Justicia guatemalteca someterá a ex dictador a nuevo juicio por genocidio
Otro dictador que se enferma cuando lo
llevan a los tribunales...
Estrategias contra la impunidad
y lucha por la JUSTICIA ante el genocidio de pueblos originarios
guatemaltecos
Latinoamérica ahora AFP
Ciudad de Guatemala (AFP) - El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos
Montt enfrentará desde el lunes un nuevo juicio por el genocidio de indígenas
en el norte del país durante su régimen de facto entre 1982 y 1983, una de las
épocas más cruentas de la guerra civil.
El octogenario general retirado será sometido de
nuevo a la justicia luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima
instancia judicial de Guatemala, anulara la condena de 80 años de prisión por
genocidio impuesta el 10 de mayo de 2013 por otro tribunal, al argumentar
errores procesales.
Junto a Ríos Montt también será procesado su ex
jefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez, absuelto en el primer
juicio.
"Ya se demostró que se cometió genocidio en
Guatemala y esperamos otra sentencia" condenatoria, dijo a la AFP Héctor
Reyes, abogado de sobrevivientes y familiares de las víctimas de matanzas
ocurridas en la región Ixil, en el norteño departamento de Quiché, atribuidas
al régimen de Ríos Montt.
Según la acusación de la Fiscalía y querellantes en
el proceso, el ex dictador de 88 años orquestó una política de exterminio
contra el pueblo indígena, al que señalaba de colaborar con las guerrillas
izquierdistas durante el conflicto armado.
"Solo en el
periodo de Ríos Montt" del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983
"fueron asesinados un aproximado de 1.771 indígenas del grupo étnico
maya-ixil, sin contar los otros grupos étnicos mayas", agregó Reyes.
Estrategia de retraso
El martes pasado, la defensa de Ríos Montt
interpuso una solicitud para separar a la jueza Janeth Váldez, presidenta del
Tribunal de Mayor Riesgo B, a cargo del proceso por genocidio, tras señalar que
la jurista tiene una "opinión parcializada" del caso.
Luis Rosales, abogado del militar, basa su
argumento en una tesis académica elaborada por Váldez en 2004 sobre el
genocidio en Guatemala en la que "se refiere por nombre y apellido al
general Ríos (Montt)", a quien imputa la responsabilidad de graves
violaciones a los derechos humanos.
Para Reyes, abogado del querellante Centro para la
Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), recusar a la jueza a pocos días de
arrancar el juicio es una estrategia para aplazar el debate.
"Definitivamente esta es una estrategia para
retrasar el inicio del proceso, sabemos que este caso siempre estará permeado
por algunas acciones jurídicas que van a plantearse para intentar
retrasarlo", declaró Reyes.
El planteamiento del defensor de Ríos Montt no ha
sido resuelto, por lo cual el tribunal mantiene vigente el inicio del debate
para el próximo lunes.
Ríos Montt también solicitó ausentarse durante el
debate, tras aducir padecimientos en la columna vertebral debido a su avanzada
edad, además de problemas cardíacos y oftalmológicos.
Amnistía, solicitud pendiente
En paralelo al juicio, Ríos Montt espera que la
justicia guatemalteca decida si le otorga una amnistía concedida a militares e
insurgentes en 1986, aplicable a los delitos cometidos durante la guerra a
partir de 1982.
En octubre de 2013, la CC aceptó un recurso a favor
de Ríos Montt y pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exponer los
argumentos por los cuales un juzgado le denegó la amnistía al ex dictador en
marzo de 2012.
Sin embargo, el expediente ha pasado por varias
salas de apelaciones debido a que casi un centenar de magistrados se han
excusado de conocer la orden del ente constitucional o han sido recusados por
querellantes y abogados de Ríos Montt.
El decreto de amnistía que la defensa quiere
aplicar fue firmado por el también ex dictador Óscar Mejía (1983-1986), quien
derrocó a Ríos Montt.
No obstante, la Ley de Reconciliación Nacional
aprobada en 1996 dejaba sin efecto las anteriores y determinaba que el
genocidio y violaciones de lesa humanidad no prescriben.
La guerra civil guatemalteca causó unos 200.000 muertos o desaparecidos entre 1960 y 1996, con más del 90%
de los crímenes atribuidos a las fuerzas de seguridad del Estado, según reveló
una comisión de la verdad auspiciada por la ONU en 1999.
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