Chile - Ley de Seguridad del Estado (LSE) Su historia.

Fuente: Wikipedia

A partir de la década de 1930 comienzan a promulgarse en Chile textos dedicados de manera especial a regular materias sobre la seguridad del Estado y orden público, como los siguientes:

 El DFL Nº 143 de 1931, que estableció como delito contra la seguridad interior la propagación de noticias tendenciosas o falsas. El Decreto Ley Nº 50 de 1932, que reguló una serie de figuras penales que serían retomadas por los cuerpos normativos posteriores, tales como la apología de la violencia, la propagación y promoción de doctrinas subversivas, la incitación a la revuelta o al terrorismo, entre otras.

La Ley Nº 6020 de 1937, que estableció la distinción entre delitos contra la seguridad del estado y delitos contra el orden público, que sería recogida por la legislación posterior, incluida la LSE. La directa antecesora de la Ley de Seguridad del Estado fue la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (Ley Nº 8987 del año 1948), la cual es generalmente es conocida por haber establecido la proscripción ideológica del Partido Progresista Nacional y del Partido Comunista, el borrado del registro electoral de sus militantes y de las personas sospechosas de participar en dichas organizaciones, lo que significó la inhabilitación y cesación del cargo de regidores, alcaldes, diputados y senadores electos de tales partidos políticos.

Similares sanciones se aplicaron en la designación y contratación de empleados en la administración pública, municipalidades e instituciones de educación, además de prohibir toda organización, propaganda y toda asociación similar. Se sancionaron todas las reuniones o actos que interrumpieran el normal desarrollo de las actividades productivas, limitándose el derecho de huelga. También sancionaba a quienes cooperaran o efectuaran actos contrarios a la misma.

La Ley de Defensa de la Democracia fue derogada en 1958, y fue reemplazada por la Ley 12.927. Al momento de su derogación, el entonces presidente Carlos Ibáñez del Campo, que había aplicado regularmente la Ley de Defensa de la Democracia durante los primeros años de su mandato,1 reconoció que dicha ley "(en) la práctica ha demostrado su fracaso, aparte de que ha creado resentimientos del todo inconvenientes al negar a un grupo de ciudadanos el derecho, que es a la vez deber fundamental, de participar en la elección de los Poderes del Estado."

 El propio Ibáñez añadió, en el mismo mensaje, que el propósito de la Ley 12.927 era la protección del sistema democrático de gobierno. Durante la Dictadura Militar la LSE fue objeto de numerosas reformas dirigidas a ampliar las conductas punibles y aumentar sustancialmente las penas, especialmente para los delitos contra el orden público.

Ya en la transición a la democracia, y como resultado de las llamadas Leyes Cumplido, la gran mayoría de las modificaciones introducidas a la ley durante el régimen militar fueron eliminadas. En tal sentido, el texto actual de la LSE se asemeja en gran medida al existente con anterioridad a la dictadura militar.