Chile - Columna de opinión: Sobre el control de identidad y otros vestigios

Posted by Correo Semanal on jueves, octubre 08, 2015


Escrito el 7 octubre 2015
Por Lorena Fries Monleón, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Lorena Fries - Canal judicial
Las advertencias sobre los “vestigios de la dictadura” que nos ha hecho en su reciente visita el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a reunión y asociación, Maina Kiai, son un constructivo llamado de atención que debiera alentar a las autoridades parlamentarias y gubernamentales a una profunda reflexión.

Nos ha dicho el Sr. Kiai que pese a los notorios avances logrados en los últimos 25 años persisten esas rémoras de antaño que no debieran tener cabida en el Chile de hoy. Más aún, ha advertido que esos fantasmas del pasado acechan en sectores muy específicos y de manera muy palpable, como ocurre en el plano de la seguridad pública.
Con gran sorpresa el Relator especial tomó conocimiento del Control de Identidad Preventivo, propuesta contenida en la denominada “ley corta anti delincuencia”, aprobada ya en la Cámara de Diputados, patrocinada por el Gobierno y que entrega mayor discrecionalidad a Carabineros en el control del orden público.
La normativa vigente permite a la policía uniformada interceptar a personas ante indicios de que se ha cometido o se va a cometer un delito y, en determinadas circunstancias, detenerlas. Si bien dista mucho de ser un procedimiento ideal, al menos se requiere la existencia de presunciones fundadas. Pero las modificaciones propuestas van mucho más allá. La facultad de controlar y detener quedan entregadas al mero arbitrio de Carabineros con el objeto de “cotejar la existencia de órdenes de detención pendientes”, las que por lo que se sabe, están en manos de la Policía de Investigaciones.
En caso de aprobarse, Carabineros podrá detener en cualquier momento y lugar a toda persona que no exhiba su identificación, ya sea porque no quiere, porque dejó su carné en casa, porque lo perdió o porque no lo tiene, como ocurre con muchos menores de edad. De ser así, habremos retrocedido considerablemente en cuanto al ejercicio de derechos fundamentales consagrados en nuestro ordenamiento jurídico y en los tratados internacionales suscritos por Chile, como la libertad personal, la libre circulación, el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia.
A ello se suma otro argumento que es el de la falta de eficacia que han demostrado estas medidas para el combate a la delincuencia y por cierto un contexto institucional de falta de controles internos y externos respecto a la policía. El resultado, entonces, será el de la estigmatización de ciertos grupos de personas vulnerabilizados como son los jóvenes, los trabajadores y las comunidades mapuche.
Resulta paradojal que un país sea prolífico en libertades en el ámbito de lo económico, pero no así en cuanto a los derechos civiles y políticos. Y nuestra deuda es mayor: el Relator de la ONU no sólo cuestionó la figura del Control de Identidad Preventivo, sino que también el actuar de Carabineros, las restricciones para manifestarse, el funcionamiento de la justicia militar, etc.
Lo ha dicho el Relator de la ONU, la Corte Suprema y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros: la normativa propuesta es inaceptable en un estado democrático de derecho. Si el Estado de Chile quiere seguir gozando del prestigio internacional que ha ganado por sus logros en materia social y económica, debe asumir como desafío central el liberarse de las ataduras del pasado y propender a no generar nuevas amarras que dificulten el proceso de profundización de la democracia y el avance en materia de derechos humanos.