Venezuela - De relato heroico a farsa grotesca
Carlos Carcione *
Brecha, Montevideo, 27-5-2016
La amenazante sanción del decreto de
excepción constituye quizás el develamiento de una enorme parodia. Apoyado en
un discurso barnizado de un léxico “socialista”, que busca hacer ver
continuidad con el gobierno de Chávez allí donde sólo hay ruptura con él, el
presidente Nicolás Maduro acaba de dar otro paso en el camino de la liquidación
del proceso bolivariano tal como lo conocimos en estas dos décadas.
La democracia participativa y
protagónica, las formas novedosas de propiedad, la garantía irrestricta a los
derechos humanos, los derechos sociales y políticos que allí se establecen,
hicieron de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela una hoja
de ruta progresiva de la que nunca se alejó el presidente Chávez.
Esa Constitución expresó un proyecto,
perfectible, es cierto, pero emancipador. Se trataba del sueño de completar la
independencia política, de alcanzar la soberanía económica y de construir la
justicia social. Una revolución política en un marco democrático. Hoy ese
proyecto está agonizando. Con el decreto 2.323, la tentación autoritaria que
durante meses vino mostrando la cúpula del gobierno se encuentra frente al
delgado límite de una medida extraordinaria que, de imponerse en todo su
alcance, deroga, de hecho, las garantías y derechos constitucionales y suprime
la república como forma de gobierno. Por medio del decreto el gobierno ha
declarado a viva voz su voluntad de transformar un régimen político democrático
en uno bonapartista clásico: totalitario, reaccionario y represivo.
La compleja situación política,
económica y social por la que atraviesa el país ha entrado, de la mano de ese
decreto, en un tiempo de turbulencias agudas que pueden desembocar en hechos
impredecibles. Estamos presenciando la profundización de un conflicto por el
poder entre las dos cúpulas políticas, tanto la del Partido Socialista
Unificado de Venezuela (Psuv) como la de la opositora Mesa de la Unidad Democrática
(Mud), que hace tiempo están alejadas de las necesidades de los ciudadanos. Se
trata de la disputa por el control de la distribución de la renta. En esa
disputa el pueblo es un simple y sufrido espectador que paga las consecuencias.
Por otra parte, los artículos del
decreto, al no especificar cuáles derechos y garantías podrían ser suspendidos,
diseñan, para la solución de los problemas que señalan, un Estado de carácter
policial, enmascarado de “poder popular”, con la función de “vigilancia” que le
asigna a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y los
Consejos Comunales.
Al mismo tiempo se sigue sin atacar las
causas fundamentales de la crisis económica. El anterior decreto de emergencia
económica fue un fracaso. Algunos pocos datos ilustrarán lo que decimos: la
inflación anualizada que para 2015 estuvo alrededor del 200 por ciento, medida
anualmente a marzo de 2016 ya alcanzaba el 514 por ciento. Cuando el
desabastecimiento en alimentos y medicinas en diciembre del año anterior llegaba
al 60 por ciento, en marzo llegaba al 75 en alimentos y 80 en medicinas.
Más allá de todas las maniobras
empresarias, la base del desabastecimiento y la carestía internos está en esta
política. Es la economía “productiva”, contra la que el pueblo en las colas ya
ha empezado a rebelarse diariamente. Lo más grave es que con el decreto el
gobierno pretende forzar a las fuerzas armadas a que rompan su tradición y
raigambre bolivariana y defiendan una política miserable contra el pueblo. Pero
lo que concentra el cinismo del documento se hace evidente en lo referente al
Arco Minero y el tema de conservación del ambiente. Mientras que en uno de los
numerales de los artículos se cuestiona la tala indiscriminada de bosques, en
otros se ratifica la línea de profundizar el extractivismo depredador del
“motor minero”, que no sólo destruye bosques y vida sino que convertiría en
piedra y polvo seco 22 por ciento del territorio nacional.
Por otra parte, la acusación de golpe de
Estado permanente contra el Ejecutivo abre paso a una represión indiscriminada.
En todo caso, lo que sí está dicho allí es que el gobierno considera, sin
mencionarlo, que la única acción hoy visible para que el pueblo evalúe su
gestión y decida sobre su continuidad, como es el referendo revocatorio, es un
instrumento subversivo, y lo iguala a las guarimbas. Rechaza de esta manera uno
de los instrumentos democráticos más avanzados y rompe con el legado de Chávez
en su obra instrumental más completa.
Al asimilar la puesta en marcha del
revocatorio con la destitución de Dilma Rousseff y la salida del PT del
gobierno de Brasil, la cúpula del Psuv desnuda toda la falacia de su discurso.
Si lo que hubo en Brasil fue un “golpe” parlamentario forzando hasta la
ilegalidad una cláusula constitucional, el referendo revocatorio no es una
“opción” sino un derecho ciudadano que el Estado, a través del Consejo Nacional
Electoral (Cne), tiene el deber de facilitar, como lo ordena muy explícitamente
la Constitución.
Pretendiendo anular ese derecho, la
cúpula del gobierno y el Psuv actúan de la misma manera que los parlamentarios
brasileños que forzaron la salida de Dilma.
* Coordinador del equipo de
investigación de Marea Socialista de Venezuela. Tomado de Rebelion.org. Brecha
reproduce fragmentos de esta nota.
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