Luchas de clases en Bolivia

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Protestas acosan al gobierno de Evo Morales
Descomposición del orden
UE se pone a disposición de Bolivia para desactivar crisis política
Mineros reanudan operaciones en Huanuni después de diez días de paro
Lucha de clases disfrazada de pugna regional entre cambas y collas
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El Universal, Venezuela, 11 de abril de 2008
Protestas acosan al gobierno de Evo Morales http://www.eluniversal.com/2008/04/11/int_ava_protestas-acosan-al_11A1510441.shtml
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La Paz.- Un paro de médicos de hospitales públicos complicó el panorama para el gobierno del presidente Evo Morales que el viernes enfrentaba además una huelga de mineros y otra de hacendados y ganaderos que se resisten a un plan de saneamiento de sus tierras.
Los médicos en un paro de 24 horas, reclaman un incremento salarial superior al 10 por ciento ofrecido por el gobierno, dijo el dirigente Luis Larrea. "Sólo están funcionando los servicios de emergencia'', no así la atención regular a pacientes, aseguró a la AP, el director del Hospital de Clínicas en La Paz, Eduardo Chávez.
Asimismo, unos 4.000 mineros de la mayor mina estatal continuaban el viernes una huelga declarada hace nueve días en demanda de una aumento del 30% en sus salarios.
El gobierno ofreció una mejora del 20% y la oferta era analizada el viernes por los sindicatos de base, dijo a emisoras locales el dirigente Víctor Mitma desde Huanuni, a 230 kilómetros al sur de La Paz donde está el mayor yacimiento de estaño.

También los trabajadores de la Empresa de Correos continuaban una huelga por reivindicaciones salariales que el viernes cumplió doce días.
En la región del Chaco boliviano, en el departamento de Santa Cruz, hacendados y ganaderos mantenían cortadas las rutas del sudeste exigiendo la paralización del proceso de legalización de tierras y la salida de la zona de una comisión del gobierno encabezada por la ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero.
La oferta de diálogo planteada por Rivero ha sido rechazada por los propietarios de fundos. El alcalde Luis Panigua dijo que propuso a la comisión una pausa de unos 20 días "hasta que las cosas se calmen''.
"Si las cosas se tranquilizan y acceden a conversar, nos vamos a quedar acá, sino tendremos que salir, pero confiamos en que todo vuelva a la calma'', dijo Rivero el viernes desde Camiri, 420 kilómetros al sudeste.
El gobierno se propone sanear 157.000 hectáreas en la zona en favor de los guaraníes y aseguró que las propiedades privadas al interior del territorio indígena serán respetadas.
Los hacendados anunciaron que resistirán el saneamiento hasta el 4 de mayo cuando Santa Cruz celebre un referendo local para aprobar y rechazar un estatuto para su autonomía que entre otras cosas propone que la política de tierras sea definida por la administración local, y no por el gobierno nacional.
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El Ejecutivo calificó de ilegal ese proyecto.
El director Nacionald de Tierras, Cliver Rocha, aseguró que el proceso de legalización de tierras también busca "liberar'' a decenas de familias de guaraníes que viven en condiciones de servidumbre, es decir, que trabajan sin salario a cambio de un pago en alimentos.
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La Razón, Bolivia, 11 de abril de 2008
Descomposición del orden
Estos conflictos, próximos al caos y ajenos a las normas de convivencia pacífica de toda nación, surgen cuando el Gobierno decide hacerse a un lado y dejar a la ciudadanía que arregle sus diferencias como pueda.

http://www.la-razon.com/versiones/20080411_006239/nota_245_576676.htm
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Las informaciones procedentes de Santa Cruz señalan que en aquel departamento están velando sus armas, tanto los autonomistas partidarios del Sí para el referéndum del 4 de mayo, como los masistas y ciudadanos indígenas que han resuelto impedir la consulta popular a toda costa, denunciando irregularidades en la convocatoria cruceña.
El gobierno de Evo Morales, por su parte, ha determinado no instruir a la Policía Nacional el resguardo del proceso electoral de Santa Cruz, bajo el argumento de que un acto irregular no tiene por qué ser protegido por las fuerzas del orden.
Esta situación lleva a la siguiente conclusión: más allá de la gravedad y de las consecuencias que podrían traer semejantes aprestos, queda una sensación de retroceso, de una barbarie que, en el exterior, seguramente debe causar estupor.
Por un lado, los cruceños autonomistas manifiestan que tienen listos a 15 mil jóvenes, como parte de una inédita guardia civil para salvaguardar el proceso referendario con la defensa de los recintos, de las urnas y de los votantes, sobre la base de los estudiantes de la Federación Universitaria Local (FUL) y de la conocida —y hasta temida— Unión Juvenil Cruceñista (UJC), según muchos, el brazo armado del Comité Pro Santa Cruz. A éstos se sumarían la Guardia Municipal, las federaciones de juntas vecinales (Fejuve), la Asociación de Fraternidades y la Asociación de Comparsas Carnavaleras.

Pero, tan pintoresco como lo anterior es lo que ha resuelto la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) —una suma de 34 pueblos nativos—, algunos de los cuales se están preparando para encarar a los autonomistas nada menos que con arcos y flechas.
Según información recogida por La Razón en el departamento de Santa Cruz, el pueblo Yuracaré está presto para utilizar esas armas (de puntas envenenadas, según algunos dirigentes tribales) con las que esperan enfrentar a los llamados "unionistas".
Todo indica que la logística de ambos bandos está avanzada. Al menos, así se puede inferir de las fotografías tomadas a los indígenas yuracarés y de las declaraciones del ex comandante departamental de la Policía, Wilfredo Torrico, un coronel del servicio pasivo reconocido por su experiencia en temas de seguridad ciudadana que, hasta el miércoles, había ofrecido una charla sobre el entrenamiento con miras al 4 de mayo.
Torrico, no obstante, aclaró que estas prácticas no son "para provocar ni responder a hechos de violencia". Ojalá sea así. La población también hace votos por que los indígenas y el resto de los grupos afines al MAS no busquen la confrontación.
Lamentablemente, la situación de crisis ha crecido hasta un punto en el que no hay vuelta atrás. La conformación de una guardia civil autonomista y la respuesta indígena de prepararse para resistirla, son una señal de la descomposición actual del Estado boliviano. Estos conflictos, próximos al caos y ajenos a las normas de convivencia pacífica de toda nación, surgen cuando el Gobierno decide hacerse a un lado y dejar a la ciudadanía que arregle sus diferencias como pueda.
El Gobierno no puede dejar indefensa a la población; los indígenas, caer en actos de barbarie, ni la dirigencia cruceña alentar la creación de entidades paralelas a la Policía
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eluniverso.com 09h00
UE se pone a disposición de Bolivia para desactivar crisis política
Abril 12, 2008LA PAZ AFPLa Unión Europea (UE) se puso a disposición del gobierno de Bolivia para facilitar una aproximación entre el oficialismo y la oposición que están enfrentados en una severa crisis política, informan este sábado diarios locales.

"La UE se pone a disposición del Gobierno constitucional boliviano y de las fuerzas de la oposición para facilitar una aproximación que permita reanudar la concertación y restablecer la confianza a fin de poder alcanzar un acuerdo consensuado sobre la reforma constitucional y las autonomías departamentales", señala una declaración de la UE difundida por el diario La Razón.

Los 27 países de la Unión Europea afirman que "toman nota con inquietud del riesgo de violencia, lo que podría poner en peligro la coexistencia pacífica en el país".

La inquietud de la UE se suma a otras gestiones internacionales que han realizado organizaciones como la OEA, varios países de Sudamérica y la Iglesia Católica que han demandado deponer actitudes confrontativas para generar un diálogo que desactive la peor crisis del gobierno de Evo Morales desde que subió al poder, en enero del 2006.

El gobierno boliviano está enfrentado con líderes cívicos de seis de las nueve regiones del país por la nueva Carta Magna de corte estatista impulsado por el presidente socialista y los estatutos autonómicos que las regiones rebeldes pretenden aprobar en consultas populares.

Santa Cruz (este) empuja la formación de un gobierno autónomo el 4 de mayo que no es reconocido por la Corte Nacional Electoral y que es calificado por el Ejecutivo de ilegal y separatista.Otros tres departamentos (Beni, Pando y Tarija) prevén realizar similares consultas entre mayo y junio, en rechazo a la nueva Constitución que apoya el oficialismo.

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ABI D1049 16:42:14 12-04-2008
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20080412164214&k=

Huanuni, operado por la estatal Comibol, es el mayor yacimiento de estaño del país y tiene a sus más de 4.600 mineros en paro desde primeros de abril

Mineros reanudan operaciones en Huanuni después de diez días de paro

La Paz, 12 abr (ABI).- Los trabajadores mineros de Huanuni aceptaron el 20 por ciento de incremento salarial y reanudaron a partir de este sábado las operaciones en el centro minero paralizado desde hace diez días, confirmó el viceministro de Minería, Pedro Mariovo.

El acuerdo con la oferta salarial fue redactado el jueves por el ministro de Minería, Luis Alberto Echazú y la dirigencia del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, documento que durante la jornada del viernes fue en consulta a la asamblea de los mineros asalariados.

Esa instancia determinó poner punto final al conflicto con el compromiso de negociar directamente con el gerente de la empresa las demandas menores cuya atención aún está pendiente.

Mariovo calificó el proceso de negociación y la solución del conflicto como positivo, tomando en cuenta que la demanda salarial inicial era de 50 por ciento y se llegó a definir un 20 por ciento.

Sin embargo, de acuerdo con el ministro Echazú, la huelga de los mineros reportó una pérdida diaria para Huanuni de al menos 230 mil dólares, aunque aclaró que la paralización de actividades en el centro minero no afectó la operación de la metalúrgica Vinto que recibe la producción de estaño de Huanuni.
Aclaró también que los recursos para el incremento salarial de los trabajadores mineros provienen de las utilidades que genera la empresa y de ningún modo del Tesoro General de la Nación (TGN) por cuanto se trata de una entidad productiva.

No obstante, indicó que más adelante habrá que pensar en la sostenibilidad de la empresa, porque el actual incremento salarial se encuentra en el marco de los precios elevados que tienen los minerales y sería un suicidio basar una estrategia de mediano o largo plazo en las cotizaciones actuales.
Maf/Dgav ABI
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Bolpress, Bolivia, http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008040608
García Linera advierte a las "familias de pandilleros": "Se acabó el negocio y la 'pachanga', vayan a trabajar si quieren comer"
Lucha de clases disfrazada de pugna regional entre cambas y collas
Redacción Bolpress
No es la primera vez que la burguesía de Santa Cruz se amotina frente al Estado y justifica su insubordinación enarbolando las banderas de la "autonomía". En los últimos 50 años, las elites agroindustriales, terratenientes, banqueras y comerciantes se valieron de la autonomía para preservar sus intereses de clase. El Vicepresidente Álvaro García Linera opina que el eje de la crisis actual no es la polarización regional en torno a la autonomía, como interpretan las fuerzas políticas de derecha, sino la franca "lucha de clases" entre los pocos que tienen mucho y los miles de seres humanos que no tienen nada.
En nombre de la autonomía, el empresariado cruceño financió facciones políticas de ultraderecha como Falange Socialista Boliviana (FSB) y sustentó gobiernos de facto como el de Hugo Banzer, que supo recompensar a sus huestes con la dotación gratuita de enormes extensiones de tierra.

Ahora, una fracción de la burguesía oriental va mucho más allá y utiliza falsa e hipócritamente la bandera de la autonomía para dividir el país y crear otro Estado con una constitución propia. Minoritarios sectores sociales siempre privilegiados son capaces no sólo de enfrentar a los bolivianos sino que se atreven a dividir la Patria para defender sus mezquinos intereses, afirma García Linera.
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Según el Vicepresidente, estos "logieros" no le perdonan al gobierno que les cerró las puertas del enriquecimiento fácil. "A las familias de pandilleros y de pícaros que vivieron a costa del pueblo boliviano durante siglos no les permitiremos que regresen a maltratar a nuestra Patria, a seguir privatizando, acaparando la plata de los bolivianos para comprarse autos lujosos y casas".
Esta gente no soporta que un campesino haya reducido la deuda externa de 5 mil millones de dólares a dos mil millones; no perdona que se estén construyendo nuevas empresas de papel, cartón y leche.
"Algunas familias o partidos políticos no le perdonan al Presidente que esté distribuyendo las tierras de manera digna, equitativa y responsable. Llegó el Presidente Evo y les dijo basta, la tierra no es para malbaratarla o acapararla improductivamente, es para ser usada dignamente por el campesino y el productor. A esas familias les dijimos que se acabó el negocio y la 'pachanga', que vayan a trabajar si quieren comer".
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La burguesía cruceña, sin influencia nacional, se atrinchera en su región y organiza de facto un gobierno autónomo ilegal, y de espaldas a la comunidad internacional. La elite local impulsa la división nacional creando una ciudadanía propia, la "cruceñidad", conforma una fuerza policial local y se atribuye potestades plenas en áreas que siempre fueron responsabilidad del Estado como la educación, salud, dotación de tierras, impuestos, recursos naturales y varias más.

Derrotada en la cancha de la democracia burguesa, la derecha viola las reglas, la institucionalidad y el sacrosanto "estado de derecho". "Deberán responder por sus fechorías y acciones ante el Tribunal Constitucional, la historia es de nosotros (…) Nadie nos hará cambiar de pensamiento, primero es el pueblo, la Patria, la gente humilde y después serán las logias o lo sectores privilegiados que siempre. A nosotros que nos hagan lo que quieran, el Presidente Evo y su Vicepresidente estamos dispuestos a entregar la vida en defensa del derecho de la gente pobre, y si por esto nos tienen que insultar y criticar bienvenido el insulto porque nos dignifica", afirma el Vicepresidente
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El mensaje del oficialismo a los "antipatrias que quieren seguir denigrando y destruyendo el país" es claro y enfático: El proceso de cambio continuará porque es un compromiso con los bolivianos y con la historia. Bolivia se mantendrá unida y serán derrotados los "racistas y fascistas" y algunos supuestos políticos de la oposición o empresarios que nunca tuvieron Patria sino haciendas y bolsillos sin fondo.

Sin embargo, no será el gobierno del MAS el que derrote a las minorías aventureras sino el pueblo consciente e informado. A estas alturas, sólo la movilización popular puede detener la autonomía empresarial que avanza como una topadora atropellando todo lo que encuentra a su paso.
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El levantamiento terrateniente
Las elites cruceñas se ríen de las leyes y levantan las armas para enfrentar a las autoridades elegidas por el voto. Si la ley fuera igual para todos, muchos cívicos, dirigentes políticos y terratenientes de Santa Cruz estarían confinados en recintos militares de las fronteras, o al menos procesados en calidad de delincuentes comunes, como el hacendado Ronald Larsen.
Este ciudadano norteamericano, junto a sicarios y ganaderos, emboscaron, insultaron y agredieron dos veces en un período de 37 días a las máximas autoridades del INRA y del Viceministerio de Tierras en la puerta de su hacienda Caraparicito, ubicada en el cantón Choreti, a 80 kilómetros de la ciudad de Camiri.

Armados hasta los dientes, Larsen y los suyos oponen resistencia y obstruyen la aplicación de la ley y desconocen a las autoridades legalmente constituidas en resguardo de sus haciendas. Con violencia, evitan el saneamiento de 157 mil hectáreas de tierra en Alto Parapetí.
El saneamiento en Alto Parapetí beneficiará a 10 mil familias de pequeños y medianos productores agrícolas, a quienes se les reconocerá el derecho propietario de sus predios. Los ganadores natos en este proceso son los pequeños productores que tienen menos de 500 hectáreas, cuyas propiedades, según la ley, son "inexpropiables". Además, las comunidades indígenas guaraníes de la zona obtendrán un pedazo de tierra.
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En Alto Parapetí existen 14 predios en poder de seis familias que suman un total de 51.512 hectáreas, el 52% del área. Larsen y su hijo Duxton poseen cinco propiedades, tres en la provincia Cordillera (Caraparicito con una superficie de 3.377 hectáreas; Caraparicito II con 3.399 hectáreas y Yaguapoa con 2.696 hectáreas) y otras dos en el municipio de San Julián (Los Remates, ubicado en Cuatro Cañadas, con 2.068 hectáreas, y Montegrande, en la misma zona, con una superficie de 3.846 hectáreas). Las cinco propiedades totalizan una superficie de 15.387 hectáreas.
Los Larsen, la familia Malpartida y el dirigente ganadero Juan Carlos Santiestevan López lideran a los terratenientes amotinados en la provincia Cordillera, vulnerando el derecho a la tenencia de tierra de pequeños propietarios, medianos, empresarios y pueblos indígenas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué un extranjero se atreve a coartan el derecho de libre circulación de indígenas y de autoridades de gobierno? El INRA sospecha que sus propiedades no cumplen una Función Económico Social (FES) y que mantienen familias guaraníes en situación de servidumbre.
Los patrones del chaco cruceño no están solos. Tienen respaldo del prefecto Costas, del cívico Marinkovic y de muchos legisladores de Podemos. El pasado viernes, cuando la comisión de gobierno fue atacada por segunda oportunidad en la hacienda de Larsen, el diputado de Podemos Ronald Moreno y el subprefecto Marcelino Apurani advirtieron al Viceministro Almaraz que defenderán sus propiedades. "Yo le aseguro que esta gente está dispuesta a todo, incluido yo", dijo Moreno.
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El defensor del Pueblo Waldo Albarracín y la directora de la fundación Unir Bolivia Ana Maria Romero de Campero condenaron el ataque armado en Caraparicito. Albarracín pidió a los propietarios conversar y dialogar; y no defenderse con armas y violencia sino con recursos jurídicos, legalidad y vocación democrática. Romero de Campero, ex defensora del Pueblo, observó que el incidente demuestra que hay grupos que apuestan por la ilegalidad y no dejan que la ley se cumpla.
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Pero al empresariado regional, que está contando las horas para el referéndum autonómico con la seguridad de que después del 4 de mayo el gobierno ya no podrá quitarles sus tierras, ya poco le importa preservar su imagen y menos facilitar el diálogo que le piden a gritos la Iglesia y el gobierno de Evo.
Morales está dispuesto a revisar la nueva Carta Magna y reconsiderar el recorte de ingresos prefecturales por concepto de IDH. Los prefectos opositores del Consejo Nacional por la Democracia (Conalde) exigen la anulación de todo el proceso constituyente, demandan la restitución de los fondos del IDH y la derogación de los decretos que prohíben exportaciones de alimentos. El prefecto Costas y el cívico Marinkovic recalcaron que el referéndum cruceño "no será materia de negociación".
Según el jefe de Podemos Jorge Quiroga, el gobierno no podrá postergar o dilatar los procesos de autonomía en curso con el diálogo mediado por la Iglesia y observadores extranjeros porque son "dinámicas que tienen vida propia".
Con o sin diálogo, con o sin respaldo legal e internacional, la dirigencia cruceña se prepara para ejercer su autonomía y alista la maquinaria administrativa de su "estado autónomo". Una de sus primeras tareas será la reversión de normas gubernamentales que prohíben exportar alimentos. Costas ya tiene un plan social para el área rural, programas de desayuno y almuerzo escolar; seguro de salud y un plan de vivienda, financiado parcialmente por "fuertes impuestos" al empresariado y a los grandes agricultores.

Lo más urgente para la elite cruceña es atender diferentes frentes abiertos en los últimos días. En primer lugar, el saneamiento de tierras en el país continuará a pesar de los grupos de choque. "La eliminación del latifundio es irreversible (…) El aparato operativo y técnico no saldrá de Camiri hasta cumplir su trabajo", afirmó el director general de Tierras Cliver Rocha
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Por otro lado, el Poder Ejecutivo todavía cuenta con herramientas constitucionales para detener la consulta, al tiempo que se incuba una corriente ciudadana crítica que llama a la abstención y algunas provincias se rebelan contra la capital "centralista".
Mientras más radical es la patronal, más radicales son las consignas de los movimientos populares, los cuales han comenzado a pedir la nacionalización y expropiación de toda la tierra y de la agroindustria, y la apropiación social de la renta agraria.