El asalto final de Bachelet contra la educación pública.

El desconocimiento unilateral por parte del gobierno de Bachelet de la llamada "deuda histórica" con el magisterio nacional es una jugada política que debe analizarse como parte de una estrategia de largo plazo del bloque dominante para transformar la educación en un mercado capitalista de producción de enseñanza, siguiendo la lógica de ampliación y extensión de los mercados que es consustancial a la acumulación capitalista.

Es la continuación de una lógica que se inició en 1987 con la municipalización de la enseñanza pública, entonces fiscal, y que muestra el alto consenso existente en el bloque dominante respecto de la estrategia educacional. Los gobiernos concertacionistas no sólo no han revertido los pilares estructurales de la educación dejados por la dictadura, sino que, por el contrario, los han fortalecido y profundizado. La demanda histórica de la derecha, la libertad de enseñanza, se ha convertido en sentido común de todo el bloque dominante, desde la Alianza hasta la Concertación.

En una reciente reunión del Ministerio de Educación con los alcaldes, destinada a coordinar acciones frente al paro convocado por el Magisterio, el alcalde democratacristiano de La Granja declaró que se busca “garantizar la libertad de enseñanza, consagrada en la Constitución”. Huelga todo comentario. La ofensiva de Bachelet recibió el completo respaldo de “El Mercurio”, decano de la prensa reaccionaria chilena. El Mercurio insta a Bachelet a utilizar su “capital político” (los altos niveles de popularidad que exhibe Bachelet en las encuestas, construidos con la colaboración del oligopolio periodístico COPESA-El Mercurio) para enfrentar a un grupo de presión impulsado reformas “necesarias” para el bien del país (o sea, del país representado por El Mercurio).

La ofensiva de Bachelet está encabezada por el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, el ultraliberal que dirige en las sombras las políticas públicas, y la empresaria de la educación, Mónica Jiménez, Ministra de Educación. El cálculo político de La Moneda se basa en que el magisterio reaccionaría, pero no tendrá la suficiente capacidad para sostener su contraofensiva. En el diseño político de La Moneda se busca aislar a los profesores, buscando poner contra ellos a los apoderados y, por intermedio de éstos, a la llamada “opinión pública”. Los profesores han respondido a Bachelet con una huelga nacional indefinida, que ha movilizado a miles de maestros en todo el país.

Es claro, sin embargo, que el escenario, elegido con sumo cuidado por Bachelet y Velasco, es difícil y sólo la solidaridad y respuesta decidida de otros sectores sociales podrá revertir esta situación. Los parlamentarios concertacionistas, interesados en no perder los votos de los profesores, están buscando una solución intermedia que sin obligar al gobierno a reconocer la “deuda histórica”, deje tranquilos a los profesores con la esperanza de obtener alguna compensación por la “deuda moral”. Se trata a todas luces de una solución de compromiso insuficiente, que busca establecer un precario equilibrio entre los intereses electorales de la Concertación y la voluntad del gobierno de avanzar en la agenda mercantilizadota de la educación.

En ese contexto, Frei, que busca desesperadamente rozar aunque sea un mínimo de los índices de aprobación que exhibe Bachelet, debió alinearse con el gobierno, para darle un mínimo de credibilidad a su diseño de campaña, aún a costa de sacrificar los votos del profesorado. La de Frei es una situación patética. La caída en las encuestas lo ha obligado a pegarse a la figura de Bachelet. La incorporación de Ángela Jeria, madre de Bachelet, y de Laura Albornoz, saliente ministra del SERNAM a su comando ha sido a todas luces una medida desesperada, tendiente a evitar que el candidato oficialista no pase a segunda vuelta, ante el amago que ha significado el crecimiento de Marco Enríquez Ominami. La Concertación atraviesa una crisis política profunda, apenas ocultada por los índices de aprobación del gobierno. Si Frei no pasara a segunda vuelta, esa crisis se transformaría en un derrumbe catastrófico. En vista de ello, Frei no puede distanciarse un milímetro de Bachelet, lo que lo ha obligado a sumarse a la tesis del gobierno (la deuda histórica no existe), aún a costa de perder los votos de los profesores.

Por otra parte, el Partido Comunista, nacido en 1912 como "partido de la clase obrera", también se alineó con el gobierno y se sumó, por voz de su presidente, Guillermo Teillier, a la propuesta de la ministra de educación, la sostenedora Mónica Jiménez, de dejar el problema para el próximo gobierno. El presidente del Colegio de Profesores, militante del PC, ha rechazado enérgicamente esa posibilidad. Esta es una muestra clara de que los compromisos electorales del PC con la Concertación van mucho más allá de un simple “pacto instrumental” y que se está pensando en una alianza de calado estratégico. El alineamiento del PC con el gobierno significa en los hechos abandonar a uno de los gremios donde es más fuerte la presencia del PC. No vamos a usar la palabra “traición” sólo para no herir la delicada epidermis de ciertos columnistas sensibles que se horrorizan, cierran los ojos y se tapan los oídos con el lenguaje políticamente incorrecto.

Pero la contradicción manifiesta entre la “misión” del PC como “partido de los trabajadores” y su actuación política en esta coyuntura no puede ser ocultada por ninguna pudibundez academicista. El Partido Comunista también se ha colgado de las faldas de Bachelet. Antes de que empezara a desmoronarse en las encuestas, los candidatos del PC se arrimaron a Eduardo Frei, que apareció en actividades de campaña de Lautaro Carmona y Guillermo Teillier (en una de aquéllas, Claudina Núñez, alcaldesa PC de P.A.C., proclamó a Frei “nuestro candidato”). Pero ahora estar cerca de Frei resta votos, por lo que decidieron correr donde Bachelet y sus codiciados índices de popularidad. La semana pasada, Teillier, Carmona y Juan Andrés Lagos acudieron a una publicitada reunión con Bachelet en La Moneda y se tomaron la foto oficial con la presidenta. El viernes, en el último número del semanario del PC, “El Siglo”, se publicó una extensa entrevista a Michelle Bachelet. Dicha sea la verdad, de entrevista no tuvo nada: fue una invitación a que Bachelet difundiera su versión oficial sin ser molestada por el entrevistador. En otras páginas de la misma edición, el semanario del PC reclama, con justicia, contra el desconocimiento de la deuda histórica por el gobierno y contra la represión hacia los mapuche; ninguno de esos temas fueron consultados a Bachelet por su entrevistador. El semanario “El Siglo” se ha ganado con justicia el “Premio Julio López Blanco al Periodismo Cornetero”.

En su agenda pública, Bachelet dice apoyar la educación pública. En su agenda privada, Bachelet apoya en los hechos a la educación particular subvencionada. La muestra más clara de ello fue la designación de la sostenedora Mónica Jiménez a cargo de la cartera de educación y la negociación y aprobación de la LGE en conjunto con la Alianza por Chile. La forma artera en que se ha procedido contra los profesores no es sino la expresión del doblez del discurso presidencial.

El objetivo consciente de de Bachelet y la sostenedora Jiménez es reventar la educación municipalizada, para que cientos de miles de estudiantes emigren a la educación particular subvencionada y así la sostenedora Jiménez -y cientos como ella, mercachifles de la educación- reciba las correspondientes subvenciones estatales.