Chile - Entrevista al Abogado Juan Pablo Buono-Core: “Mienten el gobierno y políticos cuando dicen que la delincuencia se va a terminar”

Fuente: El Rastro

El gobierno de Sebastián Piñera intenta a como dé lugar sacar buenos resultados en materia de delincuencia y busca en la profunda reivindicación de su génesis ideológica acabar con el supuesto enemigo interno. Pero, los números han sido rojos. La mayoría de los casos que han tenido relevancia a nivel mediático se han caído por falta de pruebas e irresponsabilidades de los representantes del ente persecutor al momento de defender sus investigaciones. El Caso Bombas refleja y generaliza gran parte de este fracaso jurídico.

Por Carlos Philippe

Para el gobierno el problema recae en el Ministerio Público y por ello busca realizar modificaciones a la Reforma Procesal Penal. Cambios que pondrían una presión política a un poder judicial que tiene categoría de autónomo. El proyecto quiere obligar a que los jueces mantengan en prisión preventiva a la mayoría de los imputados. Un proyecto que tiene opiniones dividas.

Un profesional que está en contra de estos cambios es el abogado y ex fiscal, Juan Pablo Buono-Core. El jurista estuvo 12 años en el aparato público y desde hace unos meses trabaja como particular, haciendo clases y litigando en causas criminales tanto como querellante y defensor de personas que cree que se les ha afectado algún derecho. Además, Buono-Core conoce de cerca al ex Fiscal Alejandro Peña.

¿Son realmente necesarias las modificaciones a la Reforma Procesal Penal propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera?

En los términos actuales no corresponde. Esta reforma procesal penal se basa principalmente en un principio fundamental, que es el principio de la presunción de inocencia, que significa que toda persona, que todo ciudadano que nace en territorio nacional, se presume inocente ante cualquier imputación de un delito. Entonces cuando nosotros vemos que jueces de la República bastante capacitados resuelven y deciden no acoger los planteamientos del ente persecutor, en este caso el Ministerio Público, inmediatamente vemos un ataque por parte del Ministerio del Interior o del gobierno en contra de los jueces. Y eso no solamente afecta la independencia del poder judicial, sino que además afecta lo más importante que es la presunción de inocencia de las personas, principio rector del sistema penal chileno. Entonces, si se va hacer una reforma que vaya a afectar esa presunción de inocencia y que significa que toda persona que sea formalizada debe ser condenada en forma inmediata, entonces no estamos de acuerdo puesto que no se ajusta a derecho, por de pronto. El sistema procesal penal es un sistema perfeccionable, pero su funcionamiento es bastante adecuado y satisface los requerimientos del presente. De hecho, lo miran desde afuera como un ejemplo respecto de las reformas que hay que aplicar en otras partes del mundo, por ejemplo, en Perú, en México o Panamá.  Es por eso que han ido varios de nuestros fiscales a esos países a explicar la reforma.

¿Este proyecto viene a ser un acto de presión política al Poder Judicial?

Lo que pasa es que la derecha siempre se ha identificado con una férrea defensa al fundamento del orden público y esa es la diferencia con las otras tendencias y familias políticas. Por lo tanto, tienen que reivindicar el orden público. Para ello buscan la represión y tratan de coartar los derechos de los imputados.  Por ende, es parte del fundamento que hay detrás de la derecha y del gobierno actual que es la de resguardar el orden público. No les interesa tanto la protección de las garantías constitucionales, como sí resguardar el orden público.

¿Hay una intención de culpar al Ministerio Público de los fracasos judiciales?

El Ministerio Público no es un organismo que está destinado a resolver los problemas de seguridad ciudadana. El Ministerio Público investiga delitos. No se puede usar el Ministerio Público como un organismo destinado a resolver los problemas de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es un problema político, es decir, del gobierno no del Ministerio Público. Éste lo que debe hacer es investigar -de acuerdo al principio de la objetividad- si hay delito o no, y cuál es o cuáles son los responsables. Pero tratar de hacer una reforma para involucrar políticamente al Ministerio Público y convertirlo en un ente que tenga la responsabilidad de la seguridad ciudadana o responsabilizarlo por la inseguridad que se vive, es injusto y no corresponde.

¿De qué más trata el proyecto de Piñera?

El proyecto de Piñera se basa principalmente en realizar un férreo control a los jueces de garantía. Y, principalmente, establecer mayores exigencias y restricciones para el otorgamiento de libertades constitucionales y que buscan, finalmente, afectar a un poder del Estado. No toma en cuenta su independencia y no considera, en su real término, la presunción de inocencia que está en el Código Procesal Penal y que es parte de nuestra Constitución política.

¿Con esto se justificarían los allanamientos a comunidades mapuche?

Creo que esta reforma se explica como una consecuencia y/o reacción del gobierno frente a ciertos casos, como el Caso Bombas, el Conflicto Mapuche, el caso de Pablo Fernández Ávila, y, finalmente, lo que acontece con Emilio Berkhoff Jerez.  Los jueces de garantía están dejando libre a todo el mundo, a partir de un análisis de las pruebas que trae la policía para poder establecer la prisión preventiva a las personas.  El problema son las pruebas no los jueces de garantía.

¿Qué correcciones le harías a la reforma penal?

Creo que un problema serio del actual sistema es que si el fiscal no acusa dentro del plazo de 10 días, la causa se sobresee y se sanciona al fiscal. El sistema no debería contemplar este procedimiento, dado que sancionar al fiscal en caso de no acusar, le impone una presión indebida que puede afectar el deber de actuar conforme a derecho. Esa sería una buena modificación. Otra reforma importante sería poder alcanzar un equilibrio entre la eficiencia de la represión y las garantías constitucionales. No se van resolver los problemas metiendo presa a toda la gente. Lo que sí puede pasar es que con este predicamento muchos inocentes pueden ser condenados y eso es grave. Por último, debería estar en funcionamiento a la brevedad, la fiscalía de alta complejidad que está impulsando el Fiscal Nacional Sabas Chahúan.

¿Qué opinión te merece la aplicación en la actualidad de la Ley Antiterrorista?

Creo que tiene que haber una ley especial que se aplique a la violencia política, porque en estricto rigor, los hechos que han ocurrido, salvo excepciones, tienen relación más con la violencia política que con actos terroristas, por lo tanto, la situación amerita más una ley de violencia política que una Ley Antiterrorista.  Una comisión especial con seriedad y responsabilidad debería establecer la diferencia –lo más claro que sea posible- entre violencia política y conductas terroristas.  Para algunos jueces, hechos tan graves y lamentables como el caso del matrimonio Luchsinger-Mackay, pueden caer en el ámbito de la ley antiterrorista. Pero también ocurre que hay hechos que no tienen ese carácter y, sin embargo, los tramitan bajo la ley antiterrorista. Son muchos los casos en que hemos visto aplicar la Ley Antiterrorista sin tener el mérito para ello. Tiene que haber una ley intermedia, tiene que haber una ley de violencia política que regule estos hechos sin que necesariamente tengan el carácter de terrorista. Una ley de violencia política que prevenga y regule actos de violencia que no necesariamente son actos terroristas.

Caso Bombas y Alejandro Peña

¿En el Caso Bombas que se hizo mal?

Primero el Caso Bombas tiene un grave problema que es una falta de capacidad de la policía para investigar. Tiene que haber un perfeccionamiento de las policías para investigar los actos de violencia política. Prefiero hablar de violencia política antes que de terrorismo.  Segundo hubo una falta de capacitación de los fiscales que investigaron este caso. Y por último, uno de los grandes responsables del fracaso es Alejandro Peña. El Fiscal Peña no le interesó el Caso Bombas. No tenía la capacidad ni la voluntad para investigar de manera eficiente el caso, ya que el fiscal lo que hace es recolectar pruebas por si misma a través de la policía. Todas esas pruebas no fueron analizadas, además, la policía no recabo bien las pruebas, no hubo una recolección metódica y eficaz de éstas, tampoco existió una investigación minuciosa para acreditar el delito y la participación de las personas que estaban siendo juzgadas. Hubo un apresuramiento con tal de dar resultados mediáticos por parte del fiscal Peña y del entonces ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter, que apostó por tener un rol preponderante en el tema de la seguridad pública y le fue mal. Ahora, somos todos los chilenos que tenemos que pagar esas costas judiciales – 100 millones de pesos para cada uno los imputados- por responsabilidad del fiscal Peña y del Ministerio del Interior.

¿Cuál es el legado del fiscal Peña?

El legado es que la Reforma Procesal Penal y que el Ministerio Público bajaron su credibilidad. Se les considera sesgados, parciales, todo por la acción del fiscal Peña, los fiscales que se quedaron, el fiscal Raúl Guzmán, son los que realmente dieron la cara en el Caso Bombas. Y el ministerio Público fue la que dio la cara por una irresponsabilidad del fiscal Peña, quien debería de su bolsillo pagar las costas del Caso Bombas.

¿Cómo evitamos el tongo del Caso Bombas?

Lo primero es capacitar a los fiscales en el tema de la violencia política. Eso significa que deben ser personas que hayan tenido un conocimiento de la historia de este país y de la violencia política. Que no solamente sepan investigar, sino que sepan cosas que van mucho más allá de la cuestión jurídica, que sepan del contexto social, del contexto socio-económico, que conozcan la historia política de este país. Deben saber que las acciones de todos estos grupos anarquistas, son el resultado de la violencia política que ha existido siempre en este país. Segundo, capacitaciones a las policías. Tercero, que se cree una ley de violencia política aplicable, la ley antiterrorista es muy amplia ya que puede involucrar actos pequeños de violencia política hasta los más grandes, tiene que haber una ley intermedia de violencia política que resuelva los problemas. Con ello, no estoy hablando de la Ley Hinzpeter que lo único que quiere es evitar las protestas en las calles y criminalizar a los movimientos sociales. Pienso que con buenas capacitaciones a las policías, a los fiscales y con un fiscal responsable que privilegie el trabajo y no tanto las salidas en televisión como lo hizo el fiscal Peña, se evitarían futuros Casos Bombas.

¿Recoges buenas experiencias de tu paso por fiscalía?

Ahora ejerzo en lo particular. Lo más importante es que aprendí y la mayoría fueron experiencias positivas. Salvo una acusación injusta que recibí cuando el fiscal Alejandro Peña era fiscal regional. Mi experiencia es positiva, el conocimiento técnico que alcancé me ha ayudado mucho en mi ejercicio profesional liberal. En los 12 años que estuve en el servicio público, lo adquirido en experiencia y conocimientos me sirvió enormemente para poder ejercer como abogado. Ahora bien, la gente sabe el problema que tuve con Peña, el caso está en la Cámara de Diputados. Mi experiencia más negativa la sufrí cuando tuve que soportar acusaciones injustas cuando el fiscal Peña era jefe de la Fiscalía Sur en el año 2008.

¿Existe una real preocupación en los gobiernos en derrotar a la delincuencia?

El gobierno actual engañó al país con eso de que iba a terminar con la violencia y eso ya no fue así. De hecho hay más violencia que antes. Eso de que se la acabo la fiesta a los delincuentes resulto justamente al revés. La gente tiene que entender que la violencia no se va a terminar nunca, menos en un sistema capitalista. La violencia contra el patrimonio, típica de los países capitalistas, es imposible que se acabe.  Lo que se puede hacer es buscar la posibilidad de un mecanismo de control de la delincuencia. Por ejemplo, la ley de tolerancia cero con el alcohol ha sido efectiva, hay estadísticas que señalan que ahora hay menos personas detenidas manejando en estado de ebriedad. Hay más y mejor control.  Ahora, el conductor no maneja ebrio su vehículo. La gente tiene que entender que la delincuencia no se va a eliminar definitivamente.  Mienten los gobiernos y los políticos cuando dicen que la delincuencia se va a terminar.