La característica más notable de la actual reforma educativa, por sobre otras iniciativas a las que en los últimos años se les ha dado ese nombre, es su visión sistémica y estructural de los problemas educativos. La iniciativa de regular inclusivamente los colegios particulares subvencionados, como estrategia inicial de la reforma, se entiende por el impacto positivo que ello tiene en el resto del sistema y, en particular, en los colegios públicos. Así, si la reforma tiene éxito, los padres ya no elegirán colegios para sus hijos por la “distinción” que otorga el precio de la colegiatura, con las consecuencias segregadoras que ello conlleva, sino por otros aspectos que se corresponden más genuinamente con un proyecto escolar. Esto generará una oferta legítima de colegios públicos y privados que se distinguirán por la diversidad de sus proyectos educativos y no, como ahora, en que se diferencian entre “pagados” y ”gratuitos” o entre “selectivos” y “no selectivos”.

Sin embargo, lo anterior puede tener resultados positivos solo si se aplica a todo el sistema educativo. La no selección y el no pago en educación son ideas muy potentes y cargadas de un trasfondo ético y ciudadano que, para ser legítimas, requieren de una universalidad en cuanto a su aplicación. Por ello, no puede ser que sean medidas buenas para unos y malas para otros. Ninguna legitimidad democrática funciona sobre el resguardo de excepciones en temas éticos. Lamentablemente es lo que, de no haber cambios, pasará con el sector particular pagado y con los colegios públicos en los que se plantea continuar con la selección.

Respecto de lo primero, tendremos que solo la súper elite del país podrá pagar por educación, como fue antes del financiamiento compartido y tradicionalmente en la historia de Chile, aunque la conciencia democrática de esa época todavía no reprobaba éticamente el pago por su carácter segmentador. Ahora la conciencia está. Si el pago es reprobable por estos efectos, ¿por qué las leyes permitirían que algunos sigan utilizándolo? Si asistir a colegios gratuitos y mezclarse socialmente –como dice el discurso oficial de la reforma– es bueno para todos, ¿cómo y con qué argumentos eximir de este beneficio a la súper elite que puede pagar $200.000 mensuales –o más– por cada hijo escolar? El resultado podrá ser la reconfiguración de una élite que se alejará aún más del resto. A ella el cambio no solo no le afectará sino que cínicamente podría afirmarse que los beneficiará: ahora definitivamente “los otros” no los molestarán con su presencia ni los amenazarán con su cercanía.

Es importante, de cara a esta “excepción”, retomar los argumentos político-públicos de la reforma y replantearse la pregunta ¿qué hay de malo en que unos se metan la mano al bolsillo, no le quiten plata al Estado mediante la subvención escolar y se paguen un colegio? La respuesta a esta pregunta la da el mismo discurso de la reforma: porque al hacerlo segmentan el sistema y esto es un daño a la sociedad. En efecto, al no “mezclarse” con otros sectores sociales en un ambiente escolar las clases sociales más altas privan a los niños de clases sociales más bajas del capital cultural y social de sus niños y familias. En palabras simples y a manera de ejemplo, si alguien que tiene un doctorado en una prestigiosa universidad europea, que habla otros idiomas, que tiene un buen sueldo, envía a sus hijos a una escuela donde los padres tienen menores capitales y credenciales culturales, pues gana esa escuela y esos padres. El capital cultural del connotado doctor y de sus hijos impacta, sin lugar a dudas, en la dinámica y aprendizajes de los demás niños. Primera conclusión: el hecho de que la elite educacional se autoclausure puede ser legítimo, pero es un daño para el resto de la sociedad. Sin embargo, el daño no termina acá; esta “autoclausura” también limita la formación humana, social y política de los hijos de los privilegiados, ya que empobrece la visión que poseen de la sociedad donde viven, al no enfrentarse, reconocer y dialogar con otros que poseen otras visiones y experiencias.

¿Qué hace una sociedad democrática respecto de aquellas conductas que, aun cuando sean no intencionales, generan un daño al conjunto de la sociedad? Hace lo que está haciendo la reforma al excluir el financiamiento compartido, el lucro y la selección.

Hasta acá hemos advertido de una importante ausencia, que será necesario subsanar más temprano que tarde. Sin embargo, vemos que se alzan voces y propuestas para ir en un camino inverso, como la propuesta reciente de permitir la selección por mérito académico en algunos liceos. Esto se plantea no solo como una medida justa sino también como beneficiosa para el sistema. El problema es que estamos hablando de eso, de un “sistema” y resulta evidente que la selección en esos colegios desatará la competencia en los alumnos de todos los otros colegios por ser seleccionados, habida cuenta de la captura de capital cultural que tales colegios “emblemáticos” realizarán. Al poco andar tendremos rankings de cuáles escuelas básicas logran traspasar más niños a estos liceos de excelencia y estos representarán una nueva elite que clausurará el ingreso a otros. Así, la selección en una parte del sistema se trasladará a todo el sistema.

En definitiva, la reforma debe tomar en serio su perspectiva sistémica y con ello pensar en desinstalar gradualmente aquellas instituciones y procesos que, generalmente sin intención por parte de sus actores, atentan contra una educación definitivamente inclusiva en el país. Simplemente no es legítimo que exista una elite educacional institucional en el nivel escolar.

Javier Corvalán y Juan Eduardo García-Huidobro
Académicos Universidad Alberto Hurtado