Las claves del descontento social en Argentina
Por Pablo Gramajo, Pedro Herrera
y Andrés Figueroa Cornejo
Las medidas antipopulares
impuestas desde el gobierno nacional hasta las provincias en un territorio
federado y de contrastes asombrosos, manifiestan la receta ‘para crisis
mundiales en países dependientes’, donde los que mandan superviven
de sus rentas a cuenta del empeoramiento de la vida del pueblo trabajador. El
capitalismo narco-financiero realmente existente de una Argentina golpeada por los efectos de su condición
primario-extractiva, una inflación estelar, déficit fiscal, deuda pública y
externa que urge dólares a como dé lugar y la corrupción, edifican su malestar
social. La distancia entre los relatos
interesados de las distintas facciones partidistas, tanto en el Ejecutivo como
en la oposición, y la vida real del pueblo argentino ameritan una biblia de contradicciones
salvajes. Queda como deuda y entrega capitulada.
El 14 de marzo, en la Ciudad de
Buenos Aires, se realizaron dos movilizaciones que signan y resumen parte
sustantiva de los dolores sociales de Argentina. Los docentes, estudiantes,
madres y apoderados, y universitarios impugnaron al gobierno metropolitano del
empresario y ultra liberal, Mauricio Macri (uno de los pre candidatos a las
elecciones presidenciales de 2015) por el cierre arbitrario de, hasta ahora,
221 cursos en establecimientos de la educación pública. En Buenos Aires, poco
más de la mitad de la educación escolar es privada (es decir, tiene objetivos
gananciales particulares) y el 49 % es pública.
También, el mismo día, los
asalariados agrupados en la Central de Trabajadores de Argentina (CTA)
efectuaron una marcha masiva debido a la precarización del trabajo y de la vida
en todos sus ámbitos. El pueblo organizado anuncia desde abajo el retorno de
sus fueros.
LOS SUJETOS SOCIALES DE LA
EDUCACIÓNCUESTIONAN LA GOBERNABILIDAD
Entrevistada por Mariane Pécora,
la destacada especialista en educación del país, Susana Vior -Profesora de Política
Educacional en el Departamento de Educación y directora de la maestría en
Política y Gestión de la Educación en la Universidad Nacional de Luján, y autora
de numerosos trabajos al respecto-, señala que hoy “la escuela perdió su
capacidad integradora de grupos sociales diferentes. Históricamente, la escuela
atemperaba las diferencias sociales porque a la misma escuela iba el hijo del
médico, del obrero o del comerciante. Y eso generaba no sólo vínculos
personales muy fuertes; también permitía la experiencia de descubrir qué
tenemos en común como seres humanos los integrantes de una sociedad. La escuela
ha perdido todo eso. Creo que los sectores que detentan el poder han perdido de
vista el papel fundamental de la escuela como instrumento de integración
social”, y añade Vior acusando la miopía de la casta política tradicional que
“sin integración social no hay gobernabilidad posible. Porque quieras o no, más
temprano o más tarde, los conflictos sociales surgen. Y surgen con las
características de enfrentamientos muy tremendos.”
Por su parte, Santiago, delegado
sindical de los educadores de la Ciudad porteña dirigida por el millonario,
representante de los intereses de la minoría gran propietaria y cabal
fundamentalista neoliberal, informa que
“su proyecto es dejar a la escuela pública sólo para los sectores más
marginales y empobrecidos de la población, y a los docentes, trabajando en
condiciones salariales, laborales y de infraestructura patéticas. Lo que hace
Macri es fortalecer cada vez más la
enseñanza privada. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, la educación particular
tiene un subsidio de $ 1600 millones de pesos (US$ 367 millones de dólares).
Estos son los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial
que han acatado no sólo los gobiernos de la Ciudad, sino que las provincias
y la administración central de la casa
Rosada. El gobierno nacional sigue sosteniendo un Estado sin escuelas. No
financia alas escuelas, ni paga salarios. Si se hiciera cargo del mantenimiento
de las escuelas, sus aspectos materiales estarían mucho mejor. La
provincialización dela educación se basó en medidas antisociales que no se
retrotrajeron jamás, bajo ninguna gobierno hasta ahora.”
Mariana Scayola, maestra de 3ER
grado de una escuela de primaria del barrio Almagro dice que en su
establecimiento “quieren cerrar dos grados completos. Eso significa que hay que
armar cursos de 30 o más alumnos. Pedagógicamente, el fenómeno lesiona la
atención personalizada a los niños. Y se trata de chicos y chicas que demandan
una atención más concentrada y
laboriosa. El gobierno ordenó que un curso con más de 15 estudiantes debe,
obligatoriamente, fundirse con otro. Macri mandata el mínimo de alumnos por
aula, pero no el máximo. Habrá 140 docentes despedidos en la Capital, por el
momento.
-¿Cuáles la diferencia con la
privada?
“En la escuela pública, los
chicos no son clientes, no está el dinero de por medio. En las escuelas
privadas, hay cursos de 40 alumnos porque eso suma más cantidad de
mensualidades para el propietario del colegio. No les importa si el niño
aprende o no. En la escuela pública no tenemos ese problema, obviamente. Lo
único que nos interesa es que los chicos aprendan. Yo he trabajado en escuelas
privadas y ahí hay que hacer cosas para
mostrarle’ a las madres, padres y apoderados con el fin de retenerla
matrícula. Incluso mentir sobre la
situación de sus hijos. En las escuelas privadas el director más parece un
gerente comercial que un conductor pedagógico.”
Desde el Sindicato de la Ciudad
allegado al gobierno de CFK, Matías Woiciechowski, dirigente de la Unión de
Trabajadores de la Educación (UTE), que junto a otros representantes de esa
organización magisterial hacen guardia en una carpa frente a la jefatura de
gobierno de la Ciudad “exigiendo a Mauricio Macri que no cierre ningún grado
más. Ello redunda en chicos sin escuela y docentes sin trabajo. La escuela
pública es inclusiva, no cobra derecho de admisión. La privada diferencia por
el monto de la cuota que cobra, por alguna confesión religiosa, etc. La gente
se pone la camiseta de la escuela pública.”
Manuel Gutiérrez, dirigente del
la organización de docentes más independiente del Estado, el gobierno y el
empresariado, la Asociación de Educadores de Enseñanza Media y Superior
(Ademys), pero que también integra en sus filas a las maestras y maestros de
primaria, dice que el cierre de 221 cursos “tiene como fin desmantelar la
escuela pública a favor del mercado y los privados. Pero es preciso, por el
contrario y objetivamente, abrir escuelas. La escuela privada está limitada por
cuestiones económicas, y es excluyente desde el punto de vista religioso. Sólo
la escuela pública garantiza la pluralidad, la amplitud de criterio para una formación
democrática. Y la excelencia académica sólo puede entregarla la educación
pública. No por nada, los países desarrollados del mundo cuentan con un sistema
de educación pública nacional, laica, gratuita y universal. La enseñanza
pública es la base para la construcción de una sociedad igualitaria y libre.”
María Laura Frecha, es también
representante de Ademys (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=139594).
-¿Por qué una madre, un
apoderado, debería optar por la educación pública en vez de la privada?
“Porque la pública es de mejor
calidad. No sólo las niñas, niños y jóvenes tienen acceso a mayor cultura, al
contacto con otros saberes. El egresado cuenta con un pensamiento reflexivo y
no dogmático de la realidad. Es y será un mejor trabajador, un mejor ciudadano,
con más oportunidades de elegir y desarrollarse. En cambio, la educación
privada siempre tiene un sesgo ideológico estrecho, lo que limita sus posibilidades
en la vida.”
-Pero la educación es un tema
país, y aquí en la marcha sólo se observan actores del mundo escolar, docentes,
apoderados, alumnos, universitarios…
“El Estado tiene que
responsabilizarse de la enseñanza para su mejoramiento material y de
infraestructura. Entonces la lucha por su defensa debe involucrar al conjunto
de la sociedad. La enseñanza pública no está al servicio de intereses
particulares, como la privada. Está destinada a la formación integral de
futuros hombres y mujeres cuyos conocimientos son útiles al desarrollo y prosperidad
general del país. Sin un sistema nacional y público de enseñanza, no hay
porvenir para la Argentina que todos soñamos.”
Sólo en la escuela 2 del Distrito
7º, Francisco Herrera, ya han cerrado 11 cursos, es decir, la mitad del
establecimiento.
EL AJUSTE, LA MEGAMINERÍA, LA LEY ANTITERRORISTA
El 14 de marzo, la Central de Trabajadores de Argentina
convocó a marchar masivamente por la Av. 9 de julio y Corrientes hacia el
Ministerio de Trabajo, en repudio a los
ajustes económicos que vienen ejecutando Gobierno Nacional y por la derogación urgente
de la ley antiterrorista.
Miriam Liempe, mapuche, del área
de Relaciones con las Comunidades de la CTA notifica que “como pueblo originario estamos participando,
porque lo que ocurre en este territorio nos pasa a todos. Hoy estamos marchando
para que el ajuste no lo pague el
pueblo, ni los más marginados, y para que se derogue la ley antiterrorista”.
-¿Qué impacto tiene la sanción de la ley antiterrorista, en relación a la
lucha de los movimientos?
“Para los pueblos originarios la
represión se agudizado. Antes de que aquí se implementara la ley
antiterrorista, para entenderla mejor, mirábamos a Chile, como al pueblo
mapuche se le perseguía brutalmente. Pero nunca imaginamos su aprobación
en Argentina, ya que hay un gobierno que
luce en el concierto internacional la bandera de derechos humanos. Existe una contradicción entre lo que dice y lo que hace. Con el
agravante que no se visibiliza en los medios.”
Pablo de Micheli, Secretario General de la CTA añade que “hay un desafío de construir un paro
nacional, con una movilización a Plaza de Mayo en compañía protagónica de todas
lasfuerzas del campo popular. Nuestro rol es defender con hechos la
reivindicación de los trabajadores y trabajadoras del país”.
-¿Qué efectos comportaría la ley antiterrorista
en relación a estas reivindicaciones?
“La ley antiterrorista sirve para
controlar y perseguir la lucha social.
Hemos salido a la calle y lo seguiremos
haciendo hasta que se anule semejante atrocidad porque los únicos portadores de
la violencia y de terrorismo son los que generaron esta ley y no los luchadores
y el pueblo argentino.”
Finalmente, Anabel Melnik, de la
Coordinación de Asambleas del pueblo expresa que la marcha “es por la injusticia de lo que se
paga a las cooperativas, el ajuste, lo que está pasando con los trabajadores,
por todo lo que se viene este año, por las paritarias que se cierran, la
inflación, los colegios que se cierran, por la minería a cielo abierto, crimen
de lesa humanidad. Es la única herramienta de lucha que tenemos, ya que el
gobierno ha empezado un combate contra nuestro pueblo”.
LA TRAMPA Y LA VOLUNTAD
Arnaldo Ernesto del sindicato de
Agentes de Propaganda Médica (APM) que trabajan en laboratorios farmacéuticos,
comunica que “estamos en plan de lucha para conseguir el 82% móvil. Las
empresas farmacéuticas siguen ganando millones y millones de dólares sin hacer
participar a la gente de sus ganancias pero si de sus pérdidas”.
El sindicalista añade que “somos
más 6 mil trabajadores en todo el país.
Nuestra demanda es una paritaria libre (negociación colectiva) sin piso
ni techo para poder llevar nuestro salario al lugar donde deben estar, Los
empresarios nacionales e internacionales deben dejar de extorsionar a los
trabajadores con políticas de aprietes y reivindicar nuestro trabajo”
Ricardo Peidro: Secretario
adjunto de la CTA dice que “no queremos topes en las paritarias como los
quieren las patronales. Luchamos para que se derogue el impuesto a las
ganancias. El salario no es ganancia. Ese impuesto es totalmente regresivo”.
El dirigente nacional apunta que
“respecto de las asignaciones familiares, queremos unificarlas especialmente
por hijos. Hay una diversidad muy grande y
compañeros que perciben poco más de 5 mil pesos de salario (US$ 1140
dólares mensuales) que no cobran esas asignaciones familiares”.
A su vez plantea que en los
programas de inserción laboral como el “Plan Argentina Trabaja”, “puedan
discutir paritarias, y no solamente aumento salarial sino también que se
discutan condiciones de trabajo, seguridad social, obra social.”
Laura Albornoz trabaja en ese
plan gubernamental. Ahí realiza labores de limpieza y dice que “pedimos aumento
en la cooperativa. Estamos recibiendo 1200 pesos al mes (US$ 275 dólares). Pero
ese sueldo sólo alcanza para comprar un kilo de carne por día, ¿y las demás
cosas? Queremos un salario que nos alcance para vivir.”
Respecto de los planes de
inserción laboral en los municipios donde se han implementado, se ha utilizado
a la gente como rompe huelgas. Luis Gómez es empleado de la municipalidad de
Quilmes, trabaja en el área de alumbrado público y asegura que “en los municipios
ocurre que no se equipara la justicia social entre los trabajadores. Están los
que entran por afinidad política y los que vienen trabajando de planta desde
hace mucho tiempo en los municipios. Ellos están con un sueldo bastante
‘groso’, mientras que los empleados municipales estamos con un sueldo básico
para abajo. Y como ellos entran con una cantidad de gente bastante grande y los
contratan, entonces nos dividen. En
cuanto a las cooperativas vienen a cumplir una labor de rompehuelgas porque al
no comprender el trabajo que realizan a través de ellas, obedecen al mandato
del puntero político que los convoca sin saber cuáles son los derechos y
obligaciones que se tiene. Están sometidos a hacer trabajos allá o acá sin
saber si tienen obra social o no.”
Cuando desean canalizar su
reclamo mediante una huelga “ellos salen con la gente contratada por los
partidos de arriba. Esos trabajadores, como no tienen interés de hablar de
paritarias, salen igual a trabajar por la necesidad que hay. Está organizada la
política de esa manera en casi todo el cono urbano”, aclara Gómez.
Consultado sobre el ambiente
laboral en ese escenario, Luis Gómez expresa que “cuesta mucho mantenerse en
ese clima. Tiene que haber mucha lucha, concientizando a los compañeros de
reclamar lo que es justo, de lo que corresponde.”
Marzo 16 de 2012
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