México - Regresión autoritaria

La Cámara de Diputados aprobó ayer, con 366 votos en favor, 53 en contray ocho abstenciones, el dictamen de reformas a la Constitución en materiajudicial elaborado, con base en una propuesta del Ejecutivo federal, porla Comisión de Justicia del organismo legislativo. Las modificacionesprevén medidas como la extinción de dominio, la atribución de facultades extraordinarias al Ministerio Público (MP) y a los cuerpos policiacos–que les permitirán, entre otras cosas, practicar aprehensiones y cateossin orden judicial–, y el acceso de las autoridades a los datospersonales y bancarios de los sospechosos. Aunque se asegura que estasdisposiciones son necesarias para garantizar la seguridad pública y elestado de derecho, han sido severamente criticadas por especialistas enmateria penal y organizaciones de derechos humanos: penalistas comoAlonso Aguilar Zinser, Juan Velásquez, Xavier Olea, Víctor Carrancá y Juventino Castro señalaron que se trata de una “reforma inquisitorial” que podría llevar al país a un “Estado policial”; de su lado, elpresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José LuisSoberanes, manifestó su preocupación por la enmienda constitucional, eindicó que “lo que hay que hacer es ampliar los derechos humanos, noreducirlos”.

Es innegable que el Estado debe contar con instrumentos jurídicos paraluchar contra el crimen organizado, pero éstos nunca deben pasar por elrecorte de las garantías individuales. Por lo que hace a estas reformas,su aprobación constituye, precisamente, un duro golpe a la de por sídelicada situación que enfrenta la procuración de los derechos humanos enel país, e implica un grave retroceso en materia de impartición dejusticia. Su carácter autoritario radica, en buena medida, en que coloca a la ciudadanía en grave indefensión ante las autoridades.

Las disposiciones previstas en el marco de la reforma judicialtransgreden frontalmente el principio de presunción de inocencia, puesprevén la imposición de sanciones por mera sospecha de culpa por parte decualquier policía, lo que no es un peligro menor en un país en el que lascorporaciones policiales y el propio MP son de las instituciones menosconfiables, y no sólo porque sus elementos carezcan de la capacitaciónnecesaria en materia de legalidad sino porque, como lo sabe cualquiera,es casi imperceptible la frontera entre las filas de los cuerpospoliciales y la propia delincuencia organizada. En ese contexto, resultalegítimo temer que las medidas aprobadas ayer servirán más para ensañarsecontra las libertades ciudadanas y para atropellar o extorsionar ainocentes que para afectar las actividades de las organizacionescriminales.

Es alarmante, además, que esta reforma se apruebe con el telón de fondode un gobierno federal que carece de un compromiso real en materia dederechos humanos, como ha quedado de manifiesto con los señalamientosrecientes de la directora para América Latina del Centro por la Justiciay el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés), SorayaLong, en el sentido de que el gobierno federal ha hecho caso omiso a lasrecomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lasque se concluye la participación del Estado en episodios de gravesviolaciones a las garantías individuales.

En suma, la aprobación de la reforma judicial es un hecho grave einadmisible, pues incluye medidas que no pueden justificarse en un estadode derecho, mucho menos con el argumento de que son imprescindibles paragarantizar la seguridad de los ciudadanos. La sociedad debe exigir a loslegisladores de los congresos estatales que, en atención a su deber comorepresentantes populares, actúen conforme a los intereses y el bienestar de la ciudadanía, e impidan el paso de esta modificación constitucional que abre un margen inadmisible para el atropello.

Recientemente, la mayoría de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron exonerar de toda culpa al gobernador de Puebla, Mario Marín, pese a que el país entero escuchó las grabaciones enlas que éste conspiraba con el empresario Kamel Nacif para violar losderechos humanos de la periodista Lydia Cacho. Ahora, el Congreso de laUnión pretende incrustar en la Carta Magna disposiciones que van encontra de las garantías individuales. Ambos episodios alimentan sobradamente el repudio de amplios sectores de la población a lainstitucionalidad política del país y obligan a reconocer que, paradójicamente, desde las máximas instancias legislativas y judicialesse está socavando el estado de derecho.