Paraguay - Contra la privatización y la violencia de Estado, por tierra y trabajo
Movilización nacional – agosto 2014 - 13 y 14 en las regiones - 15 en
Asunción
Partido Convergencia Popular Socialista
Convocan: Partido Paraguay Pyahura, Frente Guasu, Federación Nacional
Campesina (FNC), Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras y Rurales
(CONAMURI), Kuña Pyrenda, Corriente Sindical Clasista (CSC), 15 de Junio,
Frente Recoleta, Frente Patriótico Popular y la Organización de Trabajadores de
la Educación (OTEP SN).
Como un seguimiento de las luchas encaradas durante la pasada huelga
general, cuya reivindicación principal fue la derogación de la Ley de Alianza
Público Privada (Ley APP), organizaciones políticas y sociales nos
movilizaremos a nivel nacional en agosto próximo, CONTRA LA PRIVATIZACIÓN Y LA
VIOLENCIA DEL ESTADO, POR TIERRA Y TRABAJO. Las movilizaciones serán el 13 y 14
en las regiones, con un acto central el 15 en Asunción. El objetivo de ir
fortaleciendo la fuerza de resistencia contra la política antinacional y
antipopular del Gobierno de Horacio Cartes.
Contra la privatización
El artículo 52 de la Ley APP (N° 5.102) plantea privatizar todo el
patrimonio nacional, servicios básicos brindados por empresas públicas como la
Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Compañía Paraguaya de
Telecomunicaciones (COPACO), Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
(ESSAP), Industria Nacional del Cemento (INC), Petropar, rutas nacionales,
hidrovías, aeropuertos internacionales de nuestro país, entre otros.
Consideramos que el Estado debe utilizar las empresas públicas como
palanca del desarrollo nacional. Este papel del Estado es aún mucho más
imperioso para nuestro país, tomando en cuenta la inexistencia de un capital
nacional con fuerza propia capaz de impulsar el desarrollo; por lo cual
necesariamente el Estado debe intervenir en la economía e invertir en sectores
estratégicos para impulsar la producción y de este modo el desarrollo nacional.
No defendemos el Estado que tenemos: oligárquico, antipopular y
antinacional, prebendario y corrupto, que propició la desnaturalización de la función
pública. Defendemos un Estado de nuevo tipo: un Estado nacional que responda a
los intereses de la mayoría, con mecanismos institucionales que posibiliten el
control de la sociedad, en sus acciones y toma de decisiones.
En la huelga general del 26 de marzo pasado fueron protagonistas el
campesinado pobre, obreros y obreras, trabajadores y trabajadoras y el pueblo
en general, quienes vieron resurgir en la lucha concreta una esperanza, un
porvenir, y se sienten confiados en la fuerza de sus organizaciones para seguir
luchando. Tenemos experiencia en la conquista organizada de nuestras
reivindicaciones: en el 2002 frenamos el proceso de privatización a través de
la derogación de la Ley 1.615. Por lo cual es nuestra obligación histórica
materializar la derogación de la Ley de Privatización, mal llamada APP, cuyo
objetivo es enajenar todo el patrimonio nacional, entregando todos los bienes
del Estado y atentando contra la soberanía de nuestro país.
La grave situación de nuestros 300.000 compatriotas víctimas de las
inundaciones es muy clara: el Gobierno antinacional y antipopular aprovecha la
desgracia de la gente para reutilizar las tierras en donde estaban asentadas
estas miles de familias y colocarlas al servicio del capital transnacional. Es
criminal e inhumana la actuación del gobierno cartista al no atender con
seriedad el problema de las inundaciones y al contrario promover la
partidización y la prebenda con migajas para generar de vuelta conflictos entre
las familias carenciadas. Esto es ejercicio de la violencia para la
privatización excluyente de las mayorías.
Contra la violencia del Estado
El Estado que hoy tenemos hoy viola sistemáticamente los derechos
humanos de la mayoría de la población paraguaya, negándonos el acceso a la
tierra, a la salud, a una educación pública gratuita y de calidad, a un trabajo
digno. Esta situación de gran exclusión y violación de los derechos humanos de
la mayoría se mantiene en base a la represión, con particular saña contra el
campesinado pobre y sectores organizados que luchan por transformar el Estado
para orientarlo hacia la satisfacción de los intereses del conjunto de la
sociedad democrática.
Las imputaciones y apresamientos al campesinado en lucha, la persecución
a la dirigencia sindical (últimamente de los gremios de trabajadores de la
educación), la modificación de la Ley de Defensa Nacional (que posibilitó la
militarización de amplias regiones del país, dando facultades al Ejecutivo a
decidir la incursión de las FFAA sin la participación del Congreso Nacional)
van consolidando una política de fascistización que va utilizando cada vez más
a las fuerzas represivas (fiscalía, policía y sistema judicial) para
criminalizar a los sectores organizados que plantean la transformación del
Estado hacia los intereses de la mayoría.
Una violencia sistemática contra las mujeres pobres, y sobre todo a las
organizadas y en lucha; contra los sectores indígenas que históricamente luchan
por tierra, por territorios ancestrales y una vida digna. La impunidad de los
latifundistas y agroexportadores para contratar civiles armados que intervienen
en conflictos sociales sustituyendo a los organismos del Estado inclusive.
Tierra y trabajo
El latifundio es la principal traba estructural para un modelo de
desarrollo que beneficie a la mayoría de los paraguayos y paraguayas. La
reforma agraria implica la destrucción del latifundio, distribución de tierra
al campesinado, fortalecimiento de la producción primaria ligada a la industria
nacional, lo cual significa absorber la mano de obra desocupada, principalmente
de los jóvenes existentes nuestro país, que hoy son mayoría en nuestra población.
El latifundio está estrechamente ligado al modelo agroexportador, que
genera poquísimo empleo porque concentra la tierra y las riquezas, apuesta a la
exportación de materia prima sin pagar impuestos e impide el desarrollo de
industrias que generen puestos de trabajo y un desarrollo genuino del país. Hay
una gran cantidad de desocupados y desocupadas y quienes tienen algún empleo
están sometidos a una gran explotación sin ninguna protección de sus derechos
por parte del Estado. Al contrario, el Estado a través de sus políticas avala
esta explotación y cada vez más avanza en su intención de aplastar más y más a
los trabajadores y trabajadoras, siguiendo lo expresado por el presidente
Horacio Cartes: “usen y abusen del Paraguay”.
El pueblo organizado quiere seguir luchando contra todas estas
injusticias, por lo cual invitamos a todos los sectores democráticos de la
sociedad a sumarse a los debates y movilizaciones regionales y en Asunción.
Porque la lucha es un proceso de organización y acumulación de fuerzas, y la
confrontación con estos sectores retardatarios, antinacionales y anti populares
seguirá creciendo. El cambio sólo depende de la fuerza de nuestras
organizaciones, que se construye y fortalece con la profundización de la
participación política directa de la mayoría.
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