Chile - Informe de la Contraloría Sobre Autorizaciones de Pesca : Severas Irregularidades en Subpesca

Fuente: El Rastro

A dos meses de aprobada la polémica Ley de Pesca, que entrega la soberanía de los recursos pesqueros, principalmente a los industriales en desmedro de los pescadores artesanales, se da a conocer un informe de la Contraloría General de la República donde se hacen patentes serias irregularidades en las autorizaciones de pesca para investigación. Las cuotas dispuestas estarían siendo destinadas a fines comerciales.

Por José Robredo

A dos meses de aprobada la ley de pesca en el Congreso, se da a conocer un nuevo antecedente respecto de la entrega sin restricciones de los recursos pesqueros a la industria que ya se vio beneficiada por el nuevo marco legal aprobado. Así lo consigna el informe emitido por la Contraloría General de la República el pasado 26 de diciembre de 2012, en donde se establece que la Subsecretaría de Pesca, encabezada por Pablo Galilea, incurrió en una serie de irregularidades en la entrega de autorizaciones para pesca de investigación. En el informe se establece que las cuotas autorizadas fueron utilizadas con fines comerciales y no para el desarrollo de investigación. La pesquisa del órgano contralor se llevó a cabo entre las autorizaciones emitidas desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre del mismo año.

Al mismo tiempo, da cuenta de la desprolijidad en los procedimientos para la entrega y seguimiento de las autorizaciones, no publicación de los antecedentes en la web de la Subsecretaría y la falta de los informes técnicos por parte de quienes deberían llevar a cabo la investigación. Desde la Subsecretaría fue imposible conseguir respuestas a este informe.

 Procedimiento irregular

La primera irregularidad expuesta en el informe de la Contraloría apunta que desde la Subsecretaría de Pesca no se ha desarrollado un Manual de Procedimientos que establezca el modo de actuar de quienes obtengan las autorizaciones y las cuotas para la pesca de investigación.

En este sentido la Subsecretaría señala que “la empresa Inversiones y Asesorías en Informática Expertise S.A. se encuentra desarrollando un sistema para la administración de autorizaciones de pescas de investigación, en el cual se contempla la elaboración de un instructivo que se formalizará mediante un manual de procedimiento”. Sin embargo, a la fecha del informe de la Contraloría aún no se concretaban avances en esta materia.

Al mismo tiempo, el informe en cuestión señala que “se observó la falta de un sistema informático que permita administrar y consolidar la información asociada a las pescas de investigación, con el objeto de garantizar su integridad y fiabilidad y, asimismo, la oportunidad de las autorizaciones de dichas pescas y sus posteriores seguimientos, verificándose que la Subsecretaría registra los datos asociados a éstas en una planilla Excel”; planilla en la cual no quedan registradas las modificaciones de las resoluciones emitidas por la entidad estatal y no permite un debido seguimiento al proceso de “investigación” pues los datos ingresados corresponden únicamente a “la información que envía cada analista de recursos pesqueros a la encargada de consolidarla”.

A la vez, en lo que se refiere a la transparencia del proceso, el informe de Contraloría señala que las resoluciones emitidas por la Subsecretaría no fueron publicadas debidamente en el sitio web y establece que existen alteraciones de fechas en los documentos correspondientes recibidos en la oficina de partes de la Subsecretaría y consigna la entidad fiscalizadora que “sin perjuicio de lo señalado por el servicio, no es posible dar por subsanada la observación, en tanto la efectividad de la medida comprometida por éste, no sea verificada en una auditoría de seguimiento”.

Otro elemento que destaca del informe es el incumplimiento establecido en la ley de pesca para el caso de las autorizaciones de cuotas para investigación. En el texto se establece que “en efecto, de las 54 carpetas examinadas –las cuales contienen la documentación que sustenta la aprobación de autorizaciones de pesca de investigación-, en un 87% no se presentaban los estatutos sociales y de personería jurídica, en un 91% no se encontraba el certificado de vigencia de esta última y en un 72% faltaba el currículum vitae del personal técnico participante, por lo que no es posible afirmar que las autorizaciones de pesca de investigación hayan sido resueltas sobre la base de la información requerida para esos efectos”.

Este elemento evidencia, por parte del Informe presentado, el gran desorden con que se gestiona al interior de la Subsecretaría de Pesca. Otro elemento que apunta al respecto es la no publicación en el Diario Oficial de las resoluciones sobre autorización de cuotas de pesca de investigación. Dice el informe “Sin perjuicio de considerar atendibles los argumentos del servicio, lo que permite tener por subsanada la observación, es útil anotar que a la Subsecretaría le asiste la obligación de velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas, entre otras, en los artículos 98 al 102, de la citada ley N° 18.892, que regulan el otorgamiento de autorizaciones de pesca de investigación, por lo que, en lo sucesivo, esa entidad deberá arbitrar las medidas de control pertinentes a fin de exigir a los interesados el cumplimiento de lo preceptuado en el aludido artículo 101, lo que será objeto de fiscalización en las próximas auditorías que se efectúen sobre la materia”.

Por último, dentro de los procedimientos irregulares para el otorgamiento de autorizaciones de pesca de investigación, se da cuenta de la falta de envío de informes técnicos por parte de los interesados. La explicación de la Subsecretaría radica en que la ley no le obliga a solicitar informes técnicos a quienes fueron autorizados para realizar las pescas de investigación.

A pesar de lo anterior, el órgano fiscalizador expresa en su informe que “La explicación del servicio no resulta suficiente para dar por subsanada la observación, toda vez que el hecho de que el ordenamiento jurídico aplicable en la especie no dispusiera sanciones para los incumplimientos antes señalados, no le exime de su obligación de exigirlos, debiendo agotar todos los medios disponibles para ello, en orden a velar por el cumplimiento y materialización de los objetivos de la institución, lo que va en armonía con lo preceptuado en el artículo 61, letras b) y c), de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, máxime si el requerimiento de los informes de que se trata fue establecido por el mismo servicio en las resoluciones que aprobaron las referidas pescas de investigación”.

Pesca de ¿investigación?

Según reza en la web de la Subsecretaría de Pesca, basada en la ley General de Pesca y Acuicultura, se entiende por pesca de investigación una “actividad pesquera extractiva que tiene por objeto la realización de los siguientes tipos de pesca sin fines comerciales…”.

Se entiende que hay dos tipos de pesca de investigación: la pesca exploratoria que busca determinar la existencia de recursos pesqueros presentes en un área y obtener estimaciones cualitativas o cuantitativas; y pesca de prospección, que busca determinar su cantidad y su distribución espacial en un área determinada.

Considerando estos fines, el informe de la Contraloría expresa que “hizo presente que las autorizaciones de pescas de investigación habían estado siendo utilizadas para dar soluciones de contingencias que no habían sido reglamentadas legalmente, tales como traspasos entre pescadores industriales y artesanales, ordenamiento de la actividad pesquera y pre-ordenamiento con potencial comercialización de los recursos, aumentos de cuotas asignadas y exención de las medidas de administración sobre las especies capturadas”.

Se entiende con ello que las cuotas fueron utilizadas para paliar el déficit en la extracción de recursos pesqueros de carácter comercial bajo la excusa de la investigación. De esta forma, se infiere, que se cometió y comete un delito.

En el informe se expone el caso de la empresa Mares Chile Ltda., que se presenta como Centro de Investigación, Desarrollo y Capacitación en Ciencias del Mar, y la extracción de la Merluza del Sur, según el organismo contralor, en “la revisión de los antecedentes de la muestra seleccionada, se advierte que la empresa Mares Chile Ltda., para la obtención de las autorizaciones de pesca de investigación en aguas interiores de la X Región, aprobadas mediante las resoluciones exentas Nos 196 y 239, ambas de 2011, presentó un estudio similar al proyecto denominado ‘Monitoreo biológico pesquero de las pesquerías de merluza del sur, congrio dorado, raya sp, y reineta, en la XII región de Magallanes y Antártica Chilena’, el que se había adjudicado en 2009 mediante la licitación pública ID N° 4728-54-LP09”.

Al mismo tiempo, y acusando un indebido aumento de las cuotas de pesca en 2011 por parte de la Subsecretaría, el informe destaca que “En cuanto a lo expresado, es menester considerar que el hecho de que el tamaño de la cuota otorgada para fines distintos a los previstos en el ordenamiento jurídico haya sido pequeña, no lo exime de su obligación de actuar conforme al principio de legalidad que deben observar todos los organismos del Estado, razón por la cual esta materia será incorporada al sumario administrativo que instruirá esta Contraloría Regional, conforme a lo señalado en el punto que antecede”.

Finalmente, bajo la careta de la pesca de investigación se procuraba mantener los stock de extracción del las industrias pesqueras con el objetivo de redituar comercialmente.

Reacciones al informe

El informe fue parcialmente difundido a finales del año pasado. Presentado entre Navidad y Año Nuevo, no tuvo mayor repercusión. Considerando la cobertura que los medios tradicionales otorgaron a la ley de pesca, era necesario opacar este duro informe contra esta cartera de gobierno.

A pesar de ello las reacciones no se hicieron esperar. Para el vicepresidente de la ONG Oceana, Alex Muñoz, este informe “es un llamado de atención respecto de cómo Chile no está protegiendo sus recursos pesqueros, como ocurrió en su momento con el jurel o la merluza. Pero que no debiera ser el único punto del que debiera preocuparse la nueva legislación”.Para el coordinador de Greenpeace Chile, Samuel Leiva, este tipo de irregularidades “no son propias de este gobierno sino que vienen desde mucho antes. Este tipo de cuotas se estaban utilizando para pagar favores políticos o bien calmar tensiones con comunidades que se quedaron sin cuotas”.

En tanto, para el senador Alejandro Navarro “el Subsecretario Galilea se puso por sobre la ley para favorecer un gran negocio. El entregaba cuotas con fines comerciales contraviniendo el dictamen de Contraloría. Vamos a preocuparnos que el Sumario que deba desarrollarse sancione drásticamente a los involucrados”.

El informe de Contraloría puede encontrarlo en el siguiente link:http://www.youblisher.com/p/530642-Informe-de-Contraloria-sobre-la-anomalias-en-la-Subpesca/