Brasil - Crisis política: fin de un ciclo sin otro a la vista
Mario Osava
IPS, Río de Janeiro, 13-8-2015
La crisis que atormenta a los
brasileños es básicamente política y no permite vislumbrar una salida. Es
el fin de un ciclo, según variados análisis, pero no hay indicios de que se
esté gestando algo nuevo.
Brasil vive una “crisis de
hegemonía”, en que no hay fuerzas políticas con propuestas consistentes y
capaces de darle algún rumbo al país en la disputa por el poder, según el
director del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase),
Cándido Grzybowski.
“El riesgo de ese vacío es que puede
acontecer una sorpresa, como el ascenso de un ‘salvador de la patria’ al
poder”, dijo a IPS. Los ejemplos que suele mencionar van de Adolf Hitler y
Benito Mussolini a los más recientes, como Fernando Collor, expresidente brasileño
inhabilitado por corrupción en 1992.
“La Constitución de 1988 falló al no
renovar la política, no cambió las reglas para los partidos, que siguen con el
monopolio del proceso electoral. La democracia está aún por hacerse en esa
área”: Cándido Grzybowski.
Pero lo más evidente para la
población es la economía, que entró en una recesión en 2014 que se pronostica
que se prolongue durante 2016, con desempleo e inflación en alza, y el
escándalo de corrupción en los negocios de la estatal petrolera Petrobras que
ya encarceló a grandes empresarios y amenaza a muchos líderes políticos.
En esa crisis de múltiples
dimensiones, la presidenta Dilma Rousseff enfrenta además una rebelión de
aliados en la Cámara de Diputados, un rechazo popular récord según las encuestas,
presiones por su inhabilitación o renuncia y la reanudación de protestas en las
calles, con anunciadas nuevas movilizaciones para el 16 de agosto.
El gobernante Partido de los
Trabajadores (PT) perdió, según los términos de Grzybowski, la hegemonía que
hizo efectiva con el triunfo de su líder máximo, Luiz Inácio Lula da Silva, en
las elecciones presidenciales de 2002.
Resistió el escándalo de 2005, en que
tuvo sus principales dirigentes presos, acusados de obtener recursos
fraudulentos para sobornar parlamentarios. Por eso logró la reelección de Lula
en 2006 e imponer como sucesora a Rousseff, también reelegida en 2013.
Pero las actuales investigaciones del
Ministerio Público Federal (fiscalía general) y la Policía Federal sobre el
pillaje en los grandes proyectos petroleros son arrolladoras.
El PT es apuntado como principal
articulador de la red que desvió, según estimaciones de Petrobras basadas en
las investigaciones judiciales, el equivalente a cerca de 1.800 millones de
dólares. Dos de sus dirigentes están detenidos desde el 3 de agosto.
Por lo menos 23 acusados decidieron
colaborar con la justicia y otros negocian acuerdos de delación para reducir
penas, un mecanismo legal brasileño que permite a los jueces obtener
informaciones cada día más detalladas y más extensas sobre la corrupción aparentemente
generalizada en muchos sectores.
Decenas de empresarios presos,
incluyendo los presidentes de las dos mayores constructoras brasileñas, son un
resultado parcial del proceso. Pronto será la vez de los políticos que solo
pueden ser juzgados por el Supremo Tribunal Federal, un privilegio de los
parlamentarios y altos miembros del gobierno.
Ya están involucrados por lo menos 31
legisladores, incluyendo los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo
Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, además de dos gobernadores estadales y 14
exparlamentarios, la mayoría del PT y de su principal socio en la coalición
gobernante, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
“Es el fin de un ciclo del PT
hegemónico, en que adoptó prácticas tradicionales de la política brasileña
desde el inicio de la República”, en 1889, admitió Tarso Genro, dirigente
e ideólogo del partido, quien fue ministro de Justicia y de Educación con Lula
y luego gobernó el estado de Rio Grande do Sul.
Los problemas éticos del PT, al
involucrarse con la corrupción, “son un componente secundario, que deriva de la
visión política tradicional a que se rindió”, evaluó para IPS.
Para superar su crisis actual “tendrá
que reinventarse, preservar su visión utópica, pero eso no significa volver a
sus orígenes”, los sindicales de las décadas de los 70 y 80. “Hoy se reconoce
que tenemos una sociedad mucho más compleja”, arguyó Genro, abogado ahora
dedicado a “refundar” su partido.
Grzybowski duda de la posibilidad de
reformar el PT como una fuerza de transformación capaz de recuperar la
hegemonía. La razón es que todo el esfuerzo pasa por “un sistema político
colonizado, heredado de la dictadura militar”, que no favorece respuestas a las
demandas de la sociedad.
“La Constitución de 1988 falló al no
renovar la política, no cambió las reglas para los partidos, que siguen con el
monopolio del proceso electoral. La democracia está aún por hacerse en esa
área”, sostuvo el sociólogo que dirige Ibase, una de las organizaciones no
gubernamentales más reconocidas de Brasil.
Esa Constitución, que
institucionalizó la redemocratización brasileña tras la dictadura militar de
1964 a 1985, reconoció derechos de variados sectores sociales, como los de los
indígenas sobre sus tierras ancestrales, la niñez, los discapacitados, a la vez
que detalla los deberes del Estado.
Por eso es atacada por economistas
ortodoxos como fuente de gastos públicos crecientes, imponiendo el crónico
aumento del déficit fiscal y de la carga tributaria, cuyo agravamiento en los
últimos años conspira contra el gobierno de Rousseff. Eso frena el crecimiento
económico, aducen.
Pese a esas críticas es prácticamente
imposible movilizar multitudes en contra de una Constitución que representa
conquistas para la mayoría de la población. Es un factor de estabilidad, que
favorece la permanencia de la presidenta, amenazada de inhabilitación u otros
mecanismos de destitución legal casi desde que comenzó su segundo cuatrienio,
en enero.
La alternativa, en la visión
opositora, es mantener un gobierno en agonía hasta enero de 2019, con la
economía y la situación social en deterioro.
“Ella enfrenta una crisis anunciada,
por las promesas hechas durante la campaña electoral del año pasado”, según
João Alberto Capiberibe, senador del Partido Socialista Brasileño, que abandonó
la coalición gobernante en 2013.
“Pero la crisis de credibilidad no
afecta solo Rousseff, ella es la síntesis de la política nacional, en que
también el Congreso Nacional está sumergido en el descrédito”, sentenció a IPS.
El problema no es la Constitución,
sino “el clientelismo, el exceso de empleos públicos y la corrupción” que
imponen “gastos desenfrenados los gobiernos tanto en el nivel nacional, como
estadual y municipal”, opinó el senador.
“Sin cambiar el sistema electoral
nada cambia”, afirmó, defendiendo el fin del financiamiento empresarial de las
campañas “para que el poder económico no siga determinando quien será elegido”.
“Ningún país del mundo gasta tanto como Brasil en su proceso electoral”, acotó.
Pero ese simple cambio no tiene apoyo
en el parlamento.
En el Supremo Tribunal sí, una
mayoría de seis de sus 11 magistrados consideró inconstitucional el apoyo
financiero de empresas a candidatos, acogiendo una acción del Colegio de
Abogados de Brasil. El argumento fue que las empresas no tienen derechos
políticos.
Pero el pedido de un magistrado de un
periodo de tiempo para examinar mejor el asunto, suspendió la publicación del
fallo y frustró el movimiento por reducir costos y por ende la corrupción en
los procesos electorales brasileños.
Gran parte del dinero desviado de
Petrobras se destinó, según los acusados, a financiar campañas electorales y
partidos.
Eso y la hegemonía del PT hacen parte
de un ciclo que parece terminar en Brasil, pero en el horizonte, por ahora,
solo aparecen incertidumbres.
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