Hoy, la sala de la Cámara discutirá el proyecto del gobierno sobre fortalecimiento de la democracia, que prohíbe los aportes de empresas a la política y crea un nuevo sistema de financiamiento estatal.

Sin embargo, el debate -fijado en el segundo lugar de la tabla- estará precedido por un cambio al texto original realizado hace dos semanas, que pasó inadvertido para varios de los partidos e, incluso, para La Moneda. 

Antes del receso distrital, nueve de los trece diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara aprobaron una indicación para permitir los aportes de empresas exclusivamente a los partidos políticos por un monto máximo anual de UF  500, es decir, alrededor de $12 millones 500 mil (ver recuadro). A favor estuvieron Osvaldo Andrade (PS), Aldo Cornejo (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Daniel Farcas (PPD), Cristián Monckeberg (RN), Fuad Chahín (DC) y Leonardo Soto (PS). Estos dos últimos fueron quienes presentaron la indicación. Se abstuvieron  los UDI Marisol Turres, Juan Antonio Coloma, Arturo Squella y Renzo Trisotti.

El proyecto original del gobierno -en concordancia con lo propuesto por la comisión Engel- prohibía que personas jurídicas, con o sin fines de lucro, realicen aportes “a campañas o a partidos políticos”. Precisamente, esta disposición justificaría, como forma de compensación, un nuevo sistema de financiamiento estatal para las colectividades.

La alerta sobre este cambio la dieron dos ex integrantes del consejo asesor presidencial anticorrupción: hace varios días, una representante de la Fundación Ciudadano Inteligente advirtió sobre esta modificación en un programa radial, y luego, ayer, Claudio Fuentes, director de la escuela de Ciencia Política UDP, hizo lo mismo. “Es incongruente con lo que hemos venido discutiendo sobre separar los negocios de la política. Me sorprende que los actores de la Nueva Mayoría hayan propuesto esta indicación”, dijo Fuentes.

Durante el trabajo de la comisión Engel, de hecho, se discutió la opción de diferenciar lo que son aportes de empresas a campañas y a partidos. Y se concluyó por mayoría-aunque con detractores internos- que se debían eliminar para ambos casos.

Cuando se aprobó la indicación, y luego de la denuncia de  Ciudadano Inteligente, el ex presidente de la Comisión de Constitución, Ricardo Rincón (DC), pidió una rectificación al programa radial. Previamente, se había comunicado con el secretario de la instancia, quien, según dijo el propio Rincón ayer a La Tercera, le garantizó que eso no era efectivo. El diputado dijo que fue informado de que “el proyecto de ley de fortalecimiento de la democracia no tiene ningún tipo de financiamiento de personas jurídicas: ni a campañas ni a partidos políticos”. Recién ayer por la tarde le confirmaron que la indicación era efectiva, y anunció que la rechazará en la Comisión de Hacienda, donde se encuentra actualmente el proyecto. 

Al ser consultados, los integrantes de esta última instancia también se mostraron sorprendidos. “Las mismas razones que nos llevan a terminar con el aporte de personas jurídicas a candidatos, valen para los partidos”, dijo el presidente de esa comisión, Pepe Auth (PPD).

Soto -presidente de la Comisión de Constitución- defendió la enmienda y dijo que se trata de aportes fuera de época de campaña. Explicó que se “busca resolver los problemas que pueden suscitarse respecto de partidos que tienen algún patrimonio en el mercado de capitales”. En todo caso, agregó que “si abre espacio a situaciones que nos interesa erradicar, revisaremos la posibilidad de cambiarla”. Chahín, en tanto, señaló  que por tratarse de algo que afecta a las tareas permanentes de los partidos y no a las campañas, se intentó dejar el tema abierto para tratarlo en la ley de partidos.