Chile - Falacia de ministro Peñailillo
Felipe Portales
El Clarín de Chile - 22
Julio 2014
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo,
incurre en la repetida falacia de afirmar que la Concertación en sus 20 años de
gobierno no pudo cambiar el modelo económico heredado de la Dictadura, por
haber sufrido un “veto”: “La democracia de los consensos es de otra
época, es de la época de la transición, cuando había un veto […] nosotros estamos para dialogar, pero para
avanzar” (El
Mercurio; 20-7-2014). Una nueva forma de expresar el
engaño de que “la Concertación no tuvo
los quórums”.
Es increíble
cómo se insiste en querer falsear la historia, tan burdamente. Porque, ¿fue en
virtud de un “veto” que los partidos
de la Concertación se inscribieron como partidos separados en 1988, desechando
la posibilidad de haberse inscrito como un solo partido instrumental y haber
bloqueado, así, en gran medida las distorsiones del sistema electoral
binominal? ¿Fue obligado el liderazgo de la Concertación a ¡regalar la
inminente mayoría parlamentaria simple que obtendría Aylwin de acuerdo a los
términos originales de la Constitución del 80!, a través de los acuerdos de
reforma constitucional de 1989? ¿Alguien le impidió hacer en los 90 pactos
electorales con el PC –¡cómo los hizo exitosamente en 1989!– que, extrapolando
los resultados obtenidos, le habrían brindado mayoría absoluta en ambas cámaras
en 1997?
¿Fue
impedido Lagos de utilizar la mayoría absoluta que obtuvo entre agosto de 2000
y enero de 2002, por los desafueros combinados de Pinochet y Francisco Javier
Errázuriz, para sustituir el modelo económico heredado de la Dictadura?
Recordemos, como agravante, que el gobierno de Frei, entre la primera y segunda
vuelta de la elección de Lagos, presentó un proyecto de profundas reformas laborales
–con extrema urgencia– que sabía que la Derecha iba a rechazar. Y que, luego de
ello, varios líderes concertacionistas “gritaron”
de que con eso Lavín se había inhabilitado para gobernar a favor de los
trabajadores; y se comprometieron públicamente a que ¡a la primera oportunidad
que pudiesen aprobar dichas reformas, lo harían!...
¿Fue
obligado Lagos a prestarle, a través del Banco del Estado, una gigantesca
cantidad de dinero al Grupo Luksic, para que adquiriera el Banco de Chile? ¿Fue,
también, obligado a hacer aprobar en 48 horas –en 2004– una ley que le ha
impedido al Poder Judicial acceder a las denuncias de tortura presentadas ante
la Comisión Valech?
¿Fue
impedida Michelle Bachelet de usar la mayoría absoluta, en ambas cámaras, que
obtuvo desde los inicios de su gobierno (marzo de
2006) hasta
cuando el PDC expulsó de sus filas a Adolfo Zaldívar, en diciembre de 2007?
¿Fue obligada Bachelet a concordar con la Derecha una reforma de las AFP que
consolidó sus características más aberrantes? ¿Hubo un “veto” que le impidió cumplir con la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, de septiembre de 2006, que obligó al Estado
de Chile a derogar el Decreto-ley de Amnistía?
¿Fue
obligado el liderazgo concertacionista a ampliar el entreguismo del cobre a
través de una reforma de la Ley de Concesiones Mineras y de otra a la
legislación tributaria, a comienzos de los 90? ¿Fue obligado el gobierno de
Frei Ruiz-Tagle a privatizar las sanitarias? ¿Fueron obligados los gobiernos de
la Concertación a seguir privatizando los puertos? ¿Alguien les impidió
terminar con el inicuo sistema de los subsidios a favor de las empresas
forestales? ¿O los obligó a favorecer a la banca privada, a través de la
escandalosa negociación de su deuda subordinada?; ¿O a continuar la
concentradora y contaminante política energética? ¿O a seguir entregando la
pesca a unos pocos grandes grupos económicos?
¿Alguien
obligó al gobierno de Aylwin a neutralizar TVN y –indirectamente– a privatizar
el canal de la Universidad de Chile; de modo que no hubiese ningún medio
televisivo en que se hubiese podido debatir pluralmente la obra de la Dictadura?
¿Alguien le obligó también –como lo han denunciado los afectados y,
particularmente, Juan Pablo Cárdenas– a amenazar al gobierno holandés con tal
de impedirle aportar en 1990 cuantiosas ayudas económicas a las revistas Análisis, APSI y Hoy? ¿Quién pudo
obligar a sus sucesivos gobiernos a discriminar el avisaje estatal en contra de
los medios escritos afines a la Concertación, de tal modo de ¡lograr su total
exterminio antes de 2000!?
¿Hubo,
también, un “veto” que les prohibiera
a los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle, Lagos y Bachelet devolver los bienes
confiscados al legítimo propietario del diario Clarín? ¿Hubo alguien que obligara a Lagos y a su ministro Claudio
Orrego a conferirles –en 2000–, por sí y ante sí, el equivalente a cerca de
nueve millones de dólares a personas que el propio Consejo de Defensa del
Estado había desechado como tales dueños en 1975; y en circunstancia ¡que había
una demanda interpuesta contra el Estado de Chile respecto de ello, ante un
tribunal del Banco Mundial; la que fue fallada, finalmente, a favor de Víctor
Pey y estando sólo pendiente el monto de la indemnización que tendrá que
pagarle el Estado!? ¿Alguien sigue obligando al gobierno actual de Bachelet a
negarse a entablar una negociación con Pey, para definir dicho monto; y
terminar así –más temprano que tarde– con el duopolio?
¿Por qué no
aceptar el reconocimiento que hizo el principal arquitecto de la “transición”, Edgardo Boeninger, en
1997?: que el liderazgo de la Concertación experimentó, a fines de los 80, un
viraje en 180 grados; llegando a una “convergencia”
con el pensamiento económico de la Derecha, “que,
políticamente, el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer”
[Democracia en Chile.
Lecciones para la gobernabilidad; Andrés Bello; página 369]. Seguir
inventando que hubo un “veto” en el
pasado no sólo significa perpetuar el engaño; sino que, además, constituye un
signo ominoso respecto de la actitud futura de la Concertación…
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