México - La ruptura de 2014
La noche de Iguala y el despertar de
México
Manuel Aguilar Mora
México DF, 3-1-2015
Los atroces hechos sucedidos en la
noche del 26 de septiembre en Iguala son sin duda los que marcaron el 2014
convirtiéndolo en un año hito en la historia contemporánea de México,
erigiéndose como otro “Mexican moment”, muy diferente al que el presidente Peña
Nieto publicitó al inicio de su gobierno, que horrorizó a su pueblo y al mundo
entero obligando a los medios masivos a presentar ante la opinión pública
internacional el nivel de barbarie al que ha llegado el estado de guerra de
facto en el que se encuentra esta nación fronteriza con Estados Unidos (EUA)
desde el 2007. Así 2014 pasó a ser el año de Ayotzinapa más que el de las
“reformas de estructura” promovidas por Peña Nieto.
Precisamente hace un año, cuando en
el mundo oficial todo era jolgorio y alegría por la aprobación de todas las
reformas promovidas por el gobierno y sus aliados del Pacto por México,
decíamos que después de 25 años de crisis política permanente, de 1988 a 2013,
México era “un volcán en estado de ebullición antes de la explosión de la lava
ardiente” que se acercaba cada vez más hacia el estallido. (“¿Hacia el estallido?”, Unidad Socialista, núm. 58, marzo-abril
2014, también publicado en la red entre otros en el boletín informativo
Correspondencia de Prensa, 23 de marzo 2014). En junio la matanza de Tlatlaya realizada por los militares, hecha
pública más dos meses después de ocurrida conmocionó al país y después a
finales de septiembre los hechos de Iguala lo horrorizaron. Fueron las chispas
que han comenzado a incendiar la pradera. Desde entonces el país cambió
abruptamente y el gobierno de la restauración priista está instalado en su peor
crisis. Las repercusiones han sido enormes y no sólo en México pues su impacto
internacional recuerda e incluso va más allá de lo que ocurrió el 1° de enero
de 1994 con motivo del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional en Chiapas por el reto político directo y sin amortiguadores que
representa la causa de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos para el típico Estado represivo y corrupto de México tocado a
profundidad en sus fibras políticas esenciales: estructura gubernamental,
sistema de partidos, judicatura, etc. En las enormes y numerosas movilizaciones
habidas a partir del 1° de octubre cuando salió a relucir todo el horror de lo
sucedido el 26 de septiembre, tres consignas gritadas por las multitudes son
las que sintetizan el sentimiento de amplísimos sectores de la población: “Fue
el Estado”, “Fuera Peña” y “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
El gobierno de Peña Nieto intentó
burdamente durante una semana enterrar las atrocidades de Iguala en el campo
municipal bajo el control formal de un alcalde asesino del PRD, creyendo
ilusamente que su gobierno podría eludir responsabilidades. Una apreciación por
completa errónea que se le revirtió con creces cuando tardíamente la PGR debió
“atraer” el caso. La penetración descarada de personajes e influencias del
narcotráfico en la alcaldía de Iguala no era privativa de los municipios
presididos por el PRD, como antes se había demostrado en la crisis de Michoacán
que obligó a Peña Nieto a intervenir con un comisionado especial que actuó como
real jefe del estado, debiendo renunciar un gobernador priista rodeado de funcionarios
y familiares en contacto con los narcotraficantes.
Ante la avalancha de protestas y
movilizaciones presidente Peña ha llamado a “superar” lo sucedido y en la
práctica su gobierno quiere darle carpetazo lo más pronto posible. Pero la
situación hoy es muy diferente a la de crisis anteriores. No sólo los
activistas, los sectores democráticos y revolucionarios, sino voceros de la
opinión burguesa más conservadora reconocen que la movilización masiva que ha
surgido exigiendo la presentación de los 43 normalistas no tiene precedente y
que las protestas callejeras seguirán y que no es posible creer en una política
que le “apueste al olvido” como quiere Peña Nieto. El Universal, uno de los
diarios más importantes de la ciudad de México, de una orientación claramente
conservadora, publicó los resultados de una investigación de su Centro de
Investigación y Análisis que vale la pena citar. “Durante 87 días, del 1° de
octubre al 26 de diciembre se han registrado 44 movilizaciones públicas en
México y en el mundo con la demanda común de la localización con vida de los
jóvenes maestros desaparecidos, que no haya impunidad y se castigue a los
responsables del crimen colectivo”. (El Universal, 31.12.14). Los datos
concretos son elocuentes: en ese periodo de 87 días en 36 hubo algún tipo de
movilizaciones, lo que significa que tres días de cada semana ha habido
protestas por el caso de Iguala, solo en octubre fueron 17 los días en que se
realizaron movilizaciones y en noviembre ocurrieron las más multitudinarias. De
las 44 manifestaciones el 73% se realizaron en México (en 17 estados) y el
resto al nivel internacional (en 21 países). En México se realizaron en el
Distrito Federal y en Guerrero las más concurridas y numerosas y además en los
estados de Morelos, México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas,
Chihuahua, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, Durango, Colima,
Sinaloa y Sonora. En el mundo la imagen de México salió a relucir muy diferente
a la ofrecida por la propaganda turística del gobierno y las protestas no se
hicieron esperar abarcando a países como Brasil, Chile, Escocia, Reino Unido,
China, Vietnam, Singapur, India , Indonesia, Corea del sur, Argentina, Suiza,
Colombia, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Alemania,
Francia, España y Noruega. El 5 de noviembre pararon más de 100 instituciones
de educación superior (universidades e institutos técnicos) en México.
La crisis desbordó de tal forma las
fronteras nacionales que organismos internacionales oficiales se pronunciaron
al respecto censurando el comportamiento del gobierno de Peña por su
incapacidad de garantizar un estado de seguridad nacional a la población.
Declaraciones de instituciones gubernamentales como el Departamento de Estado
de EUA, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la
organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Igualmente lo hicieron organismos no gubernamentales como la Human
Rights Watch y Amnistía Internacional cuyo director de su sección mexicana,
Perseo Quiroz resumió muy bien la situación: “los acontecido en Iguala ha
generado una movilización nacional sin precedentes a la que se ha sumado la
indignación mundial”.
Hay que señalar finalmente las
inauditas movilizaciones en la época de las fiestas de fin de año: el 24 y el
31de diciembre los familiares de los desaparecidos, acompañados por un millar
de personas solidarias, se hicieron presentes en la casa presidencial de Los
Pinos bajo la consigna de que si para ellos estos días no son de fiesta por la
desaparición de sus hijos, para las autoridades tampoco debe haber fiesta. Y la
realizada el día 26 de diciembre recordando el tercer mes de la desaparición de
los 43 en pleno centro histórico de la ciudad de México, donde reafirmaron su
decisión de que en el 2015 sigan y crezcan las movilizaciones por la búsqueda
de sus hijos.
La demostración de lentitud e
incapacidad de las autoridades gubernamentales para satisfacer plenamente las
demandas de una investigación profunda de los crímenes, para castigar a los
autores principales tanto intelectuales como ejecutores directos y la clara
tendencia de hacer que el asunto sea superado con un carpetazo burocrático
coincidió estrictamente con la noticia de que la esposa del presidente Peña y
el secretario de Hacienda eran propietarios de lujosísimas mansiones valuadas
en millones de dólares construidas por una empresa directamente responsable de
la construcción de obras públicas durante el gobierno de Peña Nieto en el
estado de México y en la actualidad responsable de contratos del gobierno
federal. Un escándalo clásico de corrupción ligado a un “conflicto de
intereses” se agregó para enardecer más la ira e insatisfacción de millones de
ciudadanos con los procedimientos de los más altos gobernantes.
2015: la combinación explosiva
El inicio de 2015 se da en
condiciones en que confluirán diversos procesos económicos y políticos de alta
potencialidad conflictiva. En junio el barril de petróleo se cotizaba a más de
100 dólares. Al cerrarse el 2014 el barril había caído a 47.04 dólares, es
decir experimentando una pérdida del 54.01 % en su precio. Y como directa
consecuencia de lo anterior se ha producido al mismo tiempo una revaluación del
dólar cuyo cambio subía de 13 a 15 pesos por dólar, un tipo de cambio que no
alcanzaba desde la crisis de 2007. Aunque no en los niveles de dependencia que
tienen los países árabes o Venezuela de la renta petrolera, la economía
mexicana depende también mucho de ella. Lo que está sucediendo en el mercado
internacional del petróleo afectará directamente a los planes de Peña Nieto por
dos determinantes: la drástica disminución de sus ingresos presupuestales tanto
por la disminución de los ingresos de Pemex (que contribuye con más de la
tercera parte del presupuesto federal) como por la privatización de sectores de
la industria anteriormente estatizada por completo y el hecho de que la
licitación de los yacimientos petrolíferos a las empresas petroleras extranjeras
que las nuevas leyes aprobadas permiten, se dará en el peor momento posible. El
gobierno de la restauración priista de Peña Nieto se jactaba de ser el que
“movería” a México superando el estancamiento económico de décadas y
proyectando una etapa muy positiva de crecimiento económico que producirían las
“reformas de estructura” que estaban en el primer lugar de sus planes
gubernamentales. En los últimas tres décadas el promedio del crecimiento
económico anual no ha rebasado el 3.0% y en los últimos años apenas rasca el
2.0%, índices prácticamente idénticos a los del crecimiento demográfico de una
población que ha superado los 115 millones de habitantes. Este estancamiento ha
tenido consecuencias devastadoras en las condiciones de vida de la abrumadora mayoría
de la población. Según el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social desde 1992 no crece el ingreso de los hogares a
pesar de los innumerables programas y acciones (de muy baja calidad) que no
logran detener la precipitación de la población a situaciones de pobreza y de
extrema pobreza. (La Jornada, 01.02.15). Como se aprecia la situación imperante
en el rubro económico no es nada favorable para que los optimistas planes
originales del gobierno priista puedan impedir un combinación explosiva cuando
esta decadencia económica converja con el sensible deterioro de la situación
política.
El año 2015 será un año profundamente
“político” en el cual el movimiento social de protesta contra la corrupción y
la impunidad de las autoridades responsables de las atrocidades de Guerrero y
de todo el país confluirá con las elecciones de julio para la renovación de la
Cámara de diputados y para las gubernaturas y autoridades municipales de varios
estados. Pero evidentemente la decadencia y el profundo desprestigio de los
partidos “registrados” plantea con urgencia el qué hacer en estos comicios sin
legitimidad alguna, que sólo elegirán a personajes similares a los que ocupan
hoy los cargos que serán puestos a elección. Los diputados y los candidatos del
trío de los partidos principales pilares del sistema político gobernante (PRI,
PRD y PAN) son los representantes que encarnan dichas autoridades desde el
nivel municipal hasta el federal impugnadas por las masivas movilizaciones de
protesta. Esta contradicción ya está produciendo una oleada cada vez más
poderosa en amplios sectores. ¿Para qué votar a candidatos de los mismos
partidos responsables de las atrocidades? ¿Por qué participar en un sistema
electoral tan restrictivo, antidemocrático y fraudulento controlado firmemente
por esos partidos? El viejo Instituto Federal Electoral (IFE) que ha sido
transformado en el nuevo INE no es de ninguna manera garantía de elecciones
legítimas y democráticas, sigue siendo la estructura que mantiene, de hecho
fortalecida, la misma maquinaria que produjo el gigantesco fraude de 2006 y los
innumerables chanchullos y trapacerías que hicieron de las siglas del IFE
sinónimo precisamente de eso, de fraude.
Una cada vez más poderosa corriente
popular, predominantemente de jóvenes ha surgido que propone el boicot a las
elecciones del 2015. Igualmente la cuestión de la necesidad de refundar el
Estado por medio de una Asamblea Constituyente se abre paso en el seno de
amplios sectores. Destacan entre éstos Cuauhtémoc Cárdenas; el obispo de
Saltillo, Coahuila, Raúl Ver; el padre de una víctima de los narcotraficantes
el escritor y poeta Javier Sicilia y el profesor universitario Pablo González
Casanova. Pero lo más importante es que han sido los mismos familiares de los
43 y sus aliados los que han llamado a boicotear las elecciones de julio
próximo, convocadas para elegir a los pares de quienes hoy se niegan a
investigar a profundidad los crímenes de Iguala, encubren a los culpables
materiales e intelectuales y desean cerrar lo más pronto posible el caso para
que se olvide del mismo modo que sucedió con los numerosos casos de
desapariciones y masacres anteriores como la matanza de los 72 centroamericanos
en San Fernando, Tamaulipas en agosto 2010, o la desaparición de 300 mexicanos
en Allende, Coahuila en marzo 2011, para no hablar de la matanza de Tlatlaya.
Lo diferente en esta ocasión fue la indignación espontánea que no tiene trazas
de que va amainar en 2015.
El papel del Ejército
Desde el día siguiente de la noche
del 26-27 de septiembre uno de los aspectos clave de la recreación de los
hechos ha sido determinar el papel del ejército. Los reportajes publicados
señalaban su presencia, por ejemplo en la clínica a la que los estudiantes
llevaron a varios de sus compañeros heridos. Por estudiantes que lograron
escapar se supo de la actitud prepotente de los militares increpándolos e
incluso amenazándolos. Pero las informaciones oficiales negaban siempre que los
militares hubieran participado de algún modo en las acciones. Después el
procurador federal Murillo Karam en su conferencia tristemente famosa de
noviembre por “su cansancio”, hizo una observación extraña ante una pregunta de
los periodistas. Dijo él: “Afortunadamente el Ejército no intervino pues lo
hubiera hecho en apoyo de las autoridades [municipales]”. Ciertamente algo no
cuadraba en estas explicaciones. Es inverosímil que en Guerrero ocupado desde
hace 50 años por miles de militares que en el estado han combatido guerrillas,
instalado una red de retenes, ejercido labores de represión sin cuento,
participado en labores de quema de plantíos de mariguana, de cateo de
establecimientos en la búsqueda de drogas, con grandes cuarteles instalados en
varias poblaciones, incluida Iguala, o sea que no sucede nada sin su
conocimiento, haya ocurrido tamaño crimen sin que se dieran cuenta.
La revista Proceso correspondiente al
14 de diciembre de 2014 derrumbó la versión oficial del procurador federal
mostrando con videos y declaraciones de normalistas sobrevivientes que la policía
federal participó en la gresca entre los estudiantes y los policías municipales
e incluso que el Ejército estuvo involucrado aunque todavía no se aclara ni
especifica la forma en que lo hizo. El Ejército, como bien señalan los padres
de familia de los normalistas desaparecidos, es culpable por participar en la
noche del 26-27 de septiembre ya sea activamente en el secuestro o bien por
omisión de dejar hacer y dejar pasar un crimen de tal magnitud efectuado
prácticamente en sus narices.
Ha sido en Guerrero en donde el nivel
de la protesta y de las acciones ha llegado a niveles de confrontaciones
violentas que han estado al borde de concluir en nuevas masacres. A mediados de
diciembre, los familiares y sus aliados realizaron una manifestación en Iguala
y durante un mitin frente al cuartel militar la tensión subió a peligrosos
niveles, estando los militares en una situación a punto de disparar contra la
multitud. El nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega lo ha dicho tajante y
ominosamente: “Hay [en el gobierno] quienes están decididos a dar la orden de
reprimir las protestas. Es ingenuo creer que no van a ser frenadas
manifestaciones más radicales”. (La Jornada, 02.01.15). Lo dice el gobernador
de un estado en que de hecho se han producido ya en varios municipios tomas de
alcaldías por parte de los maestros de Coordinadora Estatal de Trabajadores de
Educación de Guerrero (CETEG) y sus aliados. En gran parte del estado se están
llevando a cabo procesos semiinsurreccionales: 35 comunidades organizadas han
tomado los palacios municipales, el 43 por ciento del total de ayuntamientos en
la entidad y han constituido las Asambleas Populares Municipales. De hecho el
proceso de la aparición de las “autodefensas” que ha cundido en el estado
vecino de Michoacán desde finales del 2013 y que obligó a Peña Nieto a
intervenir directamente con un procónsul y a destituir al gobernador desbordado
por completo a principios del 2014, fue un anuncio de lo que sucede hoy en
Guerrero: una lucha por la supervivencia ante el completo derrumbe de los
aparatos de seguridad oficiales infiltrados por los cárteles o de plano
desbordados por la situación.
El secretario de la Defensa Nacional,
el jefe del Ejército, general Cienfuegos ha declarado que “sólo con el esfuerzo
de todos, con la suma de voluntades y con unidad nacional, podremos consolidar
el rumbo hacia el progreso y el desarrollo”. Y agregó, “los grandes retos que
afrontamos, como la inseguridad y el crimen organizado, son problemas de todos
y sólo juntos podremos vencerlos, son problemas de Estado, no de gobierno”.
Pero el papel de los militares ¿no está contribuyendo más que al progreso y al
desarrollo a la desestabilización y a la represión como fehacientemente lo
demostró el caso de Tlatlaya y puede que no tarde en evidenciarse cuando se
sepa el real papel que desempeñó en la masacre de Iguala? No es nada alentadora
la situación que el gobierno continúa promoviendo en la que el protagonismo
militar es cada vez más conspicuo. Los informes que se han filtrado de la
creciente “colaboración” de asesores y en general personal militar de EUA con
los militares mexicanos. Para el gobierno de EUA lo que sucede en México le
interesara cada vez más, entendiendo que para la política imperialista la
frontera sureña de tres mil kilómetros con México es de prioridad mayor para su
“seguridad nacional”. Y así la dominación económica y social que ya ejerce EUA
en México tenderá combinarse con una presencia militar también creciente.
Las alternativas políticas
Las elecciones de julio de este año
van a realizarse con un debilitadísimo sistema de partidos. El PRI de Peña
Nieto desprestigiado y con la carga de ser el directamente encarado ante una
población iracunda. Un PRD desfondado, en caída vertical sin que tenga la menor
capacidad de erguirse con fuerza y dignidad al estar dirigido por un grupo de
políticos cínicos, corruptos y cada vez más dependiente del propio gobierno
peñista. La renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas ha venido a expresar sin rodeos su
decadencia sin remedio, convertido en una desnuda franquicia electoral
sostenida únicamente con las prerrogativas del INE. Después de la renuncia de
Cuauhtémoc Cárdenas al PRD y con él de cientos si no es que de miles de
miembros, el PRD perderá fuerzas fundamentales que ya se prevé que lo desbancarán
de su lugar como tercera fuerza partidaria del sistema electoral vigente. Un
PAN arrinconado, también dependiente del presidente y sin la menor iniciativa
para intervenir en una situación que lo desborda.
El Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) constituido a imagen y semejanza de López Obrador no se ha
pronunciado directa y sin ambigüedades sobre el significado profundo de la
crisis que representa lo sucedido en Iguala y en general en todo el estado de
Guerrero: el desplome de las políticas reformistas de la estirpe nacionalista
revolucionaria del viejo PRI anterior a los años 80’s que Cuauhtémoc Cárdenas y
el PRD trataron de de resucitar a partir de 1988-89, todo lo cual AMLO
compartió cuando se unió al PRD después de su salida del PRI en 1990. Aparte
del hecho del chapoteadero que significó el escándalo del alcalde asesino José
Luis Abarca patrocinado por un notorio partidario obradorista, el problema de
fondo es que Morena representa más de lo mismo: un electoralismo limitado, sin
un programa para enfrentar la tremenda crisis nacional que atravesamos y
caudillista sin redención. Lo que sucedió en el PRD durante 2006 a 2012 tuvo
que ser conocido por López Obrador y su alianza con los Chuchos en 2012 no
puede esquivarse, fue un matrimonio de la más cruda conveniencia que no habla
muy bien de los principios políticos del guía, ideólogo, futuro candidato
presidencial y factor hegemónico indiscutible de la organización.
La perspectiva revolucionaria
La luz que han alumbrado los
acontecimientos de Iguala, la ejemplar postura que han adoptado los familiares
de los 43 normalistas desaparecidos y la inaudita y maravillosa
solidaridad nacional e internacional que ha despertado el martirio de los
estudiantes de Ayotzinapa han sido, son y seguirán siendo gérmenes de grandes
jornadas de lucha con potencialidad emancipatoria. Hasta ahora la base
fundamental de las movilizaciones ha sido la juventud, aunque ya se incorporan
sectores numerosos de trabajadores, y en el estado de Guerrero, también las
poblaciones más pobres de Costa Chica, Costa Grande, la Montaña, Tierra
Caliente y Chilpancingo. Tal y como hemos intentado señalar en el texto en 2015
se abrirá una oportunidad con grandes posibilidades de transformaciones
radicales en México. El impulso emancipador y liberador de lo que representa la
lucha por la presentación de los 43 da fuerza e infunde optimismo a quienes se
solidarizan con ella. Del otro lado, en el gobierno de Peña, en el seno de los
partidos gobernantes y entre los grandes empresarios reina la incertidumbre. Lo
única certidumbre que existe en el establishment decadente mexicano es que “el
estado de derecho será impuesto, incluso con medidas autoritarias”.
Históricamente en México esta política tiene nombres siniestros que evocan
décadas de aplastamientos de movimientos insurgentes: Tlatelolco, los halcones,
la guerra sucia, la represión como sistema. Y en la mayoría de estos casos ha
sido la sombra del Ejército la que se ha proyectado ominosa y
lúgubremente. ¿Cómo se proyectará en 2015?
Por el momento podemos apuntar ya
para los primeros días del año acciones que buscan lograr crear un amplio, no
excluyente, movimiento de lucha que abarque a los mayores sectores posibles. En
el México profundo de las masas indígenas insurrectas también encuentra eco la
lucha de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. El 2 y 3 de enero el EZLN y el
Congreso Nacional Indígena (CNI) realizan en San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, el Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra
el Capitalismo, y allí hablaron los estudiantes y los padres y madres de los
normalistas asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa. Por su parte el
subcomandantes insurgente Moisés declaró que “acompañarían” a los familiares en
su lucha por encontrar a sus hijos, situación que al parecer superará la
retirada política que desde 2006 había realizado la dirección del EZLN de la
escena nacional.
Los sectores que planean organizar la
lucha por una Asamblea Constituyente convocan para el 5 de febrero, día en que
se conmemora la adopción de la Constitución de 1917 producto de la Revolución
mexicana, su primera reunión del año. También los estudiantes se reúnen para
organizar nuevos paros. En el seno de los grupos socialistas y revolucionarios
hay discusiones y pláticas que anuncian coaliciones y frentes. Una tarea
impostergable del 2015 será la de concebir y aplicar la estrategia para que los
trabajadores arrojen su poderosa fuerza en la balanza de esta lucha para
hacerla invencible.
Para los grupos socialistas y
comunistas revolucionarios su objetivo deberá incluir, sin alejarse de la gran
corriente social masiva, apresurar la convergencia para constituir una masa
crítica organizadas que permita que el programa en favor de un gobierno de los
trabajadores se convierta en la guía estratégica hacia la victoria de la
rebelión democrática en marcha.
Estas líneas se escriben el día en
que se cumplen 100 días de la desaparición de los 43. Han sido cien días en que
la población de México presenció un cambio abrupto de su consciencia política y
en el que amplísimos sectores sociales en marchas, en mítines, en auditorios,
en cines, en escuelas, en sindicatos, en iglesias y en numerosos lugares se
oyeron las voces multitudinarias que contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,………….hasta llegar a 43 y culminaban con un grito que exigía ¡JUSTICIA!
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