Guatemala: Violencia de género

Lucía Muñoz y Michael Parenti * Revista Sin Permiso
www.sinpermiso.info
Traduccción de Daniel Raventós

En el extrarradio de la ciudad de Guatemala, el cuerpo de una mujer de 18 años de etnia indígena fue recientemente descubierto por sus desesperados padres que la habían estado buscando larga y duramente. La evidencia forense mostró que había sido repetidamente violada y torturada, y que su cabeza había sido seccionada del cuerpo con un desafilado cuchillo mientras estaba aún viva.

Este asesinato era algo más que una aberración ocasional. Los crímenes de pesadilla contra las mujeres han venido ocurriendo con terrible frecuencia en Guatemala. En los últimos siete años, más de 3.200 mujeres guatemaltecas han sido raptadas y asesinadas, la mayoría violadas, torturadas y mutiladas. El número de víctimas ha mostrado un acusado incremento en los últimos años con unos seiscientos asesinatos solamente en el 2006.

Las víctimas son a menudo de familias de baja renta desplazadas de sus casas durante la guerra civil y forzadas a abarrotarse en la ciudad de Guatemala y otras áreas urbanas para buscar trabajo. Debemos recordar la horrible historia de violencia de Guatemala. De 1962 a 1996, una insurgencia popular fue derrotada por la desquiciada máquina asesina conocida por Ejército de Guatemala, entrenado, financiado y equipado por los Estados Unidos. Una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU en 1999 caracterizó gran parte de la contrainsurgencia como un genocidio del pueblo Maya, un holocausto que dejó 626 poblaciones destruidas, aproximadamente 200.000 personas murieron o desaparecieron, incluyendo muchos dirigentes sindicales y estudiantes, periodistas y clero. Cientos de miles más fueron o bien desplazados internamente o bien forzados a abandonar el país.

Aquellos años libres de masacres proveen un contexto para la ola actual de feminicidio que azota el país. Los acuerdos de paz de 1996 declararon oficialmente un final a la carnicería, pero la guerra contra las mujeres continúa si bien es cierto que de manera poco sistemática. Las mujeres guatemaltecas están soportando el latigazo de décadas de violencia deshumanizada —impulsada por la misma clase de sexismo profundamente asentado y de crímenes específicos de género (violaciones) que son perpetrados en muchas sociedades del mundo.

Investigadores independientes denuncian que la gran mayoría de las atrocidades de hoy en día contra las mujeres ha sido cometida por los actuales o últimos miembros de los servicios de inteligencia de Guatemala. Habiendo escapado de juicios por violaciones de los derechos humanos durante la guerra interna, estos asesinos entrenados son ahora miembros de las fuerzas de seguridad privada o de la policía y de unidas paramilitares que han estado muy implicadas en los crímenes de los últimos siete años.

En general, las autoridades mostraron poca inclinación a llevar a los culpables a la justicia. Algunos oficiales culpan a las víctimas de sus propias muertes, insinuando que las mujeres las provocaron a causa de su supuesta implicación en las actividades de bandas delictivas o relacionadas con drogas, o porque de algún modo u otro rechazan guiar sus vidas propiamente de acuerdo a los límites acogedores de una comunidad y familia tradicional.
Algunas de las víctimas en efecto pueden haber estado implicadas en turbias operaciones. Pero muchas más han sido mujeres trabajadoras, incluidas las del linaje indígena, atrapadas en la pobreza. Ellas son las primeras víctimas de una extensa “limpieza social” que los reaccionarios matones están llevando a cabo contra una variedad de grupos que incluye a los niños de la calle, adolescentes, homosexuales e indigentes sin techo, una campaña que se ha cobrado millares de víctimas adicionales.

Guatemala es conocido como el país de la “primavera eterna”. Algunos analistas la han llamado la tierra de la “impunidad eterna”, debido a cómo los matones derechistas continúan librándose de pagar por las violaciones, torturas y asesinatos. Las estadísticas rebelan que apenas un uno por ciento de los autores probados y condenados tiene unas sentencias indignantemente suaves.
Incluso aquellos casos raros que siguen el camino marcado por un fiscal tienen pocas posibilidades de resultar condenados debido a la falta de evidencia solvente. Recientes informes rebelan el continuo fracaso de los investigadores para recolectar y proteger evidencia esencial de los escenarios del crimen. Se trata más que de simple incompetencia. Las autoridades guatemaltecas manifiestan poco interés en la preparación de cuadros diestros que puedan sacar a la luz información relevante sobre quién está detrás de los crímenes.
Amenazas anónimas de muerte han sido enviadas a los voluntarios de los equipos de exhumaciones que localizan y examinan los cuerpos de las mujeres asesinadas y a quienes tratan de hacer pública las evidencias que descubren. En mayo de 2007 el dirigente de uno de estos equipos fue informado de que su hermana sería “violada y desmembrada a trozos” si él continuaba investigando los crímenes.

Mientras estos asesinatos pueden parecer poco más que aleatorios y estremecedores asesinatos para algunos observadores, de hecho sirven a la función de control social mucho más que cualquier otra forma de terrorismo de estado. La violencia ejercida contra los individuos crea un clima que penetra de miedo y horror a las familias de las víctimas y a las comunidades, de ese modo desanima la protesta social y la resistencia popular. En vez de organizarse alrededor de determinados temas político-sociales, muchas de las desmoralizadas y traumatizadas familias se encogen de miedo en un silencio anonadado.

Con el tiempo la gente se insensibiliza a la violencia. Es el sentimiento de impotencia con el que casi rutinariamente se constata en las noticias diarias que unas cuántas víctimas más han sido halladas. Los efectos sobre los niños pueden ser especialmente contundentes. Crecen en un clima de miedo, y aprenden que sus padres y su comunidad no los pueden poner a salvo y que la furia homicida puede alcanzar a cualquiera en todo momento. Familiares de mujeres asesinadas informan que las autoridades muestran hostilidad hacia ellos cuando piden la intervención del gobierno.

El sistema legal de Guatemala está lleno de disposiciones que minimizan la gravedad de la violencia contra las mujeres, un sistema codificado e impuesto por hombres que casi nunca manifiestan preocupación por la seguridad de las mujeres. El código penal guatemalteco refleja este sesgo, al tratar el abuso doméstico como una ofensa menor y al ofrecer en general escasa protección contra la violencia basada en el género.

El presidente de Guatemala, Oscar Berger, expresó su voluntad para hacer frente a la crisis, pero ha hecho poca más que nada. Más que dedicar los recursos necesarios a la investigación y al cumplimiento de la ley, Berger apareció en la televisión nacional el año 2005 para anunciar que, para su propia seguridad, las mujeres harían mejor permaneciendo en casa.

En el 2005, Guatemala designó por primera vez a una mujer como presidente de la Corte Suprema, Beatriz de León, y dos años después también a una mujer como jefa de policía. Pero hay poco indicio de que las mujeres titulares de altos cargos vayan a desbancar al sistema del amiguismo. Hasta que el gobierno no haga algunos esfuerzos considerables para realizar las recomendaciones bosquejadas por las organizaciones de derechos humanos (como la Red por el Desarrollo y la Paz de Guatemala, Mujeres Iniciando en las Américas, NISGUA, GHRC-USA, Rights Action y el Centro de Estudios de Género) las vidas de las mujeres de Guatemala penderán de un hilo.

Hay algunos indicios esperanzadores. El Comité de los Derechos Humanos del Parlamento de Guatemala está tomando en consideración muy seriamente si proponer una ley que pretenda garantizar la vida, la libertad, la dignidad y la igualdad de las mujeres con penas duras para los que abusen de las mujeres física o psíquicamente y que violen sus derechos.
Mientras tanto un creciente número de mujeres están haciendo actividades no tradicionales. En las próximas elecciones, al menos un centenar de mujeres serán elegidas al Parlamento. Algunos partidos han diseñado campañas estratégicas deliberadas para posibilitar victorias a más mujeres. Actualmente, de un total de 158 escaños en el Parlamento solamente 14 están ocupados por mujeres.

También se están haciendo esfuerzos por parte de las organizaciones de derechos humanos para crear una central de datos unificada de las víctimas del feminicidio, así como un sistema de respuesta de emergencia para mujeres y jóvenes desaparecidas que incluye la utilización las más avanzadas capacidades de internet, prueba de ADN, entre otras. La conciencia de las atrocidades ha alcanzado a otros países y logrado la atención internacional. Hay una creciente demanda en el extranjero para que los responsables de hacer cumplir la ley se pongan serios en la respuesta a las atrocidades basadas en el género. El Congreso de EEUU está siendo presionado para actuar en el acto. Una resolución del Congreso condena los asesinatos y expresa condolencias y apoyo a la familia de las víctimas. La resolución urge al gobierno de Guatemala a reconocer la violencia doméstica como crimen, y a investigar los asesinatos y procesar a sus responsables.

El Senado de EEUU aprobó una resolución en la que llamaba al Parlamento guatemalteco a que aprobase las acciones de la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala auspiciada por la ONU. La comisión intenta investigar los grupos clandestinos que usan la violencia para fomentar su política ilícita y sus intereses financieros.
Mientras tanto, inocentes y pacíficas mujeres continúan sufriendo destinos de pesadilla a manos de maníacos misóginos que, hace algunos años, desarrollaron el gusto por infligir violaciones, torturas y asesinatos “al servicio de su país”.

* Michael Parenti ha impartido clases en numerosas universidades de Estados Unidos. Entre sus libros más recientes están The Assassination of Julius Caesar (New Press), Superpatriotism (City Lights) y The Culture Struggle (Seven Stories Press). Lucía Muñoz es fundadora y presidenta de Mujeres Iniciando en las Américas, y cofundadora de la Red por el Desarrollo y la Paz en Guatemala, hrecorrido Estados Unidos explicando las luchas de las mujeres guatemaltecas.