Estado Español - El fiscal presenta una denuncia «preventiva» contra los Botín

Posted by Correo Semanal on martes, julio 19, 2011

Fuente: diario El Mundo el 17 de junio de 2011

Por si acaso no son suficientes los 200 millones que pagaron para regularizar la fortuna que heredaron en Suiza
La Agencia Tributaria alega que la ingente documentación en inglés y en francés le impidió verificar la liquidación
La Audiencia la admitió ayer, víspera de la junta general del Santander, y en plena ofensiva del Gobierno contra la banca

La Audiencia Nacional investiga si el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y otros 11 miembros de su familia cometieron delitos contra la Hacienda Pública al no declarar los fondos de que disponían en la filial suiza del HSBC.
La Fiscalía Anticorrupción abrió unas diligencias de investigación sobre Botín, sus cinco hijos, su hermano y los cinco hijos de éste el pasado 23 de mayo. Días más tarde, el Ministerio Público presentó una denuncia en la Audiencia Nacional que el magistrado Fernando Andreu admitió a trámite ayer, víspera de la junta general de accionistas del Santander.

El origen de la investigación se encuentra en el robo de datos de las cuentas opacas del HSBC por parte de uno de sus empleados. La información acabó en manos de las autoridades fiscales francesas, que en mayo del año pasado se la transmitieron a las españolas.
En junio de 2010, Hacienda comunicó a los Botín que tenía datos sobre esos fondos en el HSBC Private Bank Suisse y cursó un requerimiento para que presentaran las liquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a los años 2005 a 2009, que aún no habían prescrito. A lo largo del mes de julio, los hoy denunciados presentaron unas liquidaciones complementarias que supusieron el pago de unos 200 millones de euros a las arcas públicas.
En la información aportada a Hacienda, la familia explicaba el origen del dinero: la huida de España en 1939, a causa de la Guerra Civil, del padre de Emilio Botín, que depositó sus fondos en Suiza. Emilio Botín Sanz de Sautola falleció en 1993, dejando a sus hijos esa fortuna estructurada a través de trusts, fundaciones y diversos tipos de sociedades.
El juez indica en su auto que la denuncia de Anticorrupción es «a prevención», puesto que la apertura de la vía penal era la única manera de impedir que el próximo 30 de junio prescribiera el posible delito referido a la declaración de 2005.
En el escrito remitido en abril a Anticorrupción, la Agencia Tributaria explica que no ha tenido tiempo de comprobar si las regularizaciones efectuadas por los Botín son correctas o, por el contrario, tienen aún pendientes deudas tributarias.
El servicio de Inspección de Hacienda informa de que todavía están en «fase de acopio y análisis de la diferente documentación» remitida por los Botín. Añade que las actuaciones se están viendo «ralentizadas» por el hecho de que a los denunciados no les ha sido factible aportar «la documentación requerida». A ello se sumaría que esa documentación se prevé «ingente», que está «en inglés o francés», así como «la complejidad de las estructuras patrimoniales» y el «elevado número» de investigados. Todo ello, dice Hacienda, ha impedido hasta el momento «emitir un juicio válido» sobre si lo pagado por los Botín es suficiente.
Según recuerda la Fiscalía en la denuncia y el juez en el auto, en el caso de que Hacienda se muestre conforme con las liquidaciones complementarias la investigación se archivaría, puesto que se podría aplicar la excusa absolutoria que recoge el artículo 305 del Código Penal, el mismo que fija para la defraudación fiscal superior a los 120.000 euros la pena de uno a cuatro años de prisión.
Este artículo permite eludir la condena por delito fiscal a quienes regularicen su situación voluntariamente antes de que Hacienda les informe de que están siendo investigados. Ayer, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) criticaron el «trato de favor» dispensado a la familia Botín, ya que consideran que se les dio una segunda oportunidad para pagar voluntariamente que no se ofrece al resto de ciudadanos.
Por su parte, los afectados afirmaron ayer que están al corriente de todas sus obligaciones fiscales. «La familia Botín ha realizado una regularización voluntaria y completa de estos bienes, está al corriente de todas sus obligaciones fiscales, y espera que muy pronto todo este asunto se aclare satisfactoriamente en sede judicial», declaró a Europa Press un portavoz de la familia.
Para comprobar si eso es así, el juez acordó ayer la primera diligencia: designar como peritos a dos inspectores destinados en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Madrid que deberán comprobar si los 200 millones son suficientes o hay que seguir adelante con el procedimiento penal. 

El origen del presunto fraude
>Huida a Suiza. Con el inicio de la Guerra Civil, Emilio Botín padre abandona España y deposita parte de su patrimonio en una fundación con su nombre creada en Suiza.
>El CD robado. En 2010, un trabajador de HSBC copia en un CD una lista de 659 clientes españoles que no habían declarado más de 6.000 millones a Hacienda, entre los que están los hermanos Botín y sus hijos.
>Comienza la investigación. Ayer, la Audiencia Nacional informa que acepta a trámite la denuncia por presunto fraude fiscal y falsedad documental contra la familia Botín.
ANÁLISIS
CARLOS SEGOVIA / Madrid
Corresponsal económico
17/06/2011
Vergonzoso y sospechoso
Vergonzoso y sospechoso. Vergonzoso, porque no tiene otro adjetivo que la familia que controla el primer banco de España, los Botín, mantenga dinero durante 17 años -sin contar el tiempo que lo mantuvo antes el patriarca familiar- en un paraíso fiscal opaco para la Hacienda pública. La regularización por valor de 200 millones de los cuatro años no prescritos da idea de la magnitud de lo escondido.
El artículo 2.3 del Código Ético del Grupo Santander establece, sin ir más lejos, que los responsables de la entidad «deberán desarrollar una conducta profesional recta, imparcial, honesta y conforme con los principios de la responsabilidad social corporativa». Entre los denunciados, además del propio presidente del grupo, Emilio Botín, se encuentra su potencial sucesora, Ana Botín, a la que la estricta autoridad financiera británica aceptó el pasado año como presidenta de la filial británica por considerar intachable su honorabilidad. El consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, tuvo que retirar su propuesta de ser consejero en Reino Unido al ser condenado en España por el Supremo por denuncia falsa. Así está la cúpula del primer banco de la Eurozona.
Pero si vergonzoso es este borrón de la exitosa carrera bancaria de la familia cántabra, también es sospechoso el comportamiento del Gobierno. Veamos. La Agencia Tributaria decidió enviar el 13 de mayo al fiscal Anticorrupción el caso Botín, después de 10 meses de darle teóricas vueltas con seguro conocimiento del Gobierno. Zapatero acentuaba entonces su discurso más izquierdista en su difícil campaña electoral y acababa de proclamar que «miente como un bellaco» el que diga que ha hecho recortes sociales.
Diez días después, justo unas horas más tarde de la derrota electoral socialista y en plena acampada de indignados en la Puerta del Sol, el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, con el necesariovisto bueno de su superior, Cándido Conde-Pumpido, iniciaba las diligencias para presentar la denuncia días después ante la Audiencia Nacional.
Ya esta semana, José Blanco el lunes y, con más vigor, Valeriano Gómez, el martes, culpaban a la banca de la crisis. El miércoles, indignados se manifestaban frente a una oficina del segundo banco de España, el BBVA, y zarandeaban a un Cayo Lara que sí estaba informado de que ahí iba a pasar algo. Pero no la policía al parecer. Y ya ayer, el jueves, llegó el auto del juez catapultando a Botín al principio del telediario con silencio gubernamental.
JUAN EMILIO MAÍLLO / Madrid
17/06/2011
Varapalo de imagen 24 horas antes de la Junta
La denuncia daña la reputación del banco en vísperas de la cita clave del año
La admisión a trámite en la Audiencia Nacional de la denuncia contra Emilio Botín y su familia tendrá consecuencias inmediatas para la entidad financiera más grande de Europa. A corto plazo, afectará a la reputación. A largo, podría interferir, incluso, en la sucesión del propio banquero cántabro. La noticia se convirtió ayer inmediatamente en portada de las ediciones digitales de los dos diarios más influyentes del ámbito económico: The Wall Street Journal y Financial Times. También de los españoles.
Lo peor, para el banco, es que el auto de la Audiencia Nacional se conoció en un momento clave para la entidad: la víspera de la Junta General de Accionistas que se celebrará hoy en Santander. O lo que es igual, la cita más importante del año para cualquier compañía
El Santander tiene un grupo reducido de accionistas que suele aprovechar estas juntas para denunciar malas prácticas que atribuyen al equipo gestor, con Botín al frente. Así, pues, la decisión de la Fiscalía y el auto del juez Fernando Andréu les argumentos frescos con la que acudir a la cita de hoy en el Palacio de Congresos de la capital cántabra.
PRIMER IMPACTO. Hay un primer daño que está hecho: el reputacional. Toda la prensa recoge la acusación contra Botín por presunto fraude fiscal. La noticia llega, además, en plena Campaña de la Renta, cuando muchos españoles sufren para saldar sus cuentas con el Fisco.
MANIFESTACIÓN. Los indignados que hoy tenían previsto concentrarse ante el Palacio de Congresos de Santander para explicitar su desazón con el comportamiento de los banqueros, se encuentran con nuevos argumentos de apoyo a su tesis. No en vano, Botín es uno de los dardos preferidos por los acampados e indignados que han protagonizado protestas por toda España.
SUCESIÓN. La investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional también puede tener consecuencias a medio y largo plazo para Ana Patricia Botín, a la que casi todas las fuentes financieras sitúan como sucesora de su padre al frente del grupo financiero. Hoy, la hija de Emilio Botín está al frente de Santander UK, la filial británica del banco. En virtud de las leyes que regulan el mercado financiero de Reino Unido, una hipotética condena obligaría automáticamente a Ana Botín a dejar su responsabilidad al frente de la entidad. Obviamente, este hecho influiría en la carrera por suceder a su padre.
ALFREDO SÁENZ. Este capítulo se une a otro que, de por sí, ya podía evidenciarse en la Junta de Accionistas de hoy. El hecho de que el Tribunal Supremo haya condenado a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, por el caso Olabarría, que data de 1994. Sáenz ha recurrido al Constitucional y pedido el indulto al Gobierno.
REACCIONES. De momento, ningún miembro del Gobierno ha opinado sobre la polémica denuncia. Tampoco ha habido reacciones en el entorno financiero, a excepción del presidente de BBK. Ayer, Mario Fernández Pelaz, restó importancia al asunto y señaló que no tendrá ninguna influencia en los mercados. Mientras, el abogado de la familia Botín, Jesús Remón, del despacho Uría Menéndez, manifestó su confianza en que la Audiencia Nacional archive de forma inmediata la investigación, ya que los afectados han facilitado de forma «voluntaria y completa» la información sobre su situación.
P&R
FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid
17/06/2011
Entre el archivo o el pago del 43% de la deuda
Faltaban 15 días para la prescripción penal de 2005 de los casi 240 expedientes que Hacienda sopesaba enviar a la Fiscalía de los clientes españoles con cuentas en el HSBS en Suiza. Y de otros 150 más que habían decidido regularizar su situación fiscal y sobre los que la Agencia Tributaria tenía dudas sobre la veracidad de la declaración complementaria. Ayer se conocieron los primeros rostrospopulares que pueden seguir saliendo a la escena pública en los próximos días. Por el volumen de la regularización de los Botín (200 millones) es el expediente más importante del caso HSBC y de la historia fiscal.
¿Por qué han regularizado?
Regularizar significa reconocer que en los años fiscalmente perseguibles (cuatro en vía administrativa y hasta cinco en la penal) existían otros ingresos que no se habían declarado y que por tanto no se había tributado por ellos. Los Botín figuraban entre los 300 contribuyentes (de 659 implicados en 3.000 cuentas por una valor de 6.000 millones) que decidieron regularizar su situación mediante un procedimiento de gestión tributaria (y no de inspección inicial) que creó ad hoc Hacienda con la posible intención de que, si pagaban, sus nombres no saldrían a la opinión pública al no llegar su caso a la vía judicial.
¿Por qué se ha pasado el expediente a la vía judicial?
Según fuentes de la investigación, los implicados podrían tener dificultad en demostrar que esos ingresos regularizados proceden de rendimientos de un capital inicial existente antes de 2005. Al parecer de una cuenta con inicio en 1936 y procedente de la herencia del padre del presidente del Santander. Es decir, según estas fuentes, con los documentos aportados no se podría justificar que el capital inicial de esa cuenta estaba ahí antes de 2005.
¿Qué significaría?
Que la declaración complementaria de esos ingresos no sería veraz, ni espontánea ni completa. Se trata de los requisitos que permitiría aplicar la denominada excusa absolutoria que contempla el artículo 305.4 del Código Penal. Es lo que interpreta Hacienda y la Fiscalía. En algunos bufetes se decía ayer que seguramente el juez aplique esa excusa y que archive el caso.
¿Y si no ocurre?
Significaría que la regularización no es correcta, que seguiría el proceso de delito fiscal y que la deuda es superior a la ya pagada.
¿Por qué?
El pago de 200 millones parece ser consecuencia de la regularización de rendimientos de capital (que tributaban al 18% en esos años por IRPF) y del Impuesto de Patrimonio, ahora suprimido. Pero si el juez decide no aplicar esa excusa absolutoria, se aplicaría el 43% (el tipo marginal máximo) a esos rendimientos, ya que la legislación señala que las rentas no computadas tributan por la base general del impuesto. Por tanto, esos 200 millones, a los que seguramente falta la aplicación de la sanción preceptiva, se quedarían cortos.

¿Es una tramitación habitual?
Llama la atención que Hacienda haya empleado casi un año en la investigación sin resultado aparente, la falta de medios humanos que ha dedicado, que la Fiscalía haya cerrado la investigación en 10 días, y la rapidez con que ha llegado a la Audiencia y su posterior admisión a trámite
MARÍA RAMÍREZ / Bruselas
Corresponsal
17/06/2011