Colombia: los votos de la amenaza

"Con Uribe, nosotros pensamos: éste es el que nos va a cambiar el país", recuerda la mujer. Por eso una comunidad de unos 800 pescadores y agricultores en la central región colombiana del Magdalena Medio decidió votar por el actual presidente en las elecciones de 2002

Los votos de la amenaza

De la guerrilla a los paramilitares

Constanza Vieira IPS, Bogotá, mayo 2008
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Esta pescadora de oficio, de 41 años, aceptó a hablar con IPS a condición de que no se le preguntara su nombre (la llamaremos L.), ni siquiera el de su comunidad. La principal ciudad en la feraz región es Barrancabermeja, un puerto petrolero sobre el río Magdalena, que cruza Colombia de sur a norte para desembocar en el mar Caribe. ¿Qué fue lo que los convenció de votar por el candidato Álvaro Uribe? "Porque, imagínese, la región donde nosotros vivimos es pobre, muy pobre, la fuente de trabajo allá es muy difícil, y al escucharlo a él, que decía que 'yo voy a trabajar con los pobres, ahora sí los voy a ayudar', uno se basaba en eso" para pensar que "este presidente es bueno". Cuando terminaba su primer mandato de cuatro años en 2006, la mayoría de esa comunidad decidió de nuevo votar por Uribe. Había que darle más tiempo para aminorar "nuestra pobreza", razonaron. Lo extraño fue que tanto en las elecciones de 2002 como en las de 2006, ya tomada la decisión sobre el voto, los paramilitares ultraderechistas que habían cometido múltiples crímenes desde su aparición en 1998 en la región --antes dominada por la guerrilla izquierdista-- de todos modos presionaron a los habitantes para votar por Uribe. No fue matando gente que presionaron en favor del voto al actual presidente, como sí lo hicieron en otras comunidades, sino que fue apenas "amenazando". "Si no votan por Uribe, ya saben a qué atenerse". Y, el día de la votación, les respiraban a los votantes en la nuca: "Éste es el que vas a marcar. Vas a marcar éste. El de las gafitas", y señalaban la foto de Uribe en el tarjetón electoral, describió L. "Uno (de los paramilitares) está metido ahí en la mesa electoral, está otro a un lado y otro más lejos, pendiente a ver si uno votó por Uribe", agregó, refiriéndose a la forma nada sutil con que los escuadrones de la muerte comandados por narcotraficantes y aliados del ejército garantizaron, en ambos comicios, que la comunidad de L. votase por el actual presidente de Colombia. "Nosotros pertenecemos a un municipio donde hay corrupción, desde el alcalde, los concejales, la policía, el ejército, personería, mejor dicho, todo.

Ellos todos son una sola masa corrupta. Entonces, uno qué va a hacer", dijo L., los paramilitares "controlan todo". En 2002, los paramilitares entraron en campaña en la comunidad de L. y prometieron, como los políticos de siempre, taponar un caño que en la estación de lluvias tropicales inunda el playón donde en "tiempo de verano la gente tiene ahí sus vaquitas". "Ahí es donde los cultivadores sembramos el sustento nuestro: el arroz, la yuca, el maíz", detalló. "Pero lo que nosotros no sabíamos es que ellos (los paramilitares) estaban con el presidente de quien nosotros pensábamos que nos iba a mejorar la pobreza que teníamos", rememoró la pescadora a IPS. (ver recuadro) Uribe ganó los comicios de 2002 con 5.862.655 votos, equivalentes a 53 por ciento de los emitidos, y ahorró la segunda vuelta electoral por un margen de unos 300.000 sufragios.

El panorama político de entonces quizá hubiera llevado a una unión vencedora de sus adversarios (el socialdemócrata Partido Liberal y la izquierda). En 2006, con casi 7,4 millones de votos, Uribe ganó esta vez con un arrasador 62,2 por ciento. Cuántos parlamentarios, gobernadores, diputados (legisladores regionales), alcaldes y concejales (legisladores locales) se beneficiaron de la presión armada paramilitar, es algo que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación dilucidan apenas. Entre tanto, la pregunta cotidiana en Colombia es cuál es el nuevo político preso por vínculos con el paramilitarismo, a cuál se le abrió investigación judicial.

"La parapolítica es la toma del poder en Colombia por una confluencia de alianzas e intereses entre las elites políticas regionales y nacionales, el narcotráfico y la fuerza de las armas", definió, ante un auditorio abarrotado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la investigadora Claudia López, una de las autoras de "Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar", de la Corporación Nuevo Arco Iris, que la semana pasada lanzó su tercera edición ampliada. Sobre varios de los autores de este trabajo pesa ya una orden de ejecución por parte de los escuadrones de la muerte ultraderechistas.

La comparación que realizó López entre votaciones locales y regionales desde 1994 a la fecha en el país evidencia cambios abruptos y sospechosos en las preferencias electorales en amplias regiones tomadas por el paramilitarismo, lo cual finalmente llamó la atención de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según la Constitución, a la CSJ le corresponde investigar y juzgar a los parlamentarios y juzgar, previa acusación de la Fiscalía General de la Nación, a altos funcionarios cobijados por fuero, por hechos punibles cometidos durante su gestión. Los más de 70 "parapolíticos" actualmente en la cárcel o investigados suman 1,8 millones de votos. Pero si se considera ilegítima la votación por los partidos que tienen ya a más de la mitad de sus parlamentarios en la cárcel -cinco de los siete partidos de la coalición oficialista-, la suma supera los tres millones de sufragios. De los 9,2 millones de votos que obtuvo el Senado en 2006, la tercera parte de éstos está comprometida. Lo nuevo, desde abril, es que la parapolítica ya toca a las puertas de la sede del gobierno de Colombia. Está preso el primo y principal aliado político del presidente, el ex senador Mario Uribe, y comienza a cuestionarse la legitimidad de la reforma constitucional que permitió la reelección en 2006 del presidente.

Al Magdalena Medio pertenece Yidis Medina, política de Barrancabermeja, ex representante en la cámara baja que el 27 de abril se entregó a la justicia, y luego se acogió a sentencia anticipada, con lo cual espera rebajar la pena que le espera, de hasta ocho años de cárcel. Su delito fue haber aceptado dádivas del Poder Ejecutivo para cambiar su voto en el parlamento en 2004, cuando se tramitaba la reforma.

En términos jurídicos es cohecho. En lingüística, la partícula "co" significa que Medina tuvo una contraparte que delinquió igual que ella. Medina declaró que Uribe, dos de sus ministros y el entonces secretario general de la presidencia le habrían cambiado su voto a favor de la reelección por al menos dos cargos y un contrato que se hicieron efectivos entre su círculo político. También entregó pruebas de que a través de ella le pagaron unos 200.000 dólares a otro parlamentario, Teodolindo Avendaño, quien, al igual que Medina, había anunciado que votaría en contra del proyecto de reelección presidencial, pero el día del debate se ausentó. Según el periodista Daniel Coronell, director del noticiero de televisión Noticias Uno y a quien ella dio primero un testimonio en vídeo, a la entonces parlamentaria Medina "le dijeron que la reelección era cuestión de la supervivencia del Estado". Además de este escándalo que germina, la cuenta que falta es cuántos votos como los que describe L. beneficiaron a Uribe también en comunidades que no querían elegirlo. Según analistas, "lo que está colapsando es la legitimidad del Ejecutivo y de la coalición de gobierno". A ese nuevo fenómeno se atribuye una seguidilla de propuestas insólitas del oficialismo, como la creación de una "comisión de ajuste institucional", nombrada entre quienes están bajo sospecha, en lugar de un referendo que revoque los mandatos de los actuales componentes del Congreso legislativo, quizá también el presidencial, o convoque a una Asamblea Constituyente. Y, sobre todo, la creación de un tribunal supraconstitucional para el juzgamiento del presidente, el vicepresidente y los magistrados de las altas cortes, calificado de "aberración" por las centrales sindicales, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, otras organizaciones de derechos humanos y entidades académicas, en una declaración leída en la manifestación del 1 de mayo en la celebración del Día Internacional de los Trabajadores.

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De la guerrilla a los paramilitares
La guerrilla izquierdista estuvo en el Magdalena Medio casi desde su surgimiento, en 1964, y a ella, la comunidad de L. no tiene nada que agradecer: “en vez de crearnos empleo, lo que hicieron fue acabar con lo que teníamos también”. Y muchas personas se marcharon porque los combatientes estaban “endulzando” (ganando) para la lucha armada a sus hijos e hijas adolescentes.
En los primeros decenios, los guerrilleros “no se dejaban ver”, “pero cuando comenzaron a actuar ya se empezó a ver que enseguida todo fue para la ruina”. En 1998 entraron los paramilitares. Primero comenzaron a matar gente de a poquitos, a los que consideraba que estaban “untados” (comprometidos) con la guerrilla. Después presionaron a muchos campesinos para que vendieran sus tierras.
Ahí vino la quiebra total para los habitantes, pues los 40.000 dólares que los paramilitares les dieron, en promedio por cada finca, ya se terminaron. Hoy hay allí grandes cultivos de palma africana, fuertemente custodiados por paramilitares, desmovilizados parcialmente tras pactos con el gobierno de Álvaro Uribe. Y los pobladores deben hacer largos desvíos, pues “esa es una zona restringida para los campesinos”. Algunos desmovilizados se dedican a atracar en los caminos. Otros conforman lo que se ha denominado el “rearme paramilitar”, con escuadrones de la muerte que se hacen llamar “Águilas Negras” y cuya primera aparición fue, precisamente, en el Magdalena Medio, según primicia de IPS en abril de 2006.