Chile - Juan Carlos Cárdenas, Director de Ong Ecoceanos “La Ley de Pesca tiene el Sello de la Corrupción”

Posted by Correo Semanal on martes, agosto 25, 2015

Peces gordos están cayendo en las redes judiciales que buscan establecer diversos delitos, que se habrían cometido durante el proceso de promulgación de la Ley de Pesca. Es que el negocio es tan sustancioso que no ha importado corromper a quien fuera necesario, exterminar los recursos marinos ni tampoco abusar de miles de pescadores artesanales.

El doloroso proceso, sin embargo, comienza a traer su vuelta de mano y Juan Carlos Cárdenas, director de la Ong Ecoceanos está optimista. Y no porque crea que se castigará a los responsables o que la norma será derogada, sino porque su promulgación ha obligado a un sector de la sociedad a reflexionar, politizarse e iniciar un proceso de resistencia: “el futuro del sector pesquero viene interesante”, afirma.
–¿Qué es la Ley de Pesca?
Es un instrumento que ha permitido el reordenamiento autoritario de todo el sector pesquero y del área costera del país con el objetivo de abrirlos a la inversión trasnacional. Eso ocurre en el quinto país en producción pesquera y de algas para la alimentación y, en el segundo, en producción de cultivos marinos para la exportación. Somos toda una potencia.
Se privatizó el último sector de la economía que había quedado pendiente producto de la resistencia de las comunidades costeras y de que en 1987, cuando el almirante Merino quiso hacerlo, los mismos empresarios se negaron temiendo que la ley fuera derogada rápidamente en el nuevo régimen.
–¿En esta privatización participaron todos los sectores políticos?
Esta ley tiene un componente ideológico muy fuerte, ya que le quita la propiedad de los recursos marinos al Estado con los votos de Fulvio Rossi y Juan Pablo Letelier, entre otros. Es una norma aprobada bajo el sello de la corrupción, pero también refleja la pérdida de principios y valores de la izquierda chilena. No se hubiese aprobado sin el acuerdo de un sector del PS y de la totalidad de la DC con la excepción de Ximena Rincón; entró en junio del 2012 al Parlamento y estaba lista en seis meses.
El proyecto partió en 2001 bajo el Gobierno de Lagos y su agenda pro crecimiento. Él dividió la ley en dos etapas (corta y larga) porque no pudo privatizar en ese momento por la oposición de la Conapach, que era la única confederación nacional agrupando a los 90 mil pescadores artesanales. Hizo una ley que entregó porcentajes de capturas en propiedad a las compañías que la realizaban, así podían pescar cuando quisieran su cuota; también creó una organización paralela (Confepach) para dividir a los pescadores artesanales.
–¿Cómo operaba el sector pesquero antes de la ley de Lagos?
Lo primero es que el Estado era el dueño y fijaba una cuota global de pesca. Era una carrera olímpica que se abría en cierta fecha y todos salían a pelear contra todos hasta llegar a la cuota máxima determinada por el Estado. El 2001 se inventó el límite máximo de captura por armador y se fijó que en 2011 se evaluaría la ley para definir la privatización definitiva.
Hasta 2001 la merluza estaba en buen estado porque en un 70 por ciento era capturada por los artesanales; ahora, casi no existe porque los industriales capturaron todo, lo mismo pasa con los otros recursos. El Estado ha dejado hacer y como los pelágicos (anchoveta, caballa, sardina y jurel) van para harina o aceite, le dio lo mismo cuánto midieran y quedan muy pocos. Por ejemplo, en 2000 se capturaban 4,5 millones de toneladas de jurel y hoy apenas hay 270 mil.
Coimas y colusión
–¿De qué forma se aprobó la segunda etapa de esta Ley?
Hace un tiempo difundimos un mail del gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca, Héctor Bacigalupo, a los gerentes de los principales conglomerados en que les decía que había acordado con Longueira -quien aún no era ministro- que la ley tendría dos artículos claves. Estos permitían quitarle la propiedad de los recursos marinos al Estado y entregarla gratuitamente al mercado, a través de un sistema de licencias de pesca con cuotas individuales transferibles de manera indefinida, al cual solo podrían acceder los dueños de embarcaciones. De esta forma, además, se violó un derecho constitucional que es la no discriminación en la actividad económica, ya que se entregaron las licencias a un pequeño grupo y se excluyó al 90 por ciento de los pescadores y a los indígenas por no tener bote.
Longueira también cooptó a los pescadores al armar una mesa con los dirigentes de las dos confederaciones y las, entonces, siete familias y los obligó a llegar a un acuerdo porque sino licitaría las cuotas de la pesca artesanal con las de la industria y tendrían que pagar por salir a pescar; también hubo un coimazo porque las familias ofrecieron a los artesanales unas pequeñas cuotas de pesca, por valor de 34 millones de dólares si decían que apoyaban la privatización. Hoy no sabemos dónde quedaron esas cuotas. Pero una muestra de lo ocurrido, es que el presidente de Confepach, Hugo Arancibia, luego que se aprobara la Ley de Pesca anunció que abandonada el gremio pesquero y ahora es asesor del Subsecretario de Pesca, Raúl Sunico, quien fue lobista de la Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes.
–¿Por qué el sector pesquero se ha prestado para la corrupción de manera tan descarada?
Este el único sector en que sales en la mañana y ya en la tarde tienes plata fresca en la mano. Por eso, ha sido la caja chica de los partidos políticos porque toda la sobrecaptura que no se declara (alrededor de un 30 por ciento), se puede usar para corromper; así se parece mucho al negocio de la droga. Pero antes los pagos eran en efectivo ahora les dio por pedir devoluciones al SII y quedaron registrados.
Las empresas pesqueras comenzaron a poner plata antes de que la ley se tramitara; hoy se investiga al senador Orpis, quien habría recibido pagos desde 2007, y a Pablo Longueira, quien habría obtenido platas de Corpesca, trianguladas por Soquimich, a través de familiares.
La costa nostra
–¿Quiénes controlan el negocio pesquero?
Eran siete familias que se fusionaron en cuatro y por sus lazos familiares los llamamos la Costa Nostra. La de Angelini es la más importante y maneja el 25 por ciento de toda la captura, a través de Corpesca, Orizon en alianza con otras dos familias, y SouthPacific Korp S.A. en la zona centro sur; es la segunda compañía del mundo en producción de harina y aceite de pescado (hay 14 Zaldívar involucrados con Angelini). El segundo grupo lo integran los Yaconi-Santa Cruz que se fusionaron con otra familia y crearon Blumar. Les siguen la familia Cifuentes, dueña de Camanchaca, y los Izquierdo-Meléndez asociados con un grupo de Islandia.
La renta de este negocio es de 740 millones de dólares al año; o sea, el Estado les regaló a estas familias el equivalente a un setenta por ciento de la reforma educacional y sus ingresos siguen creciendo. Al inicio de la Ley controlaban el 92 por ciento del negocio y hoy ya van en el 94 por ciento de los tres millones de tonelada de captura.
–¿Cómo avanzan las querellas que han interpuesto?
Tenemos dos querellas por cohecho y coima. La primera es contra la ex diputada Marta Isasi y ya se ha demostrado que recibió 27 millones. Lo que la mató es una filmación del Congreso que la muestra durante una discusión del proyecto y aparece por detrás de ella un gerente de Corpesca, quien le hace una indicación y luego le pasa un papel.
La segunda querella en que nos hicimos parte junto al Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), es contra los miembros de la Comisión de Pesca del Senado por la entrega de 500 millones de pesos por parte de Corpesca para sus campañas como gasto reservado. La ley se votó en 2012 y al año siguiente le pusieron dinero a cada uno de sus miembros, en ese momento candidatos, lo que está documentado por el Servel. Se trata de Antonio Horvath, Fulvio Rossi, Hosain Sabag, Alejandro García Huidobro y Carlos Bianchi.
En febrero el tema estaba muerto y logramos que saliera vinculado Angelini aprovechando la dinámica de la investigación de Penta y Soquimich, esto nos dio los elementos para enlazarla con Corpesca.
–¿Realmente esperan que los culpables sean castigados y derogada la ley?
En el reciente congreso de pescadores artesanales se fijó como objetivos eliminar la Ley de Pesca, dirigir la investigación hacia las otras compañías y parlamentarios involucrados y exigir castigo. Hoy estamos en un proceso de educación ciudadana junto a otros sectores (como la Confech y los bancarios), para demostrar cómo la dictadura sigue funcionando. Sabemos que es imposible que los mismos que aprobaron la ley, hace menos de dos años, la cambien ahora.
Los pescadores consideran la ley como corrupta e injusta y decidieron no respetarla y hacer objeción de conciencia. Este es un salto enorme en una sociedad legalista donde los sectores más marginales están haciendo un proceso de politización, porque cuando se suman varias objeciones de conciencia eso es desobediencia civil. Ya han iniciado acciones de pesca en resistencia: salen a pescar porque no tiene qué comer, sin respetar las cuotas.
Hay que eliminar la ley y hacer una participativa; el tema pesquero no es solo de quienes extraen los recursos tiene que ver con salud, educación, trabajo y debiera ser la columna vertebral de una estrategia de alimentación nacional.
Infusam Nº 9- Julio 2015