Uruguay - Sin Filtro
Pocas chances
La reunión entre José Mujica y Tabaré
Vázquez trajo nuevamente al tapete la demanda por la que la empresa Philip
Morris exige 25 millones de dólares al Estado uruguayo. Se trata de una novela
en la que intervienen variados protagonistas: el bufete de abogados del
gobierno (Foley Hoag), los dos estudios jurídicos de la tabacalera suiza (con
sugestivos historiales) y hasta un árbitro indiscreto: James Crawford. La
estrategia uruguaya, la cumbre presidencial, las rencillas entre Vázquez y la
Torre Ejecutiva aportan otros capítulos a la historia.
Ricardo Scagliola
Brecha, Montevideo, 9-5-2014
Si los tratados bilaterales de
inversión (tbi) suponen para los países periféricos una cesión de soberanía en
favor de las multinacionales, no menos relevante es el fabuloso negocio que
implican los litigios que desencadena esa legislación para estudios de
abogados, árbitros de los tribunales y fondos de inversión a lo largo y ancho
del globo. Se trata de una comunidad de negocios con fuertes intereses en común
para incentivar costosas demandas que, en general, son desfavorables para los
estados. Esa conclusión se desprende de un estudio realizado hace poco más de
un año por el Corporate Europe Observatory (ceo) y el Transnational Institute
(Tni). El informe “Cuando la injusticia es negocio” demuestra que no sólo las
empresas que invierten en los países subdesarrollados presionan para acudir,
ante un “cambio de reglas”, al arbitraje internacional, como es el Centro
Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (ciadi), un
organismo que depende del Banco Mundial y su director lo designa el presidente
de Estados Unidos. Por el contrario, esta particular forma de resolver
diferencias comerciales también la incentiva un grupo de abogados estrechamente
ligados a multinacionales.
Una de las cláusulas incluidas en los
tbi implica el acuerdo de establecer que cualquier controversia entre una
empresa y un Estado puede dirimirse en el escenario del arbitraje internacional
de inversiones. En el caso uruguayo, esa instancia judicial es el ciadi, un
ente arbitral que, en los hechos, pone en igualdad de condiciones a empresas
privadas con estados soberanos, e implica una renuncia explícita de las
jurisdicciones nacionales a favor de un tribunal extranjero. El discurso
neoliberal atribuye a dichos tribunales mayor neutralidad, bajo el argumento de
que la justicia local es permeable a la posición del Estado al cual pertenece.
Pero, según explica el trabajo realizado por Pía Eberhardt y la uruguaya
Cecilia Olivet: “La supuesta neutralidad del arbitraje es un mito. Surgió un
pequeño grupo de árbitros de elite que prometieron ser ‘jueces’ neutrales. En
lugar de ello, han utilizado su poder e influencia para mantener reglas
contrarias a los gobiernos y un flujo constante de demandas multimillonarias.
Además, las firmas de abogados globales se dedican a multiplicar los arbitrajes
contra países, y los fondos de inversión están consolidando el mercado del arbitraje
de inversiones, estimulando demandas especulativas”.
Esa maraña de bufetes de abogados,
fondos de inversión y jueces del Banco Mundial, digna de una película de Martin
Scorsese es, desde hace cuatro años, el escenario con el que viene lidiando el
gobierno uruguayo tras la demanda presentada ante el ciadi por la tabacalera
suiza Philip Morris a causa de las restricciones impuestas en Uruguay como
parte de la política antitabaco iniciada por el gobierno de Tabaré Vázquez.
Según pudo saber Brecha de fuentes de la cancillería, el monto de la demanda es
de unos 25 millones de dólares más gastos.
Reuniones en Washington o en
Montevideo, diálogos en inglés o en francés, completan el cuadro de una
situación tanto o más exótica que la que tiempo atrás reunió, en La Haya, a los
gobiernos argentino y uruguayo, separados por un río y la interpretación del
estatuto que lo rige. De hecho, el bufete de abogados que lleva adelante la
estrategia uruguaya ante la gigante multinacional es el mismo que por aquel entonces
lideró la ofensiva contra el país hermano. Encabezado por Paul Reichler, un
abogado graduado en Harvard en 1973, el estudio estadounidense Foley Hoag fue
nuevamente elegido por la Presidencia uruguaya para la defensa ante la Philip
Morris. A diferencia de aquellas sesiones con toga y pelucas llevadas a cabo en
La Haya, esta vez los letrados cobrarán una suma “no mayor a los 4 millones de
dólares”, detalló a Brecha el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, a
quien el presidente encomendó el seguimiento del tema. En La Haya el estudio
Foley Hoag cobró una suma cercana a los 10 millones. Esta vez, tras un acuerdo
alcanzado por la Presidencia, el 60 por ciento de esa suma está siendo
financiada por la ong Tobacco Free Kids, que dirige el ex alcalde de Nueva York
Michael Bloomberg.
Los bufetes y las roscas
La Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (ocde) calculó recientemente que los costos legales y
arbitrales en los tribunales de inversión se sitúan en un promedio de 8
millones de dólares por caso, aunque en algunas oportunidades han llegado a los
30. Según datos del ciadi, los árbitros del tribunal reciben honorarios de 3
mil dólares por día, además de gastos y dietas. Eberhardt y Olivet destacan que
los gastos suelen ser compartidos, de modo que si a una empresa se le ocurre
demandar al país y luego éste pierde el juicio, los contribuyentes deben
hacerse cargo de la errada apuesta, un negocio para la comunidad jurídica
internacional. Pero eso no siempre sucede así: según explicó a Brecha el
investigador Alberto Villarreal, de Redes Uruguay –una ong que ha seguido con
atención el juicio de la Philip Morris–, “aun ganando, el país pierde, porque
tiene que pagar los costos del asesoramiento jurídico”. Según explicó este
experto, son “casi ínfimas” las oportunidades en las que el ciadi emplaza al
inversionista a pagar los costos de los abogados. En el documento del ceo y el
Tni se confecciona una lista con las 20 firmas de abogados especializadas en
arbitrajes de inversiones con más casos en su haber.
En el lugar 13 del ranking está la
firma Foley Hoag, una de las que dominan la escena del arbitraje de inversiones
en los últimos diez años: en 2011 participó en diez casos de diferendos entre
estados y empresas, obteniendo ingresos brutos por 149 millones de dólares y
cerca de un millón de dólares de ganancia por socio. Bastante más arriba, en el
cuarto lugar, se encuentra otro bufete, Sidley Austin, el elegido por Philip
Morris en su batalla contra Uruguay, con participación en 18 casos durante
2011. Este estudio trabaja junto a la suiza Lalive, una firma con gran
influencia en las revistas académicas de consulta de los árbitros del ciadi con
un pasado oscuro en los corrillos de Washington. Según se desprende de la
investigación antes mencionada, a la par que defiende a empresas en litigio con
gobiernos, este estudio jurídico participó directamente en la negociación de
algunos tratados de inversión, aconsejando a países sobre la redacción de
aspectos clave. Según se explica en la investigación a la que tuvo acceso
Brecha, Lalive organiza periódicamente cursos de aprendizaje electrónico sobre
el arbitraje de inversiones para unitar, la organización de las Naciones Unidas
para la generación de capacidades en países en desarrollo. Los funcionarios de
países pobres reciben becas extra y Lalive se beneficia de una larga lista de
nuevos clientes en potencia. Un negocio redondo. A diferencia de Lalive y
Sidley Austin, la firma escogida por Uruguay no ha representado a empresas
durante los últimos cuatro años, según consta en el informe.
El árbitro indiscreto
Los encargados de resolver los
juicios en organismos como el ciadi son los árbitros. Cada parte designa uno y
esos dos eligen al presidente del tribunal. Sus honorarios dependen de la
duración y complejidad del litigio, por lo que son aliados del sistema. De
todos los abogados que alguna vez fueron árbitros de litigios en el ciadi, un
pequeño grupo de 15 han resuelto el 55 por ciento de los casos. De aquellas
demandas por al menos 4.000 millones de dólares, ese grupo resolvió el 75 por
ciento. En el caso del litigio presentado por Philip Morris contra Uruguay, el
tribunal está integrado por el italiano Piero Bernardini (neutral), el alemán
Gary Born (elegido por la tabacalera) y James Crawford (designado por Uruguay).
El legajo de este último no suena demasiado alentador para los intereses de
nuestro país: durante su carrera como “técnico”, Crawford se ha desempeñado
indistintamente como abogado acusador, representante de inversionistas y
empresas trasnacionales, como árbitro de los tribunales y como abogado de la
defensa de los gobiernos demandados. Hasta marzo de 2012 el árbitro designado
por Uruguay se desempeñó como abogado acusador contra Ecuador en representación
de la petrolera estadounidense Chevron, luego de que ésta fuera condenada por
la justicia de ese país a pagar la suma de 19.000 millones de dólares como
indemnización por los daños ambientales causados en la selva ecuatoriana.
Asesorada por Crawford, Chevron demandó a Ecuador ante el tribunal de La Haya y
la Corte Federal de Nueva York.
El gobierno de la defensa
Frente a este complejo panorama el
gobierno uruguayo confía en que, como alguna vez dijo el prosecretario Cánepa,
“los técnicos no quieren perderse un leading case”, un caso único en el mundo
sobre el que no hay precedentes. Para ello el gobierno exhibe con orgullo el
respaldo de algunos países de la comunidad internacional, como Australia y
Suecia, así como el de organismos de la talla de la Organización Panamericana
de la Salud (ops) y la Organización Mundial de la Salud (oms). Y apuesta,
ahora, a la segunda parte del juicio, luego de que en un primer round el
tribunal del ciadi diera la razón a la Philip Morris al asumir su competencia
en la demanda planteada por la tabacalera (véase Brecha, 8-XI-13). Esta derrota
era, sin embargo, esperada por las autoridades uruguayas. Se trataba, dicen, de
fortalecer la línea argumental de la defensa y, mientras tanto, ganar tiempo.
Ocurre que esa fue también una victoria para el tribunal del ciadi, cuyos
integrantes, como se dijo anteriormente, ganan unos 3 mil dólares diarios. Esta
semana, abogados del staff del estudio jurídico Foley Hoag visitaron Uruguay y
mantuvieron reuniones del más alto nivel con las autoridades del Ministerio de
Salud Pública, la cancillería y la Presidencia de la República. El motivo:
reunir las pruebas para redactar la respuesta uruguaya a la memoria presentada
por la empresa en marzo pasado. Son libros enteros de argumentaciones y pruebas
que los organismos públicos deben recabar de cara al próximo 29 de setiembre,
cuando nuestro país debe presentar su alegato.
Uruguay deberá, entonces, responder a
la argumentación de la Philip Morris, basada en tres aspectos centrales: un
“cambio de las reglas de juego” tras el amparo del tratado de inversiones
firmado con Suiza el 7 de octubre de 1988 y la consiguiente declaración de
interés nacional otorgada por el primer gobierno de Julio María Sanguinetti; la
afectación a los derechos de propiedad intelectual de Philip Morris al serle
impuestos pictogramas obligatorios con advertencias sobre los riesgos para la
salud en las cajas de cigarrillos, y los perjuicios comerciales ocasionados por
las medidas antitabaco aprobadas durante la administración de Vázquez. De ahora
a setiembre el gobierno apuesta a terminar de delinear el perfil de un “grupo
de expertos” que acompañará a Uruguay en su litigio. Se trata de contratar a
técnicos especializados de la ops y la oms, así como a un grupo de juristas
versados en algunos temas puntuales planteados en la demanda contra Uruguay,
según informó Cánepa a Brecha. Por otro lado, el presidente Mujica apuesta a
echar mano al capital político que ha venido construyendo a nivel
internacional, lanzando un mensaje a la opinión pública estadounidense.
La cumbre de Mujica-Vázquez
La estrategia de Uruguay ante la
demanda presentada por la Philip Morris en 2010 volvió a ser puesta en tela de
juicio esta semana, tras la reunión que mantuvieron Vázquez y Mujica. Durante
el encuentro, que tuvo lugar pocos días antes de que el presidente viaje a
Estados Unidos, Vázquez hizo especial hincapié en la necesidad de dar una
“fuerte señal” de compromiso con la lucha antitabaco emprendida durante su
gobierno, informaron a Brecha fuentes políticas. Asesorado en este tema por el
ex embajador de Estados Unidos Carlos Gianelli y el fiscal de gobierno, Miguel
Ángel Toma, Vázquez sigue con preocupación lo que podría transformarse en un
golpe a la lucha antitabaco. Un documento de cinco carillas redactado por
Gianelli –quien maneja al detalle la interna política en Estados Unidos– lo
había alertado sobre los riesgos que conlleva el arbitraje internacional. Ese
informe, explicaron las fuentes, advertía sobre la inconveniencia de perder el
primer round en el ciadi y alarmaba sobre el escaso trabajo a nivel diplomático
para alinear a la comunidad internacional en respaldo de la legislación
uruguaya contra el tabaquismo.
A esta batalla emblemática contra el
tabaco, que Vázquez ha asumido como un principio inclaudicable, y que le ha
valido varios reconocimientos durante y después de su mandato, se suma una
relación con la prosecretaría de la Presidencia que nunca ha alcanzado niveles
óptimos. En el entorno del ex presidente aún acusan el golpe de lo que
consideraron una primera etapa de “revisionismo” de algunas de sus políticas durante
el primer año de este gobierno. Entre ellas, del plan de salud bucal impulsado
por María Auxiliadora Delgado, el programa Knock out a las Drogas (promovido
por Hugo “Bubby” Casada) y la lucha antitabaco, que en julio de 2010 ambientó
la primera confrontación pública entre el ex presidente y el actual, luego de
que el entonces ministro de Salud, Daniel Olesker, anunciara que el tamaño de
los pictogramas disminuiría del 80 al 65 por ciento. En aquel momento Vázquez
soltó que aquella era “una muestra de total debilidad” ante la multinacional
Philip Morris y de “desconocimiento” del daño ocasionado por el tabaquismo. “Lo
digo con dolor en el corazón. Yo a este gobierno lo defiendo a muerte, apoyo
sus actividades, pero en este tema no puedo acompañarlo. Expreso mi más
profundo rechazo público a este tema”, agregó el ex presidente. La marcha atrás
del actual gobierno fue casi inmediata.
La aprobación en el Senado de un
proyecto de ley que prohíbe toda forma de publicidad y promoción del tabaco,
así como también su exhibición en locales de venta, reavivó el martes el debate
en torno a la tabacalera. La medida, votada afirmativamente por la bancada del
Frente Amplio y aprobada con la velocidad que se lanza una bocanada de humo, no
fue acompañada por la oposición. Ninguna novedad, si no fuera por el contexto:
el de una contienda que se disputa también en otros terrenos, menos
transparentes, con un poder económico arisco a la luz. Más bien propenso a la
opacidad. Y al lobby, que muy a menudo también es protagonista de la historia.
Pocas chances
Hasta fines de 2010 el ciadi había
fallado en 232 litigios. En 230 lo hizo a favor de las empresas. Los tribunales
se reúnen a puertas cerradas, sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio,
son inapelables, y su no acatamiento equivale a violar el derecho
internacional.
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