Chile - La nueva Ley de Pesca que impulsará el gobierno y a la que no se oponen los industriales

Posted by Correo Semanal on jueves, junio 09, 2011

Fuente: EcoceanosSerá uno de los proyectos más relevantes del 2do. semestre y se anticipa una ardua discusión en el Congreso. El Ejecutivo pretende licitar hasta el 50% de las cuotas. Sectores de la industria siguen defendiendo la privatizacion de los peces y reclaman derechos historicos.
Por César Valenzuela y Carla Alonso
 

Santiago, 05 de junio de 2011. (La Tercera)-- Con una importante carpeta bajo el brazo inició su viaje a Europa el Presidente Sebastián Piñera el 23 de mayo. El Mandatario, quien tras participar en la reunión anual de la Ocde en París se dirigió a Italia para iniciar unas vacaciones con su familia, llevaba consigo la propuesta con la nueva Ley de Pesca elaborada por el Ministerio de Economía y que establece la licitación de parte de las cuotas históricas de captura a contar de diciembre de 2012.
 
Tras volver al país este fin de semana, Piñera se reunirá con el titular de la cartera, Juan Andrés Fontaine, para afinar el texto final que ingresaría al Parlamento entre junio y julio, señalan fuentes de gobierno.
La propuesta de Economía plantea un esquema mixto que combine la subasta individual de una porción de las cuotas con el reconocimiento de derechos históricos sobre los cuáles se asignan hasta hoy las cuotas.
Los actuales derechos de pesca datan de décadas atrás, cuando eran asignados por la autoridad a petición de los interesados en las principales pesquerías. En 1991, con el objetivo de organizar estos derechos en función de la conservación de los recursos, la autoridad dictó una nueva Ley de Pesca. El artículo 27 estableció la posibilidad de licitar hasta el 50% de la cuota global de las pesquerías en plena explotación, a razón de fracciones de 5% anual del excedente. Sin embargo, ese mecanismo nunca se utilizó porque no hubo excedentes productivos y porque no se dictaron los reglamentos necesarios. El mecanismo de licitación que sí se aplicó involucró a pesquerías sin historial empresarial previo, como langostinos, orange roughy y bacalao de profundidad, que la autoridad lleva subastando hace 18 años.
En enero de 2001 y para enfrentar la sobreexplotación que afectó a algunos recursos, se fijó un límite máximo de captura por armador de dos años, sobre la base de las capturas históricas de cada empresa. El sistema se renovó por diez años en 2002. Y vence el 2012.
El objetivo de la nueva propuesta, dicen en el gobierno, apunta a un sistema mixto, donde el 50% de las cuotas se reconoce como derecho histórico y el otro 50% se licita. La gran diferencia con el esquema anterior estará en los plazos. Con la ley anterior, al concursar un 5% por año se hubiese entregado el 50% en 10 años. El gobierno pretende acelerar ese lapso. Y aunque en ningún caso se planea licitar todo en un solo año, sí se podría hacer en dos. En el Ejecutivo y en el sector hablan de una licitación por el 25%.
Para Economía, este será uno de sus principales proyectos para el segundo semestre. La cartera ha usado como referentes los modelos de Perú, N. Zelanda, Noruega e Islandia.
En ese Ministerio, eso sí, admiten que el proyecto enfrentará una difícil tramitación en el Parlamento, dada la fuerte oposición del sector privado. Coincide el presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Carlos Recondo (UDI): "Visualizo la discusión muy compleja (...). Tiendo a pensar que en materia de licitación no hay piso para ello, porque la mayoría de los diputados creen que el sistema actual le da más estabilidad al sector". En el gobierno creen que las opiniones parlamentarias están divididas.
El sector, sin duda, tiene peso específico: sumando pesca industrial y artesanal vende US$ 1.800 millones al año, de los que exportan US$ 1.500 millones. En la industria -donde tienen presencia los grupos Angelini, Yaconi-Santa Cruz y la familia Sarquis, entre otros-, creen que la licitación vulnera derechos históricos, afecta la certeza jurídica y no reconoce las inversiones efectuadas por el sector. Roberto Angelini, presidente de Corpesca y SKP, ya señaló que la iniciativa privará "total o parcialmente a las empresas de sus derechos de pesca para ser vendidos a través de licitaciones públicas. Esto implica, necesariamente, una expropiación previa". Por ello, en Economía se preparan para un arduo debate.
El miércoles, el titular de Economía, Juan Andrés Fontaine, expuso los lineamientos de la nueva política ante la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. El diagnóstico de la autoridad apunta a que las políticas pesqueras han sido cortoplacistas, con cuotas globales mayores a las recomendadas técnicamente y períodos de veda sujetos a excesiva discrecionalidad. Fontaine dijo que la adopción de un esquema mixto permitirá asegurar de mejor manera la sustentabilidad de los recursos, perfeccionando la transferibilidad, divisibilidad y duración de largo plazo de las cuotas. "Hemos pensado en algo así como 25 años", reveló Fontaine en Valparaíso. "Debemos establecer un sistema que le dé incentivos a los actores individuales para explotar los recursos pesqueros en forma sustentable y pensamos que la base de eso son las cuotas individuales de pesca. Esto surge el 2001 con la ley de máximos de captura, pero creemos que hoy se puede hacer mejor que en esa oportunidad", dijo a los parlamentarios.
La propuesta de Economía considera además mantener la prohibición al sector industrial de operar en las primeras cinco millas marítimas, reservadas para la pesca artesanal. También se plantea la idea de radicar en la Subsecretaría de Pesca y en Economía las decisiones sobre cuotas globales de pesca o vedas biológicas y extractivas. Hoy esa responsabilidad se comparte con el Consejo Nacional de Pesca -que reúne mayoritariamente a representantes del sector-, el que tendría ahora un carácter consultivo y no resolutivo.
El sector privado sigue atento el tema. Luis Felipe Moncada, gerente de Asipes -gremio que reúne a los industriales de la zona centro sur-, sabe que la autoridad "está buscando alguna definición en las próximas semanas", pero el gremio no conoce detalles. De hecho, el martes 31 de mayo la mesa de Sonapesca
, encabezada por los vicepresidentes Carlos Vial y Roberto Izquierdo, y el presidente, Rodrigo Sarquis, visitó al subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, para conocer antecedentes del proyecto. "El subsecretario dijo que no podía hablar porque el tema lo tenía el ministro", cuenta Sarquis.
Asipes y los gremios también han sostenido conversaciones con parlamentarios de distintos sectores "para auscultar su visión del tema y entregarles información", dice Moncada, y con centros de estudios de distintas sensibilidades. Uno de ellos es Libertad y Desarrollo, con quiénes trabajan en "un diagnóstico del sector", detalla Héctor Bacigalupo, gerente general de Sonapesca.
También han consultado a investigadores, universidades o institutos sobre la legislación de otros países. "Hemos estado activos buscando la mejor información", indica el presidente de Sonapesca. El gremio sostiene que sólo Rusia y Estonia, de 22 países que han estudiado, han utilizado mecanismos de subasta. Y ambos se retractaron y volvieron atrás.
El tema no es menor, ya que la zona centro sur -de la V a la IX Región- concentra 75% de las 250 mil toneladas de jurel que extraerá la pesca industrial este año. En ese mercado, el principal operador es El Golfo, de los Yaconi-Santa Cruz, con 12,2% de la cuota de 2011; seguido de Itata, de la familia Sarquis; SKP, de Angelini; Alimentos Marinos y Camanchaca. Todos rechazan el proyecto.
En Sonapesca advierten que una licitación impone incertidumbres a una industria que ha visto caer sus embarques en los últimos 15 años (ver infografia); dicen que las principales pesquerías son compartidas y que el sector artesanal representó en 2010 el 50% de las capturas. "Si el énfasis del proyecto de gobierno está en la asignación, será bastante difícil de tramitar", vaticina Sarquis.
Los pesqueros argumentan que el sector tiene derechos de uso que fueron otorgados entre las décadas del 40 y el 80, y que quitarlos constituye una expropiación. Un asesor legal de la industria contabiliza cinco estudios de reputados constitucionalistas locales diciendo lo mismo. Por lo mismo, asegura que el gobierno está en un problema que deberá enfrentar, con mal pronóstico, en el Tribunal Constitucional.
Si el proyecto prospera, dicen que se correrá el riesgo de entregar parte de estas cuotas a extranjeros y que se promoverá una mayor concentración, ya que ganarán quienes hagan las mayores ofertas económicas.
"Nunca habíamos visto que una empresa extranjera, en este caso la noruega Lota Protein, haga una presión tan fuerte al gobierno para que acoja la idea de licitar", dice Sarquis, quien usa una comparación en su reclamo. Le sorprende, dice, "cómo el gobierno está jugado por respetar los derechos de uso en la industria televisiva y busca desconocerlos en la industria pesquera".