Chile - Prohibicion de la distribución de la 'Píldora del Día Después' en el sistema de salud público

Patricio Guzmán

El fallo del Tribunal Constitucional declarando ilegal la distribución en consultorios públicos de la ‘pildora del día después’ (el fármaco levonorgestrel), o de ‘anticoncepción de emergencia’ ha dejado ampliamente en evidencia el carácter antidemocrático y reaccionario del ordenamiento legal chileno, de acuerdo con la Constitución “aprobada “ bajo la dictadura en 1980, y que ahora – en una operación cosmética para legitimarla - después de algunas reformas lleva la firma de Ricardo Lagos en lugar de Pinochet.

Una falsa democracia.
El sistema político chileno es una falsa democracia, una democracia sin ciudadanos plenos. Un sistema diseñado para impedir la participación y la organización del pueblo en las grandes decisiones.
En este diseño destaca el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es una tercera cámara con poder de veto a las leyes aprobadas en el Congreso, por diputados y senadores. Una cámara cuyos miembros no son elegidos por los ciudadanos, por si no fuera suficiente con un sistema binominal, diseñado expresamente para inflar la representación de la derecha y alejar a la izquierda del parlamento.
Si queremos avanzar hacia una democracia sustantiva, en forma y contenido, tenemos que terminar con la Constitución del 80, verdadera camisa de fuerza instalada por la dictadura para impedir el cambio social.
Una Asamblea Constituyente plenamente soberana, con representantes elegidos proporcionalmente debe elaborar una nueva Constitución, y someterla al referéndum popular.

Machismo.
En Chile cinco jueces – todos ellos varones – han decidido que en el sistema público de salud no puede distribuir la ‘píldora del día después’, siguiendo en esto las orientaciones de la Iglesia Católica, cuya organización patriarcal se ha caracterizado siempre por combatir el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad y natalidad. Hay que recordar que se oponen al uso de todos los anticonceptivos – no en razón de que sean abortivos como ahora pretenden – y que la supuesta defensa del ‘derecho a la vida’ no ha impedido campañas en todo el mundo contra el uso y distribución de preservativos, aún sabiendo que como producto de su oposición al uso del condón la pandemia del SIDA cobraría millones de vidas adicionales.

Décadas de esfuerzos del sistema público de salud en cuestión.
La decisión del Tribunal Constitucional además pone en cuestión varias décadas de políticas públicas y esfuerzos del sistema de salud para poner a disposición de las mujeres los métodos anticonceptivos. Hay que recordar que además de la 'pildora del día después' hay otros métodos para prevenir el embarazo que contienen levonorgestrel, o que impiden la iniciación del embarazo. Todos ellos ahora podrán ser atacados por los fundamentalistas, el resultado puede ser una catastrofe; la multiplicación de embarazos adolecentes, niños no deseados, madres y familias sin recursos para hacerse cargo de niños que quedan solos todo el día, embarazos productos de violaciones, estamos ante la amenaza de un retroceso de décadas en el derecho a la planificación de la natalidad y a la condición de la mujer en la sociedad.

Fundamentalistas contra la ciencia.
Una vez más por sus prejuicios religiosos los fundamentalistas religiosos, en primer lugar de la Iglesia Católica, cierran los ojos ante la evidencia científica. Como hoy día su rechazo a los métodos anticonceptivos ha sido ampliamente desechado por el grueso de la sociedad, quieren presentar su rechazo a la ‘pildora del día después’ como oposición al aborto. Pero de acuerdo con los estudios de la Oficina Mundial de la Salud: “Se ha demostrado que las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) que contienen levonorgestrel previenen la ovulación y que no tienen un efecto detectable sobre el endometrio (revestimiento interno del útero) o en los niveles de progesterona, cuando son administradas después de la ovulación. Las PAE no son eficaces una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no provocarán un aborto.”[1] Los fundamentalistas buscan mantener a la mujer pobre en una situación de profunda opresión social, al negar el derecho de las mujeres pobres y adolescentes a la anticoncepción libre, están negando su derecho a la sexualidad, a la planificación de los hijos, y menoscabando su acceso a la educación y al mundo laboral.

Discriminación social.
Hay que subrayar que la decisión de Tribunal Constitucional afecta en primer lugar a quienes tienen menos recursos, a los pobres, y especialmente a las adolescentes pobres porque quien pueda comprar de su bolsillo la anticoncepción de emergencia puede hacerlo en las farmacias privadas que lo vendan. Estamos ante una clara desigualdad ante la ley, el Tribunal Constitucional ha dejado claro que en nuestro país se discrimina a las mujeres de menos recursos.

Si hay algo bueno que pueda surgir de esta decisión que nos indigna, es que la gente se puede dar cuenta, a nivel masivo, que la actual Constitución es profundamente reaccionaria. Es necesario acabar con la Constitución del 80, y todos sus mecanismos antidemocráticos, hay que terminar con el Tribunal Constitucional, que es el último recurso de la reacción para bloquear cualquier política o legislación progresista en nuestro país.

Desde el gobierno ahora quieren que toda la culpa de este desastre caiga sobre los parlamentarios de la derecha que llevaron el caso al Tribunal Constitucional, después que los fundamentalistas fracasaron en la Corte Suprema. Sin negar el caracter reaccionario de la derecha también hay que subrayar que la Concertación es corresponsable que esta Constitución se haya mantenido, ella la avaló y legitimó incluso convirtiéndola en la Constitución de Lagos después de Pinochet, así que no podemos confiar en ella y sus políticos. Tenemos que impulsar la movilización y la discusión pública, y en el camino levantar una alternativa socialista y democrática.