El ataque contra la clase trabajadora griega es un aviso para todos
Jordi Escuer, 11 de Febrero de 2010
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La banca decide la política de la UE
La crisis está suponiendo una agresión generalizada contra los derechos y las condiciones de vida de los trabajadores, en todo el planeta, pero también en la Unión Europea. El desempleo supera ya los 15 millones, un 10%, en la zona euro, llegando a 23 millones en el conjunto de la Unión, 4,6 millones más que hace un año [1]. Los trabajadores estamos pagando las consecuencias de la crisis, y las autoridades de la UE quieren que sigamos haciéndolo. Después de inyectar cientos de miles de millones de euros al sistema financiero, disparando las deudas públicas de todos los estados miembros, pretenden que el recorte del gasto público se haga a costa del gasto social. En Grecia el movimiento obrero ya está luchando contra estas agresiones y —cuando veas las barbas de tu vecino afeitar…— ya podemos prepararnos para pelear si no queremos que nuestras condiciones de vida y de trabajo sigan deteriorándose.
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Nuestra sociedad sigue dividida en clases sociales, fundamentalmente burgueses y asalariados. Ni la crisis ni el anterior auge afectaron por igual a unos y a otros. Tampoco las instituciones son neutrales, sino que defienden unos intereses de clase. La presión de los mercados financieros sobre Grecia, y el Estado Español, pone de relieve quien tiene el poder decisivo en una sociedad capitalista. Son las grandes empresas quienes deciden la política económica, y la banca es el sector más poderoso del capitalismo contemporáneo. En nuestro país ha bastado la amenaza de cambiar la calificación de la deuda pública —que incrementa el interés que el Estado debe pagar por cada euro que tome prestado— para que el Gobierno socialista ceda a las presiones y precipitar un plan de recorte del gasto público, reforma de las pensiones y del mercado de trabajo.Llueve sobre mojadoLas dos últimas décadas, en toda Europa, los salarios han ido perdiendo peso en el reparto de las renta y el gasto social ha crecido por debajo de las necesidades. Las rentas del trabajo han pasado de representar un 68% de las rentas nacionales en 1975 a un 58% en el año 2005[2].
Como explica el profesor Vicenç Navarro “La tasa de crecimiento anual del gasto público en transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar (como pensiones, sanidad, servicios de ayuda a las familias, vivienda, y otros componentes de la protección social), utilizados predominantemente por las clases populares, ha ido descendiendo en el promedio de los países de la UE15, pasando del 6,2% en 1990 al 4,8% en 2004. La tasa de crecimiento de las necesidades sociales, sin embargo, ha ido aumentando” [3]. Los beneficiados han sido las grandes empresas que han visto como crecían exponencialmente sus beneficios [4]. Esa es la causa del crecimiento drástico de las desigualdades en toda Europa. Así, cuando llega la crisis, podemos decir que llueve sobre mojado para los trabajadores europeos.Además, la intervención contra la crisis se convierte en una enorme transferencia de dinero público a los bancos. Así, el dinero destinado por los estados europeos a ayudar a la banca a supuesto en Alemania el 19,8% de su PIB; en Francia un 19%; en Gran Bretaña un 28,6% y en España un 14,3%, [5]. Si los principales beneficiados del auge fueron las grandes empresas, con la Banca a la cabeza, los más damnificados por la crisis estamos siendo los trabajadores.
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La Unión Europea ha sido construida al servicio de las necesidades de las distintas burguesías europeas. Así, han construido un gran mercado donde no hubiera restricciones a sus negocios, de una parte, y, de otra, una herramienta útil para recortar las conquistas del movimiento obrero en décadas pasadas. Unas instituciones que no están sometidas a ningún control democrático efectivo, como son la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, —y que sí dependen de los distintos Estados y de la presión de los grandes lobbies empresariales— son los que deciden la política de la Unión.Mientras la Carta Social Europea languidece sin ser efectiva, multitud de medidas que lesionan los intereses de los trabajadores se han ido imponiendo y siguen haciéndolo. Siguiendo la nueva directiva de Servicios de la Unión, el Gobierno piensa eliminar las restricciones a la actuación de las ETTs, permitiéndoles participar en la contratación indefinida y en la contratación de personal de las administraciones públicas, además de convertirlas en entidades colaboradoras del INEM. Si lo unimos a su intención de reducir el número de empleados públicos, tenemos garantías de una mayor precarización del empleo.En toda Europa se están planteando, o se han aplicado, medidas de recorte del sistema público de pensiones con retrasos en la edad de jubilación, destacando el caso de Alemania con su retraso a 67 años. No tengamos ninguna duda de que los recortes en todo el gasto social que vamos a sufrir se arroparán, entre otros argumentos, con la necesidad de cumplir las directivas de la Unión Europea [6]. De hecho, la Comisión Europea ya está al exigiendo drásticos recortes al gobierno griego a cambio de su apoyo a Grecia[7], exigiéndole “más reformas en las pensiones, en la sanidad y en el mercado de trabajo” [8]. Por cierto, la misma receta que se nos está aplicando en el Estado español, pero en dosis mayor, al menos por ahora.
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Así pues, los organismos de la Unión Europea no son otra cosa que unas instituciones al servicio de las grandes corporaciones capitalistas europeas, empezando por las financieras. La izquierda debemos denunciar esa realidad y no contribuir a enmascarar los intereses de clase que laten detrás de su actuación.Unión Europea sí, pero socialista y democráticaSin embargo, eso no quiere decir que rechacemos la necesidad de una Unión Europea. Es de vital importancia que la izquierda y el movimiento obrero abanderen la necesidad de una nueva Unión Europea. En realidad, no tenemos una unión real de los pueblos sino un acuerdo de unidad de mercado y, en parte, monetaria, que beneficia fundamentalmente a las grandes corporaciones empresariales.
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Los derechos sociales y laborales no tienen a unificarse al alza, sino todo lo contrario. Eso es así porque para una economía de mercado, los trabajadores no somos otra cosa que una mercancía más, a la que hay que explotar, pagándole lo menos posible y haciéndole producir el máximo. Esa es la dinámica general: menos salario, más jornada, más precariedad…En Europa no existen unos derechos sociales efectivos comunes. La ley de la jornada laboral está establecida en 48 horas, lo que debería sonrojar a todos los gobiernos de izquierdas que lo toleran. Y hay países, como el Reino Unido, que ni siquiera aceptan eso. Desde luego, no hay convenios colectivos de carácter europeo que velen por unas condiciones dignas de trabajo para todos. Por el contrario, se ha intentado ampliar la jornada laboral a 65 horas, permitir contratar a empresas de otros países con las condiciones laborales de éstos —el llamado “principio del país de origen”, que permitiría contratar a trabajares polacos en Alemania, por ejemplo, con los salarios y condiciones laborales de Polonia—, etcétera. Ni siquiera está reconocido el derecho a huelga a escala europea en la Unión.
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La crisis es un arma contra los trabajadores mediante la que imponer nuevos recortes a sus derechos y del gasto social. La finalidad: seguir acrecentando las ganancias de las grandes empresas que obtendrán una mano de obra más barata, más indefensa y nuevas esferas de negocio mediante nuevas privatizaciones de servicios públicos.Sin embargo, esa política va a acabar generando una gran contestación social. La mejor prueba la tenemos en Grecia, donde ya se ha vivido una huelga de los trabajadores del sector público el miércoles 10 de febrero, y se está preparando una general contra las medidas del Gobierno y la Unión Europea para el día 24. Ese es el camino. La vía del “pacto social”, por la que aboga la Confederación Europea de Sindicatos (CES) [9], es un callejón sin salida pues la patronal no suscribirá nada que no la beneficie —y tendrán las instituciones de la UE de su parte— y eso implica que cualquier acuerdo que se alcance será lesivo para los trabajadores europeos. La CES debe variar su planteamiento radicalmente. Sólo una movilización obrera a escala europea —incluida la preparación de una huelga general europea—, que unifique la lucha de los trabajadores de los distintos países frente a la política de agresiones que sufrimos, puede detenerlas y cambiar la actual correlación de fuerzas entre las clases.
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El desencanto con la Unión Europea es cada día mayor, pues la clase obrera y los sectores desfavorecidos de la sociedad sólo reciben varapalos de ella. Ese descontento, hasta ahora se expresaba sobre todo en la abstención política y, en parte, en el crecimiento del nacionalismo, pero si hubiera una alternativa de izquierdas real, tomaría un cauce muy distinto [10].Por eso , hace falta una programa común que una a los trabajadores de toda Europa en su reivindicación. No hay salidas aisladas país por país. Es necesario abogar por una ley de 35 horas sin reducción salarial a escala de toda la Unión, la creación de un salario mínimo europeo, la unificación al alza de los sistemas de protección social públicos —sanidad, educación, pensiones, dependencia…—, el establecimiento de convenios colectivos de carácter continental, etcétera. Es necesario un cambio drástico de la distribución de la renta de la burguesía hacia los trabajadores y sus familias, deteniendo e invirtiendo el actual proceso de empobrecimiento al que nos están sometiendo.
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Estas reivindicaciones han de ir unidas a la defensa de un cambio drástico en las relaciones de propiedad, que arrebate el poder de los lobbies empresariales. Un programa que devuelva el carácter público a todo lo privatizado, que socialice las grandes empresas europeas, empezando por el sector financiero. En lugar de una economía dirigida por una minoría que se enriquece explotando a los trabajadores y los recursos naturales, hay que poner la economía europea al servicio de la sociedad y en armonía con el medioambiente. En lugar de la economía de mercado de los oligopolios privados, necesitamos una economía socializada planificada democráticamente a escala europea. Sólo sobre esas condiciones será viable una unión de los pueblos de Europa, una unión socialista y democrática.
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Notas
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La tasa de desempleo desestacionalizada en el fue del 10.0% en diciembre de 2009, en contraste con el 9.9% de noviembre. En diciembre de 2008 fue del 8.2%. La tasa de desempleo en la UE 27 fue del 9.6% en diciembre de 2009, frente al 9.5% de noviembre. En diciembre de 2008 era del 7.6%. Es el porcentaje más alto del área euro desde agosto de 1998 y para la UE 27 desde el inicio de las series en enero de 2000. Eurostat estima que eso supone 23,01 millones de hombres y mujeres en la UE 27, de los que 15,76 millones están en el área euro en diciembre de 2009. Comparado con noviembre, el número de personas desempleadas se incrementó en 163.000 en la UE 27 y en 87.000 en el área euro. En relación a diciembre de 2008, el desempleo creció en 4,62 millones en la UE 27 y en 2,78 en el área euro. (Eurostat)
Las rentas del trabajo (lo que se llama masa salarial, que depende del nivel de salarios y del número de asalariados), como porcentaje de la renta nacional, han descendido en el promedio de los países de la UE-15 (y ello a pesar de que el número de asalariados ha aumentado), pasando de representar un 68% de las rentas nacionales en 1975 a un 58% en el año 2005. (Vicenç Navarro, ¿qué pasa en la Unión Europea? Público, 21 de mayo de 2009.
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La tasa de crecimiento anual del gasto público en transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar (como pensiones, sanidad, servicios de ayuda a las familias, vivienda, y otros componentes de la protección social), utilizados predominantemente por las clases populares, ha ido descendiendo en el promedio de los países de la UE15, pasando del 6,2% en 1990 al 4,8% en 2004. La tasa de crecimiento de las necesidades sociales, sin embargo, ha ido aumentando. (Vicenç Navarro, ¿qué pasa en la Unión Europea? Público, 21 de mayo de 2009.
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Los beneficios empresariales han crecido (en el periodo 1999-2006) un 33% en el promedio de los países de la UE-15 y un 36,6% en los países de la zona euro, mientras que los costes laborales han aumentado sólo un 18%. (Vicenç Navarro, ¿qué pasa en la Unión Europea? Público, 21 de mayo de 2009).Sorprenderá al lector saber que muchos de los países de la Unión Europea (incluyendo España) se gastan, en términos proporcionales, cantidades mayores en ayudar a la banca que EEUU (Alemania se gasta el equivalente a un 19,8% de su PIB en tal capítulo; Francia un 19%; Gran Bretaña un 28,6% y España un 14,3%, cantidades mayores que lo que se gasta EEUU, donde tales ayudas representan el 5,1% del PIB).
(Vicenç Navarro, “La respuesta insuficiente de la UE”, Público, 16 de abril de 2009.)
De ahí que uno de los obstáculos mayores para el desarrollo de las recomendaciones propuestas por Taguas y Sáez es la resistencia popular que generarían. En este aspecto es interesante y significativo señalar las conclusiones de otro estudio, también financiado por la fundación BBVA (y que inspira en gran manera el artículo aquí discutido) The political future of social security in aging societies, de Vincenzo Galaso (publicado por MIT) que concluye con las siguientes observaciones. "Las decisiones aquí propuestas podrían facilitarse trasladando la responsabilidad por su establecimiento a la Unión Europea -y muy en especial a la Comisión Europea- lo cual sería posible por el déficit democrático existente en la U.E. Su falta de tener que dar cuentas a la ciudadanía (acountability) permitiría que fuera ésta la que impusiera tales decisiones que se tomarían en contra de los deseos de los votantes existentes hoy pero a favor de los intereses de los que todavía no han nacido". Es interesante ver como la Banca y sus portavoces se erigen como los defensores de los todavía no nacidos y es también conmovedor ver que la Banca se preocupa más por los niños no nacidos todavía que por sus padres y abuelos.
(Vicenç Navarro, “¿La Seguridad Social en España es inviable? Fue escrito en respuesta a un trabajo de David Taguas “La reforma de las pensiones” en 2007, promovido por la Fundación de las Cajas de Ahorros. A la sazón, Taguas era subdirector del Servicio de Estudios del BBVA y más tarde sería director de la Oficina economica del Presidente Rodríguez Zapatero.)
“El plan contempla una reducción del déficit presupuestario griego, que pasaría del actual 12,7% del PIB al 2,8% en 2012, prometiendo, además, inmediatamente, un recorte del 10% en el presupuesto ministerial, una congelación de las contrataciones de funcionarios públicos, la abolición de distintos impuestos directos y un incremento de la fiscalidad indirecta. Y por si eso no bastara, el primer ministro socialista George Papandreu anunció ayer, en un dramático discurso televisado a la nación, ulteriores medidas de austeridad sin precedentes, entre ellas, el aumento inmediato de los impuestos a los carburantes, el aumento de la edad de jubilación y recortes en la remuneración de los empleados públicos que significarán una disminución del 10% del salario para la mayoría de funcionarios del Estado, y del 40% en el caso de los académicos. Como en Gran Bretaña, las universidades reciben el primer golpe; la tan cacareada “economía del conocimiento” no es óbice para considerarlas un lujo de todo punto secundario”.
(Costas Douzinas —The Guardian—, “Lo que de verdad hay detrás de la crisis económica en Grecia, y qué enseña políticamente sobre la actual Unión Europea”, 9 de febrero de 2010. Recogido de www.attac.es)
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“El comisario económico Joaquín Almunia fue cínicamente claro respecto del propósito del plan de “estabilidad” al decir que Grecia necesita “más reformas en las pensiones, en la sanidad y en el mercado de trabajo”. (Costas Douzinas —The Guardian—, “Lo que de verdad hay detrás de la crisis económica en Grecia, y qué enseña políticamente sobre la actual Unión Europea”, 9 de febrero de 2010. Recogido de www.attac.es)
“La CES reclama un nuevo Pacto Social en la UE que actúe como motor de la justicia social y en favor de más empleos y de mejor calidad”. Declaración de París de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) del 28 de mayo de 2009.A los ricos nunca les había ido tan bien, y ello a costa del bienestar de todos los demás, es decir, las clases medias y las clases trabajadoras que vieron sus estándares de vida disminuidos. Y las encuestas muestran que la población europea es consciente de ello. El 78% de la población en la UE-15 dice que las desigualdades sociales en su país son excesivas. Nunca se había visto un porcentaje tan elevado de desaprobación de las desigualdades sociales en la mayoría de países de la UE-15.(Vicenç Navarro, ¿qué pasa en la Unión Europea? Público, 21 de mayo de 2009).
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