De los nueve candidatos a la Presidencia de la República, únicamente el abanderado del movimiento Todos a La Moneda, Marcel Claude, aborda en su programa de gobierno la situación de los derechos humanos en el país y el triste legado que dejó en esta materia la dictadura militar.

Así queda de manifiesto en el capítulo “Verdad, justicia y Memoria en Tiempos de Dictadura, a 40 años del Golpe Militar” que fue elaborado por el Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales y que, pese a formar parte de su informe anual, fue adelantado en la víspera de una nueva conmemoración del 11 de septiembre.

“Respecto de las candidaturas presidenciales, se consigna que sólo Marcel Claude considera ‘el tema de los derechos humanos en sí, y específicamente del legado de la dictadura, lo suficientemente importante para que amerite una mención’, tras observar los programas publicados en los sitios web de campaña de los nueve candidatos presidenciales declarados a la fecha del 29 de julio de 2013”, señala un comunicado de la UDP.

El documento fue dado a conocer este martes por la directora del centro, Judith Schönsteiner; el editor general del Informe 2013, Tomás Vial; y la directora del Observatorio de Derechos Humanos de la UDP e investigadora principal del estudio, Cath Collins, quienes indicaron que se entregó con más de un mes de antelación como una forma de sumarse al ambiente de debate y reflexión histórica que vive el país en estos momentos.

El informe realiza un balance de lo avanzado en temas de memoria, verdad, justicia y reparaciones a 40 años del Golpe de Estado y establece recomendaciones precisas sobre lo que queda pendiente a los candidatos presidenciales.

“Desde 1990 Chile ha vivido, gracias en gran parte a la insistencia sostenida de familiares, sobrevivientes y defensores de los derechos humanos, avances significativos en las dimensiones de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición respecto a los crímenes sistemáticos de represión cometidos bajo la dictadura cívico-militar. No obstante, se trata de un surtido de medidas e instancias aisladas, muchas veces temporales, susceptibles de reveses y estancamientos. Aun se espera la materialización de una clara voluntad política para proclamar, sin ambivalencias, reservas ni retrocesos, la vocación de Chile de cosechar de su historia reciente un compromiso firme, irrestricto y transversal con el repudio de la represión y la impunidad, y el fomento de las libertades, igualdades y justicia en un marco de derechos”, concluye.

La versión 2013 realiza un balance general de los avances en materias de verdad, justicia y reparación, así como de los temas pendientes, los cuales se formulan como recomendaciones al Estado chileno, tomando como referente a los estándares internacionales de derechos humanos suscritos por Chile.

Así, se revisa la situación de los procesos judiciales pendientes, la interpretación del Decreto Ley de Amnistía por parte los tribunales chilenos, y el panorama jurídico actual: Entre 2010 y 2013 se han interpuesto cerca de dos mil nuevas querellas criminales por las 3.216 víctimas de desaparición forzada o ejecución política actualmente reconocidas por el Estado de Chile, en tanto 29 ministros de fuero, adscritos a los tribunales de Apelaciones respectivos, investigan actualmente, a lo largo del país, cerca de 1.400 casos criminales resultantes de estas querellas y otras anteriores, más unas 33 causas por torturas iniciadas por sobrevivientes.

En cuanto a los hechos 2012-2013, no se deja de tocar ningún tema, por muy polémico que haya sido. Es el caso controversias en torno a la calificación de exonerados políticos, el cara a cara Cheyre-Lejderman, el cambio de nombre de la Avenida 11 de Septiembre, y los lugares de reclusión y beneficios intrapenitenciarios, entre otros.

Por último, el capítulo realiza una serie de recomendaciones, e interpela directamente “a las y los candidatas y candidatos presidenciales, en quienes recae una responsabilidad y oportunidad única e histórica, a que en memoria y homenaje a los miles de chilenas y chilenos víctimas de los crímenes de nuestra historia reciente, hagan de los derechos humanos materia de reflexión explicita, promesas y acciones claras, valientes y eficaces, y punto cardenal para navegar hacia el 2014 y más allá”.

En pos de un cumplimiento pleno de sus responsabilidades nacionales e internacionales en materia de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no-repetición por las graves violaciones a los ddhh cometidas en su historia reciente, se plantea, el Estado de Chile debiera:

1. Hacer de la conmemoración del cuadragésimo aniversario del golpe de Estado de 1973materia de profunda reflexión y ocasión de un claro, explícito y transversal repudio al ejercicio del autoritarismo político y del terror de Estado, y a sus realizadores.

2. Tomar la oportunidad histórica de remover de su cuerpo de leyes todo elemento heredado del ejercicio de dicho terror, partiendo con el DL de amnistía y sus efectos promotores de la impunidad.

3. Darles la debida urgencia a los proyectos de ley actualmente ante la legislatura que buscan fortalecer el compromiso de Chile para terminar con la impunidad, sancionando actuales y futuras ocurrencias de crímenes de lesa humanidad con penas eficaces y proporcionales a su suma gravedad.

4. Dotar a los actuales ministros en visita en causas de ddhh de apoyo explícito, reconocimiento pleno y exclusividad de funciones para la tramitación de los múltiples y complejos procesos a su cargo, asegurando así los más ejemplares niveles de respeto y garantía a los derechos tanto de querellantes como de personas acusadas y procesadas.

5. Dotar a la Brigada de Delitos contra los DD.HH de la Policía de Investigaciones de mayores recursos de personal, acorde con la mayor carga de trabajo que hoy asume en relación a la ley anti discriminación y otros labores no relacionados con causas ddhh de tiempos de dictadura.

6. Implementar un sistema único y transparente de monitoreo del progreso de causas, el cumplimiento de penas y la concesión de beneficios intra penitenciarios, velando por un correcto cumplimiento de las condiciones de dichos beneficios y asegurando control jurisdiccional sobre las respectivas decisiones.

7. Crear una instancia de permanente monitoreo, recepción y reconocimiento (“calificación”) de personas afectadas por desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y demás violaciones graves de sus derechos humanos entre 1973 y 1990, abriendo en forma permanente las llamadas ‘listas Rettig y Valech’ y produciendo un registro actualizado de las personas actualmente reconocidas por éstas y las demás instancias que promueven el ejercicio del derecho a reparación de parte de personas vulneradas por crímenes estatales.