Seguir la historia chilena contemporánea es como ingresar en un territorio oscuro, cerrado; se repiten los personajes y la trama se acerca a la tragedia. La historia de Chile de los últimos cincuenta años tiene, como las grandes tragedias, un sentido oculto, incluso más duro y cruel que el dolor y la sangre que baña la superficie. 

La historia contemporánea, y por extensión la pasada, no responde exclusivamente a la historiografía ortodoxa ni a la agenda política. Eso es la apariencia. Como también lo es el hecho de contar con una historia propia, de nación independiente, soberana. Los grandes acontecimientos políticos de los últimos cincuenta años no fueron gestados sólo en Chile, como sí lo fue el crecimiento del movimiento social en busca de la justicia y libertad. Una fuerza oscura y silente, en la más completa extensión de estas palabras, se orquestó en Washington para impulsar en este rincón del mundo la peor tragedia de su corta historia.
La trama, escrita desde la Casa Blanca a inicios de la década de los 60 del siglo pasado, tuvo como objetivo frenar los procesos sociales en Chile y el ascenso de las fuerzas de Izquierda. Una estrategia puesta en marcha por Estados Unidos a través de diversos mecanismos, desde el adoctrinamiento militar e ideológico en la Escuela de las Américas al financiamiento de gremios empresariales, medios de comunicación y partidos políticos. En este punto, destaca el papel fundamental que jugó la Democracia Cristiana.
Esta es la línea de investigación del último libro del historiador Luis Corvalán Marquez, La secreta obscenidad de la historia de Chile contemporáneo, publicado por Ceibo Editores. El relato se inicia en los albores de los años sesenta, para terminar poco más de una década después.
La investigación de Corvalán Marquez está documentada, entre otros registros, por el informe de la comisión del Senado norteamericano que presidió Frank Church, sobre las actividades de la CIA en Chile. Una trama protagonizada por el mismo presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, el entonces director de la CIA, Richard Helms, y el secretario de Estado, Henry Kissinger. En años de guerra fría, la llegada al poder a través de elecciones de un gobierno de Izquierda anticapitalista en Sudamérica justificó todos los medios para eliminarlo: desde el financiamiento de partidos opositores, medios de comunicación, activistas de derecha, gremios, y claro está, las bien adiestradas fuerzas armadas.
Aun cuando la intervención de la CIA en Latinoamérica ya era muy activa, el caso chileno tiene especial relevancia. Era un proyecto socialista que surgía desde las urnas y se desarrolla acotado a la institucionalidad. Esto es precisamente lo que no tolera Washington: que Allende se convierta en un modelo latinoamericano y mundial. Washington, dice Corvalán Marquez, consideró que el eventual triunfo de la Izquierda en Chile cambiaría la correlación de fuerzas en el continente, estimulando procesos análogos, contribuyendo a que EE.UU. perdiera su hegemonía en la región. Para impedirlo, el gobierno norteamericano redobló su intervención en los asuntos chilenos. Dice el Informe Church que la CIA “financió actividades que cubrían un espectro amplio, desde la simple manipulación propagandística de la prensa hasta el financiamiento en gran escala de partidos políticos chilenos; desde sondeos de la opinión pública hasta intentos directos de fomentar un golpe de Estado”.
El proyecto reformista del PDC fue clave para los intereses estadounidenses, lo que está documentado en los tempranos vínculos entre el partido chileno y la CIA, que se profundizan durante los años siguientes hasta consumarse el plan B, que fue el golpe de Estado.
Aun cuando no está registrada la colaboración directa de la CIA en la salida neoliberal-binominal de la dictadura de Pinochet, hay numerosos antecedentes para afirmar que fue también articulada en Estados Unidos. Si el PDC, con Patricio Aylwin a la cabeza fue crucial para impulsar el golpe de 1973, hacia finales de los 80 el mismo Aylwin, representando al reformismo conservador, dirigió la transición neoliberal que mantuvo el modelo y la Constitución de Pinochet.
LOS ALBORES DE LOS 60
El paradigma reformista requería de los vínculos con el PDC, los que se inician, según el Informe Church, hacia comienzos de la década de los 60, cuando EE.UU. empezó a hacer importantes aportes financieros al partido chileno. El año 1962, dice el Informe, “el Grupo Especial aprobó 50.000 dólares para fortalecer al PDC”. Agrega que “el 27 de agosto del mismo año, el Grupo Especial aprobó el uso de un canal de financiamiento a través de un tercer país, presupuestando ciento ochenta mil dólares para los democratacristianos chilenos durante 1963 (…) La elección presidencial de 1964 -dice el Informe- fue el principal ejemplo de un proyecto electoral de gran envergadura. La CIA gastó más de dos millones seiscientos mil dólares en apoyar la elección del candidato democratacristiano (Eduardo Frei Montalva, N. de PF), en parte para impedir el ascenso al poder del marxista Salvador Allende”.
Además del apoyo brindado a los partidos políticos -continúa el Informe-, la CIA montó una masiva campaña de propaganda anticomunista. Fue una “campaña del terror, -afirma-, que hizo abundante uso de imágenes de tanques soviéticos y pelotones de fusilamiento cubanos, y que estuvo dirigida especialmente a la mujer”. Durante la tercera semana de junio de 1964, un grupo financiado por la CIA producía diariamente veinte spots radiales para Santiago y 44 para estaciones de provincia, además de programas noticiosos de doce minutos de duración -cinco veces al día- en tres radios de Santiago y 24 de provincia.
DIPUTADOS FINANCIADOS POR LA CIA
El Informe Church es elocuente sobre esta materia. En febrero de 1965 -dice- el Comité 303 aprobó 175.000 dólares “para un proyecto de acción política de corto plazo, orientado a brindar apoyo clandestino a candidatos preseleccionados que participarían en las elecciones parlamentarias chilenas de marzo de 1965. Según la CIA, veintidós candidatos fueron seleccionados por la oficina local de la CIA y el embajador; de ellos, nueve fueron elegidos”. Hacia 1970, agrega el Informe, la CIA había gastado en total casi dos millones de dólares en operaciones secretas en Chile.
La campaña presidencial de 1970 tuvo ciertas diferencias para la CIA. Esta vez decidió no apoyar a ningún candidato en particular, en tanto centró sus esfuerzos en desprestigiar la candidatura de Salvador Allende. Tal cosa debía llevarse a la práctica a través de lo que la Agencia denominó “una campaña de sabotaje”. En total, “la Agencia gastó de ochocientos mil a un millón de dólares en acciones clandestinas para influir en el resultado de la elección presidencial de 1970”.
“La campaña del terror -dice el Informe-, contribuyó a la polarización política y al pánico financiero posterior al 4 de septiembre. Temas que se habían desarrollado para la campaña electoral recién concluida –agrega- fueron explotados por la CIA con más intensidad durante las semanas posteriores al 4 de septiembre, en un esfuerzo por causar pánico financiero e inestabilidad política suficientes para provocar que, en función del golpe, se movilizara el presidente Frei o los militares chilenos”.
EL TRIUNFO DE ALLENDE Y EL PLAN DE NIXON
El 15 de septiembre de 1970 se celebró en la Casa Blanca una reunión en la que participó el presidente Nixon, el asesor para asuntos de Seguridad, Henry Kissinger, el director de la CIA, Richard Helms y el procurador general John Mitchel. En ella el presidente planteó que “un gobierno de Allende en Chile no era aceptable para EE.UU.”. Con este predicamento procedió a ordenar a la CIA que tomara medidas para impedir que Allende accediera al poder. “No importan los riesgos involucrados -dijo-; diez millones de dólares disponibles, más si es necesario; trabajo a tiempo completo de los mejores hombres que tengamos; plan de acción: hacer que la economía chilena aúlle; 48 horas para el plan de acción”, ordenó Nixon.
El plan de Estados Unidos contaba con el apoyo de las ideologizadas fuerzas armadas y de los medios de comunicación, principalmente El Mercurio, al que le entregó más de un millón y medio de dólares. Pero el papel del PDC fue fundamental.
“Este partido, argumenta el historiador Corvalán, podría haber jugado durante la UP el rol de un verdadero centro, como muchos de sus integrantes lo intentaron. No obstante, la colectividad terminaría plegándose a la polarizadora política norteamericana. ¿Debido a qué? En medida importante al gran peso de su sector conservador, que finalmente pasará a controlar el partido, todo ello correlacionado con la radicalización de su base social, en gran parte clases medias, derivada del inducido deterioro económico del país y de la campaña del terror”.
La campaña -señala el Informe Church- fue de enormes proporciones. Ocho millones de dólares se gastaron en los tres años que van desde la elección de 1970 hasta el golpe militar de septiembre de 1973. Se entregó dinero a los medios de comunicación, a partidos políticos de la oposición y, en cantidades más limitadas, a gremios del sector privado.
Los aportes que EE.UU. hiciera a los opositores no se repartieron por igual. Beneficiaron principalmente al Partido Demócrata Cristiano y al Partido Nacional, en ese orden. Los documentos norteamericanos desclasificados, así como también el Informe Church, son categóricos al respecto, dice Corvalán Marquez. Durante el gobierno del presidente Allende, EE.UU. continuó proporcionando enorme apoyo financiero al PDC, que excedía al que entregaba a los otros partidos, respaldo que ahora “ya no buscaba potenciar una alternativa modernizadora frente a la revolución cubana y que impidiera un triunfo electoral de la Izquierda, como en la década anterior, sino el derrocamiento de Salvador Allende”.
Si el PDC llegaba a algún tipo de entendimiento con el presidente Allende sería muy difícil la implementación del golpe que buscaba EE.UU., pues en ese caso las fuerzas golpistas quedarían aisladas, como sucedió luego del 4 de septiembre de 1970 y todavía durante 1971, afirma el historiador. Si el PDC se plegaba al golpe -como a la larga terminó ocurriendo-, todo se allanaría. Esto explica por qué la potencia del norte consideraba que este partido era una de las “fuerzas internas” más importantes a los efectos de provocar el derrocamiento de Allende.
El apoyo financiero que la CIA entregara al PDC, en todo caso, se canalizó hacia su ala más conservadora. El Informe Church lo confirma cuando se refiere a la resolución que el 8 de septiembre de 1970 tomara el Comité 40 aprobando un fondo de 250.000 dólares para que, con el fin de impedir el ascenso de Allende, “Frei y su equipo de confianza lo utilizara”. Bien sabemos que la orientación anticomunista y antiizquierdista que caracterizaba a ese sector no era, sin embargo, compartida por otros segmentos de la colectividad, como la encabezada por Renán Fuentealba.
DOLARES Y RADIOS PARA UN PDC GOLPISTA
El PDC distó mucho de jugar el rol de un verdadero centro político, afirma Corvalán, es decir, el rol de fuerza abierta a la negociación y al acuerdo. Por el contrario, convergiendo con una extrema derecha que había retomado sus tradiciones golpistas, cumplió una acentuada función polarizadora. Fue así como en 1971 comenzó a apoyar los paros gremiales. Luego, en diciembre de ese año, participó con el PN y el Frente Nacionalista Patria y Libertad en la llamada “marcha de las cacerolas vacías”.
“A comienzos de 1971 -sostiene el Informe- fondos de la CIA permitieron que el PDC y PN compraran sus propias estaciones de radio y diarios”, precisamente por cuanto serían los mensajes comunicacionales los que debían sembrar un estado de anormalidad sicológica en la población, generando, a través de las campañas del terror, miedos irracionales al “totalitarismo marxista”.
Para el periodo 70-73, el Informe Church registra periódicas entregas de dinero al PDC por parte de la CIA. Un detalle es el siguiente: “13 de noviembre (de 1970): el Comité 40 aprueba 25.000 dólares para apoyar candidatos de la Democracia Cristiana; el 22 de marzo (de 1971): el Comité 40 aprueba 185.000 dólares adicionales para apoyar al Partido Demócrata Cristiano; el 10 de mayo (1971): el Comité 40 aprueba 77.000 dólares para la compra de una imprenta para el diario del Partido Demócrata Cristiano. La imprenta no se compra -añade el Informe- y los fondos son utilizados para apoyar el diario; el 26 de mayo (1971): el Comité 40 aprueba 100.000 dólares para ayuda de emergencia que permita al Partido Demócrata Cristiano pagar deudas de corto plazo”.
Con los compromisos adquiridos por el PDC con la CIA los eventos tomaron una sola dirección. Así, el llamado al diálogo que hiciera Salvador Allende el 1º de mayo cayó en el vacío. Tanto o más cuando el 3 de ese mes el sector conservador de la DC asumiera el control formal del partido, cuya presidencia quedó en manos de Patricio Aylwin, quien se caracterizaba por su incondicionalidad al ex presidente Frei. El 5 de julio cayeron las máscaras, cuando Aylwin hizo una declaración en la que afirmó que “la mejor garantía para el restablecimiento de la normalidad democrática (era) la incorporación institucional de las Fuerzas Armadas al gobierno, con poderes efectivos para realizar las rectificaciones…”.
Luis Corvalán Marquez, en un texto titulado “La crisis de la dictadura y la mano de EE.UU. en la imposición de un recambio neoliberal” retoma, a partir de la mitad de los 80, la presión de Estados Unidos sobre la política chilena. Como el Departamento de Estado negocia el fin de la dictadura, acude a las mismas figuras que usó para sacar a Allende. El PDC vuelve a ser funcional a EE.UU., es el comodín contra la Izquierda y contra una dictadura que ya estaba obstaculizando el desarrollo del modelo neoliberal.
A partir de entonces, la historia es más cercana pero igualmente oscura. Aun cuando hay tantos antecedentes sobre los vínculos entre Estados Unidos y la oposición de entonces, mantenemos nuestra perplejidad al observar el giro que dio la Concertación, al apoyar las privatizaciones, la desregulación de los mercados, al abrazar el modelo neoliberal y la Constitución de 1980. En los múltiples trabajos e investigaciones sobre esa época, aún no hay una respuesta clara de la elite de la Concertación que explique este giro, que tiene características de traición. Al leer el texto de Corvalán, tal vez podamos concluir que las relaciones del PDC con EE.UU. y la CIA hacen de aquella voltereta algo innombrable.
PAUL WALDER

RECUADRO
La DC apoyó el terrorismo de Estado
Los líderes de la Democracia Cristiana han levantado en estos días, como gran bandera moral, su rechazo a la violencia “venga de donde venga”, y su respeto por los derechos humanos. Desde los albores del gobierno de Eduardo Frei Montalva, el doble rasero DC se hizo evidente: en 1966 ese gobierno masacró a los mineros del yacimiento de cobre de El Salvador y poco después, en 1969, a los pobladores de Pampa Irigoin, en Puerto Montt.
El posterior apoyo DC a la conspiración, al golpe militar y al terrorismo de Estado es otra tremenda contradicción. Patricio Aylwin y los líderes de entonces proporcionaron cuadros técnicos a la dictadura, entre ellos Juan Villarzú y Alvaro Bardón, y sólo restaron su apoyo, dice el historiador Corvalán Marquez, cuando fue evidente que Pinochet no convocaría a elecciones.
“Lo que la directiva del PDC intentó luego del golpe, escribe Corvalán Marquez, no fue otra cosa que disputarle a la extrema derecha el ascendiente sobre los uniformados, buscando cooptarlos y hacerlos funcionales a sus propios fines”. Es cierto que este proceso tiene matices, como también lo tiene este partido con líderes no sólo impactados ante las violaciones a los derechos humanos, sino también víctimas del terrorismo de Estado, como Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno, o valientes defensores de los perseguidos, como Andrés Aylwin.
Otra clara muestra de la insensibilidad democratacristiana ante las violaciones de los derechos humanos fue, más tarde, el apoyo de algunos de sus militantes, como Gutenberg Martínez, al gobierno terrorista de Napoleón Duarte en El Salvador. Hace poco, Ismael Llona escribió que “entre 1984 y 1989, los amigos de Gutenberg apoyaron a este gobierno e incluso lo asesoraron. El gobierno de Napoleón Duarte atropelló sistemáticamente los derechos humanos”.
Un proceso que se remonta hasta hoy. Recientemente, la Democracia Cristiana con los votos de los senadores Soledad Alvear y Patricio Walker aprobó el ascenso del juez Juan Manuel Muñoz a la Corte Suprema. Durante su carrera, este magistrado rechazó investigar crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar. “En política, dijo el presidente del PDC, hay que saber hacer negociaciones”.
Lo más lamentable es la mesura y cortesía del Partido Comunista al referirse a exabruptos anticubanos, antivenezolanos y anticomunistas de la DC y de parlamentarios como Patricio Walker. El pacto Concertación-PC que se está cocinando, debería tener al menos una ética elemental: respetar la historia y la verdad.
PF
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 774, 11 de enero, 2013)