“Este es el punto más alto de la criminalización de la lucha social”, ha sostenido enfático Juan Angulo, director del diario El Sur de Guerrero en el programa de Carmen Arestigui en CNN, “alguien de los organismos de inteligencia del Estado ha creído que estos muchachos normalistas del pueblo de Ayotzinapa eran parte de una supuesta guerrilla porque están obsesionados con ver a guerrilleros en todas partes. No sería la primera vez que se usa a bandas criminales para golpear a movimientos sociales y a líderes populares...”. 

La matanza de los estudiantes mexicanos no es solo un asunto del crimen organizado sino un producto más, como los feminicidios de Ciudad Juárez, de un narcoestado cada vez más corrupto y abyecto que permite, con su labilidad y responsabilidad, estas conexiones entre el poder local y lejano del centralismo del D.F. y las mafias de carteles de la droga con la finalidad de cometer crímenes de Estado. En tanto que los responsables de estos son los funcionarios que mandaron matar, que permitieron matar y que no tienen la debida diligencia para investigar y sancionar estos crímenes. El ogro filantrópico —como lo llamó Octavio Paz— convertido hoy en un ogro a secas. 

Pero a diferencia de las muertas anónimas de Ciudad Juárez, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, miembros de la Federación de Estudiantes Socialistas y Campesinos, formaban parte de una movilización por la lucha de una educación pública digna. Estos estudiantes –estereotipados como guerrilleros por el gobernador de Guerrero, algo completamente absurdo– han sido como los otros tantos estudiantes de instituciones públicas de América Latina, los más pobres, los más despreciados, los más discriminados por un racismo vergonzoso y los más criminalizados, así como nuestros estudiantes, nuestros campesinos, nuestros defensores del agua. 

Lo que ha sucedido en Iguala debemos verlo como un antecedente latinoamericano y como un espejo donde proyectarnos: gobiernos locales corruptos, narcotráfico y crimen organizado, descomposición política general, candidatos corrompidos que ganan las elecciones por clientelismo, sicarios que matan por 13 monedas o menos, criminalización de la protesta y de los líderes sociales, persecución de líderes de movimientos sociales, paranoia de los sectores de inteligencia que ven guerrilleros o terroristas o antimineros por todos lados, leyes que permiten la inimputabilidad de policías o miembros de las fuerzas del orden, policías y miembros de las fuerzas del orden coludidos con el crimen organizado, impunidad en general, poco escándalo social en tanto que se trata de indígenas o mestizos de sectores empobrecidos o provincianos de los confines de nuestros países, indiferencia de los sectores medios y altos urbanos que siguen viviendo su fiesta del crecimiento e invisibilizando a los muertos de su felicidad. 

Las semejanzas con algo que pueda suceder en el Perú, en un futuro cercano, no es solo producto de un pensamiento pesimista sino de una racionalidad futurible que, por lo menos, debe alertarnos.
Y a los defensores de derechos humanos en México, así como a los padres y madres de familia de los estudiantes desaparecidos, hay que transmitirles el lema de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina que se ha convertido en un grito de dignidad en toda nuestra América: ¡Vivos los llevaron /  vivos los queremos!