Brasil - Silencio en frente al drama del aborto clandestino
La espinosa cuestión permanece
ausente del debate político a una semana de las elecciones
Francho Barón, desde Rio de
Janeiro
El País, Madrid, 28-9-2014
A pocos días de la disputa electoral
en la que se decidirá el rumbo que tomará Brasil en los próximos cuatro años,
la espinosa cuestión del aborto permanece totalmente ausente del debate
político. El problema no es menor, pues anualmente se cobra incontables vidas y
deja dolorosas secuelas físicas y psicológicas en cientos de miles de mujeres
brasileñas que deciden abortar. Según los datos preliminares de un estudio
realizado por los investigadores Mario Monteiro y Leila Adesse, un mínimo de
685.334 y un máximo de 856.668 mujeres se sometieron en 2013 a procedimientos
de aborto clandestino. Los estudios no revelan, sin embargo, cuántas de estas
intervenciones desembocaron en la muerte de la paciente, ya que la
clandestinidad y el oscurantismo definen a este submundo en el que resulta casi
imposible extraer cifras con un mínimo de precisión. La Organización Mundial de
la Salud (OMS), sin embargo, estima que una mujer brasileña muere cada dos días
víctima del aborto ilegal.
Los recientes casos de Elizângela
Barbosa, de 32 años, y de Jandira Magdalena dos Santos Cruz, de 27, son
sintomáticos de que el aborto aun representa en Brasil un tabú social que
transita en la clandestinidad, más que un gravísimo problema de salud pública.
Frente a una inmensa mayoría de población católica y evangélica (ambas
confesiones aglutinan el 76 % de la población) y la ausencia de un debate
público en las últimas décadas, los partidos políticos brasileños optan por
mirar hacia otro lado y no hurgar en un asunto que podría volverse peligrosamente
contra sus intereses electorales.
Jandira, que hace algo más de un mes
estaba embarazada de casi cuatro meses, salió el pasado 26 de agosto de su casa
de Campo Grande, en la zona oeste de Río, acompañada de su exmarido, para
someterse a un aborto clandestino. Al día siguiente sus restos carbonizados
aparecieron en el interior de un coche no muy lejos de su casa, en la localidad
de Guaratiba. Las investigaciones preliminares han concluido que a Jandira le
practicaron un aborto ilegal que culminó en su muerte. Quienes realizaron la
intervención remataron la mórbida faena cortándole las extremidades,
arrancándole la dentadura y prendiéndole fuego para dificultar la
identificación del cuerpo. No lo consiguieron.
“No puedo decir que sienta rabia,
sino indignación por la maldad que hicieron con ella. Ahora lo único que
queremos es darle un entierro digno a mi hermana, algo tremendamente complicado
por la burocracia que implica sepultar un cuerpo en este estado”, se lamenta
Joyce Liane dos Santos, que pese a la tragedia que vive su familia asevera
estar en contra de la despenalización del aborto en Brasil. “No apoyo la
legalización del aborto. Yo no apoyé a mi hermana para que abortara. Estas
situaciones se evitarían con una mayor fiscalización por parte de las autoridades
y una mayor educación en los terrenos de los métodos anticonceptivos y de la
planificación familiar, no liberando el aborto”, explica Joyce, devota de una
iglesia evangélica. Según ella, Jandira “se había desviado del camino de la
Iglesia” y mantenía relaciones sexuales esporádicas de las que la familia sabía
poco o nada. La joven estaba separada, era auxiliar administrativa y ganaba
algo más de 702 dólares mensuales, suficiente para criar a sus dos hijas de 8 y
11 años.
A 60 kilómetros de Campo Grande, en
la localidad de Niteroi, el domingo pasado aparecía en una cuneta el cuerpo sin
vida de Elizângela Barbosa , madre de tres hijos. La mujer se había sometido un
día antes a un aborto clandestino por el que pagó 3.500 reales (1.440 dólares).
La autopsia del cadáver encontró un tubo de plástico en el interior del útero
aparte de perforaciones en el mismo órgano y en el intestino. El marido de
Elizângela fue quien la acompañó hasta el lugar convenido con los abortistas y
hoy se expone a una denuncia penal por haber colaborado en la logística de la
operación. Los casos de Jandira y de Elizângela han desencadenado en los último
días numerosas detenciones de sospechosos y ríos de tinta en los medios
cariocas. Sin embargo, ningún político se ha pronunciado aun sobre la barbarie
a la que ambas mujeres fueron sometidas. Y mucho menos sobre los motivos que
arrastran a miles de mujeres a someterse a esos dramáticos procedimientos
ilegales.
El aborto clandestino, lejos de lo
que se pueda pensar, es un problema de la “mujer común brasileña”, según la
Pesquisa Nacional de Aborto (PNA) liderada por la antropóloga y profesora de la
Universidad de Brasilia, Debora Diniz. Según la investigación publicada en
2010, cuyas conclusiones, adoptadas por la OMS, se mantienen inalteradas, una
de cada cinco mujeres brasileñas menores de 40 años ha abortado. Es decir, el
20 % de las brasileñas en edad de gestación admite haberse sometido a algún
procedimiento en algún momento del grueso de su vida fértil. “El aborto es algo
común en la vida reproductiva de las brasileñas. Sin embargo, la legislación
penal las amenaza con penas de prisión que raramente se cumplen. Si se aplicase
esta ley habría muchas mujeres en la cárcel. Las mujeres encuentran
subterfugios para esquivarla, pero esto no disminuye la seriedad de esta
situación, que gira entorno a una gran hipocresía”, explica Diniz.
La legislación brasileña contempla
tres hipótesis que justifican la práctica de un aborto por los cauces legales:
que el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre, que sea la consecuencia de
una violación o que el nasciturus presente anomalías incompatibles con la vida,
como la anencefalia. Otro estudio liderado por Debora Diniz y publicado hace
poco más de un mes sostiene que una buena parte de las víctimas de violación
que acuden a los centros médicos públicos para solicitar un aborto legal
encuentran innumerables obstáculos por parte del personal clínico para que “se
les reconozca como verdaderas víctimas”.
Rosângela Talib, coordinadora de la
ONG Católicas pelo Directo de Decidir, una organización que se declara alejada
de la doctrina predominante en la Iglesia de Roma, opina que “estas muertes son
perfectamente evitables”. “La criminalización del aborto desemboca en que las
mujeres más pobres caigan con facilidad en estas situaciones trágicas. Con las
ricas no sucede tanto ya que pueden viajar al exterior o abortar aquí en
centros privados, pero con mejores condiciones sanitarias. Creemos que hay que
legalizar el aborto porque es una cuestión de salud pública”, sostiene.
Según la investigadora Leila Adesse,
“a más restricción, censura y silencio con relación al aborto, mayores son las
posibilidades de que sucedan tragedias como las de los últimos días. ¿Cuántas
muertes más necesitamos para tomar decisiones?”, se cuestiona. Se trata de una
pregunta trascendental, que sin duda se harán muchos de los presentes en el
entierro de Jandira Magdalena Santos Cruz, cuyos restos calcinados y
desmembrados recibirán sepultura para siempre en un cementerio de la deprimida
zona norte de Río.
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