respecto a atentados que se han producido anteriormente, y nunca han podido probar nada. Quienes en Chile han puesto históricamente bombas como estas, sin pensar en los “daños colaterales” que causan, han sido los grupos de extrema derecha.
Además hay que ver a quién sirve un atentado así. En el propio metro había habido en los días previos al bombazo movilizaciones masivas, de los trabajadores y de los usuarios, contra el aumento del precio del pasaje, cinco veces más caro –y mucho más lento– que el de Buenos Aires. La intensa movilización ciudadana de protesta que se proyectaba, y que comprendía acciones de desobediencia civil (usarlo sin pagar, por ejemplo) fue abortada por el atentado.
Pasa siempre con este tipo de acciones: se intensifica la represión. Y la del lunes se dio en un contexto en el que se habla de reforzar presupuestalmente a los servicios de inteligencia. Las fuerzas armadas, que no han sido reformadas en profundidad por los gobiernos de la Concertación, y la derecha política presionan para eso. En Chile los militares conservan un poder enorme y no se privan de ejercerlo: el domingo 7, en la tradicional marcha de los derechos humanos que se realiza antes del aniversario del golpe del 11 de setiembre, se nos impidió el paso en varios lugares y hubo una represión desmedida.

Restauración
—En los países latinoamericanos bajo gobiernos de izquierda o progresistas ha habido avances, de mayor o menor profundidad, pero avances al fin. Sin embargo, se corre peligro de una cierta restauración conservadora. No sólo por derecha, también dentro de las propias coaliciones de gobierno progresistas. En Chile, por ejemplo, algunos sectores socialdemócratas, dentro del Partido Socialista o del Partido por la Democracia, de Ricardo Lagos, se ilusionan con proyectar un eje Bachelet-Tabaré Vázquez, que marcaría una alternativa moderada a opciones más radicales que predominarían en gobiernos de izquierda o centroizquierda de otros países de la región. Debates como esos, sobre los modelos de gestión, se dan en todos estos países.

En Uruguay, Silva se dijo en sintonía con el espacio que apoyó, en la interna del Frente Amplio, a Constanza Moreira, en especial al grupo Izquierda en Marcha.

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