Uruguay - El actual gobierno del FA y las 30 medidas de 1971

LAS 30 PRIMERAS MEDIDAS DE GOBIERNO DE 1971, CONFIGURAN LA MAYOR BURLA AL PUEBLO COMPARADAS CON LAS ACTUALES MEDIDAS DEL GOBIERNO PROGRESISTA.
El actual gobierno del FA y las 30 medidas de 1971

Mario Rossi Garretano
Secretario Político del MRO

El Documento dice textualmente: "Las Bases Programáticas señalan cuatro medidas fundamentales a adoptar, como pilares del proceso transformador:
a) reforma agraria
b) nacionalización de la banca privada
c) nacionalización de los principales rubros del comercio exterior
d) enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la nacionalización de la industria frigorífica
Ella son esenciales para iniciar el proceso de cambio social."

37 años más tarde estas medidas fundamentales no fueron instrumentadas, según expresan los propios progresistas. Por lo tanto no hay cambio social posible.

LAS 30 PRIMERAS MEDIDAS
La primera medida era la "Defensa de la soberanía nacional, obtención de la independencia económica e iniciación del proceso de transformaciones estructurales"
Las medidas del gobierno progresista, han convertido al país en una especie de republiqueta bananera, haciendo los mandados del amo imperial, sumisos y orgullosos de serlo. El Ministro de Economía es condecorado por The Bankers de Inglaterra y el gobierno es tomado como ejemplo en el mundo como modelo neoliberal a la par de Chile.
La invitación a nuestro país del genocida Bush ha sido la mayor muestra de sometimiento.
La segunda medida textualmente: "Denunciaremos las Cartas de Intención vigentes firmadas con el FMI y otros acuerdos lesivos…Negociaremos la deuda externa, para postergar los pagos… anularemos los contratos petroleros cuya aplicación supedita la ANCAP a los trust imperialistas"
El Gobierno está bajo la coyunda imperialista, mantiene relaciones carnales con el FMI, el BID y el BM. La ruta de navegación del gobierno es la Carta de Intención firmada en el 2005. Se han pagado casi 8 mil millones de dólares en tres años, todo un record, se ha adelantado el pago de amortizaciones y las emisiones de bonos con vencimiento hasta el año 2037, han llevado la deuda de capital e intereses a unos 30 mil millones de dólares. Nos siguen abasteciendo los contratos petroleros los trusts imperialistas, más allá de los acuerdos con PDVSA de Venezuela.
La tercera medida dice textualmente: "Propiciaremos relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países, en particular con la República de Cuba, único país latinoamericano con el que están interrumpidas"
Esta medida fue cumplida por el gobierno progresista. Las relaciones fueron interrumpidas por el gobierno colorado de Jorge Batlle, en el período anterior.
La cuarta medida dice textualmente:" Intervendremos la banca privada, utilizando la legislación vigente, mientras se procesa la nacionalización.
… de este modo se hará óptimo el empleo nacional de los ahorros asegurando así la efectiva erradicación de los canales bancarios y para bancarios. Aplicaremos y extenderemos el monopolio estatal de los seguros"
La banca privada que estaba gestionada por el estado, el Nuevo Banco Comercial, fue entregado a los mismos banqueros que lo fundieron, por 40 millones de dólares, con carteras de deudores recuperables de cientos de millones de dólares. Ha sido desmantelado el Banco Hipotecario del Uruguay y el 27 de diciembre del 2007 fue firmada la ley que autoriza a privatizar el Banco de Seguros del Estado. El BROU, de un banco de fomento de la producción, ha sido convertido en un banco comercial especulador con miles de millones colocados en Nueva York. Prolifera la usura bancaria y para bancaria. Los bancos toman dólares al 1,4% de interés y los prestan a los comercios al 12% y al consumo al 16%. Los bancos toman pesos uruguayos al 5% de interés y conceden préstamos a empresas al 30% y al consumo al 50% de interés.
La quinta medida dice: "Estableceremos el control estatal de la divisas… restándolas completamente de los círculos especuladores e impidiendo la evasión de capitales"
No existe el control del estado. Existe la libre entrada y salida de capitales, permitiendo todo tipo de especulación. Es una plaza financiera, un enclave financiero, un paraíso del lavado, sujeto a que por la dimensión de la plaza que tiene unos 12 mil millones de dólares de depósitos nacionales y extranjeros pueda ser víctimas de todo tipo de especulación, fuga de capitales y presiones devaluatorias.
La sexta medida dice: "Intervendremos, con aplicación de la ley vigente, las empresas de exportación (industrias frigoríficas, barracas de lanas y frutos del país) como paso previo a la nacionalización del comercio exterior"
Ninguna empresa fue intervenida y el comercio exterior está fundamentalmente en el sector privado, lo garantiza el TIFA, que no fue un Tratado de Libre Comercio clásico por la resistencia popular y contradicciones en el seno del gobierno. Privilegia totalmente la actividad privada en medio de la ausencia de control con los puertos privatizados, playas privadas de contenedores y las zonas francas. No existen detracciones para las exportaciones, cuando hay un aumento sostenido de los montos físicos y de los precios de los productos que se exportan, esos recursos fiscales serían una cifra importante para las inversiones y gastos sociales. Este gobierno no tiene en el horizonte ningún tipo de nacionalización.
La séptima medida dice: "Iniciaremos el proceso de Reforma Agraria, presentando de inmediato el proyecto de ley correspondiente… se suspenderán desalojos… iniciaremos un proceso de distribución de tierras y fomentaremos la formación de cooperativas entre trabajadores rurales y pequeños y medianos productores … fijaremos los precios de los principales productos agropecuarios"
No se inició ningún proceso de Reforma Agraria. No redistribuyeron la tierra. Se generan además de latifundios ganaderos, los latifundios sojeros y madereros. Las multinacionales de la celulosa compran de 100 mil a 150 mil hectáreas para empezar. Se ha extranjerizado la tierra en pocos años en un equivalente a cuatro departamentos, un 25% de la tierra laborable. Las tierras fronterizas han sido acaparadas por arroceros brasileños.
Siguieron los remates y desalojos, movilizaciones de deudores del agro en medio de suicidios de productores; las tierras entregadas por el Instituto de Colonización en tres años no llegan a satisfacer al 10% de los 3 mil colonos anotados, se necesitarán 60 años para atender sus reclamos al ritmo de los progresistas. No fijaron ningún precio de los principales productos agropecuarios, todo lo regla el mercado. Se reprimen las ocupaciones de tierras y se ha legislado para condenar a los ocupantes a tres años de penitenciaría.
La octava medida establece: "Impulsaremos la creación de una flota del Estado, adquiriendo con prioridad barcos petroleros y frigoríficos. Fomentaremos la Marina Mercante Nacional"
La flota del estado desmantelada, no ha habido adquisición de barcos mercantes, ni barcos petroleros, ni barcos frigoríficos. La pesca está totalmente privatizada, así como el transporte de contenedores pues las terminales portuarias están esencialmente privatizadas y se está procediendo a decretar nuevas zonas francas y adjudicación de nuevas terminales.
La novena medida establece: "aumentaremos los sueldos y salarios del sector privado, urbano y rural y de los funcionarios públicos… los objetivos primordiales en materia de retribuciones, serán fijar el salario mínimo nacional y establecer para todos los sectores una política salarial más justiciera … y en el mejoramiento del hogar constituido y las asignaciones familiares.
El salario mínimo nacional es una décima parte de la canasta familiar, donde durante 37 años predicaron por un salario mínimo equivalente a la mitad de la canasta y luego lo redujeron a la cuarta parte, que sería actualmente unos 8 mil pesos, si embargo el gobierno lo ha fijado en 3250 pesos, el más bajo del Cono Sur. Un reciente análisis del Ingreso Nacional, por economistas del propio gobierno llegaron a las siguientes conclusiones: el ingreso de los trabajadores en el actual gobierno iguala a la dictadura con respecto a la masa salarial y el PBI que era del 20%, en el año 1998 el porcentaje de la masa salarial era del 30% del PBI, en el 2006 es del 20,5% en el 2006 es del 20,5%, en el 2007 es de 20,8. El estado tiene una participación constante del 30%. El capital se lleva un 50% del PBI. Si se compara que el crecimiento de la economía es constante en los últimos años, la transferencia por año de los trabajadores al capital al no aumentar el porcentaje de masa salarial y aumentar el PBI ha sido; en el año 2005 de 1650 millones de dólares, en el año 2006 de 1860 millones de dólares y en el 2007 de 2160 millones de dólares. El mismo análisis se puede hacer con respecto al 20% de los hogares más pobres, pues ha aumentado la participación del 20% de los hogares más ricos en el ingreso nacional.
La décima establece: "...Aumentaremos las jubilaciones y pensiones más reducidas, congelaremos las más elevadas, eliminaremos los regímenes de privilegio y perfeccionaremos los especiales. Promoveremos la reestructuración de la previsión social que agiliten los trámites y haga posible adelantos jubilatorios …"
Existen 74 jubilaciones de 1776 pesos; 172 mil jubilaciones entre 1776 pesos y 3550 y unas 96 mil jubilaciones entre 3550 y 5325 pesos. Estas cifras eximen de comentarios. Existen unas 80 mil jubilaciones que superan largamente la canasta familiar de jerarcas de gobierno, oficiales del ejército y la policía, profesionales, funcionarios bancarios, etc., que no han sido congeladas. El actual gobierno se opuso a las AFAPS, cuando fueron instrumentadas por el gobierno de Lacalle, teniendo actualmente mayorías en las cámaras no las han derogado y los aportes de la previsión social siguen en manos del sistema financiero privado para la especulación.
La décimo primera dice: "Ajustaremos de inmediato los mecanismos de la administración fiscal que permitan una efectiva recaudación especialmente de los impuestos que gravan los altos ingresos y la acumulación de capital. Iniciaremos una reforma radical del régimen tributario de modo que promueva la distribución progresiva de la renta nacional y fomente el desarrollo de las actividades productivas"
La reforma tributaria ha sido radical pero para los ingresos populares, donde el IRPF se nutre en un 90% de ingresos de trabajadores, jubilados y capas medias, mientras un 10% es de gravar el capital. La Suprema Corte de Justicia ha considerado inconstitucional el impuesto a las jubilaciones. Se aplica el impuesto a partir de 8 mil pesos de ingresos, cuando la canasta familiar trepa a los 33 mil pesos.
La décimo segunda dice: "Aseguraremos el poder de compra de la población y el abastecimiento adecuado de los artículos de consumo popular, aplicando la ley de subsistencias, fijando y controlando precios y eliminando la intermediación parasitaria. Se constituirán inmediatamente, a estos efectos, organismos de control popular, integrados por productores y consumidores"
El pueblo se debate en una franca carestía donde suben principalmente los precios de los alimentos, la energía y solamente por la caída del dólar existe un poder de compra de artículos importados. El precio de la alimentación ha llegado a un 20% de promedio, siendo la inflación anual del 2007 un 8%. En los sueldos bajos, la alimentación ocupa un tramo importante del salario. En el año 2007 las papas subieron un 192%, los zapallos un 147%, zanahorias un 147%, boniato 103%, cebolla 88%, zapallitos 72%, morrones 45%, queso 43%, aceite de girasol 41%, harina de trigo 33%, bananas 39%, carne (falda) 30%.
Ningún precio fue tarifado por el estado, amparando al consumo, los criterios neoliberales de mercado insensibilizan a un gobierno neoliberal que defiende la especulación y el enriquecimiento parasitario de los intermediarios. No hay control popular.
La décimo tercera dice: "Promoveremos la plena utilización del equipo instalado de las industrias fundamentales (frigorífica, textil, del cuero, metalúrgica y otras). Estimularemos el desarrollo de nuevas industrias, particularmente la pesquera y sus derivadas. Promoveremos la prospección y la explotación, en su caso, de nuestras riquezas del subsuelo."
El crecimiento industrial está ligado a una coyuntura internacional favorable por el auge de los precios de las materias primas, la política neoliberal del gobierno no ha sido de promoción de ramas industriales, de protección del mercado interno ni de nacionalizaciones de los rubros importantes de la economía. La recuperación del salario real, que ha sido mínimo con techos fijados por el propio gobierno y el aumento de empleos, la mayoría en negro y cuyo promedio es de 4500 pesos, mejoró la situación del mercado interno como reflejo de las condiciones internacionales y no fruto de una política industrializadora de defensa de la soberanía y el patrimonio nacional. Las inversiones de la planta de celulosa de Botnia, es el típico ejemplo: inversión cuantiosa extranjera contaminante, que hizo crecer el PBI, pero con todo tipo de exenciones de impuestos, concesión zonas francas portuarias y una tasa de ganancia histórica para la multinacional finlandesa, a lo que se suma un conflicto binacional que conspira contra la integración latinoamericana.
La décimo cuarta establece: "Aceleraremos la aplicación de la ley nacional de viviendas atendiendo sus aspectos de mayor interés social. Facilitaremos y estimularemos la construcción de viviendas por los vecinos dando prioridad a los regímenes de subsidios, cooperativas de ayuda mutua, y regulando el precio de los terrenos destinados a la construcción habitacional para eliminar la especulación"
Al Banco Hipotecario le ha sido cercenada su función social de la vivienda. No ha construido ninguna vivienda, ha rematado viviendas de deudores morosos en tres años, más que en los últimos 25 años. Existe una morosidad con el BH del 80% por razones de la crisis del 2002
FUCVAM denuncia que el gobierno hará 14 mil viviendas en cinco años, y ellos consideran que esa cantidad es necesaria por año. Están frenados los créditos para cooperativas de vivienda, no hay subsidios para las cuotas que aumentaron por la unidad reajustable a niveles impagables. En su 57 ° Asamblea extraordinaria del 2006, FUCVAM resuelve: "que en virtud de la preocupante toma de distancias del gobierno de su programa y de los compromisos adquiridos con los sectores populares que fueron su soporte material y simbólico, entendemos necesario convocar a las organizaciones sociales, al movimiento sindical en su conjunto a cerrar filas, a superar la fragmentación corporativa y la mera lucha economicista, para ensanchar la plataforma recogiendo las mejores tradiciones de independencia política y programática que levantó el histórico congreso del pueblo hace más de 40 años." El crédito hipotecario ha sido dirigido hacia la banca privada, se ha votado una ley que en seis meses se sustancian los juicios por remates de viviendas por deudas que antes duraban años y el BROU ha incursionado en el préstamo para construcción de viviendas, en lugar de sanear los déficits del Banco Hipotecario.
La décimo quinta afirma: "En tanto se procesa el establecimiento del Seguro Nacional de Salud, mejoraremos la atención de la salud de la población, a través de la reorganización del Ministerio de Salud Pública y de la iniciación del proceso de coordinación de todos los recursos preventivos y asistenciales existentes en el país"
La décimo sexta dice: "Instalaremos policlínicas con consultorios materno-infantiles en barrios y centros poblados, utilizando las sedes de organismos estatales y sociales y construyendo locales adecuados: prestaremos preferente atención a la asistencia médica en el medio rural.
Racionalizaremos y mejoraremos el abastecimiento de medicamentos, abaratando su costo e impulsando su producción por organismos públicos"
No se instrumentó el Seguro Nacional de Salud y en su lugar se ha instrumentado el Sistema Integrado de Salud donde se protege al empresariado médico, a las multinacionales del medicamento y acerca de las condiciones de la Salud Pública para hacer frente a la nueva reforma, recientemente el Dr. Toledo, Presidente del SMU "En varios asuntos no hemos avanzado nada. En algunos hospitales se sigue con dificultades muy serias, lo cual está obligando al traslado de pacientes de los hospitales públicos al sector privado", dijo. "Eso está indicando que en Salud Pública hay una seria carencia que hay que resolver, en particular, porque estamos en el inicio de una reforma de la Salud que ya está vigente donde el paciente tiene que elegir entre prestadores públicos o privados que tienen que tener la misma calidad, la misma asistencia y las mismas prestaciones".
Existen mutualistas no preparadas en infraestructuras para asumir el número de nuevos afiliados, hay sectores sociales humildes que aún en asistencia privada no podrán hacer frente a costos de tickets de consultas, exámenes y medicamentos. Para la clase trabajadora es un impuestazo más sobre los salarios.
La décimo séptima dice:" Reintegraremos a la escuela a los niños en edad escolar que no haya completado el ciclo. Realizaremos una campaña de alfabetización con participación activa y voluntaria de los educadores, estudiantes y pueblo en general. Promoveremos la sanción de las leyes orgánicas que resuelvan los problemas institucionales de la educación primaria, media y física. Fomentaremos la educación física, creando campos deportivos en cada barrio y centro poblado y concertando convenios con las instituciones deportivas privadas, a fin de que la Comisión Nacional de Educación Física comparta la utilización de sus instalaciones"
La política educativa está encuadrada por los organismos del imperio, el FMI, desde antes de la toma de gobierno por el progresismo. Estos lineamientos estaban fundados en: creciente privatización de la enseñanza con incentivos y subsidios, reducción de la inversión en el sistema estatal, asociación del gobierno con sectores privados mediante concesiones y contratos, intervención directa del BID mediante el organismo MEMFOD que controla la inversión del sistema educativo. Otro aspecto es la contención social de la marginación que el propio sistema genera, en ámbitos de locales educativos, albergues para la minoridad, alargamiento de la jornada de escolaridad y estudio, etc.; sin atacar las causas. El debate educativo en el Congreso de la Educación, sin atributos de decisión sino para dar sugerencias al gobierno, reafirmó la autonomía y cogobierno, los organismos deben estar regidos por trabajadores, padres y alumnos y un 6% del PBI dedicado a la educación que hoy llega al 3% del PBI.
La décimo octava establece: Promoveremos la sanción de una ley de medios de comunicación que proteja el trabajo nacional.... espacios para todas las organizaciones políticas. Sindicales, culturales y religiosas... fomentaremos la industria nacional del libro, una editorial del estado para textos didácticos"
No se ha votado ninguna ley, no hay espacios para las organizaciones sociales, las radios comunitarias están oponiéndose al organismo contralor del estado, que ha requisado equipos.
La décimo novena establece: "Aseguraremos medio litro de leche diario a cada niño. Entregaremos los rubros necesarios para asegurar a los escolares la copa de leche y otros alimentos, ropa, calzado, libros y útiles, así como primera asistencia médica y odontológica
Reestructuraremos el Consejo del Niño… combatiremos la explotación infantil. Ubicaremos en la residencia presidencial de la Estancia Anchorena una Colonia de Vacaciones para niños"
La Vigésima afirma:"Desarrollaremos, en acuerdo con los municipios y con activa participación popular los centros de barrio que comprendan biblioteca, salas culturales, guardería, jardín de infantes, expendios, lavaderos y otros servicios. Incrementaremos en todo el país los comedores populares a través del Instituto Nacional de Alimentación.
Es el aspecto más a considerar de este gobierno, la asistencia social a la niñez, pero que tiene el techo fijado por el FMI de un 1% del PBI (Producto Bruto Interno), unos doscientos millones de dólares. Las cifras del 2007 presentan un aumento de la mortalidad infantil, los gremios de maestros y profesores denuncian serias carencias de infraestructura en los centros de enseñanza. Los informes internacionales denuncian violaciones a los derechos de la minoridad en los albergues y cárceles de menores. El fiscal del estado ha denunciado la situación de los niños de la calle y la justicia ha obligado al Instituto del Menor a buscar una solución.
Se ha desarrollado en los centros comunales zonales (CCZ) cierta vinculación de servicios coordinados con centros barriales, existe el proyecto "Nuestros Niños" que impulsan guarderías y han aumentado las escuelas de tiempo completo, garantizando la alimentación, pero los vecinos no deciden recursos ni obras.
La Estancia Anchorena ha sido el lugar donde Vázquez y Bush pescaron y almorzaron juntos, y los niños no la conocen ni por fotos.
La vigésima primera afirma: "Promoveremos la sanción en el plazo de 120 días a contar de la instalación de este gobierno de una ley de alquileres que contemple los intereses de los inquilinos y propietarios de condición modesta: hasta tanto se suspenderán los desalojos y lanzamientos"
No se sancionó ninguna ley, los desalojos y lanzamientos proliferan, 15 familias diariamente son lanzadas a los asentamientos según el Presidente de la Cámara Inmobiliaria, el impuesto del IRPF ha gravado a los propietarios con un 12% los alquileres, que ha sido trasladado a los arrendatarios.
La vigésima segunda manifiesta: "Aseguraremos transporte eficaz a los habitantes de villas y pueblos cercanos a Montevideo. Pondremos en marcha un plan de recuperación de AFE y PLUNA que aseguren servicios adecuados."
PLUNA ha sido privatizada totalmente a capitales extranjeros, por el actual gobierno, en medio de denuncias, interpelaciones ministeriales y sospechas de corrupción. AFE, está en plena adjudicación de privatización de servicios de transporte de carga y pasajeros, donde fueron renunciados los directores del ente que se oponían. Se han tomado medidas de mejoras en servicios y tarifas al pasaje de las áreas suburbanas de Montevideo.
La vigésima tercera dice: restituiremos a sus lugares de trabajo, con todos sus derechos a los destituidos, suspendidos y trasladados por medidas persecutorias, con reparación de las sanciones y perjuicios económicos"
La vigésima cuarta consideraba: "Promoveremos la sanción de una ley de amnistía para lograr la libertad de todos los presos políticos, que permita reintegrar a la convivencia política legal a todos los sectores de la sociedad. Restituiremos la plena vigencia del derecho de asilo político"
La lucha popular arrancó estas medidas al gobierno de Sanguinetti de 1985, con respecto a funcionarios públicos Se ha instrumentado bajo el gobierno progresista una ley de reconocimiento de años de trabajo del sector privado a los perseguidos y exiliados para mérito de causal jubilatoria y existen proyectos de ley de reparación integral a todos los perjudicados por la dictadura terrorista de estado.
La vigésima quinta dice: "Reorientaremos el instituto policial a las características civiles y predominantemente preventivas de sus cometidos, quitando a la función policial su carácter represivo de los movimientos populares. Destinaremos los medios de comunicación y transporte utilizados para la represión del pueblo al servicio de la salud, la educación y otras necesidades sociales."
Se mantiene el carácter represivo del instituto policial a los movimientos populares (ocupaciones de lugares de trabajo, manifestaciones antiimperialistas, concentraciones, ocupaciones de tierras, desalojos, reclamos de servicios en asentamientos, etc.) Se criminaliza la protesta y han sido procesados luchadores sociales. Se ha votado una ley que condena a tres años de penitenciaría a quienes ocupen casas y terrenos.
Tecnificaron los escuadrones policiales con especialistas en materia represiva de España y los EEUU, se adquirió alta tecnología de vigilancia y comunicación de China. No se han destinado vehículos policiales a otros servicios sociales del estado.
La vigésima sexta establece: " el 1 de marzo de 1972, designaremos el Directorio del Banco de Previsión Social, incluyendo en el mismo a los delegados de las organizaciones más representativas de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores y de los empresarios"
Esta medida fue tomada por los gobiernos colorados y blancos en el período de apertura democrático burguesa tras la dictadura terrorista de estado, fruto de la movilización popular.
La vigésima séptima que afirma: "En la misma fecha designaremos los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, incluyendo en ellos a representantes electos por los trabajadores de dichos organismos. Iguales criterios se aplicarán en el caso del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal y otros organismos similares.
Ninguna empresa del estado eligió un representante, han sido nombrados dirigentes sindicales de los propios organismos en algunos casos. Estos dirigentes "amarillos de izquierda" votan todo lo contrario de los programas reivindicativos de sus propios sindicatos al pasar a ser directores de los organismos del estado.
La vigésima octava establece: "Aplicaremos una política que suprima privilegios y logre economías en la conducción de gobierno. Eliminaremos toda forma de remuneración de los cargos electivos, políticos y de confianza, que signifique una situación de privilegio"
37 años más tarde a título de ejemplo, el Vicepresidente cobra $ 212.250.-, un senador con partida para un secretario, diarios y celulares cobra 190 mil pesos y un diputado con partidas para secretario y prensa unos 180 mil pesos. 50 O 60 VECES DE UN SALARIO MÍNIMO NACIONAL.
El salario mínimo es de 3500.- pesos y el salario promedio del 70% de la clase trabajadora es de $ 8.000.- pesos.
La vigésima novena dice: "Reestructuraremos el servicio exterior, ...para transformarlo en un instrumento eficaz para la defensa de los intereses políticos y económicos de la república"
Los jerarcas del progresismo que no consiguieron ser elegidos como parlamentarios, como el caso de Pita, fue designado embajador en Chile, entre otros casos, la vuelta del ex -ministro Gargano al Senado, obliga a Korseniak a colocarlo en alguna embajada y la política exterior del gobierno es una prolongación de los intereses del Departamento de Estado de los EEUU.
La trigésima medida dice: " Ninguna persona puede ser candidato del FA, sin presentar declaración jurada abierta de bienes e ingresos;… crearemos los mecanismos legales que impidan toda forma de implicación entre el desempeño de cargos públicos e intereses privados, así como el uso de cargos públicos con fines de aprovechamiento personal"
37 años más tarde, ante las denuncias del caso "Bengoa y cómplices en el caso de las pérdidas en los casinos municipales", el progresismo se negó a votar comisiones municipales y parlamentarias de investigación, el tribunal de conducta política presidido por el Gral. Licandro renunció en pleno por las presiones e implicancias en defensa de quien luego fuera procesado por la justicia. El procesado Bengoa goza del respaldo del Ministro de Economía Astori, que lo premió, estando las denuncias de los gremios municipales, como director de Casinos del Estado.
Hay denuncias de aprovechamiento del uso de cargos públicos con fines personales que involucran al presidente, vicepresidente, ministros, parlamentarios, etc., del partido de gobierno.
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