El Paro de los trabajadores portuarios nos reiteró que la movilización social y la huelga constituyen acciones legítimas y eficientes para  obtener logros y seguir arrinconando a un modelo institucional y económico que viola sistemáticamente los derechos democráticos y laborales. El ejemplo de unidad entregado por miles de operadores portuarios del país obligó a los empresarios a atender sus demandas,  cuanto obligar a las autoridades gubernamentales a exigir un diálogo y garantizar una solución. Este año electoral es una magnífica oportunidad para expresar el descontento de millones de chilenos que se sienten burlados en sus derechos.

El conjunto de la “clase política” ya no resiste más descrédito y aprecia que, si no se pone del  lado de las demandas sociales, lo que estará a punto de quiebre será luego todo el andamiaje de la pos dictadura. En este sentido, el 2013 debiera ser el año en que los contratados y tercerizados del cobre consigan ponerle fin a una segregación ya crónica en los yacimientos, así como ofrecerle al país un camino de recuperación de nuestras riquezas básicas en manos de inversionistas privados y foráneos usureros y sin consideración alguna respecto de nuestra naturaleza.

Los estudiantes, asimismo,  difícilmente podrán encontrar otra posibilidad de la que les ofrece este año electoral a sus demandas de educación pública digna y gratuita. En este sentido, deberán ser capaces de establecer acuerdos claros y concretos con las actuales  autoridades y las venideras. Por ningún motivo, dejarse embolinar con “ofertones” propagandísticos como los que ya lanzados por algunos presidenciables. La censura a un ministro de Estado es apenas un hito más en la revolución de la enseñanza y, por cierto, no debiera  conformar a quienes tienen asumido que la responsabilidad del lucro, por ejemplo, es una transgresión que compromete a más de 20 años de gobiernos cómplices de una política destinada a apartar al Estado de una responsabilidad que debe ser siempre  ineludible en una sociedad que presuma de democrática. Tanto es así que fue en el primer gobierno de la Concertación donde se le dio un salvoconducto al pago de los apoderados a los colegios particulares subvencionados, con lo cual rápidamente estos establecimientos marcaron distancia de los colegios municipalizados. Como que después de la “Revolución Pingüina” viniera la aprobación  de la Ley General de Educación (LGE), un volador de luces aprobado transversalmente por la política que se deshiciera como pompa de jabón a poco andar y comprobarse que las demandas estudiantiles habían sido nuevamente burladas.

Tanto el sistema previsional, como el de la salud privada debieran también mover a sus millones de víctimas a las calles y a la resistencia efectiva contra las entidades que se enriquecen a cargo de sus fondos previsionales y requerimientos médicos. Imponer, también, con su protesta la acción del Estado en la exigencia de una jubilación digna, como en la solvente atención tanto de clínicas privadas como hospitales y policlínicos. Además de boicotear la inescrupulosa colusión que siguen practicando las farmacias.

A lo anterior, los trabajadores y los estudiantes deben oponerse a la escandalosa proliferación de  termo e hidroelécticas que tienen en riego nuestros ecosistemas y la vida de nuestras poblaciones. Para contrarrestar los millonarios recursos de estas  empresas que compran la información y sobornan a  parlamentarios y ministros no queda más recurso que impedir físicamente la instalación de las mismas. Así como denunciar al mundo sus despropósitos. Lo mismo que hay que hacer con iniciativas de tal agresión medioambiental como la llevada a cabo por Agrosuper en Freirina, donde –de nuevo- la movilización popular inhibió el desarrollo de este y otros atentados.

Pero donde todos los actores sociales deben confluir y actuar es a favor de una nueva Constitución Política que surja de una asamblea constituyente y se legitime con la consulta ciudadana. Esta demanda debiera acompañar a cualquier exigencia sectorial, en el convencimiento de que las soluciones finalmente dependen de la posibilidad de que en La Moneda y el Parlamento tengamos genuinos representantes del pueblo. A la vez que nuestras instituciones estén regidas por leyes justas y de raigambre republicana y no por los resabios autoritarios y excluyentes de nuestra actual Ley Electoral, como de aquellos articulados de la constitución pinochetista que coartan la acción del Estado en La economía, le siguen otorgando poderes y recursos omnímodos a las Fuerzas Armadas y a la represión policial, así como limitan el sindicalismo libre y todo el derecho de asociación consagrado por la legislación internacional.  No en vano se avanza en la convicción de que tenemos un cuerpo legal repugnante que permite todavía el ejercicio del terrorismo de Estado, el yugo cultural y social a las minorías étnicas y otro tipo de discriminaciones. De la misma manera, que se descubre la corrupción de los referentes sindicales cooptados por la política y por  el soborno de las entidades patronales y el propio Gobierno.

Los chilenos tenemos derecho a estar indignados y a manifestar públicamente nuestro  malestar, desobedeciendo las leyes injustas  e imponiendo un bloqueo efectivo a la injusticia y el atropello propio de uno de los países más inequitativos del Orbe. En la convicción histórica de que los cambios rara vez suceden por iniciativa de los gobernantes. Sobre todo en un tiempo en que los partidos políticos han devenido en entelequias electoralistas y  agencias de empleo. Sin espacio alguno para la reflexión ideológica o estratégica.  Como tristemente se constata que ya tengamos toda suerte de candidatos  sin programa. Nominados sin consentimiento de sus bases.  En lo que ya es una práctica nacional: anteponer la carreta a los bueyes. El interés de las cúpulas a la razón de estado.