¿Quién no ha escuchado en más de una oportunidad que la próxima guerra será por el agua? A mí por lo menos me resulta ya un lugar común y se lo he escuchado decir y repetir a más de un político, lo cual me hace sospechar inmediatamente, no tanto acerca de la veracidad de lo que ello implica, sino más bien del interés de la clase política por resolver este problema.  A nuestra vista está el hecho de que los responsables de la conducción del país –empresas privadas y autoridades políticas- no han resuelto el problema, más bien lo han acrecentado; han sido displicentes, negligentes y hasta criminales, a pesar de que aparecen siempre muy preocupados y con sus rostros serios, dignos de quienes tienen el interés público como lo más importante.

Un país que acá en Chile se menosprecia y considera inferior, Bolivia, en el año 2000 vivió una experiencia muy dura en relación con este vital recurso. Fue la llamada guerra del agua de Cochabamba que se desató por la privatización del abastecimiento de agua potable, debido a la firma de un contrato entre la multinacional Bechtel y el presidente electo Hugo Banzer, ex dictador de Bolivia, , para privatizar el servicio de suministro de aguas de Cochabamba. El contrato fue oficialmente adjudicado a la empresa Aguas del Tunari, un consorcio empresarial en el que Bechtel participaba con el 27,5 por ciento. Y como todo proceso de privatización que se precie de tal, los precios del agua se fueron a las nubes, incrementándose las tarifas por sobre el 50%.  La diferencia con este Chile moderno y norte-americanizado es gigantesca, puesto que allá –los indiecitos subdesarrollados- se movilizaron, protestaron y no se dejaron avasallar.  La policía, como siempre al servicio del poder, arremetió con todo –hubo una víctima fatal, Victor Hugo Daza, un niño de 17 años- y el gobierno aplicó, era que no, la Ley Marcial.  Finalmente, a fuerza de dignidad y convicción, el pueblo de Cochabamba logró que el gobierno boliviano rescindiera el contrato con Bechtel.  Pero no todo terminó allí, puesto que esta compañía demandó indemnizaciones por 25 millones de dólares.  Allí comenzó la batalla legal e ideológica a nivel internacional, la que finalmente terminó en enero de 2006, cuando Bechtel retiró la demanda en contra del gobierno.

Acá en Chile somos más civilizados, más modernos, hemos abandonado el estado de barbarie que caracteriza a todos los países latinoamericanos ¿será esa excepcionalidad la que nos permite tener un Código de Aguas único en el mundo? Cuesta creerlo, pero el cuerpo legal que regula el uso y propiedad del agua en Chile, no existe en ninguna otra parte.  Fue creado en el año 1981, junto a otras tantas reformas del régimen militar como las AFP, el Código de Minería, la educación y otras.  Esta ley única en el mundo, permite el aprovechamiento a perpetuidad del agua, haya o no haya necesidad o propiedad asociada.  Ser dueño de la tierra no asegura el acceso al agua, lo que permite –como de hecho ocurre- que hayan dueños de agua sin tierra y dueños de tierra sin agua. Este código define dos tipos de aprovechamiento de aguas: consuntivos y no consuntivos. En el primer caso no están obligados a devolverla a sus cursos pues se consume y se agota. En Chile un 90% de los derechos consuntivos están en manos de grandes empresas agro-exportadoras y mineras. Los derechos no consuntivos (principalmente para generar electricidad) están casi en un 100% en manos de grandes empresas transnacionales como Endesa-España.  Por otra parte, en el año 2011, el gobierno de Piñera terminó de vender las acciones que el Estado chileno poseía en las empresas sanitarias que distribuyen aguas: 35% en Aguas Andinas, 29% en Esval; 45% en Essal, y 43% en Essbio.

El problema del agua en Chile daría para una guerra nuclear en Bolivia.  En el norte las mineras han disecado las napas subterráneas dejando a la población con
severas limitaciones de acceso al recurso y a las comunidades campesinas condenadas a su desaparición.  A las puertas de Santiago, en las comunas de Petorca, Cabildo y La Ligua, el drama es surrealista, ya que, mientras Perez-Yoma y otros jerarcas democratacristianos –Cerda y Trivelli entre otros- riegan sus plantaciones de paltas, otros menos poderosos deben hacer sus necesidades en bolsas de plástico por falta de agua.  En Santiago ya llevamos 2 cortes masivos y prolongados de agua afectando a más de 2 millones de personas cada vez y Aguas Andinas no está obligada a compensar por el daño, gracias a la ley hecha por ellos mismos a través de sus representantes en el Parlamento.

En Chile ya se instaló hace mucho rato la guerra del agua, pero, acá hay un ejército vencedor –la empresa privada y sus corruptos políticos que trabajan para ella- y un pueblo sometido y derrotado que no sólo debe pagar caro por el agua, sino que también, aceptar cabizbajo los vejámenes y abusos del sistema.  Yo sería feliz con que en el alma nacional hubiese tan solo la mitad de la dignidad que tiene el pueblo boliviano.