Chile - LA NUEVA MAYORIA PODRA TERMINAR LAS AFP?
El próximo gobierno de Bachelet tendrá la
mayoría parlamentaria suficiente para sustituir el aberrante sistema de AFP,
así como lo tuvo su anterior gobierno, contrariamente a lo que ella afirmó en
el debate para las primarias. Ahora, además de la mayoría en la Cámara de
Diputados, la Ex concertación dispondrá de una mayoría en el Senado de 21-17,
debido a los doblajes de Antofagasta y Coquimbo. La vez anterior, en virtud del
doblaje en Concepción, obtuvo una mayoría de 20-18. Y el sistema de seguridad
social requiere solamente para su modificación de la mayoría absoluta de los
senadores y diputados en ejercicio.
El problema es que, de acuerdo a su
Programa de Gobierno, la Concertación no quiere cambiarlo, ya que postula
simplemente la creación de una AFP estatal, dejando el resto de las privadas.
Esto, en lugar de sustituir el sistema, tenderá a reforzarlo; tal como lo hizo
la reforma que se llevó a efecto durante el anterior gobierno de Bachelet. (Ley
20.255/2008) que ella estableció una pensión básica solidaria (a cargo del
Estado), pero legitimó y consolidó el sistema de pensiones basado en la
capitalización individual y en la administración de los fondos del sistema por
unos pocos grandes grupos económicos, con el hecho de hacer obligatorio a
contar del año 2015 el descuento obligatorio previsional a todos los que emiten
boletas de honorarios (ya no existirá de devolución de impuesto en 3°
categoría), ese 10% irá a las mismas AFPs.
En realidad, el Programa actual de la
Concertación no solo no pretende desmantelar las AFP. Tampoco pretende terminar
con la “aplanadora” que hizo la dictadura de los derechos e instituciones
económicas, sociales y culturales que había desarrollado la democracia en
nuestro país. ¡Qué diferencia con lo que planteaban los partidos políticos que
hoy forman la Concertación en la década de los 80! Así, respecto a las AFP,
tenemos las claras opiniones que planteaba el PDC en 1984: “En particular, nos
parece necesario, en primer lugar, terminar con el actual sistema previsional
que permite que los fondos previsionales sean administrados por administradoras
privadas (AFP), y pasar a un sistema de reparto, como el que existía en la
práctica en el pasado. Las nuevas instituciones previsionales, que se crearán
en reemplazo de las actuales, deberían ser administradas de un modo tal que
aseguren una participación activa de los trabajadores en la administración de
sus instituciones previsionales. El nuevo sistema previsional deberá tener un
fuerte énfasis en la solidaridad. Para ello proponemos que una proporción
significativa de las cotizaciones previsionales de los trabajadores se destinen
a financiar los aumentos en las pensiones mínimas y los servicios básicos de
salud. Este carácter solidario asegurará un componente redistributivo al
interior del nuevo sistema previsional. Por último, y a diferencia del sistema
previsional antiguo, proponemos que las pensiones que son superiores a la
mínima se calculen tomando en consideración el total de los aportes
previsionales que haya realizado el trabajador a lo largo de su vida activa. De
este modo se evitarán algunas situaciones de injusticia que se producían con el
sistema antiguo, el que consideraba sólo las imposiciones de los últimos meses
antes de jubilar” (Seminario de profesionales y técnicos humanistas cristianos.- Proyecto
Alternativo, Tomo II; p. 284).
Es cierto que el Programa de la
Concertación de 1989 era bastante menos drástico. Recordemos que, de acuerdo a
lo confesado por la eminencia gris de la “transición” en 1997 -Edgardo Boeninger-, el liderazgo de
la Concertación experimentó a fines de los 80 una “convergencia” con el
pensamiento económico de la derecha, “que políticamente no estaba en
condiciones de reconocer” (Democracia en Chile. Lecciones para la
gobernabilidad; Edit. Andrés Bello; pp. 368-9). Con todo, lo que proponía respecto
de las AFP era bastante más progresista que lo que hace hoy; al estipular que
“se podrán establecer tres tipos de AFP: las de administración privada
tradicional con representantes de los ahorrantes en el directorio; las de
propiedad de los ahorrantes y las de los grupos organizados de trabajadores.
Los trabajadores podrán optar por elegir la institución en que ahorran para la
vejez y al mismo tiempo serán partícipes activos del manejo de los remanentes
sus ahorros y que representara una parte significativa de la economía nacional”
(Bases Programáticas de la Concertación de Partidos por la Democracia: p.
39).
Pero lo más notable es que el
liderazgo ex concertacionista no reacciona siquiera ante el verdadero desastre
que para la generalidad de los trabajadores está significando el funcionamiento
de las AFP, de acuerdo a numerosos estudios de especialistas en el tema. Ya en
1999, Jaime Ruiz-Tagle llegaba a lapidarias conclusiones al
respecto, analizando la década de los 90. Señalaba que “el sistema chileno de
capitalización es totalmente individual; no admite ninguna forma de
solidaridad. No permite, por ejemplo, otorgar los llamados ‘derechos
gratuitos’, que favorecen a las mujeres embarazadas, o a las que cuidan niños
pequeños, o a quienes prestan el servicio militar (…) Por otra parte (…) una
vez otorgadas las jubilaciones sólo se reajustan conforme al IPC, hasta la
muerte del beneficiario. Esto significa que el sector pasivo se va quedando
atrás, y no participa de los aumentos de remuneraciones que reciben los
trabajadores activos. En el sistema de reparto, las pensiones se suelen
reajustar en forma paralela al aumento de la masa salarial, lo que permite un
progreso relativamente equitativo de los trabajadores activos y de los pasivos.
En el caso de Chile, las remuneraciones aumentaron en un 4,9% real, como
promedio, entre 1990 y 1997. Esto significa que si alguien recibía en 1990 un
sueldo equivalente a 100, en 1997 ya ganaba 140. Si un trabajador que también
ganaba 100 jubiló con el 70% de ese sueldo (como lo establece el sistema), en
1997 recibía una jubilación equivalente al 50% del sueldo de su antiguo colega.
Naturalmente, el deterioro relativo se irá agudizando a través de los años” (Evaluación del
Funcionamiento del Sistema Previsional en Chile. 1981-1999; Ponencia del
Seminario Salud y Seguridad en la América Latina del Siglo XXI, Ciudad de
México, 11 y 12 de Octubre de 1999).
Posteriormente, los estudios han
llegado a conclusiones cada vez peores para los trabajadores. Como las del
artículo de Manuel Riesco en 2005: Trabajo y Previsión Social en el Gobierno de
Lagos (en Gabriel Salazar y otros.-
Gobierno de Lagos. Balance crítico; Edic. Lom, 2006); y las del libro del ex
presidente del PDC, Ricardo Hormazábal: El gran engaño:
30 años del sistema de AFP; Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de
Chile, 2012. Por último, un reciente estudio de CENDA, liderado por Manuel Riesco (Resultados para sus Afiliados de las AFP y Compañías de Seguros
Relacionadas con la Previsión: 1982-2012) concluyó en que con el sistema actual
“los aportes de los afiliados y los subsidios del Fisco son tres veces mayores
a las pensiones que paga el sistema”; y que las pensiones pagadas por las AFP
pueden alcanzar, incluso en personas que hayan cotizado permanentemente, ¡el
10% de lo que ganaba la persona trabajando! (Ver El Clarin; 3-11-2013).
Sin embargo, las actitudes del
liderazgo de la ex concertación a favor de las AFP no se explican ya solamente
por su viraje ideológico, crudamente reconocido por Boeninger en 1997. A ello
hay que agregar una colusión de intereses cada vez mayor entre aquel y los
grandes grupos económicos. Así, a las decenas de connotados políticos o
burócratas concertacionistas que han emigrado crecientemente a directorios o
administraciones de grandes empresas; es importante destacar los que se han ido
concretamente a los directorios de las AFP: Julio Bustamante, Superintendente
de AFP entre 1990 y 2000 (Aylwin y Frei Ruiz Tagle) fue
posteriormente presidente de la AFP Magister. Ximena Rincón, Superintendente
de Seguridad Social e Intendente de Santiago (Lagos), asumió en 2006 como
directora de la AFP Provida, la más grande del país; y estando en esa calidad
llegó a ser vicepresidenta del PDC. José Antonio Viera Gallo, presidente de la
Cámara de Diputados (1990-93) y senador del PS (1998-2006), asumió también como
director de AFP Provida en 2006, hasta ser nombrado Ministro Secretario General
de la Presidencia por Bachelet en 2007.
Actualmente, se desempeñan como
directores de AFP Provida el ex ministro y embajador del PS (Frei, Lagos y
Bachelet) Osvaldo Puccio; y la ex Subsecretaria de Hacienda entre 2000 y 2006 (Lagos), María Eugenia
Wagner. Además, es presidente de AFP Cuprum, Hugo Lavados (PDC), quien
fue ministro de Economía de Bachelet; y director de la misma, Jorge Marshall (PPD), quien
fue ministro de Economía de Aylwin. A todo lo anterior se suma lo señalado por
Ricardo Hormazábal de que las AFP financian el 14% de las campañas electorales
de la Concertación (Ver El poder político y económico detrás de las AFP; en El Mostrador;
4-7-2013).
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