Argentina - Víctimas de la dictadura, cómplices de la Operación Independencia

Por: Marcos Taire

Argenpress - 19 de marzo de 2008
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Un importante número de dirigentes tucumanos, víctimas de la dictadura militar que los detuvo, secuestró, torturó, encarceló y en muchos casos los desapareció, fueron cómplices de la Operación Independencia, primer paso del genocidio argentino.

En la madrugada del 24 de marzo los grupos de tareas militares y policiales de Antonio Bussi realizaron centenares de operativos para allanar domicilios de funcionarios y dirigentes del peronismo derrocado. Muchos de ellos pasaron años en las cárceles del “Proceso de Reorganización Nacional”, sometidos a todo tipo de vejaciones y tormentos antes de recuperar su libertad. Otros, los menos afortunados, desaparecieron para siempre, asesinados en los campos de concentración diseminados en todo el territorio tucumano.

La mayor parte de esos dirigentes políticos y gremiales, hasta el día antes de comenzar sus suplicios, eran abanderados del sector más virulento del gobierno de Isabel Perón y habían apoyado y aplaudido la Operación Independencia, que desde hacía más de un año ensangrentaba la provincia. Sus discursos y declaraciones los mostraban como halcones de una cruzada anticomunista, en muchos casos más agresivos que los propios militares.“Mercenarios apátridas, sin Dios y sin bandera”

La Operación Independencia, supuestamente ordenada para erradicar a un grupo guerrillero instalado en la zona montañosa del suroeste tucumano, militarizó la provincia a partir del 9 de febrero de 1975. En realidad, fue el comienzo de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional: los enemigos a aniquilar fueron los sectores más esclarecidos y luchadores del movimiento popular y estudiantil. Desde ese día, las fuerzas de tareas y los grupos operativos encapuchados, bajo las órdenes de un militar alienado, el general Adel Vilas, instalaron el terror en el pequeño territorio tucumano y sembraron de cadáveres los campos, los caminos y las plazas provinciales.

Dos campos de concentración –Jefatura de Policía y Escuelita de Famaillá- fueron las bases desde las cuales operaron día y noche las patotas, secuestrando, torturando y asesinando a miles de tucumanos.Un par de días antes de lanzarse la Operación Independencia, el intendente de San Miguel de Tucumán, Carlos María Torres, acompañado de Vilas, inauguró una plazoleta que bautizó con el nombre del extinto capitán Humberto Viola, ejecutado por el ERP el 1 de diciembre de 1974. El muerto integraba un grupo clandestino de militares, policías y civiles que desde hacía varios meses operaba ilegalmente, deteniendo, secuestrando, matando y poniendo bombas casi todas las noches, para crear el terror que necesitaban los militares como justificación para su intervención.

Apenas iniciadas las “acciones” militares (secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones), las dirigencias políticas y gremiales del peronismo gobernante se lanzaron a una competencia para mostrar quién era más duro contra “el extremismo y la subversión”. El gobernador de la provincia, Amado Juri, afirmaba el 12 de febrero que “la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión apátrida (…) ha encontrado el apoyo y la solidaridad del pueblo y el gobierno”.El interventor del Partido Justicialista, Adolfo César Philippeau, un ex militar, saludaba la llegada del jefe del Ejército, Leandro Anaya a Tucumán, expresando “solidaridad plena con el glorioso Ejército Argentino en sus operaciones contra la antipatria”. No le iba a la zaga el presidente del bloque de senadores provinciales del PJ, Ernesto Corbalán, quien afirmaba que “ningún argentino puede estar ausente en la defensa de las instituciones amenazadas por los elementos del caos y el crimen apátrida”. Su colega, el titular del bloque de diputados provinciales del PJ, Juan José Pino se enfervorizaba al destacar su “total e incondicional apoyo (a los militares del operativo) en la lucha contra la subversión”.

La burocracia sindical peronista también jugó un papel significativo en la construcción del enemigo, tarea imprescindible para concretar el genocidio. Un documento difundido por la CGT Regional, con la firma del secretariado en pleno (Héctor Pérez, Juan Palavecino, Esther de Bulacio, Fausto Vélez y Horacio Cáceres) no deja lugar a dudas: “adherimos fervientemente a la decisión de nuestra Presidente de combatir a los mercenarios de la antipatria hasta las últimas consecuencias”. Su colega de las 62 Organizaciones Peronistas, el metalúrgico Florencio Robles fue más contundente aún: “sólo cuando eliminemos los focos disociantes de nuestra nacionalidad podremos trabajar en paz y en armonía patriótica”. Robles, un caracterizado matón sindical, se alegra por la presencia de un compañero de ruta al frente de la Operación Independencia y expresa sus “felicitaciones a nuestro comandante de la Quinta Brigada de Infantería, general Adel Vilas por la firmeza y decisión en los procedimientos”. Y como no podía ser menos, los pichones de burócratas y matones de la Juventud Sindical Peronista (Juan Acosta, Antonio Brito y Oscar Chávez) elogian la carnicería desatada en la tierra tucumana, al decir que “deben desaparecer del suelo patrio las minorías al servicio de la anarquía y las ideas extranjerizantes”.

Hay que destacar que la dirigencia gremial peronista en pleno comprometió su apoyo a Vilas en una reunión efectuada en la Casa de Gobierno, lo que se concretó a través de denuncias y delaciones y de su seno salieron matones que integraron las patotas secuestradoras.

El Partido Justicialista, con motivo de la festividad del 25 de Mayo de 1975, publica una solicitada en los diarios locales. En ella se refiere a “minúsculos grupos de extraviados” y elogia el accionar militar “para erradicar de nuestro suelo a los elementos apátridas que intentan cambiar la gloriosa y pura enseña celeste y blanca por un trapo cualquiera”.

Pocos días después, el 29 de mayo, por la celebración del Día del Ejército, el gobernador Juri elogia a esa fuerza “al enfrentar con patriótico valor a un enemigo cruel y despiadado”. Su colega Eduardo Posse Cuezzo, Presidente de la Cámara de Diputados, se enorgullece de “la lucha que todos los argentinos estamos librando contra los agentes de la subversión internacional”, en tanto el titular del Senado provincial., Gofredo Cuozzo, haciendo gala de una religiosidad integrista propia de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, afirma: “elevamos al altísimo la devota plegaria para que proteja y guíe a nuestro Ejército por la senda de la gloria, haciendo honor a la consigna y tradición de vencer o morir por la república y despejando de su cielo la borrasca de la antipatria”. Este impresentable político tucumano llegó a decir que “San Martín vive en los generales que organizan la defensa y trazan la estrategia que aplastará al enemigo”.

Como desde el primer día de la Operación Independencia se denunciaba y se conocían las arbitrariedades y los crímenes de los militares, el gobernador Juri salió al cruce de quienes trataban de oponerse al genocidio, acusándolos: “la más enérgica repulsa por el tremendo desprecio que han demostrado hacia fundamentales derechos humanos aquellos que declaman y reclaman esa protección”. Además, se pronuncia por “erradicar definitivamente del territorio nacional a la violencia subversiva, apátrida y criminal”.

Obviamente, la virulencia del discurso oficial, en el que jamás hubo una invocación a la paz y en cambio se incitaba a los represores a ser implacables con los que habían osado desafiar el “estilo de vida occidental y cristiano”, sirvió para cimentar la justificación militar posterior de que los habían enviado a Tucumán a “aniquilar a la subversión”.

El peronismo tucumano en el poder compartía muchas cosas con el criminal jefe de la Operación Independencia. Entre otras, la pertenencia a ese sector político. Vilas se reivindicaba peronista y había accedido al generalato y a la comandancia de la Operación gracias a sus vinculaciones en el seno del peronismo. Además, desde el comienzo de la Operación Independencia el gobierno nacional, a través del ministerio de Bienestar Social le brindó millonarias ayudas para “acción cívica” y su titular, José López Rega le aportó una patota que causó estragos entre las barriadas humildes y en el interior tucumano. Hay que recordar que, en el final de la dictadura, Vilas fue precandidato presidencial del peronismo. Para ello se realizó una reunión en una quinta en Del Viso a la que acudieron numerosos dirigentes peronistas de primer nivel que le manifestaron su apoyo para la nominación. Sin embargo, un acto realizado en el Luna Park marcó el final de sus aspiraciones políticas: no fueron ni los que habían compartido el asado con él en la quinta.

Desde el comienzo de las acciones, el 9 de febrero, el Comando Táctico de Famaillá fue escenario de reuniones diarias de Vilas con lo más granado del peronismo tucumano, a tal punto que muchos dirigentes se sentían honrados y exhibían orgullosos su vínculo con el jefe de la Operación Independencia. No sólo eso: numerosos dirigentes visitaron la Escuelita de Famaillá, donde según el propio Vilas entre febrero y diciembre fueron atormentados 1567 tucumanos, la mayoría de los cuales fueron asesinados.

Cuando Videla, Viola y compañía resolvieron desembarazarse de Vilas y anunciaron su desplazamiento de la jefatura de la Operación Independencia, el peronismo tucumano en pleno –políticos y sindicalistas- clamaron por su continuidad en el mando. Y cuando se confirmó la partida, lo condecoraron. La gobernación, con Juri a la cabeza y las Cámaras de Diputados y Senadores le colocaron medallas de honor como premio a su desembozada criminalidad. Muchos de los que aplaudieron y condecoraron a Vilas, después conocerían en carne propia la ferocidad represiva de Bussi y sus secuaces, metodología que habían elogiado hasta la grosería.Las víctimas, en su caídaLa madrugada del 24 de marzo el gobernador Juri y todos sus ministros y secretarios fueron llevados a los empujones a la Casa de Gobierno. Allí fueron obligados, en medio de insultos e improperios, a hacer entrega del poder. Algunos no habían tenido el tiempo ni el derecho a vestirse completamente, al ser arrancados de sus camas. Juri pasó un par de años en la Cárcel de Villa Urquiza, de donde salió con un inmerecido prestigio democrático.

Algunos de sus más estrechos colaboradores, como José Chebaia y Juan Tenreyro, fueron secuestrados y probablemente asesinados esa misma noche, aparentemente porque sus captores querían adueñarse de valiosas propiedades que según los militares, eran mal habidas.

Los senadores Dardo Molina, Guillermo Vargas Aignasse y Damián Márquez fueron secuestrados y nunca más aparecieron. Ninguno de ellos podía ser acusado de la más mínima simpatía con la izquierda, mucho menos con “la subversión”.

El intendente de San Miguel de Tucumán, Carlos María Torres fue detenido, maltratado y encarcelado durante tres años. Igual suerte corrió el diputado nacional Antonio Isaac Guerrero, lo mismo que los ministros Jorge Raúl Martínez y Carlos Prats Ruiz.

Hasta ahora, la Justicia está en mora con la sociedad: lo único palpable es que probablemente dentro de medio año comience el juicio oral a Bussi por la desaparición de un senador, es decir, un crimen solamente en una provincia que sufrió miles de crímenes. Y lo único cierto es que la única persona que fue llevada a la cárcel por más de un año y medio es una ex desaparecida acusada de haber cometido delitos cuando era prisionera en el campo de concentración del Arsenal Miguel de Azcuénaga.

La lista de las víctimas de la dictadura, que integraron un gobierno provincial cómplice del comienzo del genocidio -la Operación Independencia- es larga y dolorosa. Más grande y vergonzosa es la lista de represores impunes: ningún militar, policía, gendarme o civil integrante de las patotas, fue llevado ante la Justicia. Esa impunidad tiene estrecha relación con la complicidad civil iniciada en la Operación Independencia: son muchos los que no quieren que se sepa la verdad. Intereses políticos y económicos han sepultado, por ahora, la posibilidad de desentrañar los crímenes, todos los crímenes, no solo una porción de ellos, cometidos en la más pequeña de las provincias argentinas.