Uruguay - Violencia de Estado
La cultura del encierro
Menos fugas, pero más mano dura en el
INAU
Samuel
Blixen
Brecha, Montevideo, 11-4-2014
Los éxitos en la reducción de fugas y
motines en los centros del inau tienen una contracara de graves violaciones de
los derechos de los menores, denunciadas en el Parlamento. Golpizas reiteradas,
tratos abusivos para preservar la seguridad, hacinamiento intolerable y sanciones
colectivas prohibidas por normas nacionales e internacionales, son una parte de
la realidad en algunos de los 17 centros de internación de menores del inau,
según denunció la Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh) en el
Parlamento.
En otros centros, según se consigna
en cinco informes presentados a los miembros de la Comisión Especial de
Población y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, la situación es más
alentadora y se verifican adelantos en la superación de problemas, lo que, en opinión
de los miembros de la inddhh, revela disparidad de criterios y políticas que
dependen, en cada caso, de las orientaciones u omisiones de los directores o
encargados de cada hogar o centro administrado por el Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).
El presidente del inau-Sirpa, Ruben
Villaverde, (1) negó implícitamente las denuncias, y en declaraciones radiales
se mostró molesto, aduciendo que las situaciones registradas por la inddhh
refieren a mayo de 2013 y que ya fueron encaradas y superadas. Sin embargo hay
informes de noviembre de ese año y de febrero de 2014 que confirman la
persistencia de violaciones a los derechos de los menores. Villaverde retrucó:
“El que escucha este informe debe pensar que esto poco menos que son las catacumbas,
pero en medio de una serie de dificultades propias de la lentitud de
procedimientos (…) nosotros en el mismo período logramos salir del paisaje de
un motín y una fuga atrás de la otra, eran cuatro fugas por día”.
En la comisión se informó que existe
un documento reservado que fue elevado al Sirpa y que contiene denuncias de
malos tratos y la identificación de algunos funcionarios responsables. “Lo que
más nos preocupa en este momento es el centro ser –dijo la abogada Mirtha
Guianze a los diputados–. Es por ello que hemos hecho cinco visitas a ese
centro. Hasta el momento no tuvimos respuesta de ese informe del mes de
febrero, con relación al tipo de castigos físicos, maltrato y tratos
humillantes o degradantes.”
Según se pudo saber, un menor internado
en el ser fue víctima de una golpiza tal que le provocó una herida en la
cabeza, que terminó infectada. Fue trasladado al hospital Pasteur, donde le
drenaron la herida y después permaneció recluido en un centro de Montevideo
para posibilitar el tratamiento con antibióticos. La inddhh recibió la denuncia
días después y sus directivos pudieron observar cómo ese menor seguía con la
cabeza vendada. Se obtuvo la historia clínica, lo que posibilitó una denuncia
penal en un juzgado de Pando. “Logramos que el defensor se pusiera en contacto
con Villaverde y que el chico permaneciera en Ceprili, donde se encuentra
actualmente”, narra la ex fiscal. Villaverde no hizo ninguna referencia a ese
grave caso de maltrato ocurrido en febrero pasado.
Según la doctora Guianze, los malos
tratos se repiten en el ser y también los nombres de los funcionarios
responsables. Pero, reveló, los menores y sus padres se abstienen de formular
denuncias porque, dicen los familiares, “a los que denuncian después les
pegan”. Guianze reiteró ante la comisión parlamentaria que “son determinados
funcionarios cuyos nombres nosotros ya proporcionamos al Sirpa, y que se
repiten. Son chicos que han estado, que han salido y que han vuelto. Incluso
algunos que están en cárceles de mayores dicen: ‘Acá no pasa nada; ¡las palizas
que me daba fulano de tal cuando estaba en el ser!’”. Según Guianze, en las
visitas de los especialistas de la inddhh a los centros se comprobaron menores
con escoriaciones y hematomas, pero esos elementos no son suficientes para
elevar denuncias.
A la inddhh le preocupa
particularmente la situación de los menores de entre 12 y 15 años,
especialmente vulnerables. Los informes se refieren, además de a las golpizas,
a los casos graves de hacinamiento (“que es una especie de tortura”), al
aislamiento y al encierro prolongado. “Hay lugares donde pueden estudiar y
tener un material de trabajo –puntualizó Guianze–. Pero hay otros en los que a
uno le dicen que un lápiz puede servir para sacar un ojo y un libro para hacer
un incendio. Entonces, ocho muchachos en una celda no tienen un libro en todo
el día.”
En la comisión se hizo referencia al
caso del hogar Ariel, cuya vieja casona, casi derruida, tiene serias
deficiencias edilicias. “Sin embargo los directores y el equipo técnico sacan a
los 43 muchachos al patio, y son rapiñeros y homicidas, no niños de pecho. En
cambio en otros lugares, en los que están por hurto, no salen nunca al patio.
Eso quiere decir que hace falta una política institucional. Hay sitios en los
que el hacinamiento se tolera porque justamente la política institucional es
buena. En otros no. Por ejemplo, en un lugar en el que seis o siete muchachos
salen a hacer teatro con grilletes y esposas, hay cuarenta que quedan adentro y
no salen.”
El uso de grilletes y esposas es la
norma en algunos centros: los menores concurren a clase engrillados, y además
tienen prohibido hablar entre ellos. Es parte de una política que, por ejemplo,
aplica sanciones colectivas, que están expresamente prohibidas, y que a veces
se adoptan a raíz de la infracción cometida por un solo menor.
En el centro Desafío, según los
informes, el hacinamiento llega a una densidad del 153 por ciento; los internos
permanecen encerrados la mayor parte del día, faltan actividades educativas y
laborales. “Los encierros priorizan la seguridad sobre las medidas
socioeducativas.”
En el Centro de Internación
Provisoria hay prohibición de mantener material de lectura, y se aplican
sanciones que eliminan las visitas, un extremo que los organismos internacionales
condenan. En el Centro de Internación de Adolescentes Femeninas “el
hacinamiento es intolerable, hay falta de higiene e inexistencia de privacidad
para las necesidades fisiológicas”. En el Centro de Medidas de Contención hay
57 jóvenes para 32 plazas; la mayoría duerme en el suelo. Particularmente, las
celdas 9 y 10 no cuentan con las condiciones mínimas indispensables, “el estado
es deplorable, carecen de una ventilación aceptable, su aspecto es denigrante,
la higiene es pésima, el calor se hace sofocante, agobiante e irresistible”.
El encierro prolongado provoca estrés
por confinamiento: “Se configura una serie de condiciones de convivencia
interna y propias de esta situación de encierro, donde predomina el aislamiento
entre las celdas, la separación y la soledad afectiva, la falta de espacios de
intimidad, las restricciones, prescripciones y proscripciones para conducirse
como individuo diferente de otros y único en su existencia”.
En el Centro de Diagnóstico y
Derivación se verifica hacinamiento, aislamiento, ausencia de actividades
educativas. En el Centro de Privación de Libertad, al hacinamiento se suma una
política que administra las actividades educativas según un criterio de
selección en función de la conducta de cada menor, de modo que “rige un
principio de premio-castigo y no el principio rector de una reinserción social
futura”.
Por el contrario, los informes
subrayan la buena política que se aplica en el hogar Sarandí: pese al
hacinamiento y las carencias, las mismas “se toman como una oportunidad de
trasmitir valores, apelando a que los adolescentes sean solidarios y roten en
el hecho concreto de dormir en el suelo”. Las opciones educativas y recreativas
disminuyen notablemente las horas de encierro.
En el centro Las Piedras se consigna
que “la higiene general del establecimiento es buena y las celdas permanecen
prolijas y aseadas”; en cuanto al trato, “se percibe un buen clima entre los
adolescentes y en la interacción con los funcionarios”. En el centro Paso a
Paso los informes reconocen “en líneas generales la buena labor que se está
llevando a cabo por el personal del centro con los medios disponibles”.
La doctora Guianze concluyó su
síntesis a los diputados: “Yo no puedo decirles que todo el Sirpa es malo, si
bien hay situaciones que nos preocupan muchísimo. Lo que más nos preocupa en
este momento es el castigo físico”.
1) Nota de Correspondencia de Prensa: Ruben Villaverde fue director del Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT,
centro de investigación y formación de la central sindical financiado, entre
otros, por UGT y Comisiones Obreras de España.
Botijas rapados
Familiares de internados en la
Colonia Berro denunciaron malos tratos y torturas ante las autoridades del
Sirpa
Natalia Uval
La Diaria, Montevideo, 11-4-2014
La situación llegará hasta ámbitos
internacionales. Se conoció públicamente a partir de la denuncia, la semana
pasada, de la Institución Nacional de Derechos Humanos ante el Parlamento. Pero
hace ya muchos meses que los familiares de los jóvenes recluidos en el centro
Ser de Colonia Berro denuncian ante el Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente (Sirpa) las torturas a las que son sometidos sus hijos, sin
respuestas institucionales. la diaria accedió a las actas de esas denuncias.
El 21 de marzo, la abogada Sandra
Giménez fue recibida por la secretaria letrada del Sirpa, Mónica Rodríguez.
Giménez representa a 17 familias de internos y ex internos del centro Ser de la
Colonia Berro. Le presentó un escrito donde constaban las denuncias formuladas
por los familiares de los menores, así como la falta de respuesta de la
institución. Se labró un acta firmada por ambas profesionales.
Entre julio y noviembre de 2013 se
realizaron por lo menos cuatro denuncias de malos tratos y torturas a jóvenes
ante el Sirpa. El 15 de julio, un grupo de madres de internos denunció que el 9
de julio sus hijos fueron sacados al patio en ropa interior. “Les pegaron, les
hicieron picana, los insultaron y les sacaron fotos con los celulares”, indican
las denunciantes, según el escrito. Ese mismo día, un grupo de tres familias de
internos denunció ante el Sirpa que el 10 y 11 de julio sus familiares
recibieron “golpizas con palos de goma y picanas eléctricas”. “Estuvieron dos
horas desnudos haciendo lagartijas un día de lluvia en el patio”, señalan los
familiares.
Según relata la abogada en el acta
del 21 de marzo, a los jóvenes los patearon en el piso, los colgaron, y una
funcionaria, cuyo nombre consta en el escrito, les aplicó picana eléctrica en
los genitales. Esta funcionaria habría sido luego trasladada a Montevideo.
Otros seis funcionarios también participaron en la golpiza. Luego de la
denuncia, las madres sostienen que se golpeó a sus hijos con más saña. Una
madre también denunció el 15 de julio que sólo les dan pan a la hora de la
comida y que su hijo le dijo que pasaba hambre, y que tienen miedo de hablar
porque “al estar encerrados pueden tener represalias”.
La espera
En reiteradas ocasiones las madres
reclamaron una respuesta al Sirpa y se les respondió que se estaba
investigando. En el acta del 21 de marzo, la abogada de estas familias reclama
que se le indique el número de expediente administrativo de la investigación,
para poder seguirla. Pese a que la administración pública tenía diez días
hábiles para contestarle, todavía no ha tenido una respuesta. Recién el lunes
después de Semana de Turismo está previsto que la secretaría letrada reciba a
Giménez.
La segunda denuncia que consta en el
acta se presentó el 9 de setiembre de 2013, en forma anónima, ya que las madres
no quisieron identificarse por temor a represalias contra sus hijos. En la
denuncia, una madre relata que a su hijo en la visita no lo pudo “ni tocar,
porque salvo las manos, le dolía todo el cuerpo”, que los internos piden que
“las madres denuncien y se unan, porque no aguantan más”. La abogada relata en
el escrito que cuatro madres denunciaron que a sus hijos se los sacaba a los
pasillos a altas horas de la noche, sin ropa, y los hacían limpiar el pasillo
de rodillas, luego los llevaban a las duchas y eran reiteradamente golpeados
por los funcionarios. “A los que quedan muy marcados los llevan a un sótano que
tiene agua estancada, fétida, donde hay ratas, les tiran los colchones ahí y
automáticamente llaman a los padres y les dicen que están sancionados y que no
van a tener visitas”, relata la abogada, según consta en el acta.
El 11 de noviembre, la madre y el
padrastro de un joven denunciaron que los tres primeros días que pasó en el Ser
“le pegaron permanentemente patadas y piñazos en el estómago”.
En las denuncias se repiten en varios
casos los mismos nombres y apellidos de funcionarios identificados como
responsables de los golpes, que no son más de siete. En la denuncia de
setiembre, una madre dice que tiene “miedo de que un día maten a los
chiquilines, porque un día pegando así se les va a ir la mano”, y sostiene que
los funcionarios amenazan a sus hijos con pegarles si cuentan estas cosas.
En denuncias que recibió la abogada
este año, pero que aún no se formalizaron ante el Sirpa, familiares sostienen
que a sus hijos los golpean porque sus familias les llevan un gorro Nike o
remeras, que a un joven lo golpearon reiteradas veces en el abdomen, del que
había sido operado recientemente; que otro intentó suicidarse en dos
oportunidades, que una de ellas lo golpearon después de reanimarlo y volvió a
perder el conocimiento.
Venga después
Además de las denuncias, en el acta
labrada el 21 de marzo la abogada da cuenta de otra situación que vivió
personalmente. El 23 de diciembre de 2013 fue al centro Ser a ver a tres
jóvenes. Uno de ellos, que estaba “claramente lesionado”, le dijo que otro de
los jóvenes que la abogada quería ver estaba en el sótano. Pidió para verlo, y
el funcionario que la atendió le dijo que volviera en dos horas. A las tres
horas, el funcionario le da un teléfono y le dice que por disposición de la
directora tiene que llamar a ese número tres días antes para pedir día y hora
para ver a los jóvenes. “Este chico se encuentra en muy mal estado y su madre
[nombre] está muy preocupada por su salud, no sólo física sino psíquica, ya que
debido a las golpizas comenzó a tener convulsiones que antes no tenía, no
recibe tratamiento y solicita la atención médica debida y que se le informe
sobre el estado de salud de su hijo”, indica en el escrito.
Además de los golpes, las madres
denuncian en algunos casos que sus hijos sólo comen pan, o “siempre fideos con
tuco, pegados, prácticamente comida de chancho”. Sostienen que estuvieron casi
un mes sin papel higiénico, y en otra ocasión sin jabón, por lo que tuvieron
que romper un libro y usar trapos para limpiarse, ya que a las familias no les
permiten darles a sus hijos jabones. La abogada Giménez relató la situación de
un joven al que le suministraban 16 pastillas por día, lo que motivaba que se
orinara encima, y no tenía jabón para limpiarse. Tampoco tienen champú ni
desodorante. Una madre, en la denuncia de noviembre de 2013, explicaba así lo
que quería para su hijo: “Yo pido que le den la oportunidad de trabajar, porque
sólo está llenándose de odio. La palabra educador es de educar, y así no se
puede educar”.
En la Justicia
Además de las denuncias presentadas
ante el Sirpa, hay tres denuncias penales por el mismo tema, dos ante el
Juzgado de Pando y una ante el Juzgado Penal de 2º turno en Montevideo. Giménez
sostiene que las familias no denuncian más por temor a que sus hijos sean
identificados y se adopten represalias contra ellos. Una de ellas es de un funcionario
que filmó una golpiza y luego denunció en el Juzgado de Pando, en noviembre de
2013, que ésa era la forma habitual de trato a los jóvenes en el centro. El 17
de febrero fue la audiencia por este caso y ya declararon los jóvenes. Otro
caso es el de una madre que denunció, también en Pando, que a su hijo le
quebraron la mandíbula. El tercer caso es en Montevideo; la denuncia la
presentó la propia abogada Giménez en noviembre de 2013, luego de que un joven
declarara en el juzgado que fue golpeado en el centro Ser.
“Ha habido sumarios”
Las autoridades del centro Ser están
en conocimiento de la situación debido a las denuncias presentadas, pero niegan
que estas cosas sucedan. La directora del Ser, Jessica Barrios, declaró este
lunes a la diaria que “los jóvenes están bárbaros” y que “no pasan ese tipo de
cosas que dicen”. Dijo que en el centro se “prioriza mucho la seguridad, y que
no entren drogas ni haya armas blancas es una prioridad”. Eso determinó que a
los jóvenes “se les cortaran un montón de cosas que antes sí hacían”, indicó.
Especuló que ésta puede ser la razón de las denuncias, ya que la gente “a veces
se resiste a los cambios, y la forma de tirarlos abajo es ésta”. En cambio, el
presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Javier Salsamendi,
dijo a la diaria que “ha habido sumarios” a raíz de estas denuncias. Se excusó
de dar mayores detalles, y aseguró que en una semana estará pronto un informe
del Sirpa que contesta “cada una de las denuncias”. “Efectivamente han existido
problemas”, manifestó. Aseguró que todas las denuncias fueron procesadas “por
la vía que corresponde” y que “si surgieran elementos nuevos, también van a ser
procesados”. Dijo que espera que el Parlamento reciba al Sirpa para presentar
su informe, al igual que lo hizo con la INDDHH.
Más allá de fronteras
El Comité de Derechos del Niño -una
coalición de organismos no gubernamentales creada para monitorear el
cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño- se sumó a
la Institución Nacional de Derechos Humanos y a Ielsur en las denuncias sobre
el centro Ser. El coordinador del Comité, Luis Pedernera, dijo ayer a
Montevideo Portal que llevarán el caso en mayo ante el Comité contra la Tortura
de Naciones Unidas, y en junio ante el Comité de los Derechos del Niño del
mismo organismo. Además, piden revisar la conveniencia de que Ruben Villaverde
siga al frente del Sirpa.
Piden renuncia del jefe de los
centros de reclusión de menores
El Instituto de Estudios Legales y
Sociales del Uruguay pide la remoción de Ruben Villaverde, director del Sistema
de Responsabilidad Adolescente del INAU
El Observador, Montevideo, 11-4-2014
El Instituto de Estudios Legales y
Sociales del Uruguay (Ielsur), una organización en Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, pidió la renuncia del director del Sistema de Responsabilidad
Penal Adolescente (Sirpa), Ruben Villaverde, tras las denuncias penales de maltratos
contra menores difundidas este viernes por La Diaria.
La Institución Nacional de Derechos
Humanos (INDDHH) presentó un informe el 3 de marzo en el Parlamento en el que
las condiciones constatadas "vulneran el derecho a la dignidad,
integridad, salud, educación, recreación, cultura y participación" de los
menores internados.
A su vez, esta semana, el Comité de
los Derechos del Niño de Uruguay respaldó a la INDDH y aseguró en un comunicado
de prensa que Villaverde es “una persona no idónea para el trabajo con
adolescentes”. “Exhortamos al sistema político a rever el rol del actual
presidente del SIRPA”, reclamó el comité.
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