Chile - El mail que devela “la cocina” de la industria Pesquera tras la Ley Longueira
Nuevos antecedentes
sobre el cuestionado cuerpo legal
El mail que devela “la
cocina” de la industria Pesquera tras la Ley Longueira
por CLAUDIA URQUIETA
CH. 30 marzo 2016
EL MOSTRADOR
Un artículo clave de la
iniciativa, fue corregido por importantes actores de la industria y enviado al
ministerio liderado entonces por Pablo Longueira. El articulado sobre la
caducidad de las cuotas de pesca –que en la práctica permite que estos derechos
se perpetúen– respaldado por el sector, es prácticamente idéntico al que
finalmente fue aprobado en el Parlamento.
El miércoles 19 de
diciembre de 2012, y luego de un año de tramitación en el Congreso, se despachó
el proyecto que modificaba la Ley General de Pesca y Acuicultura, conocida como
“Ley Longueira”.
Tres años y un mes
después –el 19 de enero de 2016– la Cámara de Diputados asestaba un sorpresivo
golpe a la iniciativa, declarando admisible el proyecto de ley presentado por
los diputados PC Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, que buscaba anularla a partir
de las irregularidades descubiertas durante su tramitación. Entre otras, la
acusación de cohecho del desaforado senador Jaime Orpis, que renunció a la UDI
por este caso, y que reconoció haber recibido pagos de Corpesca; pagos que
también llegaron a otros actores políticos, en forma directa e indirecta, y que
forman parte de los casos de financiamiento irregular que investiga el
Ministerio Público.
Uno de ellos es el
principal referente de la ley: el entonces ministro de Economía, Pablo
Longueira. La empresa del grupo Angeliniregistra varios pagos rectificados
relacionados con colaboradores muy cercanos al recientemente renunciado coronel
de la UDI, que incluso lo asesoraron durante la tramitación de la Ley de Pesca,
como Arturo Lavín Aliaga.
Pero a los
cuestionamientos a la legitimidad de la Ley Longueira ahora se agrega un nuevo
ingrediente.
Un correo electrónico
enviado el 31 de agosto de 2012 por Esteban Papic, abogado del grupo Angelini,
al entonces gerente de Corpesca, Francisco Mujica, grafica la importante
influencia de los máximos afectados por la iniciativa, que no solo daban
opiniones y mandaban recados al Parlamento: incluso metían mano directamente a
parte del articulado de la ley.
Es así como la Ley de
Pesca terminó siendo aprobada con una parte clave de su articulado casi calcada
a lo aprobado por relevantes líderes de la industria.
La cocina
El viernes 31 de agosto
–cuatro meses antes de la aprobación de la Ley Longueira– a las 15:49 horas, el
abogado Esteban Papic, del estudio Portaluppi, Guzmán y Bezanilla –bufete de
cabecera del Grupo Angelini– enviaba un correo electrónico a Francisco Mujica.
“Te adjunto para tus
comentarios indicaciones que se han redactado, respecto de las cuales está el
compromiso de enviarlas al Ministerio en el curso de la tarde”, señalaba el
mensaje, que contenía un mail enviado dos horas antes por Héctor Bacigalupo,gerente
general de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), organización gremial
destinada “a luchar por el progreso de la industria y a defender sus
intereses”.
El correo señalaba
textualmente lo siguiente: “Estimados: les reenvío nuevos textos de las indicaciones
de los artículos 143 y 143 bis, corregidos en reunión de hoy viernes AM, en la
que participaron C.Vial, R.Sarquis, A.Couve, Mario Tapia y el suscrito, para su
consideración y comentarios. El texto se debe mandar al Ministerio hoy en la
tarde”.
El texto al que aludía
Bacigalupo incluía el título “Indicación art.143 LGPA (caducidades)”, seguido
del artículo 143 completo con sus respectivas letras. Un dato no menor: lo
enviado es prácticamente igual en forma y fondo a lo que finalmente fue promulgado
como ley en ese artículo en particular, salvo pequeñas diferencias.
Según una fuente que
participó en la tramitación de la ley, “son justamente estas indicaciones las
que convierten a las cuotas de pesca en indefinidas en la práctica, por cuanto
las causales de caducidad son tan restrictivas que es prácticamente imposible
que las licencias transables de pesca no les sean renovadas a las empresas”.
De hecho, la gran
crítica a las caducidades de las cuotas de pesca que se aprobaron en la Ley
Longueira, es “que hacen imposible que caduquen. Cuando se peleó que no fueran
perpetuas, luego de muchas negociaciones se acordó que fueran transables, que
se renovaran automáticamente, salvo en casos específicos. Ahí entran las
caducidades. De esta forma nadie podía decir que eran cuotas eternas, pero en
la práctica y gracias a cómo quedó ese articulado, es casi imposible que
caduquen”, señala la misma fuente.
Un golazo que favoreció
directamente a la industria y que contó con la aprobación del sector desde
Arica a Punta Arenas, según se desprende de la lectura del mail enviado el 31
de agosto con copia a Sergio Diez, Luis Felipe Moncada, Santiago Montt y
Esteban Papic.
Tres días después,
Francisco Mujica hacía llegar las mismas indicaciones con el asunto “nuevas
indicaciones 143 y 143 bis” directamente al senador Jaime Orpis.
El 12 de septiembre,
Esteban Papic enviaba un nuevo correo a Mujica, con el asunto “propuesta de los
artículos 143 y 143 bis de la Ley de Pesca. Caducidades y requisitos para
renovación”. El articulado en cuestión es aun más similar a la forma en que se
aprobó finalmente la ley.
El cuerpo del mensaje
del mail era decidor: “Para tu conocimiento y comentarios, te adjunto el texto
de los dos artículos de la referencia que se han ido elaborando para presentarlos
al Ministro”.
Agregando que “desde el
ministerio consideran que restringir la caducidad sólo a un 1% de cada licencia
(letra c del art. 143) es considerado poco. Además, para la renovación de las
licencias, en caso de ser a plazo fijo, se insistiría en incluir el descarte,
operar dentro del área artesanal e incluir también las condenas por prácticas
antisindicales, que están ya como causal del caducidad (lo que se acotó en la
letra k) del art. 143, a que ocurran en una misma nave y respecto a mismos
trabajadores”.
Los señores de la pesca
Quienes participaron en
la corrección de los nuevos textos del artículo relativo a las caducidades,
según detalla elcorreo electrónico de agosto de 2012, forman parte del corazón
de los intereses tras la industria pesquera. Incluso hay dueños de cuotas de
pesca que quedaron definidas en esta ley.
Se trata de Rodrigo
Sarquis, ex presidente de Sonapesca y actual vicepresidente del directorio de
la empresa Blumar, que surgió de la fusión de dos empresas ligadas a las familias
Sarquis (Pesquera Itata S.A.) y del Grupo Yaconi Santa Cruz (El Golfo S.A.).
Blumar concentra el derecho a explotar la mayor parte de los recursos pesqueros
del sur en el país.
También participó de la
corrección de las indicaciones Carlos Vial Izquierdo, vicepresidente de
Friosur, ligado al Grupo del Río. Vial Izquierdo es presidente de Industrias
Pesqueras del Sur Austral (Fipes), agrupación de las empresas pesqueras más
importante del sur austral de Chile y fue miembro del Consejo Nacional de Pesca
entre el 2000 y el 2013.
Otro ex miembro del
Consejo Nacional de Pesca mencionado en el correo, es el ex subsecretario de
Pesca, Andrés Couve Rioseco, actual miembro del Comité de Manejo de Jurel como
representante del sector industrial unidad de pesquería XIV-X regiones. Según
fuentes cercanas a la DC, Couve es “históricamente, junto a Felipe Sandoval,
asesor del partido en temas pesqueros. Está presente en las comisiones de pesca
que se arman para los programas electorales. En la ley discusión de la ley de
Pesca él asesoraba a las empresas, pero no abiertamente a los parlamentarios”.
Un caso particular es
el del abogado Mario Tapia, socio del estudio Carcelén, Desmadryl, Guzmán
& Tapia. Tapia asesoró al diputado Matías Walker (DC) durante la
tramitación de la Ley de Pesca, de quien asegura que “fuimos compañeros de
colegio y de ahí viene la amistad”.
También ha asesorado en
temas regulatorios a gremios como la Asociación de Industriales Pesqueros
(Asipes), Sonapesca y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de
Chile (Conapach). Fue abogado interno de la Compañía Pesca Chile S.A., miembro
del grupo español Pescanova.
Actualmente Tapia es
miembro del Consejo Nacional de Pesca designado por Michelle Bachelet propuesto
por la DC.
Al respecto, una fuente
que participó como asesor de la Nueva Mayoría en la discusión de la Ley, señala
que “es súper impresentable que Tapia sea hoy el representante de la Presidenta
propuesto por la DC en el Consejo Nacional de Pesca...viendo que estaban
presentes Carlos Vial, Sarquis y Bacigalupo en esa reunión es impresentable.
Además, en esa época, Corpesca no era parte de Sonapesca –que se había alejado
de la sociedad en 2011–, por lo tanto, Mario Tapia era en la práctica un
representante de las empresas del sector sur en el Congreso, como asesor de
Walker”.
Tapia explica que el
encuentro al que alude el mail se dio en “un contexto en que me invitaban a
opinar como abogado dedicado a estos temas. No era algo tan regular, yo creo
que en esa época debo haber participado en algunas reuniones que no fueron
muchas la verdad. Lo que pasa es que como uno está metido te llaman por
teléfono, piensa que hasta con Carlos Feres hablé y me decía 'oye, Mario, qué
te parece esto' y yo le respondía 'sí me parece' o 'no me parece' o 'mira, yo
creo que esta cuestión no', etcétera”.
Carlos Feres, asesor
clave de Longueira, lideró las negociaciones por la Ley de Pesca. Y tal como
publicó este medio, fue quien presentó yapitutó al primo de Joaquín Lavín,
Álvaro Lavín Aliaga –imputado por el caso Corpesca– con el entonces gerente
general de la pesquera, Francisco Mujica.
Consultado sobre la
enorme similitud entre el artículo discutido en la reunión en la que participó
y la ley que terminó aprobándose, Tapia señala que “es probable, yo me he encontrado
con redacciones de la ley que vienen de mi letra, o sea, con ideas muy
similares, no iguales pero sí similares”. Y agrega que “es lógico, uno está
metido en el tema, uno habla con pescadores artesanales, con laborales, con
todo el mundo. Y cuando uno participa en las reuniones legislativas,
asesorando, porque uno conoce la operatoria de la industria pesquera, ahí se
van incorporando textos nuevos”.
Al respecto, el gerente
general de Sonapesca, Héctor Bacigalupo, asegura que los artículos no fueron
armados por ellos. “No teníamos ninguna capacidad de armarlos. Pero sí hay un
proceso que este país ha olvidado, que antes se llamaba el proceso
prelegislativo: consultaban a todos los actores del sector que tienen que ver
con un tema. Eso lo tiene que haber hecho Sernapesca y la Subsecretaría de
Pesca, no me cabe ninguna duda. Uno que es el organismo que hace la norma y el
otro el que fiscaliza. Entre los dos tienen que haberlo armado. Pero en esa
etapa, que era bien distinta a la que estamos viviendo hoy día, ellos siempre
consultaban y hablaban con todo el mundo, con la academia, con nosotros, los
artesanales, los pescadores. Dependiendo del tema con cada cual. ¿Por qué?
Porque en el fondo, cuando haces una cosa de escritorio o académica, muchas
veces no consideras ciertas cosas operativas o que son imposibles de cumplir
con la operación misma, sobre todo en el caso de la pesca” (vea entrevista con
Héctor Bacigalupo).
Los destinatarios del
mail
Los destinatarios del
mail que contenía parte del articulado del aún proyecto de la Ley Longueira
también están ligados al sector.
El abogado Sergio Diez
es socio del estudio Cariola Diez Pérez-Cotapos, y está a cargo del grupo de
fusiones y adquisiciones de la firma. Se dedica principalmente a temas
societarios y a la asesoría de clientes de diversos rubros, incluyendo el
pesquero. Forma parte del grupo asesor legal de la Sociedad Nacional de Pesca,
y en la misma página web de su estudio dice “haber colaborado con la
elaboración de la Ley de Pesca”.
Luis Felipe Moncada es
el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), organismo
gremial que agrupa a industriales pesqueros. Entre sus asociados están
Camanchaca –ligada a Jorge Fernández Valdés y la familia Stengel– y Blumar,
vinculada a Rodrigo Sarquis.
Por su parte, el
abogado Santiago Montt, es socio del estudio Montt y Cía., que cuenta entre sus
especialidades derecho marítimo y derecho pesquero. Mantiene oficinas en Chile
y el extranjero, incluyendo ciudades de intensa actividad del sector. Montt fue
designado miembro del Consejo Zonal de Pesca de la X a la XI regiones en el
2001 y el 2006, en representación de las organizaciones gremiales del sector
industrial.
En tanto, el abogado
Esteban Papic, es parte del bufete Portaluppi, Guzmán y Bezanilla, histórica
firma que asesora a los Angelini. Tal es la cercanía entre el estudio y la
poderosa familia, que funciona físicamente en el mismo lugar del edificio
corporativo del grupo, ubicado en El Golf 150. En el piso 19 está el centro de
operaciones del holding y allí se ubica la oficina de su cabeza: Roberto
Angelini Rossi. Un piso más abajo está Portaluppi, Guzmán y Bezanilla.
Uno de sus miembros, el
abogado José Tomás Guzmán, ha aparecido hasta ahora como el único responsable
de los aportes sospechosos de haber financiado campañas políticas entregados
por las empresas matrices del grupo –a excepción de Corpesca–, que incluyen
Copec, Celulosa Arauco y Cruz del Sur, entre otras. Guzmán ha sido mencionado
por Jorge Rosenblut –recaudador de las dos campañas de Michelle Bachelet y de
Eduardo Frei– como su contacto con el grupo, del mismo modo que lo ha hecho
Giorgio Martelli, dueño de Asesorías y Negocios (AyN).
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