CHILE - MINISTERIO PÚBLICO: AMENAZAS DE MUERTE, APREMIOS ILEGITIMOS Y CHANTAJES A PUEBLO MAPUCHE

COOAMS
Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago.

Desde hace un tiempo se vienen conociendo, a través de distintos relatos, las formas utilizadas por los algunos fiscales del Ministerio Publico, persecutores del Pueblo Mapuche, para reclutar a los llamados “testigo protegidos”.

Estas acciones realizadas en conjunto con carabineros o la PDI van desde los ofrecimientos de dinero, abogados, casas o trabajo, hasta amenazas de muerte, chantajes e inclusive torturas.

Hace ya algún tiempo conocimos la denuncia del comunero de Yeupeko Vilcun, Roberto Painemil, quien fue detenido por civiles armados y luego torturado por carabineros en presencia del propio Fiscal Moya de Temuco, y en Abril de este año la denuncia de Jonathan Huillical, torturado en el cuartel de la PDI de la misma ciudad.

Pero estos son sólo los casos de quienes se han atrevido a denunciar, sin embargo, existen muchos otros en que el miedo a las represalias ha impedido su conocimiento público.

Este lunes dos de noviembre, en el Juzgado de Garantía de Cañete, durante la nueva formalización a cinco presos políticos mapuche de Choque y Pascual Coña, otro caso similar salió a la luz pública, causando dolor e impotencia entre los familiares y comuneros que llenaban la sala.

Después de más de un año de soportar el amedrentamiento permanente de parte del Ministerio Publico y la policía chilena, como en los mejores tiempos de dictadura, Cesar Parra Leiva, comunero de Choque, se atrevió a denunciar los hechos que lo tienen privado de libertad, que en definitiva no es otra cosa que su negativa a transformarse en un “testigo protegido” de la Fiscalía. Debido a dicha negativa, el Ministerio Publico cobró su venganza y lo formalizó por el ataque al Campamento Ranquilhue de Forestal Mininco.

“Un día andaba en Cañete y fui a comprar una botella de pisco y me detuvo un guardia del supermercado que me dijo que yo estaba robando, y llamó a carabineros. Llegó una pareja de carabineros y me llevaron a la comisaría. Me preguntaron de donde era, yo les respondí que de Choque. Después llegó un carabinero Sanzana y empezaron a insultarme y cachetearme, diciéndome que yo sabía quien había quemado la casa de González (Campamento Ranquilhue). Me dijeron que tenía que nombrar a Héctor LLaitul y Ramón LLanquileo, y me mostraron unas fotos. Estuve una noche y al otro día me llevaron a declarar ante el fiscal Morales.”

“Tiempo después llegaron a mi casa y me dijeron que el fiscal Elgueta quería hablar conmigo, y me llevaron nuevamente. Elgueta me dijo que tenia que declarar lo mismo que me dijeron los carabineros y me hicieron firmar unos papeles, o me iba a mandar a matar.”

“Otro día andábamos cazando con mi hermano y unos amigos y llegó una patrulla de carabineros y nos detuvo y nos comenzó a golpear con las culatas de las armas en la cabeza y nos arrastraron y patearon en el suelo, a mi hermano hasta le quebraron un diente. Nosotros tenemos las fotos de esto. Quisimos hacer la denuncia y fuimos a la Fiscalia de Cañete a denunciar lo que nos había pasado pero nos dijeron que dichos papeles los iban a mandar a la Fiscalía Militar de Concepción. Tiempo después fuimos allá pero no había nada”.

“Después nuevamente (carabineros) llegaron hasta la comunidad, donde nos encontrábamos trabajando en la casa de mi hermano, esta vez me dispararon dejándome herido por lo que debí ser trasladado hasta el hospital de Cañete”.

Sin embargo, esta no fue la noticia más importante en los distintos medios de comunicación, como si lo fue el montaje que mostraba a un supuesto padre mapuche usando a sus hijos de escudo, nuevamente, como se hacia durante la dictadura.

Hace algunos días se presentó un proyecto de ley que entregaría mayores facultades al Ministerio Publico, entre ellas la intervención telefónica, sin requerir de la autorización de algún Juez de Garantía.