Uruguay - La Suiza de América
Uruguay está ranqueado en el primer
tercio de un listado de 102 paraísos fiscales: ocupa el lugar 28 de 102 en una
lista encabezada por Suiza y seguida por Hong Kong y Estados Unidos; Panamá
está en el lugar 13, Gran Bretaña en el 15, China en el 20 y Brasil en el 26.
Andrés Alsina
Brecha, Montevideo, 22.4.2016
Está en esa lista porque es miembro
del Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes
(Foro Global para la Transparencia y el Intercambio de Información para
Propósitos Fiscales), producto de un movimiento que empezó en la sociedad civil
en 2003 y que se transformó en política del G 20, al aceptar pedir información
a los países para hacer más transparentes a las corporaciones y luego revelar
la propiedad de las compañías offshore.
En 2006 la opinión del Fmi sobre
Uruguay no era muy buena. Su informe de diciembre de ese año establecía que
“Uruguay es un centro financiero offshore y un riesgo para el lavado de dinero
y la financiación de terrorismo, particularmente a partir de operaciones de no
residentes y trasnacionales. Tiene un diversificado sector financiero con un
significativo componente offshore que abastece mercados latinoamericanos,
incluyendo Argentina y Brasil. Su sector financiero se caracteriza por una
importante concentración de clientes no residentes y una economía altamente
dolarizada. Las instituciones financieras uruguayas son muy activas en
transacciones a través de la frontera como puntos de depósito y/o
intermediarios para acceder e invertir en mercados internacionales, lo que
incluye hacerlo a través de bancos, financieras, corretaje, cambio de moneda y
servicios de transferencia de dinero”.
El Fmi entendía que la evasión fiscal
sería el principal motivo de los fondos extranjeros invertidos en el sistema
financiero uruguayo, y llamó a los sectores financieros a prestar mayor
atención a su actividad y al cumplimiento de los requisitos de lucha contra el
lavado de dinero y financiación del terrorismo, pues se incrementan –sostenía
en esa época– los riesgos de que esas actividades tengan lugar.
Para 2015 el Informe Internacional de
la Estrategia de Control de Narcóticos (Incsr, por sus siglas en inglés)
afirmaba que “pese a que el gobierno de Uruguay dio pasos positivos en 2014
para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades
terroristas, y sigue haciendo progresos en su aplicación, (el país) sigue
siendo vulnerable a estas amenazas”.
Hay otro punto de vista a tener en
cuenta. En la página web de la consultora Cpa Ferrere, el artículo principal
del 10 de abril de 2010 llevó el título “Adiós a las Safis. ¿Adiós a sus
beneficios?”. En su primer párrafo se afirmaba: “La reforma tributaria extendió
la partida de defunción de las famosas Safis (sociedades anónimas financieras
de inversión). Éstas deben dejar de funcionar como tales el 31 de diciembre de
2010. Sin embargo, el uso de sociedades comunes y una adecuada planificación
tributaria permiten diseñar estructuras convenientes que hagan pasar
desapercibido el cambio”.
Elocuente. El lema de la consultora
es “Inteligencia aplicada a su negocio”. La desaparición de las Safis fue total
en 2014. Para la Incsr, la situación (de riesgo o de posibilidad, según como se
mire) es favorecida por la economía altamente dolarizada del país y porque el
dólar es usado frecuentemente como moneda para los negocios. “Alrededor del 80
por ciento de los depósitos y 55 por ciento de los créditos están en esa
denominación. Jerarcas policiales y judiciales uruguayos evalúan que
organizaciones criminales colombianas, mexicanas y rusas están operando en
Uruguay. Hay una sostenida preocupación sobre el crimen organizado trasnacional
desde Brasil. En 2013 y 2014 hubo cinco casos de alto perfil relativos al
lavado de fondos de Perú, Argentina y España.”
“Los casos de lavado de dinero que
tomaron estado público –continúa el Incsr– están fundamentalmente relacionados
con narcóticos y/o implican al sector inmobiliario. La corrupción pública no
parece ser un factor significativo tras el lavado de dinero o la financiación
del terrorismo. Uruguay tiene fronteras porosas con Argentina y Brasil, y pese
a su reducida extensión, la diferencia de precios entre Uruguay y sus países
vecinos sostiene un mercado de bienes contrabandeados. El contrabando de
paquetes de dinero y el lavado de dinero proveniente del comercio también
tienen lugar. Dada la libre movilidad del capital –de vieja data en Uruguay–,
el dinero es presuntamente lavado a través del sector formal, tanto onshore
como offshore. Hay seis bancos offshore operando en Uruguay, tres de los cuales
no pueden iniciar nuevas operaciones en tanto están en proceso de liquidación”,
afirmó el Incsr en 2015.
En un detallado informe de 2006 sobre
medidas contra el lavado de dinero, del Grupo de Acción Financiera de
Sudamérica (Gafisud), se había hecho notar “una situación particularmente
problemática con el país (Uruguay) y el registro de propiedades”, algo que se
superaría (aunque no a satisfacción de estos controles) con las acciones
nominativas. En 2009 el Gafisud expresó satisfacción por los avances logrados
en la materia, y asimismo lo hizo el Foro Global (Global Forum), pese a que no
se podía asegurar en todos los casos el cumplimiento de los avances en la
nominación de los tenedores de acciones. El grupo también señaló la
persistencia de problemas en relación con la información bancaria y el
intercambio práctico de información.
En cuanto al secreto bancario, el
Foro Global (al que Uruguay adhiere) afirma que la posibilidad de acceder a
información bancaria anterior al 2 de enero de 2011 está limitada por la
legislación local. También que Uruguay aplica una interpretación del acuerdo de
intercambio de información impositiva (Tiea, por sus siglas en inglés) que va
contra el estándar internacional, y cuya consecuencia es que Uruguay rehusó
contestar el 75 por ciento de los pedidos de información recibidos.2
En cuanto a los incentivos
impositivos para no residentes, el Foro Global hizo hincapié en “un tipo
especial de compañía, la sociedad anónima de zona franca (Sazf), que puede ser
incorporada” a las actividades de los no residentes y que puede operar sólo en
las 12 zonas de las Sazf y en el exterior. “Sus usuarios se benefician no sólo
de la excepción de los derechos aduaneros sino también de los impuestos
nacionales, incluyendo el impuesto a los ingresos, presente o futuro, en las
actividades de la zona franca.”
“Uruguay también permite la
incorporación relativamente sencilla de bancos offshore”, que se conocen
localmente como “instituciones financiera externas”, o Ife. Su capital mínimo
es de 500 mil dólares. El banco está exceptuado de cualquier impuesto a
cualquiera de sus actividades, líneas de negocio, ingresos o bienes. “Es
interesante que no requiera un agente bancario registrado localmente. La banca
offshore uruguaya puede desarrollar cualquier forma de actividad bancaria (como
ofrecer todo tipo de cuentas corrientes o depósitos de activos, incluyendo
cuentas en moneda extranjera), empero sólo puede hacer negocios con no
residentes.”
A la situación aquí descrita se
agregan los beneficios impositivos y exenciones de varios tipos que tienen las
inversiones extranjeras. Al respecto, el asesor senior Krishen Mehta, de Tax
Justice Network, afirma en la web de esta organización que “la permisividad
impositiva de los países en desarrollo es el precio para atraer tecnología e
inversiones y tomar decisiones importantes para sus economías. En el proceso de
hacerlo, los países en desarrollo deben renunciar a su soberanía impositiva;
tienen que hacer concesiones impositivas para que se asienten compañías en el
país. Deben aceptar la coerción impositiva a través de tratados. Eso no es
justo”.
Notas
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