Colombia - Territorio hostil para sindicalistas
El gobierno que negocia la paz con las
Farc no asegura condiciones mínimas de seguridad a los sindicalistas: el 60 por
ciento de las agresiones que ocurren en el mundo contra ellos sucede en
Colombia.
Iván M García
Brecha, Montevideo, 12-2-2016
Desde 1977, 3.089 militantes de
sindicatos colombianos han sido asesinados y otros 236 desaparecieron, 6.744
han recibido amenazas y 1.890 han debido abandonar su lugar de residencia y
desplazarse a otras áreas. Los datos, de la Escuela Nacional Sindical (Ens),
pintan un mal panorama para los defensores de los derechos de los trabajadores.
Solamente en este año los asesinatos suman ya 18, hay al menos dos
desaparecidos y se han producido más de 80 amenazas.
La violencia contra los defensores de
los derechos de los trabajadores es sistemática en Colombia, según revelan
varios informes de esta entidad. “Es diferente a otros países de América
Latina, en los que las amenazas se iniciaban y terminaban al compás de una
dictadura militar. Aquí no. Aquí se han dado siempre. Y desde la década de 1980
los asesinatos de dirigentes son frecuentes”, dice Eugenio Castaño,
investigador y portavoz de la Ens.
A Alexandra Bermúdez se le partió la
vida en dos. Dejó atrás su país, donde se dedicaba a la defensa de los derechos
de los trabajadores, y se trasladó a España bajo el amparo de Amnistía
Internacional (AI).
Bermúdez se echó a la calle junto a
otros compañeros para exigir que se investigara la muerte, a principios de año,
de Carlos Alberto Pedraza, dirigente de movimientos de defensa de los derechos
humanos. Días más tarde, 13 de sus compañeros del Congreso de los Pueblos,
organización que acoge a defensores de derechos humanos, sindicalistas y
líderes campesinos, fueron detenidos tras una manifestación. Los acusaron de
ser miembros de la guerrilla del Eln, ya que portaban petardos y pólvora para
hacer ruido durante la marcha. “Eran policías. De civil y otros con uniforme.
Me seguían, y también a mi marido cuando llevaba a nuestra hija a la guardería.
O dejaban que les viéramos allí delante nuestro, cuando estábamos con toda la
familia en el parque. Se acercaban y nos hacían fotos. Querían que les
viéramos”, relata la joven desde Logroño, España, donde vive bajo un programa
de acogida a defensores de derechos humanos de AI.
La influencia del conflicto
Colombia está inmersa en un conflicto a
cuatro bandas desde hace décadas. Las guerrillas de las Farc y el Eln, las
bandas criminales surgidas tras y por la desmovilización de los paramilitares
de las Autodefensas Unidas de Colombia, y el Ejército, se disputan palmo a
palmo la selva y los bosques, donde coexisten campamentos insurgentes,
plantaciones de coca y amapola y corredores para el narcotráfico a Estados
Unidos.
Domingo Tovar, responsable de Derechos
Humanos y Solidaridad de la Central Unitaria de Trabajadores, añade otros
frentes. “También hay lucha social, y es ahí donde el sindicalismo se ha
erigido como un actor político con cada vez más posiciones. Y con cada una de
esas posiciones públicas hay uno de los actores del conflicto que sale
lacerado. Y luego ese actor afectado termina por atacar a los sindicalistas”,
explica. Muestra de ello son las medidas coercitivas contra el movimiento
social, como la ley 1.453 de seguridad ciudadana, que prohíbe las marchas y
manifestaciones. “Los sindicatos, además de reivindicaciones gremiales,
proponen un nuevo modelo de sociedad. Por ello nunca han sido reconocidos como
un interlocutor válido por el Estado. Cuanto más reclaman más duro les dan.
Porque el establishment se ve amenazado por esa nueva propuesta social”,
argumenta Castaño.
No sólo del Estado o los poderes
económicos viene esa violencia. El informe “Nos hacen falta”, de la Ens,
observa otras amenazas. Los paramilitares atacaron no pocas veces a los
sindicatos con el pretexto de que en ellos había guerrilleros infiltrados. Las
Farc y el Eln llevan a cabo a su vez lo que el informe recoge como violencia en
forma de “instrumento de corrección ideológica”. Las guerrillas consideran que
el movimiento sindical debe moverse entre unos parámetros políticos
determinados. Si no es así, asesinan al líder responsable de esa supuesta
traición, señala el documento. “Es cuando se denuncia y se acusa a cierta
persona u organismo que empiezan las amenazas y persecuciones”, apunta Edgar
Páez, vocero del sindicato de la industria de alimentos Sinaltrainal, que
alberga a trabajadores de Nestlé y Coca-Cola, entre otras empresas.
Los operarios de la planta de Nes-tlé en
Bugalagrande (Valle del Cauca) llevaron a cabo una huelga de hambre en octubre
de 2013 para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Las amenazas de Los
Rastrojos, una de las bandas criminales de esa zona no tardaron en aparecer:
“Declaratoria de exterminio. Guerrilleros malparidos hijos de puta sigan
camuflados en Sinaltrainal como brazo ideológico de la subversión. Las
protestas en la empresa Nestlé de Bugalagrande no las compartimos, como tampoco
el maltrato a directivos de Nestlé y la constante calumnia a una empresa buena
que brinda desarrollo social (…) de Los Comandos Urbanos de Los Rastrojos”.
Días después el trabajador miembro de
Sinaltrainal Óscar López Triviño fue asesinado tras 25 años trabajando para la
multinacional suiza. “Nos tuvieron que matar a 13 compañeros, dos más jubilados
y la esposa de uno de ellos para que finalmente se sentaran a hablar con
nosotros”, asegura Páez. “Así no es extraño que tan sólo el 3 por ciento de los
trabajadores estén sindicalizados en este país”.
Nestlé ya había pasado por otro episodio
similar con el asesinato de Luciano Romero, sindicalista de Si-naltrainal, en
2005. Y compañías como Coca-Cola, Chiquita Brands y la minera Anglogold Ashanti
también se han visto envueltas en escándalos por vínculos con el
paramilitarismo.
Javier Orozco estaba muy cansado de ver
como “asesinaban a compañeros”. Formaba parte de la dirección general de la Cut
en Bogotá, pero al igual que Alexandra Bermúdez decidió poner punto final a la
inseguridad viajando a España. Hoy vive en Asturias, donde coordina el Programa
Asturiano de Derechos Humanos. “De los más de 3 mil asesinatos, 500 se
atribuyen a la policía, unos 100 a la Fiscalía… ¡A la Fiscalía! Y unos 2 mil a
los paramilitares. Y de todos ellos, el 97 por ciento queda sin investigar.”
Según Alexandra Bermúdez la solución
pasa por un cambio de modelo social y económico. “Hay que ir más allá de la
consecución de la paz en las negociaciones de La Habana con las Farc. Hay que
acabar con el conflicto armado, pero también con el conflicto social. Hay que
consultar y tener en cuenta a los movimientos de base para la construcción de
un nuevo modelo de país.” Y las trasnacionales europeas y estadounidenses que
trabajan en Colombia deben a su vez explicar “por qué en una relación laboral
normal se ha asesinado a miles de trabajadores”.
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