· El proceso de nacionalización del metal rojo
· La ofensiva privatizadora de Piñera
· Las responsabilidades de la Concertación en la desnacionalización
· Fuertes denuncias del ex senador Jorge Lavandero
“Suba el Padre Cobre, suba,
que naciste para el fuego
y te pareces a él
en el fervor de tu pecho.”
Gabriela Mistral
Por Andrés Figueroa Cornejo
Patricio Malatrassi es economista y fue representante de los trabajadores de la minería del cobre en el yacimiento de Chuquicamata durante el gobierno de la Unidad Popular. Recuerda que el mayor argumento en los 60 del siglo XX usado por los detractores de la nacionalización del metal rojo se sostenía en que “el conocimiento técnico para manejar una riqueza de esa envergadura no estaba, supuestamente, dentro de las capacidades de los chilenos. Entonces pasar la propiedad del cobre de la propiedad privada al área social significaría el caos.”
ALLENDE: "LO MÁS IMPORTANTE DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE"
La Ley de la Nacionalización del Cobre promulgada por el Presidente Salvador Allende en julio de 1971, comportó el clímax de un largo proceso de lucha de los sectores políticos y del pueblo que siempre reivindicaron como una demanda de soberanía recuperar el cobre para los chilenos. Allende llamó a este hecho "Lo más importante después de la Independencia de Chile" y el día de su puesta en vigencia, a través de todos los medios de comunicación, afirmó que “este acto tiene una extraordinaria trascendencia (…) que significa una modificación a la Constitución Política que acentúa la fuerza al sentido nacional de nuestra patria (…) es por eso que agradezco la presencia de los poderes del Estado: el Presidente del Senado; el Presidente de la Corte Suprema; el Cardenal Raúl Silva Henríquez; el Contralor General de la República; el compañero Víctor Díaz, Presidente de la Confederación de Trabajadores y el compañero Héctor Olivares, Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. En este acto se firma el Decreto Promulgatorio de la Reforma Constitucional aprobada por unanimidad por el Congreso Pleno el 11 de julio. Esta reforma constitucional permite nacionalizar las empresas mineras de la Gran minería del Cobre y además preservar para el Estado las riquezas básicas de nuestro país. Más allá de las fronteras que dividen a veces a los hombres, una gran conciencia nacional se ha hecho presente para hacer posible que Chile empiece a caminar hacia su definitiva independencia económica”.
Ya Luis Emilio Recabarren señaló en un artículo en el Diario El Socialista de Antofagasta en 1920 que "Los problemas de la miseria y de la esclavitud no terminarán mientras tanto la clase obrera se resigne a sufrir la actual organización social. Nacionalicemos las industrias extractivas. Nacionalicemos las minas del carbón, las salitreras, los bosques, el cobre, la agricultura y procedamos a que toda la industria nacionalizada sea administrada bajo el control de comisiones nombradas por el gobierno o las municipalidades respectivas".
En 1951 los senadores del Partido Comunista, Salvador Ocampo y Elías Lafertte presentaron en el Congreso el Primer Proyecto de Ley de Nacionalización del Cobre.
LOS ENEMIGOS DE LA NACIONALIZACIÓN DURANTE LA UP
Malatrassi informa que “el gran desafío del momento era resolver el problema de que la producción se mantuviera y acrecentara, si era posible. La realidad era así. Toda la planificación y el desarrollo de esta riqueza venían elaborados del extranjero“. El economista que vivió en carne propia el proceso duro de la nacionalización cuprífera explica que “los ingenieros chilenos, en su momento, eran capataces que aplicaban las políticas de desarrollo que venían elaboradas fundamentalmente por Anaconda Copper Company, desde Estados Unidos. Por fortuna me encontré con una persona excepcional, el Gerente General David Silberman Gurovich (ver recuadro). Logró tomar al conjunto de los supervisores de la empresa (Chuquicamata) y enrolarlo en una entrega importante, toda vez que existían fuerzas profundas y ocultas que trataban de desviarnos de nuestra dirección”.
El profesional evoca que “se manejaba mucha plata y se trataba de corromper a las personas, ofreciendo casas, autos, etc. Era gente que quería que el proyecto fracasara. De hecho, cuando era inminente el triunfo de la Unidad Popular, los enemigos de la nacionalización “florearon las minas”, es decir, explotaron aquellos lugares que eran más ricos por la calidad del metal y acumularon material estéril en sitios donde después se tenía que seguir produciendo. Ello se tradujo en un proceso de racionalización de la producción tremendamente caro y peligroso.”
LA NUEVA FASE DE PRIVATIZACIÓN: EL PAPEL DE DIEGO HERNÁNDEZ
El ex senador Jorge Lavandero manifiesta que cuando se inició la tarea, primero de chilenizar el cobre con Frei Montalva (51 % de propiedad estatal), y luego la nacionalización íntegra con Salvador Allende “a las empresas privadas se les cobraba un impuesto según su producción que iba de un 65 a un 85 %, el cual era pagado y seguían ganando.”
Y en la actualidad, mientras en Australia –donde están las mineras más grandes del globo- la tasa de tributación efectiva alcanza el 43 %, en Chile, de acuerdo a Jorge Lavandero, “de las 47 empresas de cobre según el Servicio de Impuestos Internos, sólo dos y en forma esporádica han pagado impuestos, las otras 45, nunca.” Por lo demás, en el país se emplea erráticamente el término “royalty”, cuyo significado preciso es “renta”. Y corresponde a un derecho que tiene el propietario, en este caso el Estado, sobre los bienes que son de su propiedad. En Chile no se cobra ese derecho sobre la renta a las grandes mineras. Se entregan gratuitamente.
Por su parte, el doctor Edgardo Condeza, Presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, asegura que Chile representa sólo el 0,25 % de la superficie terrestre, “pero tiene el 37 % de las reservas conocidas de cobre en todo el planeta”, y agrega que “su costo de producción es el más bajo del mundo, y produce la tercera parte de todo el cobre de La Tierra.”
El economista y académico, Orlando Caputo (quien fuera representante de Allende en el Comité Ejecutivo de CODELCO y Gerente General de CODELCO), cuenta que la Constitución señala categóricamente que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Sin embargo, el impuesto transitorio a la gran minería propuesto por el actual presidente Sebastián Piñera, reafirma las normativas anticonstitucionales que entrega en propiedad privada los yacimientos mineros. Esta traición a Chile se aprobó en dictadura, ideada por su hermano José Piñera cuando era ministro de Minería de Pinochet, y en momentos que Sebastián tenía problemas jurídicos como máximo ejecutivo del Banco de Talca.”
Caputo dice que Sebastián Piñera ha iniciado una nueva fase de privatización del CODELCO, comenzando con actividades esenciales como el suministro de energía eléctrica. Asimismo, pretende privatizar los ricos yacimientos de CODELCO que aún no han sido explotados.
En 1990, la dictadura había privatizado alrededor del 10 % del cobre, mientras el 90 % seguía en manos del Estado. Los gobiernos de la Concertación han dejado la propiedad estatal del metal rojo en un 27 %, mientras un 73 % está en poder del capital extranjero.
Diego Hernández fue nombrado por Piñera como presidente de CODELCO. Hernández fue antes un alto ejecutivo de la gigante BHP y de Minera Escondida, y dirigió varias mineras transnacionales. Al respecto, Patricio Malatrassi indica que Diego Hernández “está trabajando para modificar los planes de desarrollo de CODELCO y explotar brutalmente aquellos lugares donde el cobre tiene más alta ley, desechando los otros, e hipotecando los intereses nacionales.”
En este sentido, además Sebastián Piñera nombró al abogado Juan Luis Ossa en el Directorio de Codelco. Ossa apoyó directamente a José Piñera en los 80’ cuando él era ministro de Minería de la tiranía, en la elaboración de la llamada Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, que entrega gratuitamente en propiedad privada los yacimientos.
EL PRECIO DEL SILENCIO
El ex senador Lavandero sostiene que el valor de CODELCO, a tres dólares la libra, es de un billón 400 mil millones de dólares. Y las utilidades de la industria cuprífera se encuentran entre el 200 y 400 %, entonces “que haya ministros de Estado o senadores, como Evelyn Matthei, que dicen que no hay una rendija para colocar un impuesto a estas empresas multinacionales, no significa otra cosa que esas corporaciones entregan plata para capturar votos y así nada se cambie en el país. De este modo se compran presidentes, senadores, etc. ¿Cuánto cuesta una candidatura presidencial como la de Ricardo Lagos o la señora Bachelet? ¿100 millones de dólares? ¿Quién puede entregarle a Jovino Novoa 10 millones de dólares para su candidatura senatorial por Santiago? Cuando la industria del cobre gana 20 mil millones de dólares en un año, ¿Qué le significan 100 o más millones de dólares?”
Por otro lado, Patricio Malatrassi declara que a las transnacionales “no les interesa dejar de producir concentrado de cobre, porque contiene otras materias primas incluso más valiosas que el cobre. Del concentrado de cobre se puede extraer molibdeno, plata, oro, metales raros, litio. Aquí en Chile se podría crear una industria pesada al servicio y para bienestar de todos los chilenos.”
EL DETENIDO Y DESAPARECIDO GERENTE GENERAL DE COBRE CHUQUI, DAVID SILBERMAN
El 20 de abril de 2009, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de David Silberman Gurovich, ocurrido a partir del 4 de octubre de 1974, en Santiago.
En fallo dividido, los ministros ratificaron el fallo penal que había establecido las siguientes sanciones: Manuel Contreras Sepúlveda: 7 años de presidio efectivo; Marcelo Moren Brito: 7 años de presidio efectivo; Carlos Labarca Sanhueza: absuelto por falta de participación; y Marcos Derpich Miranda: absuelto por falta de participación.
David Silberman Gurovich fue un ingeniero civil casado y Gerente General de Cobre Chuqui hasta el 11 de septiembre de 1973. Militante del Partido Comunista, se presentó voluntariamente el 15 de septiembre de 1973 ante el Comandante Militar de Calama, quedando detenido y sometido a proceso por un Tribunal Militar de Tiempo de Guerra.
El 28 de septiembre de ese año el Consejo de Guerra dictó sentencia, condenándole a la pena de 10 años de prisión por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado y a 3 años por Ley de Control de Armas, debiendo cumplir su condena en Santiago. Alrededor del 2 de octubre fue recluido en la Penitenciaría de esta ciudad.
El 4 de octubre del mismo año, fue sacado de la Penitenciaría y llevado a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, permaneciendo en ese recinto hasta el 20 de octubre, día en que fue devuelto a la Penitenciaría de Santiago.
En esta fecha, David Silberman fue sacado del recinto carcelario por agentes de la DINA que falsificaron documentos del Ejército para engañar a Gendarmería y lograr la entrega del detenido. Fuera del recinto, David Silberman fue trasladado a la casa que la DINA mantenía en José Domingo Cañas.
De allí, el 5 de octubre fue llevado a 4 Alamos, para ser luego nuevamente conducido a José Domingo Cañas, en cuyas dependencias permanece hasta mediados del mismo mes en que es trasladado a 4 Alamos, desde donde desaparece a fines de octubre o primeros días del mes de noviembre.
El cuerpo del personero allendista continúa desaparecido.
