Chile - Derechos Humanos: LO QUE HOY EXIGIMOS AL ESTADO
Ante los hechos recientes sobre
derechos humanos y justicia, la Comisión Chilena de Derechos Humanos expresa lo
siguiente:
La actitud desalmada del ex
director de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda
hasta el día de su muerte ha dejado sin solución muchos crímenes de lesa
humanidad, entre otros de los detenidos desaparecidos, los casos de ejecuciones
sumarias, de aplicación sistemática de torturas y otras formas crueles inhumana
y degradante y la persecución por motivos políticos materializado en las
expulsiones de los empleos y en el exilio, hechos, que conmovieron la
conciencia de la humanidad y que configuraron la política de terrorismo que
impuso la dictadura cívico militar bajo Augusto Pinochet. Sin embargo, con su
muerte debiera ponerse fin al encubrimiento de tales crímenes, esperando que
quienes se sentían amenazados podrán ahora declarar con la verdad, y el Estado
finalmente reparar con dignidad el mal causado a miles de compatriotas,
Sabemos que el derecho a la
justicia es predominante en todos los órdenes jurídicos y en ningún caso la
impunidad, toda vez que lo que se trata es salvaguardar los derechos
fundamentales de la persona y por lo tanto realizar la justicia, lo que impide
considerar la impunidad como un derecho, porque si así fuera no tendría sentido
hablar de seguridad jurídica y menos de derechos humanos.
La idea de justicia es
inherente a la cultura social, no hay ningún grupo organizado en la historia
que no haya dejado testimonio de ello y menos en nuestro país que ha incorporado el derecho internacional de los
derechos humanos en su ordenamiento jurídico.
Es el momento para que el
gobierno imparta instrucciones a las Fuerzas Armadas con el objetivo de que deshagan
la política institucional de impunidad,
cuyo ejemplo, entre otros, fueron las ordenes que impartió en el
entonces General Sinclair por instrucciones del Dictador, y con ello permitir
que quienes fueron forzados a ser encubridores y cómplices puedan entregar sus
testimonio a los jueces para sancionar debidamente a los autores de tales
crímenes y de esta manera cerrar esta larga y oscura noche de dolor que asoló
al país. Corresponde al Gobierno impartir tales instrucciones de fin a la
impunidad porque fueron las instituciones del Estado las que impusieron esta
política. Del mismo ordenar poner fin a los privilegios que tales criminales
aun gozan, tales como tratos preferentes y cárceles especiales.
De esta lamentable experiencia
es necesario sacar algunas lecciones y entre ellas la de establecer
democráticamente una nueva institucionalidad fundada en una nueva constitución
política que garantice realmente el respeto de todos los derechos humanos y una
verdadera democracia representativa.Nuestros hijos, nuestros compatriotas y el
futuro de Chile no merecen continuar con la injusticia y la indignidad y es
deber del gobierno tomar la iniciativa.
Directorio Comisión Chilena de Derechos Humanos
11 de agosto de 2015
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