Brasil - Después de las rebeliones 2013
Clase política brasilera acelera
desconstrucción de la democracia
Guilherme C. Delgado
Correio da Cidadania
Traducción de Ernesto Herrera –
Correspondencia de Prensa
Los años de 2013.2014,2015,llevaron a
las calles, en primer lugar, protestas populares gigantescas, movilizadas por
fuera de los partidos políticos y movimientos sociales estructurados. Se
defendían derechos difusos, particularmente la movilidad urbana, y se
extendieron por varios centros urbanos del país.
Por otro lado, pasado el proceso
electoral de 2014, aparentemente indiferente a las manifestaciones del año
anterior, y conocidos sus resultados, se inició otro tipo de movimiento, este
completamente articulado al interior del sistema político, con vistas a la
destitución de la presidenta de la República electa. El último lance de ese
movimiento es la iniciativa del presidente de la Cámara Federal de desencadenar
el inicio del proceso de “impeachment”.
Además, el año 2015, en términos de
pauta legislativa, en general iniciada en la Cámara Federal, es completamente
inverso en el sentido de la afirmación de principios democráticos relativos a
la profundización de la democracia política, de los derechos civiles y de los
derechos sociales. Por la brevedad del este texto, no me extenderé sobre el
tenor de esas pautas. Pero hay un vasto rol de medidas legislativas ya
aprobadas o en trámite de carácter restrictivo a las conquistas democráticas,
institucionalizadas por la Constitución de 1988.
Esos tres breves eventos
(manifestaciones de 2013, elecciones de 2014 y campaña del “impeachment” de
2015), evidencian, en la coyuntura del trienio 2013-2015, una cuestión política
y social en ebullición, probablemente no incorporado al reportorio convencional
del sistema político – elecciones, pauta congresal, agenda de prioridades de
los partidos y movimientos sociales, etc.
Hay una tensión difusa, a veces
inversa en la manipulación legislativa, que aquí denominamos provisoriamente
de “cuestión democrática”, circulando al margen de una discusión política más
profunda. En el año 2015, caracterizado también por la crisis económica, el
malestar social se tornó todavía más pesado, teniendo en cuenta la pretensión
notoria de destitución presidencial en fase de recrudecimiento del desempleo.
Pero esto no elude caracterizar a las raíces políticas precedentes, de una
crisis política difusa, que las calles expresaron en 2013, sin contenido.
De allí a convertir los antagonismos
difusos en pautas de desconstrucción de derechos civiles, hay un paso. Cuando
el tema de la igualdad civil se contamina con igualdad social, como en el caso
de las tierras étnicas (indígenas y quilombadas), la desconstrucción es más
ostensiva, mostrando la explicita alianza de la triple B (las bancadas del
“Buey”, de la “Bala”, y de la “Biblia”) en el Congreso.
Más sofisticada, pero no menos grave,
es la tentativa de promover el retroceso amplio, general e irrestricto en los
derechos sociales constitucionalizados y reglamentados (seguridad social y
educación básica), bajo la etiqueta algo cínica del “ajuste estructural” del
Presupuesto de la Unión.
Ejemplo explícito de esa tentativa es
el documento del PMDB llamado “Un puente para el Futuro”.
Finalmente, los derechos políticos,
incluido el derechos ciudadano a la información, quedan también relativizado;
la medida que es propia de los medios, se convierte en la orquesta política de
los intereses restrictivos al pluralismo ideológico, con las excepciones de
costumbre.
En este contexto, hay una fuerte
amenaza de retrocesos simultáneos a los derechos políticos, sociales y civiles,
operados por dentro de las instituciones de Estado, sin que la sociedad
políticamente organizada los partidos políticos y la sociedad civil-, demuestre
con vigor y expresión pública, la defensa de esos derechos y del propio orden
constitucional subyacente.
Por esto, nos parece relevante
invertir en la reflexión sobre medios y modos de configurar la “Cuestión
Democrática” que hacen a las inquietudes políticas del momento.
Particularmente, es importante pasar revista a la Constitución de 1988 y a las
causas explícitas o implícitas de su aparente desconstrucción; sea por una
especie de “coyuntura espúrea” en que se convirtió la agenda congresual de
2015, sea debido a la propia tesis de Constituyente exclusiva, que algunos
sectores de izquierda llegaron a defender luego de las manifestaciones de junio
2013. En los dos casos inquieta cierta limitación de los abordajes políticos.
Finalmente, pienso que una
contribución que ofrecer al debate de la “Cuestión Democrática” pasaría por la
revisita a los propios fundamentos del orden democrático constitucional, en los
campos de los derechos políticos, civiles y sociales, en una perspectiva de
reconstrucción del camino de 27 años, hoy en peligro de retroceso. Esa
revisita, comprometida con la democracia, no puede dejar de registrar graves
lagunas sufridas en el ordenamiento político del país y que están en la raíz de
la crisis estructural -política y económica- en curso.
Particular atención hay que prestar a
las grandes lagunas de construcción del derecho público constitucionalizado,
que de cierta forma permanecen indefensas a la democratización.
1) un sistema financiero prendido a
la deuda pública, pero independiente del control público;
2) un sistema de propiedad de
recursos naturales estrictamente mercantil, opuesto de la función social y
ambiental de la tierra;
3) un sistema de comunicación social
organizado bajo la forma de monopolio y oligopolio, explícitamente en
contradicción al texto constitucional.
No por casualidad, esos espacios
vacíos de regulación, después de 27 años de vigencia constitucional, urden
retrocesos explícitos o implícitos a los derechos reglamentados, en el formato
de las agendas ultraconservadoras de 2015.
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