Uruguay - Procesaron por torturas a 26 funcionarios del INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay)
José Lorenzo López “renunció” al
Pit-Cnt
Procesaron por torturas a 26
funcionarios del INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay)
El falló es una cruz para el
sindicalismo pero está en sintonía con la posición que fijaron varios actores
de primera línea del gobierno
Viviana Ruggiero
El País, Montevideo, 22-8-2015
El juez Gustavo Iribarren procesó con
prisión a 17 funcionarios del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes
(Sirpa) por autoría de un delito de tortura y a nueve, entre ellos el hasta
ayer vicepresidente del Pit-Cnt, José Lorenzo López, sin prisión por coautoría
del mismo delito.
Iribarren, que hizo lugar al pedido
de la fiscal Adriana Umpiérrez, aseguró que se probó un "trato que negaba
la dignidad de las personas privadas de libertad" en los incidentes del 24
de julio en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili). Entre los procesados
con prisión está el director del centro Alfredo Rivas y el subdirector, Piter
García.
Las defensas de los 26 funcionarios
acordaron apelar el auto de procesamiento y solicitaron medidas especiales de
privación de libertad para los procesados con prisión, que ayer pasaron la
noche en Cárcel Central. El destino final que tendrán será una decisión del
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
El abogado del sindicato del INAU,
Juan Raúl Williman, que defiende a varios funcionarios, indicó que pedirá
"las libertades provisionales" de quienes son "primarios,
trabajadores, jefes de familia, con menores a cargo y que no revisten
peligrosidad para la sociedad".
El fallo se basó en el artículo 22 de
la ley 18.026 que estableció la tortura como un delito y por el que hasta ahora
fueron procesadas solamente cinco personas.
La ley, aprobada en 2006, tiene como
título "Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha
contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad" y detalla
que se entenderá por tortura "todo acto por el cual se inflija dolores o
sufrimientos graves, físicos, mentales o morales, el sometimiento a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes (...) y todo acto tendiente a anular la
personalidad o disminuir la capacidad física o mental aunque no cause dolor
físico".
"Una bomba"
Los procesamientos y particularmente
el de Lorenzo López son un duro golpe al Pit-Cnt y a la Confederación de
Funcionarios del Estado (COFE), gremio del cual Lorenzo López es dirigente
desde hace 12 años. Para el sindicato del INAU es una "bomba" que
tiene el objetivo "político de destrozarlos".
Los gremios reaccionaron ayer con
furia y dirigieron sus misiles al gobierno.
El secretario general del sindicato
del INAU, Carlos Salaberry, que estuvo toda la tarde en las puertas del juzgado
y fue el responsable de contener a las familias de los procesados cuando se
conoció la resolución del juez, dijo que se consumó un "linchamiento
público" de Lorenzo López y el gremio.
"Es claro el objetivo del Poder
Ejecutivo de destrozar nuestra organización para viabilizar todos los planes
que se han anunciado. Quieren eliminarnos y nosotros no nos vamos a dejar
llevar por delante", afirmó el dirigente y adelantó que tomarán medidas,
las que será definidas hoy en una asamblea convocada como "grave y
urgente".
Los trabajadores comentaron ayer que
la dirección del INAU resolvió en la noche del jueves decretar la esencialidad
del servicio, lo que condicionará futuras medidas de los trabajadores en los
centros de detención. Salaberry recordó declaraciones de la ministra María
Julia Muñoz —"Joselo López no es capaz de la tarea que realiza ni de ser
sindicalista"— y del fiscal de Corte, Jorge Díaz —"El Ministerio Público
y Fiscal va a ir hasta las últimas consecuencias en la investigación"— y
afirmó que obviamente repercutieron en el procesamiento.
"Eso revela un ataque directo
del Poder Ejecutivo y condiciona el proceso. De hecho se ve reflejado en el
pedido de procesamiento de la fiscal que es un delirio", aseguró el
dirigente del gremio.
En el mismo sentido, algunos de los
abogados de los funcionarios dijeron que el fallo "es un verticalazo de
arriba".
Reacciones
El fallo se conoció ayer a las 19
horas después que los acusados fueron a realizar sus descargos tras el pedido
de procesamiento del jueves de la fiscal. La familias de los procesados y
trabajadores que no eran parte del proceso judicial reaccionaron con lágrimas,
indignación y bronca en las puertas de la sede de Juan Carlos Gómez.
Apuntaron a la prensa, al gobierno y
a la nueva directora del Sirpa, Gabriela Fulco, quien reconoció por primera vez
la existencia de torturas en centros de reclusión de adolescentes. "Yo
quiero ver cómo reacciona ella ante personas que te insultan, golpean, hacen
puntas con todo lo que encuentran y hasta se masturban frente a los
trabajadores", aseguró a El País un familiar del subdirector del Ceprili,
quien también se desempeña en la institución.
Los funcionarios insistieron en que
desaparecieron las garantías y en que ingresar a un hogar "es correr el
riesgo de terminar procesado".
COFE y sindicato del INAU preparan
medidas
El sindicato del INAU cerró filas sin
dudas con Joselo López y emitió un duro comunicado: "Ante el atropello que
está recibiendo nuestro sindicato por parte del Poder Ejecutivo y la justicia,
donde se nos quiere condenar igual que a (José) Gavazzo y el Goyo (el
expresidente de facto Gregorio Álvarez), dejando a 17 compañeros presos por
tortura y 9 procesados por lo que se ve en el video, convocamos en carácter de
grave y urgente al plenario nacional ampliado", que comenzará hoy a las
12. La reunión tiene como objetivo definir medidas, a las que COFE ya anunció
que se plegará en solidaridad con su líder procesado, José Lorenzo López.
"En esta no se puede faltar", termina el comunicado del sindicato del
INAU.
La Asamblea Nacional de Delegados de
Cofe decidió ayer de tarde dar "su total apoyo" a López, su
secretario general, porque "su procesamiento no tiene fundamento alguno,
es una anormalidad y un disparate porque no tiene responsabilidad", dijo a
El País el integrante del Consejo Directivo del sindicato, Luis Bazzano. Anoche
la plana mayor de Cofe se reunió con López en la sede del sindicato del INAU
para estudiar los pasos a dar. "Para Joselo la situación no es fácil
porque está siendo enjuiciado por lo que no tiene responsabilidad y porque
arrastró sin querer a un montón de compañeros porque es una persona
conocida", señaló. "Hace mucho tiempo hay un ensañamiento" con
él y no se atacan "los problemas estructurales" del Sirpa y "las
responsabilidades políticas", opinó. Por otra parte, el sindicato del Inau
recibió el respaldo de la central argentina CTA Autónoma. Emitió un comunicado
que plantea que "exigimos a las autoridades del país hermano el cese de la
persecución a los luchadores sociales, a la vez que ponemos nuestra
organización a disposición para colaborar en el esclarecimiento de esta
causa".
Los 17 funcionarios del Sirpa están
recluidos en Cárcel Central
Permanecerán allí hasta que el
Ministerio del Interior decida un lugar definitivo; defensa solicitó medidas de
seguridad por riesgo de represalias
Pablo Melendrez
El Observador, Montevideo, 22-8-2015
Al caer la noche, apenas trascendió
la decisión del juez Gustavo Iribarren, el ambiente en la puerta del juzgado
ubicado en la calle Juan Carlos Gómez casi Reconquista se tensó: gritos,
insultos y llantos de familiares y compañeros de los 17 funcionarios del Centro
de Privación de Libertad (Ceprili) del Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente (Sirpa) enviados a la cárcel como autores y coautores del delito de
tortura, y de los 9 imputados sin prisión como cómplices de ese delito –entre
ellos el presidente del sindicato del INAU y vicepresidente del PIT-CNT, José
Lorenzo López– por abusos contra internos de ese hogar.
El juez hizo lugar a la requisitoria
de procesamiento de los 26 funcionarios que había planteado el jueves la fiscal
Adriana Umpiérrez, aunque con algunas variantes. Primero, el magistrado envió a
la cárcel solo a los 17 que consideró como autores y coautores y no a todos
como había pedido la fiscal –agregando uno a esa condición, ya que la
representante del Ministerio Público había pedido 16 imputaciones en esa
calidad– y segundo resolvió no remitir a la cárcel a los imputados en la
condición de cómplices.
La resolución judicial cayó como un
baldazo de agua fría en el sindicato de funcionarios del INAU, cuyo secretario
general, Carlos Salaberry, que estuvo toda la tarde esperando en la puerta del
juzgado, dijo sentir "una gran bronca" y aseguró que el fallo del
juez "es demencial".
"Esto es una señal para el
domesticamiento del movimiento obrero", advirtió Salaberry, para quien
existió un "operativo político" y también un "linchamiento
público" contra López, que presenció parte de los abusos cometidos contra
los internos, y que luego de conocer el pedido de procesamiento de la fiscal
presentó su renuncia al Pit-Cnt .
Para cualquier trabajador del sistema
ir a trabajar es, desde ahora, tomar el riesgo de ser procesado", indicó
Salaberry. El sindicalista informó que en la noche del jueves, el Sirpa
gestionó ante el INAU la declaración de esencialidad de ese servicio aun
cuando, dijo, no hay medidas gremiales en curso. "Es claro el objetivo del
Poder Ejecutivo de destruir nuestra organización", afirmó.
Salaberry dijo que desde el jueves en
el Ceprili está presente el Grupo GEO, cosa que "refleja que hay una
situación de inseguridad constante" . Hoy, desde la hora 12, el sindicato
de funcionarios del INAU realizará una asamblea para evaluar la situación.
Conjunción de conductas
Anoche, el juez Iribarren explicó las
razones que motivaron los 26 procesamientos por la represión contra un grupo de
internos del Ceprili registrada el 24 de julio que denunció ante la Justicia la
presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco. En el video de la cámara de seguridad,
que semanas atrás divulgó El Observador y Subrayado, se ve cómo un grupo de más
de 30 funcionarios ingresan al patio de un módulo y reprimen a dos internos que
estaban generando disturbios, obligándolos a permanecer boca abajo mientras un
trabajador les propinó patadas en el piso.
"El hecho no está compuesto por
acciones individuales. Se entendió que hay una conjunción de conductas que
convergen en un fin común y se juzgó toda esa actividad común. Todos conforman
ese abuso y desproporcionalidad", dijo el juez en rueda de prensa.
"Si bien esto es cuestionable en
cualquier circunstancia, en este caso adquiere una mayor gravedad porque el fin
primordial de la privación de libertad de los adolescentes es la
rehabilitación", explicó el magistrado.
Iribarren indicó que se constató un
"trato cruel" contra los internos y respecto a la imputación contra
los nueve funcionarios acusados por complicidad explicó que el hecho de no haber
hecho nada para evitar el episodio implicó "aceptar" el resultado.
En el dictamen en el que el jueves
pidió los 26 procesamientos, la fiscal Umpiérrez había señalado: "Las
conductas son dinámicas y van desde los golpes de puño o puntapié, el uso de
elementos químicos (gas extintor) dentro de pequeños recintos donde estaban los
jóvenes, retiro de sus pertenencias de las habitaciones y sujeción en el piso
de manera degradante, con la cara hacia el suelo obligándolos a no observar la
secuencia por un amplio término de tiempo".
Exceso
Los abogados de los procesados se
mostraron disconformes con la resolución del juez Iribarren y anunciaron que
apelarán. "La fiscal cree que ese 'no hacer' le permite imputar el delito;
nosotros creemos que las personas que no tienen ninguna actividad y no
colaboran ni material ni moralmente en el delito imputado no deben tener
calidad de cómplices", dijo el abogado del sindicato del INAU, Juan Raúl
Williman.
Por su parte, la abogada Natalia
Fleitas, defensora del director del Ceprili, que fue enviado a la cárcel,
consideró "excesiva" la imputación del delito de tortura "No
hubo una valoración objetiva de la participación" en cada caso. "Hubo
un intento de motín, se intentó reducir a los internos, y si bien es cierto que
hubo situación de abusos, no ameritan el delito de tortura", afirmó
Fleitas.
El abogado Aníbal Martínez Chaer,
defensor del funcionario que le pegó patadas en el piso a dos internos y que
por eso fue enviado a prisión, también criticó el procesamiento y dijo que su
cliente reconoció el "error", mientras que el abogado José Maldonado,
representante de otro funcionario que fue a la cárcel, sostuvo que el fallo
"es un dislate jurídico".
Un delito usado en cinco ocasiones
Desde 2006 (cuando se aprobó la Ley
18.026 que configura la tortura como un delito en su artículo 22) habían sido
procesadas cinco personas por esa figura, pero con el caso de ayer el total
ascendió a 31. El delito lo comete quien cause "dolores o sufrimientos
graves, sean físicos o mentales o morales"; cualquier trato o sometimiento
"inhumano o degradante", o acciones tendientes a "disminuir las
capacidades físicas o mentales". La pena va entre los 20 meses y 8 años de
cárcel.
A cárcel Central
Según informó Subrayado esta mañana,
y pudo confirmar El Observador, los 17 funcionarios fueron recluidos en Cárcel
Central momentáneamente. Dirigentes gremiales afirmaron que estarán allí por un
tiempo hasta que el Ministerio del Interior decida el lugar definitivo. Los
abogados solicitaron medidas de seguridad por riesgo de represalias.
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