GUATEMALA.- ¡Alto a las masacres contra campesinos e indígenas!
El problema campesino en Guatemala adquiere características muy
especiales. Esto se debe a que la inmensa mayoría del campesinado pertenece a
alguna de las etnias originarias, las cuales conservan su cultura, tradiciones,
sus leyes ancestrales, su visión del mundo y los trajes que les fueron
impuestos durante la colonia. Su cosmovisión les hace tener una visión peculiar
de la tierra que cultivan y los sostiene, visión que implica el respeto, la
conservación y el uso responsable de la Madre Tierra. Por ello la lucha por la
tierra está íntimamente ligada a la lucha por los derechos de las culturas
originarias y las organizaciones campesinas desarrollan ambos temas dándoles
igual importancia.
Desde mediados de agosto asistimos en Guatemala a un repunte de
las luchas campesinas e indígenas. El centro de la misma fue en un inicio la
demanda de derogación de la Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales, que
permitía el registro de cultivos transgénicos y también el registro y
privatización de las variedades vegetales que desde hace siglos se cultivan
libremente en el país. A esta lucha se unieron no solo las organizaciones
campesinas e indígenas, sino también maestros, estudiantes, intelectuales y
otros sectores populares. La fuerza y la unidad logradas no se veía desde el
segundo semestre de 2012, cuando numerosos sectores hicieron suyas y lucharon
por demandas que iban desde la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural hasta
la anulación de la reforma a la carrera magisterial y la nacionalización de la
energía eléctrica. La movilización de decenas de miles de indígenas y
campesinos logró que los diputados del Congreso de la República derogaran la
cuestionada ley.
Animadas por la fuerza lograda, las dirigencias campesinas, con el
apoyo de algunas organizaciones sindicales, decidieron continuar la lucha y
plantear otra serie de demandas, entre las cuales la que más destaca es la
aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, propuesta desde hace 15 años y que
lleva 10 engavetada en el Congreso. El 17 y 18 de septiembre el campesinado
indígena de nuevo se movilizó bloqueando carreteras en todo el país y
manifestando en la capital. El 18, en la sesión plenaria del Congreso se trató
aprobar la ley, pero al final el quórum fue roto por la Junta Directiva y
fracasó el intento. Los diputados aprovecharon para desviar la lucha y
encerrarla en una mesa de diálogo que discuta reformas que quedaron pendientes
desde 2012. El 22 y 24 la dirigencia campesina se intentó reunir con los jefes
de bloques, pero éstos los dejaron plantados.
En otro orden de cosas, el día 19 se posicionó de nuevo en las
noticias el conflicto entre pobladores de San Juan Sacatepéquez, en su mayoría
campesinos productores de flores, y la empresa multimillonaria Cementos
Progreso, que desde 2005 pretende instalar en el lugar una Planta de
producción. Ese día por la noche, agentes a sueldo de la cementera provocaron a
pobladores, dando como resultado 11 personas muertas, varias heridas y viviendas
destruidas. El gobierno, la cementera y los medios a su servicio han presentado
a las víctimas como victimarios, echando la culpa de los fallecidos a
pobladores que se oponen a la empresa, y el gobierno impuso Estado de
Excepción, realizando ya varias capturas.
Los desplantes de los diputados para con la dirigencia campesina
sin duda tendrá como resultado nuevas movilizaciones y bloqueos; habrá que
añadir a las demandas planteadas el levantamiento del Estado de Excepción y la
liberación de los presos en San Juan.
El problema campesino también es agudo en Honduras, donde las
grandes empresas agroindustriales y mineras han asesinado ya a decenas de
dirigentes que reclamaban el derecho a la tierra. Los socialistas
centroamericanos debemos plantearnos un programa de lucha que unifique las
demandas por la tierra, la defensa de los territorios y la defensa de los
derechos de las poblaciones originarias.
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