“En Bolivia el divorcio entre movimientos sociales y gobierno es notorio”
Entrevista a Marco Gandarillas,
director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB)
Erika González *
En estos últimos meses, la tensión
entre el gobierno de Bolivia y algunas organizaciones sociales ha ido a más. En
agosto pasado, Álvaro García Linera acusó a cuatro de ellas de estar mintiendo
para favorecer a intereses y empresas extranjeras; según el vicepresidente,
reciben dinero del exterior para que “nos convirtamos en guardabosques”. Entre
esas organizaciones estaba el Centro de Documentación e Información de Bolivia
(CEDIB), un centro de estudios que alberga el mayor fondo hemerográfico del
país y tiene una amplia trayectoria en la difusión de pensamiento crítico, que
respondió diciendo que “se intenta acallar nuestros estudios, que muestran la
inviabilidad del extractivismo”. Aprovechando su paso por Madrid esta semana,
entrevistamos a Marco Gandarillas, director ejecutivo del CEDIB, para conocer
sus impresiones sobre esta y otras cuestiones relacionadas con el momento
actual que vive Bolivia.
-El gobierno boliviano ha sostenido
que la fase extractivista es indispensable en el corto y medio plazo para
alcanzar el “buen vivir”. ¿Es posible partir del extractivismo para llegar a
ese “buen vivir”?
La primera cuestión es que había la
creencia de que no se podía, ni se debía inicialmente, hacer un desacople de la
globalización, es decir, del papel histórico de Bolivia de ser un proveedor de
materias primas y recursos naturales. De lo que se trataba, en opinión de los
gobernantes, era de sacar un mayor provecho de esta relación, casi necesaria, a
través de impuestos. Creo que este es el inicio del círculo vicioso que ha
llevado a una profundización del extractivismo.
En el momento en que entra Evo
Morales al gobierno se da un cambio en la economía mundial: suben los precios
de casi todas las materias primas, como el petróleo, los minerales y la soja.
Esto repercute en mayores ingresos para el Estado boliviano y, en consecuencia,
en una profundización de la dependencia de las exportaciones, en vez de en un
desacople de la globalización. Se da, además, un cambio fundamental en la
manera de concebir el Estado en la economía: este pasa a ser un gestor de las
exportaciones, su papel fundamental es garantizar que haya un flujo constante
de materias primas al exterior, que no se interrumpa de ninguna manera. Así que
se orienta la mayor parte del presupuesto público a mantener este flujo. Y esta
es la curiosa particularidad de la nacionalización del gas: no se nacionalizan
los campos, lo que más se nacionalizan son las infraestructuras de transporte.
Con lo que este deja de ser un costo para las empresas privadas, que son las
principales extractoras.
-¿YPFB no tiene un fuerte papel en la
exploración y explotación de petróleo?
En la exploración sí, porque es una
inversión sin retorno. Es como en los años previos a la privatización, cuando
el Estado hizo una inversión enorme en exploración para determinar los lugares
donde había yacimientos. Pero luego se dio a las empresas la exploración
específica orientada a la explotación. Es decir, el mayor riesgo que hay en el
sector se asume por el Estado y se aminora para las compañías.
El Estado dijo “queremos ser socios
de las empresas, no que sean patrones”. Esa sociedad consiste en que las
compañías exportan y Bolivia les da todo tipo de facilidades a nivel comercial,
de infraestructuras, de régimen impositivo, laboral y ambiental, para tener las
rentas. Cuanto más exporten, más gana el Estado. Y ahora, con la caída de los
precios, para compensar la pérdida de ingresos se tiene que exportar más y las
inversiones del Estado se destinan a este fin. Este es el círculo vicioso.
-Entonces, ¿hacia dónde se dirigen
principalmente los ingresos públicos?
La enorme cantidad de recursos que
recibe el país por este boom le ha generado un problema: tiene más recursos que
nunca en la historia, sin tener claro cuáles deben ser las prioridades en la
inversión pública. De forma muy pragmática, se decide que las inversiones
prioritarias se destinen a favorecer las exportaciones y entonces el 80% se
destina a todo lo que las facilite y las amplíe. Entonces, esto repercute en el
país en la proliferación de infraestructuras; como deben hacerse con mucha
rapidez, eso conlleva incumplir acuerdos sociales y legales que involucran los
derechos de aquellos que van a ser afectados, sobre todo de los pueblos
indígenas.
Según el gobierno, son decisiones a
las que nadie tiene derecho a oponerse, quien lo haga está atentando contra los
intereses y la seguridad del Estado. De esa manera, transforma toda esta
energía social, que va cuestionando el ritmo de la política económica, en
enemigos internos a los que hay que reprimir. En muy poco tiempo, entre 2010 y
2011, se dan las primeras y a la vez más fuertes acciones represivas del Estado
hacia las personas que cuestionan esta manera de conducir el proceso. La marcha
contra la construcción de una carretera a través del TIPNIS (Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) se hace emblemática por eso, porque
supone una represión nunca antes vista hacia el sector más vulnerable, los
indígenas amazónicos, y contra una parte de la sociedad urbana que les apoya.
ONG ambientales, defensoras de pueblos indígenas y organizaciones de derechos
humanos, entre otras, son duramente atacadas, catalogadas como “enemigas del
desarrollo”. Y se les trata de vincular, sin ningún tipo de prueba, con
movimientos separatistas o con fuerzas de la derecha internacional.
-¿Por qué se utiliza una estrategia
de represión y no de diálogo?
Creo que por la naturaleza de la
política. El gobierno se halla ante el hecho de mantener el flujo de las
exportaciones y esto supone hacer las cosas muy rápidamente. Por ejemplo, hay
que hacer una carretera en seis meses, lo que significa construir sin el
concurso y el convencimiento de la sociedad, más bien contra la sociedad. La
rapidez está marcada por la demanda del mercado; es decir, si se necesita aumentar
la producción de soja para compensar la caída de precios, esto se debe realizar
rápidamente. Y si se hace un proceso de consulta a los indígenas, puede que
tarde dos años. Si estamos hablando de hacer las cosas bien, respetando a la
sociedad y el medio ambiente, supone entrar en otra dinámica en tiempos. El
gobierno va entendiendo, entonces, que su proyecto económico, extractivista a
ultranza, supone desconocer derechos.
Por el lado social lo que se produce
es una enorme desilusión y, en algunos sectores, desmoralización. Porque es un
proceso en el que apostaron todo y, de pronto, no es más suyo sino que responde
a intereses empresariales, de grandes transnacionales. Más bien se les
considera hostiles y enemigos por reclamar sus derechos o por exigir participación.
Y este divorcio entre movimientos sociales y gobierno es cada vez más notorio.
Para mí representa el surgimiento de un nuevo proceso social, nuevo porque ha
habido un punto de ruptura con nuestra tradición política previa. Hay muy poco
que recuperar de las organizaciones históricas, porque casi no existen. El
sector que ha quedado desprovisto de sus organizaciones tradicionales se
organiza de otra manera, de formas novedosas, fuera de estructuras
tradicionales. Es un movimiento social más heterogéneo, pero que tiene más
posibilidades de evitar la cooptación estatal. Y que es duramente perseguido.
-Más allá de los sectores más
afectados, ¿cuál es la respuesta de la población?
Inicialmente se dio un debate que
también fue inédito; un debate entre desarrollo y conservación que partía,
desde el lado gubernamental, de la idea de que hay un costo que hay que asumir:
hay quienes se van a perjudicar pero Bolivia tiene que desarrollarse, a pesar
de unas minorías. Pero ahí la sociedad empezó a ver con cierta claridad que no
se trataba de unos pocos frente a una mayoría, sino de algo que beneficiaba en
el fondo a la globalización. Es decir, que la construcción de una carretera,
como la que pretendía atravesar el TIPNIS, iba a beneficiar a los empresarios
de la soja porque su objetivo principal era facilitar la exportación de este
producto.
Fue el momento inicial del divorcio
entre una parte que apoyó decididamente el proceso de cambio. Los pueblos
indígenas amazónicos fueron un pilar fundamental, y las organizaciones de
derechos humanos y ambientalistas fueron parte del movimiento; su alejamiento
hizo que el gobierno interpretara que la oposición no era tanto la derecha
política, sino que iba a ser la sociedad organizada independiente del Estado. Y
entonces diseña una estrategia, que ahora está probada, de ilegalización de
estos movimientos sociales independientes.
-Ante esta situación, ¿cuáles son los
escenarios de futuro?
Hay que tener en cuenta el derrumbe
de los precios de las materias primas. El gobierno, entonces, tiene que
replantearse varios de sus proyectos porque son económicamente inviables; va a
tener que gestionar una crisis económica. Por otra parte, está gestionando una
crisis política, y lo digo porque este divorcio con la sociedad se ha vuelto problemático.
Por ejemplo, en Potosí, que votó masivamente a favor de Evo Morales, ha estado
paralizada la ciudad con una movilización de casi dos meses.
Desde el lado de la sociedad, el
dilema actual es si se va a seguir apostando por encaminar las energías hacia
lo electoral o si, por el contrario, se va a apostar por recuperar y fortalecer
el tejido social. Es posible que la crisis económica haga que el gobierno tome
cualquier medida que tenga un impacto negativo en la calidad de vida de la
sociedad y sin el respaldo social que tuvo, lo que puede dar lugar a una
conflictividad inmanejable. Lo que se perfila es un escenario donde va a ganar
protagonismo la movilización social.
* Erika González es investigadora del
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) –Paz con Dignidad.
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