Argentina - YPF: ¿NACIONALIZACION O NEGOCIO SALVADOR?

Mucho se ha hablado y escrito acerca de las ultimas acciones del gobierno sobre YPF, y el esfuerzo por parte de este, sobre todo de CFK y su círculo más cercano, de hacerlas aparecer como una epopeya, una victoria en una lucha sobre canallescos enemigos de la patria.


Primero y fundamental, estos canallescos enemigos de la patria, Repsol y muchos más que no se nombran, fueron los beneficiarios de una política totalmente entreguista de nuestras riquezas por parte de un gobierno peronista, el de Menem, que fue fervientemente apoyada por el matrimonio Kirchner en aquella época, y que durante 9 años de gobierno kirchnerista esos enemigos han recibido el respaldo, el elogio y nuevos beneficios de parte del mismo.

Así, el matrimonio Kirchner respaldó toda la política privatista desde el principio, especialmente la de los recursos hidrocarburíferos que benefició grandemente a la provincia de Santa Cruz; prorrogaron la concesión a la Pan American Energy -con adelanto pues vencía en 2017- hasta el 2047; negaron hasta hace poco tiempo que hubiera déficit energético y elogiaron, también hasta hace poco, a Repsol por su fructífera actividad especialmente por los descubrimientos de los yacimientos de gas y petróleo (que por supuesto huelen a cuento pues se conocían desde hace muchos años).

El Estado Argentino, a través de su participación accionaria, estaba perfectamente al tanto de la situación de la empresa y el representante del gobierno suscribía y avalaba todas las decisiones del Directorio de YPF sin expresar disidencias en contrario.

No puede aparecer ahora como si fuera un gobierno que recién asume y aplica una política de nacionalización que defendió en su campaña electoral. Este aparente giro de 180 grados después de tantos años tiene que responder a otros motivos no tan santos.

¿De qué se está haciendo cargo, realmente, el Estado Argentino?

Tras este sinsentido de apropiarse de una parte de las acciones de la empresa, sacándole a un solo socio (REPSOL, el mayoritario) un 51% de su total del 57,4%, el Estado Nacional deberá hacerse cargo de la deuda total de YPF al 31.l2.11 de 8.300 millones de dólares, por haber pasado a ser el socio mayoritario.

Por otra parte, se calcula que, en un plan de recuperación de la actividad de YPF de cinco años, deberán invertirse en forma primaria unos 30.000 millones de dólares, a razón de 6.000 MD por año, por lo que, aunque el estado llegara a no pagar un peso de indemnización, se está echando encima una carga de deuda propia muy pesada.

Por otra parte, YPF ya tiene, de acuerdo a sus propios libros contables, un déficit a cubrir de unos 7.700 millones de pesos que también deberá hacerse cargo el Estado.

Los vencimientos de deuda por Obligaciones Negociables (ON) emitidas bajo la administración Repsol serían de 300 millones de pesos en Diciembre de este año y de 70 millones de pesos en Marzo de 2013, entre los más relevantes.

Todo esto supone para el Estado Nacional la asunción de una fuerte carga de endeudamiento adicional que hasta hoy no se tenía. Con los problemas económico-financieros evidenciados actualmente en el estado, se explica el reclamo a aumentar sus inversiones a las empresas que ya operan en el país y el apresuramiento a contactar a numerosas multinacionales del petróleo con el mismo fin. En fin, cambiar a Repsol por otra u otras multinacionales.

En los hechos, un salvataje a Repsol
Todo esto nos hace reflexionar sobre si esta mayúscula nueva carga financiera que pasa al Estado Central -más allá de todo lo que se actúe ante la población- no constituye en realidad una forma de salvataje práctico a la empresa Repsol desligándola del peso de estos grandes compromisos, que le eran imposibles de cumplir por sí misma.

En carta a la presidenta del 2.4.12 -mencionada en el Proyecto de Ley (PL) de expropiación en su acápite IV titulado “La carta autoincriminatoria del Señor Brufau” (funcionario central de Repsol)-, este señor le dice que Repsol no se encuentra en condiciones de implementar el Plan de Inversiones de YPF porque carece de capacidad para financiarlo, y que sólo podría cubrir la mitad de los 30.000 millones de dólares calculados. La alternativa ofrecida por Brufau, siempre según el texto del PL, era buscar “asociaciones para ceder parte de su parte de su participación en las concesiones…a empresas e inversores nacionales e internacionales…con el objeto de obtener la financiación necesaria para la ejecución del plan”. Brufau confesaba que “YPF ya tenía avanzadas negociaciones con significativos ofertantes que representan compañías internacionales” para ello.

Todas estas negociaciones están perfectamente documentadas en informaciones periodísticas, tratándose, entre las más importantes, SINOPEC GROUP (petrolera china), BRIDAS (flía. Bulgheroni), CNOOC (china), Exxon, Total y Petrobras, más otra contratistas y de servicios.

Aquí el gobierno argentino le reprocha que el “principal causante de la situación” se ofrezca como “salvador” de la crisis, cuando, además, no estaba en condiciones de garantizarlo. Y es cuando decide llevar adelante la expropiación del 51% de las acciones de Repsol, dejándole un 6,4%, y de ese modo reservándose el derecho al manejo exclusivo de los próximos pasos de YPF y cargando con el peso de los pasivos heredados y de las deudas a contraer en el futuro. Es decir, toma el lugar de Repsol en la compañía, asegurándose la mayoría, con lo que se asegura el control pero también la enorme carga financiera que antes no tenía.

Una incertidumbre y una salida desesperada

En los hechos, esta decisión del gobierno argentino opera como un salvataje para Repsol, que se libera del pago de su deuda y de la inversión a realizar, y que ahora le reclama al estado ante el CIADI (el tribunal que falló contra el estado argentino en el caso AZURIX) el pago de 10.500 millones de dólares. Pero no podemos afirmar que el motivo central del gobierno haya sido ese salvataje.

Lo que sí se ve clarito es que el gobierno busca de esta manera convertirse en socio de grandes compañías e inversores para tener acceso a una importante caja de dínero, que es lo que está buscando desesperadamente, para tapar numerosos agujeros (déficit energético enorme, pagos de grandes vencimientos de la deuda externa, dinero para su propio manejo). Pero también se verá obligado a pagar deuda de YPF y atenerse a las condiciones que le exijan los grandes inversores.

Esa no es la verdadera estatización de los hidrocarburos argentinos, es un negocio más del gobierno kirchnerista.
Lo que queremos los trabajadores y pueblo argentino
Con la plata que se destinan a miles de millones en subsidios a grandes empresarios, los miles de millones para el pago de la estafa llamada “deuda externa”, con los impuestos proporcionales a las fabulosas ganancias de todas las empresas extranjeras, podemos lograr, entre otros importantes objetivos:
-Nacionalización y estatización de todos los hidrocarburos, mediante la expropiación son pago del 100% de todas las empresas, multinacionales y nacionales, que operan hoy en el sector.
-Anulación de las leyes de provincialización de 1994, así como del código de minería y de todas las leyes, decretos y acuerdos firmados hasta la actualidad con las empresas privadfas.

-Creación de una única empresa estatal, nacional y monopólica de hidrocarburos en todo el país.

-Establecer el control de los trabajadores, en cada uno de los sectores y empresas, de todos los recursos naturales.

-Cancelación de las exportaciones de petróleo, derivados, gas y todo tipo de energías hasta satisfacer las necesidades del consumo interno.

-Manejo de manera sustentable de los recursos hidrocarburíferos y naturales privilegiando las necesidades del pueblo trabajador, en la perspectiva del desarrollo del recambio de la matriz energética a través de las energías renovables.-





Fuente: La CHISPA, ARGENTINA

www.lachispaargentina.com.ar