Brasil - Crisis y Agonía
Paulo Passarinho *
Correio da Cidadania, San Pablo, 13-4-2016
Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa
La actual crisis que vivimos es el resultado combinado de dos notorios falencias: el agotamiento de más una fase del modelo económico liberal-periférico y la incapacidad del actual modelo de representación política para encarnar las prioridades nacionales y populares, al encontrarse dependiente de las corporaciones económicas hegemónicas.
El agotamiento de la actual fase del modelo económico que nos guía desde los años ’90, tiene como factor de fondo la crisis internacional iniciada en 2007/2008. La respuesta que el gobierno Lula dio en su momento -con la ampliación del crédito público para empresas y para familias, exoneraciones fiscales a diversos sectores de la economía y la propia elevación de la tasa de interés de inversión pública- conformó una exitosa política anticíclica.
Mientras tanto, ese “éxito” debe ser contextualizado: esas iniciativa dieron aire a un modelo que solamente encuentra medios de sustentarse, de forma duradera, en un cuadro en que las condiciones de la economía global sean favorables, especialmente en lo tocante a la dinámica del comercio internacional. Y, mismo así, deja como consecuencias la desnacionalización del parque productivo, la regresión industrial, y la dependencia estructural a las exportaciones del complejo agromineral, la corrosión de las finanzas públicas por la carga de los intereses y la creciente mercantilización de los servicios de salud y educación, entre otras graves deformaciones.
Esto se da como resultado de algunas características del orden macroeconómico que en líneas generales prevalece desde 1999, a partir del acuerdo firmado por el gobierno FHC (Fernando Henrique Cardoso) con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y que dieron continuidad a la integración del país al mercado global, de una manera subalterna, principal característica del proceso que nos llevó al Plan Real en 1994.
Con la desaceleración de la economía china, la continuada crisis en la zona euro y los impasses e incertidumbres que todavía marcan la superación de la crisis en los Estados Unidos, el primer mandato de Dilma enfrentó fuertes dificultades para reeditar lo que fue el llamado neodesarrollismo, la época del segundo mandato de Lula. Por mala conducción de la política económica y por presiones del sector privado, la tasa de inversión pública cayó, el crecimiento económico se vio paulatinamente reducido, las apelaciones a los inversores privados y externos para que apostasen en los programas de concesiones de proyectos de infraestructura no fueron bien sucedidos y el resultado perseguido por el gobierno -la retomada del crecimiento económico- es absolutamente frustrante.
Esas son la razones que determinaron la trayectoria de bajo crecimiento que marca el primer mandato de Dilma. En 2014, año electoral, las inversiones federales crecen, pero las condiciones de sustentabilidad del modelo, a partir de las premisas liberales, comienzan a ser cuestionadas. Este factor, en combinación con las consecuencias, en el plano político, de la investigación de la Operación Lava Jato -dejando cada vez más en evidencia las responsabilidades del gobierno y provocando su propia vulnerabilidad-, produce cambios que fueron anunciados luego de la victoria electoral de Dilma.
El problema es que el resultado de ese “giro” anunciado no causó el efecto esperado: para su base electoral y política, representó un mazazo; para la oposición de derecha, apenas una rendición política e ideológica a sus propias posiciones, pero principalmente una total demostración de fragilidad.
Pero que eso, la nueva orientación económica, con la elevación de la tasa de interés, cortes presupuestarios, restricción a derechos laborales y previsionales y la desastrosa política adoptada en relación a Petrobrás, y al conjunto del sector de ingeniería del país -en función del involucramiento de las grandes empresas constructoras en la Operación Lava Jato-, fue decisiva para producir recesión, desempleo, fuerte caída en la recaudación y una espectacular pérdida de popularidad de un gobierno que acababa de ser reelecto.
Con un cuadro como ese, producido por el propio gobierno, la oposición de derecha -bajo el comando de fuerzas que desde el primer momento de la derrota electoral de 2014 cuestionaron la victoria del oficialismo y enamoraron la tesis del impeachment- se vio con el campo abierto para su acción.
La aparente contradicción de las opciones de Dilma revela la ambigüedad del lulismo: con fuerte apoyo entre los más pobres, por causa de los efectos positivos que los gobiernos pos-2002 produjeron para esos segmentos su éxito depende, sin embargo -en función de sus opciones de política económica y de su conversión a los postulados de credo liberal-, del apoyo político que los sectores hegemónicos de la economía puedan brindarle.
.Esa fue la razón esencial para la “guiñada” de Dilma entre la campaña electoral y el período subsiguiente: presionada por las consecuencias de la Lava Jato, el gobierno no podría romper con la base política que sustenta el modelo económico de apertura financiera, de cambio fluctuante, de pretendida disciplina fiscal y de uso de la deuda pública para el financiamiento del desorden financiero generado por la política monetaria. La idea de llevar un dirigente del Bradesco al Ministerio de Hacienda -una propuesta de Lula- obedeció a esa lógica.
Con todo, con las desastrosas consecuencias producidas por la política adoptada, por el creciente desgaste de las investigaciones de la Jato y por la pérdida de su productividad, turbonada por manifestaciones de masas contrarias al gobierno y estimuladas por medios de comunicación de masas, el segundo mandato del gobierno Dilma se metió en un callejón sin salida. Se puede afirmar que Dilma escogió para contemplar, buscando supuestamente la garantía para su gobernabilidad, pero no le resultó.
Ese es el contexto que nos llevó al esdrújulo proceso de impeachment, que ahora se tramita en la Cámara de Diputados, y de desenlace imprevisible.
En el plano de la política parlamentaria y partidaria, a su vez, el embrollo no es menor. Las investigaciones de la Operación Lava Jato van revelando los bastidores de la política real, la subordinación de casi la totalidad de los partidos a los grupos económicos financiadores de las campañas millonarias y el pesado juego financiero para la obtención o establecimiento de acuerdos y alianzas, entre partidos y líderes políticos.
Quien ya tuvo la oportunidad de leer el contenido de las llamadas delaciones premiadas -ya homologadas por la Justicia- del senador Delcídio Amaral o de Pedro Correa, ex-presidente del PP (Partido Progresista), la reciente entrevista dada al Estado de San Pablo por Roberto Jefferson, tendrá un cuadro cristalino del bandidaje en que se transformó la política brasilera, a partir del protagonismo de los actuales partidos que la hegemonizan. También de la nota divulgada por el Grupo Odebrecht, donde fue explicitado el compromiso de la empresa “por una colaboración definitiva con la Operación Lava Jato”, esta acción investigadora y judicial es caracterizada como reveladora de la “existencia de un sistema ilegal e ilegítimo del financiamiento del sistema partidario y electoral del país”. Más claro imposible. Y, convengamos, por gente que conoce la tela...
Por tanto, bajo el punto de vista del modelo económico y del sistema de representación político-partidario, hay evidentes señales de una falencia y desmoralización generalizadas.
¿Mientras tanto, cuales los caminos posibles para imaginarnos una superación de esas dos dimensiones de la sociedad contemporánea brasilera?
La terapia propugnada por los liberales, y que el gobierno Dilma intenta asumir, busca ampliar las ramas del presupuesto público bajo control de grupos privados, reducir el costo del trabajo y abrir nuevas oportunidades de negocios a los dueños del capital. No hay ningún proyecto consistente de reorganización de la economía, buscando reducir la dependencia económica del país, dotar el Estado de una mayor capacidad de inversión, definir una estrategia consistente de crecimiento industrial o instituir una verdadera justicia tributaria. La estrategia liberal es apenas defensiva, en lo tocante a la preservación de los intereses ya dominantes, y agresiva en relación a los derechos sociales y económicos de millones de brasileros.
El finado PT -extinto por sus propios dirigentes, con apoyo de largas parcelas de su bases y la connivencia y silencio de la mayor parte de su antigua intelectualidad- cumplió hasta finales de los años 1990 el papel de resistencia y alternativa posible a la hegemonía liberal, que entonces se imponía en el país. Con la metamorfosis política e ideológica del antiguo PT, lo que asistimos, de allá para acá, especialmente a partir de la llegada de ese agrupamiento al gobierno federal, fue la desarticulación avanzada y orgánica de una capacidad crítica y propositiva, buscando la construcción de una contra-hegemonía liberal. El neoPT que emerge de las mutaciones producidas por el lulismo nada tienen que ver con el antiguo PT, transformándose en el pilar del neoliberalismo, además de haberse contaminado de vicios, deformaciones y comportamientos irreversibles.
La izquierda que no se rindió, sectores ligados a la defensa del nacionalismo revolucionario y segmentos de los movimientos sociales, en lucha contra los ataques del capital, sufrieron y sufren las consecuencias que el cambio lulista produjo y no presentan, todavía, una alternativa al cuadro de crisis profunda en que nos encontramos.
Innegablemente, el transformismo representado por el neoPT dejó un vacío todavía no llenado.
Ahora, muchos de esos sectores están en la calles, en la denuncia del artificial y forzado impeachment contra Dilma, junto a las bases del lulismo. Se trata de palanquear un proceso cuyo objetivo es acelerar los objetivos del recetario liberal, con gravísimas consecuencias para los derechos sociales, la soberanía nacional y al fortalecimiento del Estado, en una perspectiva que interese a los trabajadores.
Caso el actual proceso de impedimento de la presidenta sea frenado, nuevos embates estarán en la agenda, pues los sectores dominantes parecen convencidos, al menos hasta ahora, de que la funcionalidad del neoPT perdió su validez.
Hay, por tanto, un largo camino de lucha, para que se creen las condiciones -en el campo popular- de alternativas sistémicas al modelo económico liberal periférico y al actual sistema político, fundado en el interés de las grandes corporaciones empresariales y en su poder económico.
Esos son los gigantescos desafíos colocados para los que aspiran a las transformaciones estructurales exigidas para un país soberano y, de hecho, democrático. Hasta allá, lo que podemos afirmar es que la lucha, y la agonía, estarán en curso.
* Economista.
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