Argentina - Acuerdo Repsol: un premio a los vaciadores
Esteban Mercatante
Blog del Instituto de Pensamiento
Socialista (IPS)
Buenos Aires, 24-4-2014
El día de ayer se aprobó el acuerdo
con Repsol para pagarle generosamente por el 51% de las acciones de YPF S.A. El
oficialismo, compuesto por muchos que en los noventa fueron entusiastas de las
privatizaciones (empezando por la Presidenta) y que hace dos años sostenía que
en el mejor de los casos Repsol recibiría un pago simbólico, ahora pretende que
el acuerdo "amistoso" con Repsol expresa una posición firme ante los
vaciadores españoles.
Queremos detenernos en algunos
aspectos de lo votado ayer.
En primer lugar, las condiciones del
acuerdo son un resultado de la decisión que se tomó cuando se expropio a
Repsol, que fue mantener el esquema de lo que era “YPF SA”, es decir la misma
compañía que fue durante buena parte de los ’90, cuando ya estaba avanzada la
desregulación del sector hidrocárburifero y la penetración del capital privado
y extranjero en el sector. Como desde un primer denunciamos, lo que se
presentaba como una expropiación de YPF, con ley mediante, era apenas la “recompra”
mediante expropiación del 51% de las acciones por parte del Estado para tomar
el control de YPF S.A., en condiciones similares a la empresa manejada por
Estenssoro en los '90, anticipo de la entrada de Repsol. Hace dos años, se
quiso presentar como una medida de “soberanía hidrocárburifera” una medida que
apenas tocó el 51% de las acciones de una empresa que hoy maneja apenas un
tercio del petróleo, y 30% del gas que se extrae en la Argentina, y en el caso
de la refinación de petróleo YPF concentra el 54%. Señalamos que esta medida
limitada, que preservaba el estatus de empresa privada cotizante (acá y en
Nueva York) de YPS SA no permitiría atacar el problema energético de raíz, e
involucraría por las propias condiciones en que se estaba realizando, onerosos
costos para el país. El acuerdo que rubricóahora el ministro Kicillof con la
compañía, sobre la base de la tasación realizada, y que aprobó el congreso,
confirma todo esto. Nosotros, así como otras fuerzas de izquierda y sectores
combativos de la clase trabajadora, que participamos de la lucha contra las
privatizaciones y nunca dejamos de plantear la reestatización bajo control
obrero, planteamos ante la crisis energética la necesidad de expropiar sin pago
y poner bajo control obrero todo el conjunto del sistema hidrocárburifero,
desde la extracción hasta la refinación. No sólo Repsol sino también los
activos de las empresas de Bulgheroni, de Cristobal López, de Shell, de
Chevron. El gobierno dejó en pie a YPF S.A. y se obligó a tasar el 51% del valor
de la compañía para pagar a Repsol. Esto era meterse ya en una trampa: la
tasación no podía ser muy baja, ya que de ser así podría haber afectado el
valor bursátil de la compañía y su posibilidad de financiamiento. ¿Por qué se
metió en el gobierno en esta encerrona? Para mantener una empresa bajo forma
S.A. que permite un manejo más discrecional que si se tratara de una empresa
pública; y además para mantener los lazos con el capital financiero
internacional que permiten entre otras cosas que la empresa sea una fuente de
dólares. Dólares que el gobierno está haciendo entrar por la ventanilla de YPF
para que puedan ser utilizados para sostener los pagos de la deuda, el déficit
energético y otras gangrenas que son consecuencia de las políticas de este
gobierno que mucho habló durante estos años de “soberanía” pero no afectó ni un
ápice las condiciones de dependencia y la posición del capital extranjero y los
condicionamientos que impone el imperialismo en el país.
Estas decisiones, envueltas en un
cotillón de "soberanía hidrocarburífera" hace dos años, y acompañados
por el Informe Mosconi que el acuerdo actual transforma en pura retórica sin
efectos, son las que ahoran obligan a garantizar a Respol un pago en mano 5 mil
millones de dólares (en realidad 5.500 millones porque el bono discount ya
devengó intereses por 500 millones), para lo cual se le entregan bonos por un
valor de 6 mil millones. Y que con los intereses podrían representar para el
Estado pagos de 11 mil millones de dólares, buena parte de los cuáles se
concentran en los próximos diez años. Se pretende que este es un buen acuerdo.
Sin duda que lo es para los españoles, que si se quedan con los bonos en sus
manos podrán garantizarse un flujo de fondos bastante cercano a lo que giraban
anualmente a su casa matriz en concepto de remesas de utilidades. Nada mal para
ser “expropiado”, especialmente cuando fueron denunciados en su momento de
vaciadores (algo que dijo el propio ministro y con lo cual no podemos más que
estar de acuerdo, ya que lo denunciamos durante todos los años en los que tanto
Néstor Kirchner como Cristina Fernández consideraron a Repsol un gran aliado).
Algunos datos de este vaciamiento, consentido por los gobiernos de Néstor
Kirchner y Cristina Fernandez, lo dicen todo: entre 2003 y 2007 Repsol repatrió
según balances el 97% de sus utilidades, es decir destinó apenas un 3% para
inversión. El Informe Mosconi denunciaba que Repsol obtuvo entre 2008 y 2011
rentabilidad operativa de entre 1.300 y 1.800 millones de euros. Allí se señala
en la página 13, que "la rentabilidad neta del grupo Repsol fue creciendo
año a año, desde 1.014 millones de euros en 1998, pasando por un máximo de
4.997 millones de euros en 2010 para finalizar el año 2011 con una ganancia
neta de 2.544 millones de euros". Y más adelante, en la página 15, se
indica "Esto significa que mientras el patrimonio se mantuvo estable, e
incluso disminuyó en los últimos años como consecuencia de la política de
desinversión, las ganancias siguieron una tendencia creciente.". El vaciamiento
que denunciaban hace muy poco fue borrado de un plumazo. Repsol debería
devolver todas las divisas que se llevó del país para compensar el saqueo
realizado.
El ministro habló largamente en el
congreso, de los criterios para tasar una empresa. Pero no era necesario “tasar
una empresa” para tomar el control público de estos recursos estratégicos (que
como tales son propiedad del Estado), escandalosamente entregados en los ’90 a
los “conquistadores” españoles, así como se entregaron tantas empresas a precios
de remate a capitales privados (mayormente extranjeros) y hacerse de fondos que
fueron mayormente utilizados para pagar deuda fraudulenta. Alcanzaba con tasar
a valor fiscal los bienes expropiados. Este último no fue ni es el criterio que
nosotros hemos defendido; nosotros hemos planteado expropiación sin pago y lo
seguimos haciendo, pero permite medir el grado extremo de concesiones a las que
llega este acuerdo, que ahora se quiere hacer pasar por bueno para la
Argentina. Este criterio fue por ejemplo el que aplicó el gobierno nacionalista
burgués de Lázaro Cárdenas en México, cuando expropió a 17 compañías petroleras
extranjeras. Estas corporaciones imperialistas empezaron a reclamar en la
prensa internacional una compensación por 400 millones de dólares, 2.000
millones de pesos mexicanos de ese momento (ver La Corte Suprema de Justicia
durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas, de Lucio Cabrera Acevedo). La
respuesta del Estado mexicano fue guiarse por el criterio de que “el precio de
la cosa expropiada se basará en el valor fiscal que de ella figure en las
oficinas catastrales o recaudadoras”. Es decir, el valor de muebles e inmuebles
considerados por el fisco mexicano (y no el valor del mercado que las empresas
declaraban). Con este criterio el capital reembolsado por el Estado fue de poco
más del 10% de lo reclamado por las empresas. El gobierno argentino pactó
pagar, en dinero contante y sonante (no otra cosa son los bonos garantizando sí
o sí 5 mil millones de dólares), el 33% de lo que Repsol reclamó en su
exigencia más exagerada, y el 50% de lo que pusieron por escrito en la demanda
ante el CIADI (y en realidad con los intereses lo que deberá pagar la Argentina
supera el 100% de lo reclamado por Repsol en el CIADI, como dijimos más arriba).
Como vemos, aún en términos de negociaciones llevadas a cabo por gobiernos
burgueses, el acuerdo “peleado” del gobierno se deschava por la generosidad de
sus concesiones.
Por último, señalamos una última
contradicción entre este acuerdo y lo que el ministro Kicillof planteaba hace
dos años. Por ese entonces decía que “Repsol va a tener que pagar por el daño
ambiental”. Hasta le puso números a este reclamo: alrededor de 5 mil millones
de dólares sería el valor económico de los daños generados por Repsol. El
actual acuerdo “amistoso” con la compañía excluye cualquier posibilidad de
litigar a Repsol por los pasivos ambientales. No sólo resulta escandaloso, sino
que sienta un peligroso precedente. Ali Moshiri y John Watson de Chevron deben
estarse frotando las manos, en anticipación de la impunidad ambiental que
pueden experar se extienda a ellos.
Este acuerdo es emblema de toda la
política energética que se viene. Galluccio se frota las manos por los acuerdos
que espera rubricar con otras petroléras, tomando como modelo el convenio
Chevron. Las petroleras se preparan para hacer jugosos negocios, con la
garantía de libre disponibilidad de divisas por el equivalente a un 20% de la
producción, que significa que podrán repatriar alegremente todas sus ganancias.
Está planteado pelear por la
anulación de este acuerdo, la declaración del no pago de toda la deuda,
incluidos los bonos que ahora se entregan a Repsol, el no pago de ni un solo
dólar a los vaciadores. Y la inmediata expropiación de todos los activos de
todas las empresas que conforman el complejo hidrocarburífero, para ponerlas
bajo gestión de los trabajadores, rechazando los generosos acuerdos noventistas
firmados con Chevrón, Dow Chemical y otras firmas. Es fundamental pelear por
este programa, para que sean la clase trabajadora y los sectores los que
decidan cómo se explota estos recursos, de forma que pueda resultar compatible
con la preservación del medio ambiente, y qué destino se le da a la renta
petrolera que hoy se distribuyen las empresas imperialistas y los Estados
provincial y nacional (que usan su parte para pagar a usureros y subsidiar al
capital)
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