Bolivia: La oligarquía quiere impedir el plebiscito revocatorio con acciones violentas

Posted by Correo Semanal on sábado, junio 28, 2008

La oligarquía quiere impedir el plebiscito revocatorio. Para el 10 de agosto está convocado por plebiscito revocatorio del presidente y de los prefectos. Este plebiscito fue convocado por ley aprobada por el Congreso con acuerdo del gobierno y la oposición. Fue una respuesta de Podemos, el sector más fuerte de la oposición en el Congreso, ante la enorme movilización de masas contra la oligarquía de Santa Cruz que se realizó el 4 de mayo. La convocatoria a plebiscito tuvo el objetivo, tanto de parte de Podemos como del propio gobierno, de frenar esta gigantesca movilización que se dirigía a aplastar a la derecha semifascista de Santa Cruz. Solo la movilización de masas puede aplastar a la oligarquía fascista.
Pero también el gobierno del MAS quiso frenarla por su política reformista y de acuerdo con la burguesía, que busca evitar un nuevo estallido revolucionario. Trata entonces de llevar todo al terreno electoral.

Pero ahora la oligarquía, sabiendo que pierde los plebiscitos, que Evo será confirmado por el voto popular, y que varios de los prefectos derechistas pueden perder, en especial Manfred Reyes Villa en Cochabamba, intenta impedir el plebiscito y están en una escalada de acciones violentas con sus grupos de choque fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista. Los 4 prefectos de la "Media Luna" declararon que no realizarán los plebiscitos y pidieron elecciones anticipadas en las que no se pued a presentar Evo Morales. Las organizaciones sociales que apoyan al MAS insisten en que se hagan los plebiscitos. Se avanza hacia una nueva confrontación.
Más abajo los análisis de Econoticias bolivia y de Bolpress.
Miguel Lamas



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La derecha moviliza a sus grupos de choque para ejercer la autonomía a la fuerza
Redacción Bolpress
www.Bolpress.com
La derecha autonomista moviliza a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) a diferentes regiones con el fin de ejercer por la fuerza un régimen autonómico imposible de aplicar en los marcos legales. Los unionistas intentan tomar el Comité Cívico de Camiri, provincia Cordillera de Santa Cruz; en Sucre "apoyarán" a los cívicos opositores en las elecciones prefecturales de es te domingo; en la ciudad de Santa Cruz se aprestan a tomar físicamente las instituciones públicas y en otras zonas de la "media luna" despliegan una "cacería de brujas" para arrinconar a la disidencia. Luego enfrentarse a la Policía, un contingente de la UJC, brazo armado de los cívicos y empresarios cruceños, llegó a la ciudad de Camiri con la intención de tomar el Comité Cívico y posesionar a sus partidarios, informó Hora 25.
En una fraudulenta elección de autoridades cívicas celebrada el 15 de junio con el apoyo del alcalde Gonzalo Moreno, seguidor del prefecto Rubén Costas, fue elegida la nueva directiva del civismo camireño con el voto de no más de 1.500 personas.

La derecha cruceña intenta retomar el control del ente cívico, ahora en manos de grupos sociales opositores al régimen cívico empresarial. La presidenta del Comité Cívico actual Carmen Palenque fue elegida en un cabildo, acto de democracia directa, con la participación de más de 15 mil personas.
Los autonomistas pretenden imponer un directorio apócrifo con la ayuda de los "delincuentes de la Unión Juvenil Cruceñista que se ha trasladado hasta esa ciudad junto al Prefecto Costas y Branko Marinkovic. Quieren evitar que Camiri, y en esto es cómplice el gobierno, materialice la expulsión de la española Repsol YPF e inicie la construcción de una planta separadora de líquidos al actual flujo al Brasil que perjudica los intereses del Brasil", denunció el presidente del Comité de Huelga Mirko Orgaz.
Al igual que Yacuiba, cansada del centralismo de Tarija, Camiri pide la elección del subprefecto con voto popular, pero la oligarquía capitalina se opone.
Los camireños enviaron una carta al prefecto de Santa Cruz pidiéndole "mantener la cordura e imparcialidad en las decisiones soberanas del pueblo de Camiri para decidir la conducción de nuestro Comité Cívico". "Como máxima autoridad del departamento, solicitamos garantice la no ingerencia de la Unión Juvenil Cruceñista, ya que la presencia de este grupo irregular causaría una gran movilización de este noble pueblo, en defensa de su autonomía en la toma de decisiones", dice la carta.
Le exigen además el cumplimiento de las ofertas electorales presentadas en el proceso de descentralización política, las cuales son elección del subprefecto y Consejero Poblacional – provincial por voto popular; y la distribución correcta de los recursos provenientes del IDH y regalías, de acuerdo a las normas vigentes que la Prefectura adeuda a la Provincia Cordillera.
U nionistas en otras regiones
Miembros de la Unión Juvenil Cruceñista llegaron a Sucre para participar en la elección del prefecto el domingo 29. Organizaciones sociales denuncia que el grupo intenta hacer fraude electoral y generar hechos de violencia.

El secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos del Departamento de Chuquisaca Esteban Urquizo rechazó categóricamente "la intromisión de grupos vandálicos como la UJC en un acto democrático de nuestro departamento. No pueden meterse aquí, los chuquisaqueños tenemos que definir este proceso y no otros".
La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Beni (FSTCB) denunció que la Prefectura y el Comité Cívico de Beni iniciaron una "cacería de brujas" contra dirigentes que no apoyan el estatuto autonómico. Los disidentes son amenazados y perseguidos. Se denunció que la Prefectura de Beni envió al menos a 300 jóvenes benianos a Tarija para enfrentar a quienes critican el estatuto autonómico.
En la ciudad de Santa Cruz, miembros de la UJC intentaron tomar el retén de peaje del aeropuerto de Viru Viru en el km 17. El diputado de Unidad Nacional (UN) Alejandro Colanzi denunció que el diputado suplente de Poder Democrático Social (Podemos) Wilfredo Añez encabezó la toma de la tranca en Viru Viru el martes. Los líderes del grupo irregular anunciaron que en los siguientes días ocuparán varias instituciones públicas en un intento de tomar el control de "su territorio autónomo".
El gobierno advirtió que no permitirá más tomas organizadas y financiadas por el prefecto Costas, el Comité Cívico y algunos legisladores de Podemos. Se aplicará un plan de contingencia con el u so de la fuerza pública y acudiendo a la conciencia democrática del país, dijo el ministro de Gobierno Alfredo Rada.
Desesperados
El autonomismo cívico empresarial, expresión política de la ultra derecha, apostó por la regionalización de Bolivia buscando modificar un panorama político totalmente adverso para sus intereses. Pero los resultados de las consultas autonómicas confirman que no tienen apoyo mayoritario en sus regiones. Más allá de la pugna étnica y racial exacerbada, en las regiones existen clases sociales, demandas salariales, derechos laborales y humanos, realidades difíciles de encajonar en el maniqueo discurso autonomista.

Cual fiera herida y asustada, la derecha autonomista no tiene otro camino que fomentar la confrontación violenta como única forma de frenar el referéndum revocatorio del 10 de agosto.
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LA OLIGARQUÍA QUIERE PONER A EVO DE RODILLAS
Redacción de Econoticiasbolivia
La Paz, junio 24, 2008.- Aprovechando al máximo la cobardía política del gobierno indígena de Bolivia, los prefectos derechistas, la oligarquía y los 100 clanes dueños de la tierra y los grandes negocios pusieron contra la pared al presidente Evo Morales, al negarse a poner a votación sus mandatos y conminarle a reconocer a los cuatro gobiernos autónomos rebeldes.
Los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba rechazaron la noche de este lunes la realización del referendo revocatorio de mandato popular del 10 de agosto próximo, demandaron recortar el mandato presidencial, llamar a nuevas elecciones generales sin Evo y condicionaron el diálogo con Morales al reconocimiento de su s estatutos autonómicos.
Tras lograr un masivo apoyo electoral en cuatro de los nueve departamentos de Bolivia, la oligarquía coronó su victoria sobre Evo Morales al desahuciar el referendo del 10 de agosto que debía definir si el Presidente Morales, su Vicepresidente Alvaro García Linera y ocho de los prefectos permanecían o no en sus cargos.
En los hechos, el revocatorio ya no corre, puesto que los prefectos derechistas, la oligarquía y los 100 clanes tienen el suficiente poder para impedir su realización en el oriente y valles del país, en medio país. Allí, el poder lo ejerce esta oligarquía y ni siquiera el propio Morales puede ingresar a esos lugares, tomados por los sediciosos y sus bandas fascistas que tienen arrinconados a los sectores populares e indígenas.
El revocatorio era una de las última esperanzas para el alicaído gobierno de Morales, par a tratar de recuperar la legitimidad y apoyo perdidos en los dos últimos años, producto de su errática y suicida política de contemporizar con la derecha y castrar la lucha de los sindicatos y organizaciones sociales que querían liquidar el poder de una oligarquía que trabaja bajo la instrucción directa de la Embajada de Estados Unidos.

"Quiero pedirle a los prefectos respetar las normas, las leyes de la República. Yo no pedí el revocatorio, eso lo recuerda bien el pueblo boliviano; en octubre y noviembre algunos prefectos pidieron el revocatorio y acepté para que nos sometamos al voto del pueblo boliviano", dijo como respuesta Morales, quien ha despilfarrado el apoyo popular obtenido el 2006 y ha entregado sin batalla ni vergüenza el control de medio país a la oligarquía, que paradójicamente estaba arrinconada y aterrorizada en los años 2003 y 2005, cuando sendas insurrecciones populares echaron abajo a dos gobierno neoliberales.
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EL PLAN DERECHISTA
El plan de la oligarquía tiene tres objetivos: i) impedir la realización del referéndum revocatorio, del que puede salir parcialmente debilitado, ii) archivar definitivamente el nuevo proyecto de Constitución Política del Estado, aprobado por las fuerzas oficialistas de la Asamblea Constituyente, para evitar la posible reelección de Evo desde el 2010 y iii) cercar aún más al gobierno de Morales durante los siguientes dos años.
Reunidos en el autodenominado Consejo Nacional Democrático (Conalde), los prefectos de Pando, Leopoldo Fernández; de Beni, Ernesto Suárez Sattori; de Tarija, Mario Cossío; de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, además de dirigentes cívicos regionales, conminaron a Evo a cumplir sus demandas.
Los pre fectos demandaron la inmediata devolución de 200 millones de dólares del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las regiones, el reconocimiento de sus gobiernos autónomos, incluidos sus Parlamentos regionales y su potestad para armar su propia Policía, controlar la tierra y dictar leyes por encima de las nacionales, como prerrequisitos para iniciar un diálogo con miras a un gran acuerdo nacional.
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EJES DEL ACUERDO NACIONAL
Para los prefectos, la oligarquía y los 100 clanes este acuerdo nacional, que quieren armar ahora que cuentan con el respaldo electoral de sus regiones y el apoyo ciudadano, se orienta a convalidar la existencia de dos gobiernos paralelos en el país hasta las elecciones nacionales del 2010, en las que aspiran a derrotar a las fuerzas indígenas y campesinas, y así retomar todo el poder a nivel nacional. En esas elecciones, si no hay un cambio en la actual Constitución, E vo Morales no podría volver a postularse.

Por ello, los prefectos derechistas, la oligarquía y los 100 clanes quieren impedir que se apruebe la nueva Constitución Política del Estado que posibilita que Evo pueda volver a postularse.
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LA OPCIÓN DE EVO
En cambio, Morales y los suyos siguen apostando al revocatorio del 10 de agosto para recuperar legitimidad y apoyo electoral, y al mismo tiempo derribar a uno o dos prefectos opositores. Con ello, creen que podrán llegar a un acuerdo político con la oligarquía en términos más favorables para ellos, atenuando todos los cambios insertos en la nueva Constitución a cambio de habilitar a Evo para las elecciones del 2010.
Desde el inicio de su Presidencia el objetivo central de la política de Evo fue lograr que las élites indígenas y campesinas compartan el poder con la oligarquía y los 100 clanes.
Seg ún admitió el vicepresidente García Linera hace un año, los indígenas no quieren arrebatarle el poder a la oligarquía, no quieren desplazarla, y lo que intentan es compartir el poder, quieren manejar Bolivia con los que hasta ahora siguen siendo los dueños de vidas, haciendas y las mayores riquezas del país.
"Desde que llegamos al Gobierno hemos definido una estrategia de distribución pactada del poder. Lo que Bolivia está atravesando hoy es, en esencia, un proceso de amplia y generalizada lucha y redistribución del poder. Es algo que va más allá de un gobierno".
"Y la historia nos enseña que la lucha por el poder puede tener tres desenlaces clásicos. i) Que el sector emergente (indígena-campesino) desplace directamente, mediante cualquier medio posible, al bloque anterior. ii) Que este bloque de poder antiguo (la oligarquía) log re derrotar, contener, cooptar o aplastar al bloque emergente. iii) O que entre ambos se logre redistribuir el poder".
"Como Gobierno hemos optado por la tercera opción. Apostamos a un proceso de redistribución pactada del poder con un nuevo núcleo articulador: el movimiento indígena", dijo el ideólogo del gobierno indígena, un ex guerrillero que ahora predica la conciliación de clases y la vigencia del "capitalismo andino".

EL GRAN TEMOR DE MORALES
Y es precisamente esta política de conciliación con la oligarquía la que explica la debacle en la que está sumida la administración de Morales, que teme mucho más a un desborde de las masas que a la propia oligarquía y al fascismo.
Según confesó hace una semana a la revista local "Cosas", el presidente indígena teme que un desborde social de los trabaja dores y campesinos arrase con la burguesía agrofinanciera y acabe con su proyecto de impulsar la inversión extranjera y su capitalismo andino sustentado sobre la base del respeto a la inversión privada nacional y extranjera.
"¿Sabes de qué tengo miedo? Quiero que sepan que no tengo miedo a la oposición (derechista, NdR). Como decía, eso es parte de una lucha permanente, histórica durante la Colonia y la República, durante el modelo neoliberal. No le tengo miedo ni a un golpe de Estado, ni a un grupo de fascistas-racistas (…) los conspiradores, el Gobierno de Estados Unidos junto a esos grupos oligárquicos (…) El miedo que tengo es que la gente que nos apoya se levante, que los sectores opositores menores arrasen, es una gran confrontación, a eso tengo miedo yo".
"No sé si han escuchado cuando he ido a Llallagua (centro minero), todos los dirigentes min eros y mayormente el campesino indígena: "Presidente, díganos hora y fecha, y vamos a ir a Santa Cruz (a acabar con la burguesía, NdR)", dijo Morales.
SALIDA REVOLUCIONARIA
Por ello, aunque está contra la pared y casi a merced de la oligarquía, Morales se sigue resistiendo a movilizar a las fuerzas sociales contra los prefectos derechistas y los 100 clanes. Y ello lo saben los oligarcas.
La nueva escalada de la derecha oligárquica y fascista se da tras que fuera abortada, desde el Palacio de Gobierno, la huelga y bloqueo de caminos que estaba alistando para el 16 de junio la Central Obrera Boliviana (COB) para obligar al presidente Morales a sofocar la rebelión de los ricos y, al mismo tiempo, atender de inmediato las demandas sociales y económicas de los más pobres.

La movilización de la COB, desbaratada por el mismo Evo y los sindicalistas que le son leales, buscaba pres ionar para que se cumpla con la denominada "agenda de octubre", que postula la expropiación a dominio estatal de las empresas transnacionales del gas, petróleo y minerales, la expropiación de los latifundios y la entrega de tierras para los campesinos, el aumento general de sueldos y salarios, el control de precios de los alimentos y la aprobación de una nueva ley de pensiones.
La frustrada ofensiva popular se orientaba a liquidar el poder económico de la oligarquía y de los 100 clanes (expropiando sus tierras y nacionalizando las agroempresas alimentarias), retomando las banderas de las insurrecciones populares del 2003 y 2005 que acorralaron a las fuerzas que hoy fogonean contra Morales.
ÉXITO DE BUSH
Todo lo que está ocurriendo en Bolivia, con el imparable avance de la oligarquía y del separatismo es un triunfo de la administración norteamericana de Bush, asegura el soci&oacu te;logo James Petras.
"A causa de la completa incompetencia y falta de liderazgo político nacional del presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, el Estado boliviano se está atomizando en una serie de departamentos autónomos, pues ya otros Gobiernos regionales intentan usurpar el poder político y hacerse cargo de sus recursos económicos. Desde el principio, el régimen Morales-García Linera firmó una serie de pactos políticos, adoptó políticas y aprobó concesiones a las elites oligárquicas de Santa Cruz, que permitió que reconstruyeran efectivamente su base política natural de poder, sabotearan una asamblea constitucional elegida y socavaran efectivamente la autoridad del Gobierno central".
"El éxito de la derecha se ha producido en menos de dos años y medio, lo que es especialmente sorprendente si se tiene en cuenta que en 2005, el país vivió una sublevación popular importante que sustituyó a un Presidente de derecha, cuando millones de trabajadores, mineros, campesinos e indios se apoderaron de las calles. Es un tributo al absoluto desgobierno de Morales y García Linera que el país haya pasado tan rápida y decisivamente desde un estado de poder popular insurreccional a un país fragmentado y dividido, en el que una élite agroexportadora separatista se ha hecho con el control del 80% de los recursos productivos del país, mientras el Gobierno central elegido protesta débilmente".

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